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  • La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías – El Miércoles Digital

    La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías – El Miércoles Digital

    La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías – El Miércoles Digital

    El Comité de Patrimonio Mundial reclamó al Estado argentino que suspenda la construcción de la terminal petrolera en Punta Colorada hasta presentar una evaluación ambiental que despeje las dudas sobre su impacto. Advirtió sobre el riesgo para la Península Valdés y fijó plazo hasta febrero de 2027 para entregar la información pendiente.
     
    La construcción de la terminal del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías volvió a toparse con un nuevo obstáculo. Este viernes, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) le pidió al Estado argentino que suspenda todas las obras en esa zona y que presente “urgentemente” información adeuda sobre el impacto ambiental que el proyecto podría tener.
     
    “Solicita al Estado Parte (Argentina) que suspenda cualquier obra de construcción en curso relacionada con el proyecto hasta que se haya presentado al Centro del Patrimonio Mundial la evaluación solicitada”, dice el documento difundido hoy en la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial que se está desarrollando en Busan, Corea del Sur.
    La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. En diciembre de 2024, YPF inició la construcción del oleoducto de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa patagónica.
     
    El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.
    Ahora la Unesco expreso que “toma nota con preocupación de los altos riesgos que plantea el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que incluiría el transporte de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria, ubicada en el Golfo de San Matías” y le puso fecha al Estado argentino para que envíe la documentación que falta: el 1 de febrero de 2027.
    En el mismo documento, el organismo de Naciones Unidas señala que “observa con preocupación que ya se están realizando las obras preliminares en la terminal portuaria y que, según se informa, la exportación de petróleo comenzará a operar en 2026”.
    En cuatro oportunidades, la Unesco pidió al Estado argentino información complementaria sobre la construcción del oleoducto de Vaca Muerta que tiene una desembocadura en Punta Colorada, en el Golfo San Matías y advirtió sobre el “riesgo potencial de daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) del sitio” .
    Dos delfines nariz de botella en el golfo San Matías, en Río Negro. Reconocida históricamente por su biodiversidad, esta zona también sirve de conexión directa con el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta. Diego Canut / Golfo Azul Para Siempre.
    Recordó también que dicha terminal fue posible por el cambio en la legislación introducido en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, y que no hubo un “proceso participativo adecuado” para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y poder así determinar el impacto en la fauna marina, los riesgos de colisión con cetáceos, la contaminación acústica submarina y los posibles derrames de petróleo.
    A pesar de los reiterados reclamos de información, la respuesta llegó recién el pasado 15 de diciembre de 2025, cuando Argentina envió al Centro del Patrimonio Mundial una evaluación donde se detallan “las medidas de mitigación y gestión ambiental para las fases de planificación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, así como los mecanismos de monitoreo y control”.
    Sin embargo, para la Unesco “no está claro si la EIA (Evaluación de Impacto ambiental) evalúa adecuadamente los posibles impactos del proyecto” y si efectivamente se puede “garantizar que no haya impactos negativos”. El organismo también resalta que “existe información limitada sobre cómo se gestionarían los posibles riesgos durante la fase operativa del proyecto en caso de incidentes accidentales”.
    Por último, también destaca que existe una dificultad “vinculada a la fragmentación de las responsabilidades institucionales entre las jurisdicciones provinciales”, es decir entre Río Negro y Chubut.
    “El Comité del Patrimonio Mundial, Toma nota con preocupación de los altos riesgos que plantea el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur”, sintetiza el documento.
    En octubre del año pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red global ambiental, exhortó al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro a restablecer la protección ambiental del Golfo San Matías y les pidió suspender los proyectos que amenacen su biodiversidad.
    “El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, en su sesión de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos): EXHORTA a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías, incluyendo el restablecimiento de la protección brindada por la Ley 3308, y a garantizar la conservación de la biodiversidad cancelando todo proyecto que pudiera comprometerla”, señaló la resolución votada por la UICN.
    Y agregó que la Ley 3308 “fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022 poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse”.
    Fuente: El Diario Ar
     

     
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  • Automotrices de Argentina y Brasil propusieron modificar el acuerdo bilateral para frenar las importaciones chinas

    Automotrices de Argentina y Brasil propusieron modificar el acuerdo bilateral para frenar las importaciones chinas

    Las terminales automotrices radicadas en el Mercosur suscribieron un documento conjunto en el cual plantearon que hace falta «adecuar y fortalecer» el acuerdo automotor entre Argentina y Brasil, para hacer frente a la competencia de los autos provenientes desde China.“Frente a la sobreoferta global y la disrupción tecnológica, se torna más importante que el Mercosur se posicione como una plataforma exportadora, para dejar de ser administradores del comercio y ser administradores de la producción”, señalaron las cuatro entidades que agrupan a las fábricas de vehículos y a sus proveedores autopartistas: Adefa y Afac (Argentina) y Anfavea y Sindipecas (Brasil).El documento, con el título “Declaración de Buenos Aires”, fue firmado por los presidentes de las cuatro entidades durante la exposición Automechanika. En los hechos, las cuatro entidades formalizaron una posición común de cara a la competencia china, sobre la cual sus titulares se habían explayado durante un seminario en la apertura de ese encuentro, que se desarrolló en el predio de La Rural. En aquella ocasión, el jueves, los directivos se refirieron a la competencia china en duros términos. “Hoy las automotrices chinas no hacen nada, yo he ido a una misma inauguración tres veces de la misma fábrica. No hacen nada, ni estampado ni pintura ni nada, sólo ensamblan”, había dicho el jueves Igor Calvet, titular de la brasileña Anfavea. Su colega Rodrigo Pérez Graziano, de Adefa, agregó: «Los gobiernos deben entender que las automotrices peleamos inversiones para industrializar modelos y que esa pelea la libramos a nivel interno contra fábricas en todo el mundo que se disputan la inversión de nuestra casa matriz. De modo que necesitamos que se nivele la cancha para conseguir esas inversiones”.Ahora las entidades pusieron esa posición en un documento con vistas a reclamar a los gobiernos de «Lula» Da Silva y Javier Milei una extensión del acuerdo automotor común, denominado ACE 14, más allá de su vencimiento previsto para el 30 de junio de 2029. Señala el documento: «Las entidades ABIPEÇAS/SINDIPEÇAS, ADEFA, AFAC y ANFAVEA representantes de la cadena de valor automotriz de Brasil y Argentina, acordaron trabajar conjuntamente en una agenda para adecuar y fortalecer la Política Automotriz Bilateral (ACE 14), en un contexto global de transformación tecnológica y creciente competencia comercial y tensiones geopolíticas».En los hechos, los puntos que detalla el documento son muy similares a la Política Automotriz Común (PAC) que las automotrices de ambos países suscribieron en el año 2000 y que se incorporó al ACE 14 que los dos países habían firmado una década antes. En el primer punto hablan de «especialización productiva» (en aquella época Brasil se había especializado en autos chicos y Argentina, en autos medianos; ahora Brasil sigue focalizado en vehículos accesibles y la Argentina llevó su especialización a las pick ups).Hay dos puntos donde las automotrices y autopartistas plantean la modalidad con la cual buscarán poner un coto al ingreso indiscriminado de autos chinos: «Impulsar políticas coordinadas (…) con el objetivo de generar un ámbito capaz de producir sistemas de autopartes de mayor complejidad» y «Avanzar en la armonización y reconocimientos recíprocos de reglamentos técnicos automotrices». ¿Qué significa? Que buscarán que los gobiernos eleven la exigencia con un mayor porcentaje industrialización local. Claudio Sahad, el directivo brasileño que encabeza Sindipecas, ya lo había planteado el jueves, durante el seminario en Automechanika. “No veo otra forma a corto plazo para resolver este problema de competitividad que no sea forzar a esas empresas a producir en condiciones de igualdad con los otros que están hace décadas produciendo. Y para hacer eso, como se hace en México hace muchos años, tenemos que hacer un contenido mínimo local. En México hablan del 75%. Tenemos que hablar con los gobiernos para tener políticas que concreten eso ahora. Es una cuestión de sobrevivencia”, dijo.Con respecto a la ampliación del plazo de vigencia del ACE 14, Rodrigo Pérez Graziano había señalado: “Las terminales automotrices decidimos las inversiones con un horizonte mínimo de cinco años, de modo que para nosotros el año 2029 es ya. A eso nos referimos cuando pedimos previsibilidad para nuestras industrias. Lo que va a suceder a partir de julio de 2029 es absolutamente importante para nosotros”.

  • Senado: Bullrich va por “una o dos fugas más” en el peronismo, que se abroquela para frenar nuevas fracturas

    Senado: Bullrich va por “una o dos fugas más” en el peronismo, que se abroquela para frenar nuevas fracturas

    Senado: Bullrich va por “una o dos fugas más” en el peronismo, que se abroquela para frenar nuevas fracturas

    En tono risueño, en la bancada peronista del Senado describen a Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria de la Cámara alta, como una Pac-man. “Es muy agresiva con nuestro bloque. Tiene una política definida y constante de querer ‘morfarse’ a alguno de los nuestros”, cuenta un referente del ala K.De acuerdo con ese senador, la ex ministra de Seguridad no se le acercó para buscar que desertara de su bloque. “Pero soy una excepción. (José) Mayans, (Juliana) Di Tullio y yo quizá somos los tres únicos a los que ella no buscó para que rompiéramos. Ofrece de todo”, asegura.-Quizá tampoco habló con los senadores de La Cámpora, como Eduardo “Wado” De Pedro, planteó Clarín.-Al contrario, seguro también buscó hablar con Wado.Entre paréntesis. El comentario deja en evidencia que en sectores del kirchnerismo, sobre todo el cristinismo, la figura de De Pedro genera asperezas. Hubo versiones en el peronismo el año pasado, desmentidas del lado de Cristina Kirchner, de que existía algún malestar de la ex presidenta, que cumple condena en su domicilio, con el ex ministro camporista. ¿Puros rumores?Patricia Bullrich, de espaldas, con los peronistas Di Tullio, Fernández y Mayans. Foto: Maxi Failla.Como sea, en el bloque de La Libertad Avanza del Senado se entusiasman con lograr que el principal bloque opositor sufra más fugas. El mes pasado, la jujeña Carolina Moises, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza rompieron con el bloque del PJ y formaron Convicción Federal. De perfil dialoguista, se muestra alineado con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.La salida de los tres dejó al bloque Justicialista con apenas 21 senadores puros. Es el número más bajo desde 1983. Gracias a que actúan como interbloque -se llama “Popular”- llegan a los 25 integrantes: entre sus filas están los santiagueños Elia Moreno y Gerardo Zamora , el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal. Sobre estos dos últimos hubo especulaciones, sobre todo porque articulaban con los tres senadores que fracturaron el bloque el mes pasado. Pero al final ambos permanecieron en el interbloque.Advertencia libertariaEn La Libertad Avanza sostienen que el peronismo podría sufrir “una o dos fugas más”. ¿Será? Un referente del bloque del PJ confía que en charlas privadas la propia Bullrich los chicanea con que van a enfrentar nuevos desgajamientos. Eso sí: ese referente confía en que no ocurrirá.En otros sectores de la bancada comparten esa mirada. “Me parece que somos los que estamos. No veo a alguien más yéndose”, dice una senadora. Bloque peronista del Senado. Foto: Maxi Failla.Un senador con muchas jinetas que sostiene que no se le debe votar todo en contra al Gobierno sino únicamente lo que no se esté de acuerdo, completa: “Para mi sería una sorpresa enorme que alguno de los nuestros vote alguna iniciativa polémica con el oficialismo, como la integración de la Corte”.La designación de dos jueces en los puestos vacantes que hay en el máximo tribunal, y el nombramiento del procurador General de la Nación -a cargo de manera interina de Eduardo Casal, desde 2017- son los dos factores clave que motorizan al oficialismo a intentar que más senadores dejen el PJ.El interbloque Popular, que conduce el formoseño José Mayans, tiene 25 senadores. Sobre un total de 72 senadores, la Constitución establece que para nombrar a los jueces de la Corte y al jefe de los fiscales se necesitan dos tercios de la Cámara alta, es decir 48 votos. Hoy el oficialismo y sus aliados suman 47. Una simple conjetura: si el interbloque opositor quedase en 24, el oficialismo estaría en condiciones de llegar a la mayoría especial que fija la Carta Magna.En el Gobierno -y en la bancada libertaria del Senado- repiten que hoy por hoy no hay apuro en la integración de la Corte. Que es algo que quedará para después del recambio legislativo de diciembre de 2027, cuando proyectan lograrán engordar más su número de senadores.Pero en el peronismo no les parece lógico. “Más bien suena a ciencia ficción”, apunta un ex gobernador. “La oportunidad política podrían tenerla ahora, vaya uno a saber qué pasa en 2027”, agrega.Pero en las filas libertarias dicen que aunque casi acarician el número mágico de los 48, solo lo lograrían con acuerdos políticos que no quieren. “Podríamos tener los votos si hiciéramos un acuerdo con Gerardo Zamora, ¿pero de qué le serviría al Gobierno? A cambio, Zamora seguro va a querer poner a uno de los jueces”, opina un referente de LLA. Otro oficialista añade que tampoco ve posible un acuerdo con el kirchnerismo: “Cristina va a querer poner a una jueza propia. Es inviable”.En el PJ interpretan que un acuerdo para integrar la Corte está aún verde por otra razón. “Para llegar a los 48 votos tienen que cerrar con muchos sectores, como los radicales y los provinciales. ¿Les van a dar sus votos al Gobierno a cambio de nada?”, observan.

  • Ocho políticas probadas para frenar el derrumbe del mercado interno

    Ocho políticas probadas para frenar el derrumbe del mercado interno

    Por Gustavo Rodolfo Reija (*)
    El programa de estabilización entró en zona de rendimientos decrecientes. Los números del primer bimestre ya no admiten lectura optimista: la economía real se contrae en todos sus indicadores simultáneamente mientras la política económica sigue mirando el tablero nominal.

    Hay un momento en que los datos dejan de ser estadísticas y se convierten en diagnóstico. Ese momento, para la economía argentina, llegó en febrero de 2026.
    El consumo masivo se hundió 6,3% en términos mensuales. Los salarios registrados acumulan una pérdida real del 7,9% desde el inicio de la gestión vigente —y del 21% al 35% medidos contra los picos de 2017, según el segmento—. La mora bancaria en familias trepó al 10,6%, su nivel más alto en más de veinte años. La irregularidad crediticia en entidades no financieras supera el 27%. El desempleo cerró el cuarto trimestre de 2025 en 7,5%, con la informalidad laboral avanzando simultáneamente hasta el 43% de la población ocupada.
    Frente a ese cuadro, el superávit fiscal primario y la desaceleración inflacionaria —logros genuinos del programa— resultan condiciones necesarias pero estructuralmente insuficientes. La economía estabilizó su tablero nominal mientras destruía sus fundamentos reales. Eso tiene nombre técnico: trampa de ajuste recesivo.
    Por qué la trampa se autoalimenta
    El mecanismo es preciso y verificable en tres vectores simultáneos.
    La espiral ingreso-consumo opera a través de la erosión salarial acumulada: con cinco meses consecutivos de pérdida real, la demanda de los hogares retrocedió por debajo del umbral de reposición sectorial. La caída ya no golpea el gasto discrecional: golpea alimentos. Bebidas sin alcohol cayeron 11,2% en el bimestre; perecederos, 8,6%. Esos no son lujos postergados. Son decisiones de subsistencia.
    La espiral empleo-informalidad opera mediante la reconversión sistemática de empleo registrado hacia monotributo, reduciendo la masa salarial agregada con independencia de lo que negocien las paritarias formales. Cuando el 43% de los ocupados trabaja en negro o por cuenta propia precarizada, la recuperación nominal de los convenios colectivos alcanza a una porción decreciente de la fuerza laboral efectiva.
    La espiral crédito-mora es la más peligrosa en términos de inercia institucional. Los hogares que sostuvieron el consumo mediante deuda durante la fase inicial del ajuste llegaron al límite de su capacidad de repago. Con mora en entidades no financieras superando el 27% —un número que históricamente precede entre seis y doce meses el deterioro del segmento bancario regulado—, el sistema crediticio dejó de lubricar el ciclo económico para convertirse en su freno.
    A este cuadro se agrega el atraso cambiario como multiplicador silencioso. El crawling peg con velocidad de deslizamiento inferior a la inflación acumulada genera apreciación real progresiva que encarece la manufactura doméstica en dólares, subsidia implícitamente las importaciones competitivas y erosiona márgenes exportadores en los complejos textil, metalmecánico y de economías regionales. La participación industrial en el PIB cayó a registros históricamente deprimidos. Cada mes de atraso cambiario adicional profundiza una desindustrialización cuya reversión requiere horizontes de inversión que ningún ciclo político de corto plazo puede garantizar.
    Ocho políticas con evidencia internacional verificable
    La buena noticia —relativa, pero real— es que esta trampa tiene salida. Otros países la atravesaron y documentaron con precisión qué funcionó. Aquí, ocho instrumentos con correlato histórico verificable y traducción directa al contexto argentino.
    1  Industrialización digital selectiva Corea del Sur — Ley de Promoción de la Industria Maquinaria, 1973-1995 Seúl combinó zonas industriales especiales con exenciones escalonadas, financiamiento preferencial y transferencia tecnológica obligatoria para sectores estratégicos. El resultado fue la construcción de los grandes complejos industriales tecnológicos coreanos con efecto multiplicador verificado sobre empleo calificado y exportaciones de manufactura avanzada. Para Argentina: zonas de desarrollo tecnológico-industrial con incentivos diferenciados para manufactura avanzada, software embebido e industria de transición energética, con condicionalidades de empleo registrado de verificación trimestral.
    2  Banca de desarrollo con mandato anticíclico Alemania — KfW, operativo desde 1948 Durante 2008-2009, el KfW expandió su cartera en sentido inverso a la banca privada: tasas reales de 1% a 2% anual, plazos de hasta veinte años, financiamiento exclusivo para inversión productiva de pymes. Operó como estabilizador automático del ciclo de inversión con independencia de las condiciones del mercado privado. Para Argentina: reconfiguración del Banco de Inversión y Comercio Exterior con mandato anticíclico explícito, carteras sectoriales de largo plazo y condicionalidades vinculadas a empleo registrado y exportaciones no tradicionales.
    3  Crédito de emergencia con auditoría de destino Brasil — Programa de Sustentação do Investimento, BNDES, 2009 El BNDES canalizó financiamiento subsidiado hacia capital de trabajo exclusivamente para empresas industriales con nómina sostenida, con verificación trimestral del nivel de empleo como condición de continuidad. Resultado documentado: 340.000 despidos evitados en el pico de la crisis internacional. Para Argentina: líneas de emergencia a tasas reales no superiores al 2% para pymes manufactureras, administradas por banca pública con auditoría de destino trimestral.
    4  Concertación salarial desacoplada de la inflación Austria — Sozialpartnerschaft, operativo desde 1957 El mecanismo tripartito entre cámaras empresariales, sindicatos y Estado negocia anualmente aumentos salariales articulados con metas de productividad sectorial verificables, desacoplando la discusión de la mera indexación inflacionaria. Austria combina históricamente conflictividad laboral mínima con salarios reales entre los más altos de Europa Occidental. Para Argentina: marco tripartito supervisado por el Ministerio de Trabajo que articule incrementos salariales reales con compromisos verificables de expansión de empleo registrado y producción sectorial.
    5  Contenido local en compras estatales Estados Unidos — Buy American Act, reforzado en 2021 La orden ejecutiva de 2021 elevó el umbral de contenido nacional exigido en contratos federales del 55% al 75%, con escalonamiento hasta 2029. La Unión Europea replica el instrumento admitiendo preferencia de hasta 20% para proveedores locales en sectores estratégicos. El mecanismo genera demanda pública anticíclica con efecto directo sobre cadenas industriales domésticas sin subsidio fiscal directo. Para Argentina: cláusulas de contenido nacional verificable en licitaciones estatales por encima de umbrales mínimos, con impacto de demanda industrial de implementación inmediata y costo fiscal neutro.
    6  Encadenamientos agroindustriales obligatorios Malasia — política de procesamiento local de aceite de palma, 1986-2000 Las licencias de exportación de aceite de palma en estado primario quedaron condicionadas a la demostración de capacidad instalada de procesamiento local. Resultado: construcción de un complejo oleoquímico exportador que en 2005 representaba el 4,2% del PIB con 127.000 trabajadores industriales formales directos. Para Argentina: retenciones diferenciales que penalicen la exportación de commodities sin procesamiento y bonifiquen mediante desgravaciones verificables la exportación con valor agregado —harinas proteicas, biocombustibles de segunda generación, farmoquímica de origen agropecuario—, induciendo inversión agroindustrial privada sin desembolso fiscal inicial.
    7  Reconversión laboral para la transición tecnológica Dinamarca — flexiseguridad tripartita, operativa desde 1994 Un fondo tripartito financia certificación de competencias y reconversión profesional de trabajadores desplazados por cambio tecnológico. El gasto en políticas activas de empleo representa el 2,1% del PIB danés —el nivel más alto de la OCDE— con tasas de reinserción laboral certificada superiores al 70% en ventanas de dieciocho meses. Para Argentina: fondo financiado con recaudación sobre plataformas digitales transnacionales, orientado a certificación tecnológica de trabajadores en sectores de alta exposición a la automatización antes de que la difusión de inteligencia artificial generativa agrave la destrucción de empleo rutinario prevista para 2026-2030.
    8  Garantías públicas para internacionalización tecnológica Israel — Oficina del Científico Jefe, operativa desde 1993 El instrumento eliminó la barrera financiera —no tecnológica ni comercial— que impedía a las pymes israelíes acceder a contratos internacionales: la incapacidad de constituir garantías reales. Resultado: el ecosistema tecnológico exportador con mayor densidad de empresas por habitante fuera de Silicon Valley. Para Argentina: sistema público-privado de garantías recíprocas con aporte inicial del Tesoro y capitalización progresiva, con potencial verificado de multiplicar entre cuatro y seis veces el volumen de pymes tecnológicas con acceso efectivo a mercados en América Latina, Europa y el sudeste asiático.
    El costo de la demora
    La trampa de ajuste recesivo no es un estado estático. Es un proceso acumulativo con tres tipos de daño de reversión lenta: las expectativas deflacionarias en el consumo desarrollan histéresis documentada en la literatura comparada; las capacidades productivas destruidas por cierres industriales requieren entre tres y siete años de inversión sostenida para reconstruirse; y cada punto porcentual de avance en mora bancaria contrae el multiplicador crediticio entre 0,8 y 1,2 puntos sobre el PIB potencial.
    La estabilización nominal fue un logro real. Pero confundirla con una política de desarrollo es el error más costoso que puede cometer una economía que ya perdió demasiado tiempo. Los ocho instrumentos identificados no son ideología: son ingeniería institucional con evidencia empírica de funcionamiento en contextos comparables. La pregunta no es si se pueden implementar. Es cuánto deterioro adicional habrá acumulado la economía cuando finalmente se decida a intentarlo.
    (*) Ceo Netia Group SAS