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  • La Cancillería china convocó de carácter «urgente» al embajador argentino por las declaraciones de un funcionario de Milei

    La Cancillería china convocó de carácter «urgente» al embajador argentino por las declaraciones de un funcionario de Milei

    La Cancillería de China convocó con carácter urgente al embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia, para expresar su enérgica protesta por las declaraciones realizadas por Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno nacional y uno de los usuarios más populares y combativos en redes sociales vinculado a las Fuerzas del Cielo.

    A través de su cuenta @juandoe, Carreira responsabilizó a “una empresa estatal china” y al Partido Comunista Chino por los deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas ocurridos la semana pasada en la frontera entre Nepal y Tíbet, tragedia que dejó al menos 1,200 muertos de diversas nacionalidades.
    Fuentes consultadas en Beijing indicaron que el gobierno chino está muy molesto con la administración de Javier Milei. Dado que el embajador Suárez Salvia se encontraba de licencia y fuera del país, la convocatoria fue atendida por el consejero argentino Guillermo Alberto Simunovich, segundo al mando en la sede diplomática argentina en China. A Simunovich también le manifestaron su disgusto por la falta de disculpas por parte del gobierno argentino ante las declaraciones de Carreira.
    Consultado por este diario, el gobierno argentino confirmó la reunión y la protesta: “sí ocurrió”.
    Jóvenes de las Fuerzas del Cielo, algunos vinculados a cuentas libertarias oficiales, mostraron recientemente fotografías de un viaje a Taiwán, donde fueron recibidos por las autoridades locales. Esta actividad añade un elemento de tensión en las relaciones bilaterales, considerando que Argentina mantiene un compromiso con la política de “una sola China” y no reconoce la independencia de Taiwán, a pesar de que Milei fue invitado a Beijing desde 2024.
    La reunión con Simunovich —que reemplazó a Suárez Salvia, quien estaría de licencia en Xinjiang, zona sensibilizada por la situación de la minoría uigur— se desarrolló en términos “muy duros”, señalaron las fuentes. Además, China estaría molesta porque percibe que el gobierno de Milei lo excluye de licitaciones, presionado por la administración de Donald Trump, a pesar de que Beijing se considera “muy generoso” con Argentina y no recibe reciprocidad.
    Carreira, conocido por declaraciones polémicas —como afirmar que “las Malvinas son inglesas”— y por su rol en la aprobación del levantamiento del embargo a Cuba en 2024 que derivó en la caída de la ex canciller Diana Mondino, escribió en la red social X refiriéndose a la tragedia en Nepal:
    “Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro.”
    Agregó que el incidente “se suma a los mayores desastres humanitarios generados por la gestión del Partido Comunista en la historia, como Chernóbil, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor”, y señaló: “Esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata.”
    La Embajada de China en Argentina respondió acusando a Carreira, descrito como “cierto funcionario argentino”, de difundir maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista Chino y perjudicar la imagen internacional de China, motivado por “prejuicios ideológicos”. Le solicitaron una retractación que nunca se produjo, lo que escaló el conflicto diplomático entre ambos países.

  • Detuvieron por corrupción al ex funcionario que fue mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP

    Detuvieron por corrupción al ex funcionario que fue mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP

    Rafael Resnick Brenner, ex funcionario y mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP, se entregó tras quedar firme una condena de cuatro años de prisión por corrupción en la administración pública, confirmada por la Corte Suprema.

    El ex jefe de la Regional Salta de la AFIP se presentó ante el juzgado federal de Adrián González Charvay, en Campana, y quedó arrestado inicialmente en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de esa ciudad.
    El Tribunal Oral Federal 2 de Salta ordenó su detención luego de que la Corte Suprema rechazara todos los recursos de su defensa y ratificara su responsabilidad penal por el delito de coimas.
    La causa se inició en 2018, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, otro ex alto funcionario del organismo tributario. Ambos fueron acusados de participar en la concesión de beneficios mediante resoluciones favorables a distintos contribuyentes a cambio de sumas de dinero. Asimismo, se les imputó extorsionar a empresarios, exigiendo pagos para evitar involucrarlos en causas de trata laboral.
    Estos hechos de corrupción ocurrieron durante la gestión de la AFIP bajo el mando de Echegaray, entre 2009 y 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
    La fiscalía les atribuyó los delitos de concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial.
    El caso llegó a juicio, donde empresarios confesaron haber pagado sobornos. En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner y a Fili, ex jefe del Área Jurídica de la AFIP, a cuatro y tres años de prisión respectivamente, por concusión en calidad de autor y partícipe necesario.
    Además de ratificar esta condena, la Corte Suprema habilitó un segundo juicio contra Resnick Brenner por solicitar sobornos a un empresario a cambio de protección frente a posibles sanciones tributarias.
    El ex funcionario, cercano a Echegaray, ya tenía una condena firme de tres años de prisión condicional y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vinculada al caso Ciccone Calcográfica. En ese expediente, la Justicia determinó su participación en la maniobra de Amado Boudou para apropiarse de la imprenta mediante testaferros.
    Ambas condenas fueron unificadas por el Tribunal Oral Federal de Salta, que le impuso una pena total de cinco años y seis meses de prisión.

  • En dos semanas se conocerá si se remite a juicio la causa contra ex funcionario acusado de enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    En dos semanas se conocerá si se remite a juicio la causa contra ex funcionario acusado de enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    En dos semanas se conocerá si se remite a juicio la causa contra ex funcionario acusado de enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dará a conocer su resolución respecto de los planteos de las partes realizados en la audiencia de remisión de la causa que investiga a Juan José Canosa por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito, en dos semanas. Este viernes, las partes acordaron la incorporación de la evidencia a debatir en el juicio.
     
    Este viernes cerró la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga desde 2024 al ex funcionario, Juan José Canosa, que fue imputado junto a su esposa, la funcionaria judicial, Paula Montefiori, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. Montefiori quedó desvinculada del proceso el martes 28 cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal Gonzalo Badano, solicitó el sobreseimiento por atipicidad del delito, lo que fue receptado por la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que dispuso sobreseerla dejando en claro que el proceso no afectó el buen nombre y honor de la funcionaria que se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa.
    Barbagelata, tras la finalización de una alongada jornada en la que Fiscalía y Defensa, a cargo de Miguel Cullen, acordaron la prueba documental y testimonial a producir en el debate, dispuso un cuarto intermedio para analizar los complejos y sólidos planteos de las partes, de los que en el inicio de la audiencia informó que daría a conocer su decisión al final de la etapa. Se trata de los planteos de remisión a juicio del fiscal, y de la oposición de la defensa, que planteó la nulidad del hecho, de la remisión y el sobreseimiento de Canosa, además de la exclusión de los informes y pericas informáticas.
    Este viernes, las partes acordaron la incorporación por acuerdo de alrededor de un centenar de evidencias, coincidiendo también sobre la desestimación de alrededor de 20 testigos que iban a declarar sobre la prueba documental.
    La jueza dispuso la designación de peritos contables para que asistan a las partes en el debate, habida cuenta de la complejidad de la documental a evaluar, lo que quedó explícito en las tres audiencias de remisión de la causa a juicio.
    La audiencia de remisión comenzó con el sobreseimiento de la esposa de Canosa, la funcionaria judicial que se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa, Paula Montefiori, que quedó desvinculada por sobreseimiento por atipicidad del delito endilgado.

    El hecho
    Canosa es investigado porque presuntamente “durante su desempeño como funcionario público de la provincia de Entre Ríos -Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno y Justicia y Educación, Interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos SA, Presidente del directorio de SI.DE.CRE.ER. SA, y personal no escalafonado de la Cámara de Diputados (asesor legal)-, desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2016, incrementó su patrimonio de manera desproporcionada e injustificada en relación a sus ingresos percibidos; por un monto total de $ 5.546.534,76. Suma que expresada en dólares a cotización de diciembre de cada cierre anual equivale a un valor de U$S 759.478,70”. Esto, “conforme surge de la evidencia colectada, la pericia suscripta por los CPN Ma. Florencia Ara, Cristian Dumé y Leonardo Tomás, y los informes contables del CPN Juan Pablo Granero”.
    El ex funcionario enfrenta una pena de cuatro años y seis meses de prisión más una multa equivalente al monto imputado y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En su defensa, cuestionó que Fiscalía perdió el principio de objetividad que la determina, y recordó la condena que se le impuso el 2018 por Negociaciones incompatibles en las que la condición de funcionario que se le endilgó -era presidente del Si.DE.CRE.ER SA- fue muy discutida sin éxito, Aquel fallo, que quedó firme tras pasar por todas las instancias y sostuvo que el acusado revestía la condición de funcionario, fue citado por la defensa, que destacó que un año después del fallo condenatorio, un litigio entre la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales General Francisco Pancho Ramírez (Fedem) y Sidecreer, que se tramitó en el fuero Contencioso Administrativo, concluyó con sentencias en distintas instancias que sostuvieron que la tarjeta de crédito era una firma de orden privado que realiza actos privados y no públicos, y sus litigios debían resolverse en otros fueros.
    Fuente: APF

     
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  • «Una locura de algún funcionario nacional»: la queja de un gobernador por la derogación de normas que prohíben el ingreso de bananas desde países con plagas

    «Una locura de algún funcionario nacional»: la queja de un gobernador por la derogación de normas que prohíben el ingreso de bananas desde países con plagas

    «Una locura de algún funcionario nacional»: la queja de un gobernador por la derogación de normas que prohíben el ingreso de bananas desde países con plagas

    Molesto por no haber sido informado con anticipación, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó enérgicamente este domingo una decisión del Gobierno de Javier Milei que permite el ingreso al NOA de bananas provenientes de países afectados por plagas que habitualmente se controlan mediante cuarentenas. Sáenz advirtió que si el hongo sigatoka ingresa a la región, esta “se vuelve improductiva durante más de treinta años”.

    “Es una locura de algún funcionario nacional que, desde un escritorio, deroga de un plumazo con un decreto una protección fitosanitaria que venía resguardando la producción bananera”, afirmó.
    El mandatario hace referencia a la resolución 114 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que el lunes 20 de julio eliminó ocho normativas de regulación de diversas actividades agropecuarias al considerarlas obsoletas o que habían cumplido su objetivo.
    En diálogo con Radio Mitre, Sáenz recordó que en su provincia existen 3.000 hectáreas dedicadas a la producción de bananas destinadas a todo el país. Explicó que la llegada de la sigatoka, una enfermedad foliar causada por un hongo que afecta bananos y plátanos, pone en riesgo la tierra y puede volverla improductiva por más de 30 años.
    “Hay que defender a los productores y a la tierra”, subrayó, y responsabilizó a los funcionarios que impulsan la desregulación estatal y las llamadas leyes hojarasca por no informarse adecuadamente con autoridades y productores provinciales.
    El gobernador peronista sostuvo que “de una vez tienen que consultar con las provincias” y calificó la medida como “una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y sus necesidades productivas”.
    Por otro lado, respecto al proyecto oficialista de ley sobre Propiedad Privada, Sáenz señaló que “estamos conversando con distintos gobernadores y legisladores para seguir defendiendo la tierra como una potestad y competencia de cada provincia”. Añadió que esa no debe ser una decisión del Gobierno nacional.
    “Como establece la Constitución Nacional, los minerales y todo lo que está debajo de la tierra pertenecen a las provincias”, recordó el gobernador, que ya cumple su segundo mandato al frente de Salta.
    Reconoció que el tema de la propiedad de la tierra “es complejo” y consideró que “no es oportuno tratarlo en este momento”. Explicó que “es un tema muy delicado que debe analizarse más antes de dictar leyes que pueden perjudicarnos a nosotros y a las generaciones futuras”.
    En cuanto al apoyo que podría recibir la iniciativa en el Congreso, que podría volver a tratarse en aproximadamente diez días, afirmó que “se deben realizar modificaciones importantes” y puso en duda su pronta aprobación “si esas modificaciones no se llevan a cabo”.