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  • Kicillof envió funcionarios de primera línea al acto en San José – El Miércoles Digital

    Kicillof envió funcionarios de primera línea al acto en San José – El Miércoles Digital

    Kicillof envió funcionarios de primera línea al acto en San José – El Miércoles Digital

    El «Movimiento Derecho al Futuro» realizó una reunión y acto en la ciudad de San José (departamento Colón) este sábado 1º de agosto. Participaron funcionarios del gobernador bonaerense. Hubo referencias ala interna del peronismo: «Si seguimos haciendo lo mismo que salió mal, el resultado será el mismo»,  indicaron, incluso reiteraron el concepto vertido por el ex ministro de Economía  en cuanto a «la necesidad  de entonar nuevas canciones», en el marco de la disputa con La Cámpora y el kirchnerismo duro.
    «El sector político que conduce el gobernador Axel Kicillof desembarcó con fuerza en Entre Ríos para profundizar la construcción territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que impulsa el mandatario bonaerense con una estrategia de alcance federal. La actividad estuvo encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos ‘Carli’ Bianco, acompañado por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Agustín Witler», informaron desde prensa de ese sector del peronismo.
    El encuentro se realizó en San José, donde el intendente Gustavo Bastián ofició de anfitrión de una jornada que reunió a sus pares Damián Arévalo (Feliciano) y Laura Rutt (El Pingo), «junto a una nutrida concurrencia de militantes, dirigentes y representantes de diversos espacios políticos provenientes de distintas localidades entrerrianas», agregaron.

    Durante su exposición, Bianco trazó un diagnóstico de la situación nacional, definida como una «tragedia» social y económica bajo el gobierno de Javier Milei. En ese marco, sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de fuerte polarización política, comparable con experiencias recientes registradas en Colombia, Perú y Brasil, donde las elecciones se resolvieron por márgenes mínimos entre dos proyectos de país claramente contrapuestos.
    Como respuesta a lo que definió como el fracaso de la experiencia del «frente-todismo» y a la necesidad de cpara superar los errores del pasado reciente, el funcionario presentó el Movimiento Derecho al Futuro como una herramienta destinada a reorganizar al campo popular desde una lógica distinta a la de las estructuras tradicionales del peronismo.
    Bianco explicó que el MDF funciona como un «paraguas» o «continente» en el que confluyen sindicatos, organizaciones sociales, clubes de barrio y diversos espacios políticos sin resignar su identidad.
    Bajo la premisa de que «el dedo desde La Plata o CABA ya salió mal», sostuvo que la propuesta apunta a una construcción horizontal que respete las particularidades de los distintos peronismos del interior del país, dejando de lado las decisiones centralizadas desde el Área Metropolitana de Buenos Aires.
    Respecto del escenario electoral, rechazó lo que calificó como una «ansiedad electoral» y afirmó que el Movimiento Derecho al Futuro ya definió una hoja de ruta. «2026 no es un año de candidaturas ni de campañas, sino de construcción territorial y de escucha activa», señaló. En ese sentido, aseguró que el espacio buscará replicar en el resto del país el método de trabajo que permitió al kicillofismo consolidarse en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de construir una candidatura unificada del campo popular para el próximo año sobre la base de acuerdos programáticos.
    «Si seguimos haciendo lo mismo que salió mal, el resultado será el mismo. El Movimiento Derecho al Futuro es la herramienta para hacer algo distinto, fresco y genuinamente federal», concluyó.
     

     
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  • Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

    Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

    Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

    El fiscal federal Franco Picardi inició esta semana la apertura de los teléfonos celulares de funcionarios del Banco Central y de socios del financista Elías Piccirillo, con el fin de cruzar información y avanzar en la investigación de las maniobras vinculadas a las SIRA durante la gestión de Alberto Fernández.

    La pesquisa dio un salto tras la extracción masiva de datos del celular de Martín Migueles, financista señalado como uno de los operadores del esquema que facilitaba el acceso a dólares oficiales para su posterior reventa en el mercado informal, con ganancias millonarias. Migueles fue directivo de ARG Exchange, una de las agencias de cambio bajo investigación.
    Un sumario administrativo del Banco Central revela que ARG Exchange revendía divisas a otras agencias a un precio superior al mercado oficial, lo que indicaría que las entidades compradoras solo podían justificar esa adquisición si disponían de un mercado donde la cotización fuera significativamente mayor.
    Además de los teléfonos, Picardi dispuso peritar notebooks, computadoras de escritorio, pen drives y discos SSD secuestrados en los allanamientos, tarea encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la DATIP y la Policía de la Ciudad. En total, hay decenas de dispositivos electrónicos bajo análisis.
    La semana pasada, el fiscal también revisó el celular de Valeria Fabiana Fernández, ex auditora externa del Banco Central durante la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. Fuentes judiciales indican que el contenido del teléfono podría generar preocupación entre ex funcionarios del organismo.
    En los chats incorporados al expediente, Migueles y Francisco Hauque —ex socio de Piccirillo que denunció haber sido víctima de un falso operativo policial y judicial— mencionan reiteradamente a una “vieja del Central” o simplemente “Fernández”, en aparente referencia a la ex auditora del BCRA.
    Picardi espera acceder desde junio a los teléfonos de otros socios de Piccirillo, Mariano Fabián Henaise y Tomás Schulze, para cruzar esta información con los mensajes encontrados en el celular de Fernández.
    Schulze y Migueles ya fueron embargados por la jueza María Servini en otra causa vinculada con maniobras en el mercado blue, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
    El fiscal solicitó también el contenido de los teléfonos de Eduardo Gil, otro ex auditor externo del Banco Central; Pablo Blanco, director del banco Sucrédito vinculado a Piccirillo; Pablo Caballero; y Mariano Henaise, accionista de ARG Exchange.
    Paralelamente, Picardi aguarda el análisis de los teléfonos de funcionarios del Banco Central encargados de controlar las agencias de cambio: Romina García —quien en un audio denunció la presencia de “entongados” dentro del organismo—; Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; y Fabián Violante, gerente principal. El inconveniente, según fuentes, es que García aún no entregó la clave de acceso de su celular.
    Hace dos semanas, el fiscal espera que la Secretaría de Comercio detalle qué funcionarios autorizaron las SIRA bajo sospecha durante el gobierno kirchnerista, un paso crucial para avanzar con nuevas indagatorias.
    ### Investigación por el supuesto video de Jésica Cirio
    La pesquisa avanzó en un capítulo explosivo: el supuesto video en el que Jésica Cirio aparece contando miles de dólares que, según trascendidos judiciales, pertenecerían al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La filmación habría sido registrada en la quinta de San Vicente que sigue siendo propiedad del dirigente kirchnerista.
    Fuentes judiciales señalaron que la existencia del video habría sido utilizada por Piccirillo como un “mensaje” hacia la Justicia. Insaurralde enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras el escándalo del “Yategate” vinculado a la modelo Sofía Clerici.
    El periodista Diego Suárez, en el programa “¿La Ves?” conducido por Jonatan Viale en TN, reveló que entrevistó a Piccirillo —quien se encuentra con arresto domiciliario— y que pudo ver el video. Según confirmó, en las imágenes se vería a Cirio, ex esposa de Piccirillo e Insaurralde, filmándose en un vestidor frente a fajos de dólares.
    A raíz de esto, el fiscal Sergio Mola, impulsor de la causa contra Insaurralde, solicitó al juez federal Luis Armella que cite a Suárez como testigo. La declaración testimonial fue fijada para el 25 de junio.
    En la Justicia se presume que, de existir, el dinero mostrado en el video correspondería a fondos no declarados.
    ### El rol de Sucrédito y los chats comprometedores
    El análisis del teléfono de Migueles reveló que Piccirillo, además de coordinar el trabajo de las agencias de cambio, financiaba a Migueles a través del Banco Sucrédito SAU, donde fue accionista minoritario y ocupó un cargo, o mediante fondos propios, según consta en la causa.
    En otro intercambio de WhatsApp entre Migueles y Hauque, vuelve a mencionarse presuntamente a Valeria Fernández. Hauque afirma estar dispuesto a “prender el ventilador” e involucrar a personas que habrían obtenido ganancias millonarias con maniobras similares a las investigadas. También sostiene que Piccirillo había “puesto en vereda” a la “vieja del Central”.
    ### Primeras operaciones SIRA bajo sospecha por presuntas coimas
    Picardi identificó dos primeras operaciones SIRA que podrían haber sido autorizadas mediante pagos ilegales. Según fuentes judiciales, recibió documentación oficial sobre el trámite SIRA N° 23001SIRA

  • «No hicimos nada ilegal ni inmoral»: hablaron los funcionarios del Ministerio de Economía que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación

    «No hicimos nada ilegal ni inmoral»: hablaron los funcionarios del Ministerio de Economía que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación

    «No hicimos nada ilegal ni inmoral»: hablaron los funcionarios del Ministerio de Economía que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación

    En el marco de la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación que sacaron funcionarios del gobierno de Javier Milei y diputados libertarios, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Luis Caputo, aseguraron que no se trató de «nada ilegal» y destacaron la moralidad y transparencia de los integrantes del Ejecutivo.“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral, fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito a sacarlo con la misma tasa que puede sacarlo todo el mundo. Elegimos el Banco Nación porque cobramos el sueldo ahí, confiamos en los productos que tiene y era la tasa más competitiva del mercado», comentó Núñez por el programa Las Tres Anclas, que se emite por el canal de streaming Carajo.El asesor de Caputo señaló que «el Banco Nación dio 27 mil créditos hipotecarios» y que de ese total, «los funcionarios fueron menos de un 0.2%». «Lo más importante es que esta tasa era para todos, no hubo tasa preferencial. Una locura absoluta lo que dijeron. Este es un gran producto para que los argentinos puedan acceder a su casa, que pueda hacer más grande el mercado inmobiliario y que pueda profundizar nuestro mercado de capitales. Todos los argentinos ahora son conscientes de que existe este producto para acceder a la casa”, agregó.Los créditos hipotecarios de hasta 400 millones de pesos del Banco Nación fueron otorgados a al menos a nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza (LLA), fueron denunciados en los Tribunales de Comodoro Py y son investigados por el juez federal Ariel Lijo.Por su parte, el secretario de Finanzas dijo que el crédito que tomó en el Banco Nación fue «para una segunda vivienda a una tasa más alta».“Los créditos hipotecarios se abrieron en mediados de 2024 producto que se estabilizó la macroeconomía, bajó la inflación, la tasa de interés y eso le permite a los bancos estirar el horizonte. La última ventana se había abierto en 2017. Esto es importante entenderlo, se abre producto de una estabilización macroeconómica”, explicó.Las denuncias que ingresaron a Comodoro Py respecto de los créditos del Banco Nación coinciden en manifestar una presunta maniobra que podría haber generado un perjuicio para el Estado. Los nueve créditos cuestionados suman en su conjunto, unos 2.500 millones de pesos. El expediente deberá certificar si hubo un «exceso en los límites de los créditos» o si «hubo dictámenes desfavorables» que no fueron tenidos en cuenta.