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  • Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó este lunes la investigación por espionaje ilegal a jueces y funcionarios, encuadrándola como una asociación ilícita. En ese marco, citó a declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso: Tomás Patricio Hválica, creador del sitio DARK PFA, desde donde se podía acceder a bases de datos de la deep web de cualquier persona seleccionada.

    Zanchetta, ex integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, enviaba mensajes reservados al diputado y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade y poseía datos de espionajes a figuras como Sergio Massa y el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, entre otros numerosos “objetivos”.
    Las indagatorias quedaron fijadas para los próximos días: Zanchetta será interrogado el 17 de junio, Nuñes Pinheiro el 19 y Hválica el 24, todas de manera remota vía Zoom.
    Martínez De Giorgi ordenó además de forma urgente al Jefe de la División de Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional que continúe con el estudio de los elementos pendientes, estableciendo pautas para profundizar el análisis de ese material.
    La causa, que tiene múltiples líneas de investigación, incluye la denuncia sobre la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros— y el hackeo sufrido por dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que llevaban adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. También fueron afectados el entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
    Nuñes Pinheiro fue detenido inicialmente y reconoció que, en agosto de 2022, recibió encargos mediante la aplicación Telegram del usuario “ElJuanxd” para intervenir celulares mediante la técnica de SIM swapping, que consiste en la duplicación del chip de un teléfono. El objetivo eran los dispositivos de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago mediante billeteras digitales, “ElJuanxd” desapareció, afirmó el joven en su declaración, asegurando no poder identificarlo.
    Por su parte, Ariel Zanchetta, también detenido y procesado, fue quien el día del hackeo a Borinsky buscó los datos del juez en la base SudamericaData, donde realizó unas dos mil búsquedas en 2022 sobre magistrados, políticos y artistas, varios posteriormente hackeados. Zanchetta se presentó como periodista, pero sus propias comunicaciones revelaron su condición de agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía. Además, recibió pagos de la AFIP, entidad en la que trabajaba el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.
    El análisis de los dispositivos incautados a Zanchetta permitió imputar y ordenar el allanamiento a Rodríguez, quien coordinaba “objetivos” y operaciones con el espía y mantenía conversaciones con el diputado Tailhade. “Conu” Rodríguez evitó ser detenido en las oficinas donde trabajaba y se presentó en tribunales para entregar sus dispositivos cinco días después.
    Ahora, Martínez De Giorgi convocó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, creador de DARK PFA, plataforma que permitía acceder a bases de datos de la deep web. En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que utilizaba esa página para obtener información necesaria para sus hackeos, hechos que fueron revelados también por Tailhade, quien señaló la difusión de datos de funcionarios y jueces en sitios de la Dark Web y medios afines al kirchnerismo.
    En este contexto, el juez federal advirtió a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, sobre el avance de la causa por asociación ilícita en su jurisdicción y le requirió detalles de su expediente. La jueza Martínez había solicitado al juzgado de Martínez De Giorgi el pasado viernes que se le “certificara” la causa, ante la posibilidad de sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por presuntos delitos contemplados en los artículos 153 bis (violación de secretos y privacidad) y 197 (irrupción en las comunicaciones) del Código Penal.
    El acuerdo, previsto para este lunes, implicaba la devolución de todas las pruebas secuestradas. Sin embargo, el juez federal informó a la jueza porteña que Nuñes Pinheiro ya había sido procesado por su participación en varios delitos, entre ellos asociación ilícita, con prisión preventiva y embargo de bienes. Aunque excarcelado desde abril de 2024, sigue citado a indagatoria en el nuevo trámite.
    Martínez De Giorgi solicitó conocer medidas adoptadas, víctimas y avances en la causa que tramita la jueza porteña antes de cualquier decisión que pudiera afectar su propia investigación, dejando en claro su intención de preservar la continuidad del proceso federal.
    La jueza Araceli Martínez recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A comienzos de diciembre de ese año, en vísperas de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, se difundieron supuestos diálogos entre el funcionario y jueces relacionados con la divulgación de un viaje a Lago Escondido.

  • El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

    El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

    El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

    El crimen de Nora Dalmasso: destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso tras casi dos décadas de impunidad

    El 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso, de 51 años, fue violada y asesinada en su domicilio de Río Cuarto, Córdoba. A lo largo de estos años, diferentes hipótesis buscaron explicar el crimen: desde un albañil con habilidades para escalar andamios hasta su hijo Facundo, de entonces 19 años, pasando por su esposo Marcelo Macarrón, quien supuestamente viajó en avión privado desde Punta del Este, donde participaba en un torneo de golf, o bien habría contratado sicarios colombianos para ocultar manejos financieros oscuros.
    Estas teorías, que hoy pueden parecer descabelladas, dominaron la investigación durante casi dos décadas, sustentadas sucesivamente por los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Este martes, los tres fueron destituidos tras un jury iniciado el 21 de abril que contó con cerca de 40 testigos. La principal crítica hacia ellos fue su persistente enfoque en apuntar a la familia de la víctima, mientras pasaban por alto al verdadero principal sospechoso: el parquetista Roberto Barzola, a quien recién en 2024 se le extrajo sangre para cotejos de ADN.
    El resultado de las pruebas llegó a fines de 2025 y fue sorprendente. Se encontró ADN de Barzola en diez puntos de la bata de baño con la que se estranguló a Dalmasso, además de un vello púbico en los genitales de la víctima. Barzola, señalado por la familia desde 2007, fue indagado, pero el tiempo transcurrido lo llevó a solicitar la prescripción de la acusación, petición que hasta ahora ha prosperado ante un juez y la Cámara local. Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina aún esperan que la Corte local revierta esas resoluciones, aunque no será una tarea sencilla.
    A pesar de un informe del FBI que recomendaba la toma de ADN de Barzola, los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro decidieron ignorar esta línea de investigación. Esto se debió a que la fiscalía ya había sufrido un desgaste por la demora en analizar al albañil Gastón Zárate, lo que motivó la movilización conocida como «la marcha del perejilazo». La toma de pruebas la efectuó finalmente el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió el caso ya prescripto y que luego declaró como testigo en el jury.
    Javier Di Santo estuvo a cargo de la causa entre 2006 y 2015; Daniel Miralles, entre 2016 y 2017; y Luis Pizarro, entre 2017 y 2019. A pesar de los crecientes cuestionamientos a su gestión, los tres continuaron como fiscales.
    Durante los alegatos del jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó la destitución inmediata de los tres, al considerar que incurrieron en negligencia grave que causó un perjuicio sustancial en la resolución del caso, que lleva 19 años sin esclarecimiento. Croppi destacó que esta es la primera vez en la provincia que un jury de enjuiciamiento involucra a tres funcionarios del Poder Judicial simultáneamente.
    La fiscal general adjunta subrayó la revictimización sufrida por Nora Dalmasso, quien fue tratada sin perspectiva de género y vio vulnerado su derecho a la intimidad, debido a la difusión de rumores surgidos desde la propia fiscalía. Señaló, además, que desde el inicio se cometieron errores en el relevamiento de pruebas y se desestimaron elementos clave que posteriormente resultaron fundamentales.
    Los fiscales enjuiciados rechazaron las acusaciones y pidieron su absolución; sin embargo, tras una extensa audiencia de casi 14 horas, el tribunal acogió el pedido de destitución. En un fallo unánime dado a conocer por la noche, el jurado acreditó que los tres cometieron “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones, además de inhabilitarlos en forma absoluta para ejercer cargos en el Poder Judicial provincial.
    En la sala estuvieron presentes el viudo de Nora y sus hijos, quienes se fundieron en un abrazo al escuchar el fallo. Según la normativa vigente, la sentencia del jury es inapelable, aunque las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La separación de los cargos es inmediata, por lo que los funcionarios destituidos cesaron en sus labores desde ese momento, sin perjuicio de eventuales recursos judiciales.
    El jury estuvo compuesto por dos legisladores oficialistas, dos opositores y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, y fue presidido por Julieta Rinaldi, primera mujer en ocupar ese cargo. Su fallo constituye un paso para cerrar una herida profunda que marcó a una familia para siempre.
    Un crimen no esclarecido
    Nora Dalmasso fue asesinada en su casa de Villa del Golf, Río Cuarto. La víctima fue violada y estrangulada con el cinturón de su bata de baño. Inicialmente se acusó al albañil Gastón Zárate, apodado “El perejil”; luego se señaló a Facundo Macarrón, y finalmente a Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en un juicio oral en 2022.
    Sin embargo, la verdad permaneció oculta. A fines de 2024, una prueba genética reveló que el ADN encontrado en el cinturón de la bata y en un pelo recogido del pubis de Nora correspondía a Roberto Barzola, quien trabajaba como parquetista en