LA REFORMA – Por Juan Martín Garay (*)
El proyecto de reforma previsional que el Gobernador Frigerio impulsa bajo el argumento de la «sustentabilidad» del sistema no es una simple actualización técnica. Es, en los hechos, un ajuste disfrazado que los gobiernos locales no podemos pagar y un traslado de la crisis de la Caja de Jubilaciones a los hombros de los trabajadores activos, los municipios y las futuras generaciones.
Nadie discute la necesidad de equilibrio financiero del sistema. Como señaló el Dr. Guillermo Sal (UCU): «El problema es de qué manera se busca ese equilibrio. Un proyecto de esta naturaleza no se mide solo por su conveniencia fiscal, sino también por su compatibilidad con la Constitución». El problema no es el qué (reformar), sino el cómo. Y desde la mirada municipal, el proyecto castiga con especial saña a los municipios y comunas adheridos.
No son pocas voces que lo ven así. Tal como publicó Análisis Digital, el senador Martín Oliva (PJ) dijo que «no encuentro algo que me convenza de que no va a afectar a mucha gente». Y el oficialista Rafael Cavagna (JxER) reconoce que la ley tiene 30 años y necesita ser revisada «sin cercenar derechos adquiridos». Emilio Castrillón y Bernardo Salduna (ex miembros del STJ) han señalado vicios constitucionales en la reforma. A ellos se suma el PJ, que advirtió que «el 82% móvil deja de ser una garantía real» y que el proyecto implica «un ajuste concreto sobre los municipios». Todas estas advertencias confirman lo que venimos diciendo: este proyecto avasalla nuestra autonomía y compromete garantías fundamentales.
EL ESQUEMA MUNICIPAL: LA LETRA CHICA DEL AJUSTE
La reforma no es neutra en su impacto territorial. Mientras que la Ley 8.732 original establece una relación más equilibrada —aporte patronal del 16% y cobertura del déficit proporcional al origen—, el nuevo articulado introduce tres modificaciones que encienden todas las alarmas.
Primero, se incrementa transitoriamente en un 3% el aporte patronal de los municipios durante la emergencia. Ciudades como la nuestra deben absorber un aumento del costo laboral sin financiamiento adicional. ¿De dónde sacamos ese 3%? No hay respuesta.
Segundo, la reforma introduce una subrogación legal a favor del Estado Provincial: si la Provincia adelanta fondos a la Caja, luego nos los descuenta directamente de la coparticipación, sin juicio ni acuerdo previo. Es un pase de factura automático.
Tercero, se nos exige respeto a principios de «sostenibilidad» bajo amenaza de sanción por «mal desempeño». Si un municipio decide una política salarial que repercute en la Caja, podría ser sancionado. La autonomía municipal queda supeditada a una «tutela previsional» del Ejecutivo provincial.
EL TRABAJADOR MUNICIPAL, EL MÁS GOLPEADO
Para los municipios que no tienen Caja propia —aquellos que por convenio aportan directamente a la Caja provincial—, el aumento del 3% no lo pagará el municipio: lo pagará el contribuyente y, fundamentalmente, el propio empleado municipal. Cada peso que destinemos extraordinariamente a la Caja es un peso que no irá a salarios ni a servicios. En ciudades con plantas ajustadas al máximo, esta reforma implica congelar o reducir la capacidad de mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen el Estado local.
LO QUE DICEN CASTRILLÓN Y SALDUNA
Castrillón sostiene que la reforma avanza sobre la autonomía municipal. El proyecto —al establecer retenciones automáticas de coparticipación sin proceso judicial y condicionar políticas salariales locales bajo amenaza de sanción— configura una intervención indirecta en esa autonomía. También señala una delegación legislativa inconstitucional, al otorgar al Ejecutivo facultades para adecuar rangos salariales, alícuotas y topes.
Salduna pone el foco en el impacto sobre el Poder Judicial. Señala que los jueces activos continuarían con la equiparación nacional, mientras que los pasivos serían ajustados por la paritaria general (más baja). «Si un magistrado está ganando 100 y ve que el día que se jubile va a ganar 50, lo más probable es que no quiera irse», advierte. Esta advertencia nos interesa porque revela un patrón: la reforma desfinancia a los pasivos en todos los sectores, incluidos los municipales.
EL 82% MÓVIL: UN ESPEJISMO PELIGROSO
El gobierno insiste en que se mantiene el 82% móvil. Pero es una falacia, porque ese porcentaje se aplicará sobre el promedio de las últimas 240 remuneraciones (20 años). Para los trabajadores provinciales y municipales, esto significa una jubilación inicial mucho más baja, calculada sobre un promedio diluido. El papel respeta la letra, pero el bolsillo sufre la realidad.
EL GOBIERNO RESPONDE: LAS VOCES DE COLELLO Y BAGNAT
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostiene una posición distinta. Afirmó en el sitio digital El Entre Ríos que «hay un consenso generalizado en que hace falta una reforma» y que «si no hacemos nada, el 82% deja de existir porque no se puede pagar». Reveló que la mayoría de los gremios (excepto AGMER y ATE) se sentaron a la mesa, y justificó la urgencia: la Caja genera un déficit de «cerca de 500 mil millones de pesos por año» que hoy «lo termina pagando principalmente el sector privado».
En la misma línea, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, defendió el proyecto en Análisis Digital. Advirtió sobre el crecimiento de jubilados (de 32.000 en 2002 a 67.000 en 2026) y sostuvo que «el engranaje se sigue desgastando». Sobre el haber inicial, argumentó: «Hoy el promedio de las jubilaciones está entre el 100 y el 110% de lo que cobra el activo». Respecto de la elevación gradual de la edad jubilatoria a 68 años, la describió como «una declaración de futuro». Y cerró: «Como dijo el gobernador, las reformas estructurales necesitan diálogo, respeto y consenso. Esta es una reforma que esta gestión no la va a ver».
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN DESDE LOS MUNICIPIOS
Coincidimos con Colello y Bagnat en un punto: la Caja tiene un déficit real que amenaza la existencia del 82% móvil. Ese diagnóstico es cierto y nos interpela. Pero de allí a concluir que la solución debe recaer aplastantemente sobre los municipios —con un 3% adicional no financiado— y sobre los trabajadores activos —con jubilaciones más bajas—, hay un salto que la justicia social no convalida.
Colello dice que el déficit lo paga hoy «el sector privado». ¿Pero acaso descargar el costo sobre los Estados locales y sus empleados no es otra forma de castigar al mismo sector productivo? Si el déficit lo soportamos todos —como dijo el senador oficialista Rubén Dal Molín—, el ajuste debería distribuirse con equidad. Sin embargo, este proyecto concentra el costo en los gobiernos locales sin recursos adicionales y en los empleados municipales que verán congeladas sus mejoras salariales.
La discusión no enfrenta a quienes quieren reformar y a quienes se resisten. Ese falso dilema ya lo superamos. Lo que está en tensión es cómo se hace la reforma. Y desde los municipios decimos: no puede ser a costa nuestra, ni con una letra chica que vacía el 82% móvil y la autonomía local.
El proyecto ya tiene estado parlamentario. Antes de dictaminar, hay que explicar cómo pagaremos el 3% adicional sin recortar servicios esenciales, cómo se compatibiliza la «tutela previsional» con la autonomía municipal, y cómo evitamos que el 82% móvil sea un espejismo. Colello dice que la reforma es para 20 años. Bagnat dice que esta gestión no la va a ver. Precisamente por eso: porque es estructural y definitiva, merece más debate y no menos.
La sustentabilidad de un sistema previsional se mide no solo por su equilibrio fiscal, sino por su capacidad de proteger a quienes más lo necesitan y por su respeto a las autonomías constitucionales. Este proyecto falla en esa prueba. Como nos recuerda el Dr. Sal, no alcanza con prometer sustentabilidad fiscal: también hay que demostrar que es compatible con derechos, razonabilidad y justicia social.
Se puede ser responsable sin ser cruel, equilibrar un sistema sin vaciar la promesa de que la vejez no será una ruleta, y sin convertir a los municipios en rehenes de una crisis que no generamos. La discusión no es si reformamos o no. Es cómo lo hacemos: con justicia, gradualidad real, respeto por las autonomías y reparto equitativo de las cargas.
(*) Abogado y Concejal. Vicepresidente 1° del HCD de Concepción del Uruguay. Presidente del Bloque “Juntos por Uruguay” – P J.
