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  • Justicia blindada: En 27 años hubo 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales y solo 64 terminaron en sanción – Arriba Noticias

    Justicia blindada: En 27 años hubo 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales y solo 64 terminaron en sanción – Arriba Noticias

    Justicia blindada: En 27 años hubo 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales y solo 64 terminaron en sanción – Arriba Noticias

    Una investigación de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ/JusTA) relevó 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales presentadas desde 1999 hasta agosto pasado. De las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 terminaron en una sanción o remoción: el 1,3%.
    El trabajo, titulado “¿Justicia intocable?”, analizó el funcionamiento del sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura y señala problemas vinculados con la transparencia de los expedientes, la participación de quienes realizan las denuncias, la distribución de los casos y las demoras en su tramitación.
    El informe consigó que “en Argentina, solo el 1,3% de las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales llegó a una sanción o remoción. La Constitución Nacional dice que quienes imparten justicia solo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño o por comisión de delitos. Esta es una garantía de independencia porque evita que sean desplazados por sus decisiones o razones políticas”.
    Añadió: “Pero, si los procesos de investigación no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede rápidamente transformarse en garantía de impunidad. Con datos y hallazgos inéditos, esta investigación explora esa distorsión institucional».
    Posibilidades de remoción remotas
    En la introducción, se indicó que “al analizar el comportamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), parecieran ser remotas las posibilidades de que jueces y juezas sean responsabilizados por mal desempeño o comisión de delitos. En efecto, si se estudia lo que pasó con las 5.170 denuncias presentadas en los 27 años de funcionamiento del organismo, se observa que de las 4.910 denuncias que ya están cerradas, solo el 1,3% (64) llegó a una sanción o destitución del Jurado de Enjuiciamiento”.
    Justicia blindada
    Entre los obstáculos que se enumeró se mencionó “problemas múltiples en el deber de control, que abarcan desde la falta de participación de denunciantes en las investigaciones e inacción de quienes las instruyen hasta la transgresión de las obligaciones legales de publicar los procesos y de brindar acceso a esa información, explican la edificación de una Justicia blindada”.
    También se consignó que “a partir de la consulta de fuentes normativas, documentales y bibliográficas, del análisis de bases de datos oficiales y respuestas a pedidos de acceso a la información pública y de entrevistas a consejeros, denunciantes y especialistas en el tema, esta investigación del equipo de ACIJ/JusTA revela por qué la buena conducta como requisito para ejercer la magistratura nacional y federal se desvanece en nuestro país. Muchas causas disciplinarias se encaminan al olvido, y ni siquiera funcionan como obstáculo para ascender al interior del Poder Judicial”, se señaló.
    Según los datos recopilados, de las denuncias cerradas, 3.700 fueron desestimadas, 469 finalizaron por caducidad y 633 no permiten conocer, a partir de los datos del Consejo, la causa del cierre. En tanto, hubo 43 sanciones y 21 remociones.
    La investigación advierte que las denuncias caducan a los tres años desde su presentación si no existe una resolución del Plenario. Entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias terminaron de esa manera. “Esto significa que una causa puede cerrarse sin que exista una investigación ni una decisión sobre los hechos denunciados”, sostiene el informe que publicó Diario Judicial.
    Otro de los puntos señalados es el acceso a los expedientes. El equipo pidió información sobre 69 expedientes próximos a caducar de las comisiones de Disciplina y de Acusación. Tras casi cuatro meses, solo pudo acceder a siete denuncias desestimadas o archivadas, además de algunas resoluciones y autorizaciones para consultar presencialmente determinados procesos.
    La investigación también pone el foco en quienes presentan las denuncias. El reglamento establece que pueden denunciarse hechos u omisiones atribuibles a magistrados que puedan configurar una falta disciplinaria o una causal de remoción, pero quien denuncia “no será parte de las actuaciones”. Para el informe, esto implica quedar afuera del trámite y dificulta conocer qué medidas se adoptaron y cómo avanzó la investigación.
    El trabajo también analiza cómo se decide si una denuncia tramitará ante la Comisión de Disciplina o ante la Comisión de Acusación. La primera interviene en faltas que pueden derivar en advertencias, apercibimientos o multas, mientras que la segunda aborda los hechos más graves que eventualmente pueden llevar a un proceso de remoción. La investigación señala que los criterios de asignación no están definidos de manera taxativa.
    En el informe también aparece el caso de Diego Hernán Papa, juez nacional del Juzgado en lo Comercial12. La investigación señala que el Consejo recibió denuncias vinculadas con presunto maltrato y acoso laboral, entre otros hechos, y que el expediente terminó archivado luego de que transcurrieran más de tres años sin definición. Antes del archivo, el Plenario había votado sucesivamente distintas alternativas sin alcanzar la mayoría necesaria.
    Entre los casos mencionados en el trabajo también figura Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, cuya actuación fue denunciada en 2023 por el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata. Según la investigación, en ese expediente se solicitaron copias de actuaciones y la causa caducará el 1 de diciembre de 2026 si el Consejo no se expide.
    El informe incorpora además el caso de Ariel Lijo, quien durante sus 22 años como juez recibió 41 denuncias disciplinarias por distintas situaciones. La investigación señala que en algunos expedientes no se pidió ninguna medida de prueba y que la mayoría fueron rechazados.
    El escenario de los jury también tuvo movimiento durante el último año. El último juez enviado a jury fue Pablo Díaz Lacava, acusado de presunto maltrato, quien finalmente salió airoso. Fue el tercer juez sometido a jury en menos de un año.
    En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata. El 18 de agosto pasado, en tanto, fue removido de su cargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.
    Además, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, será juzgado en las próximas semanas. Está acusado de supuestamente ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos. “Si de un total de 4.910 denuncias, solo 64 llegaron a una sanción (1,3%), se abren interrogantes sobre la efectividad de estos procesos”, concluye el informe. (APFDigital)

  • Jueces federales entrerrianos intervendrán en juicio por megacausa de lavado de dinero – El Miércoles Digital

    Jueces federales entrerrianos intervendrán en juicio por megacausa de lavado de dinero – El Miércoles Digital

    El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal condenada por la denominada operación “Carbón Blanco”, que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, quien falleció en 2019.
    En el debate, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
    El tribunal, integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa, había puesto como fecha de inicio el 7 de agosto pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.
    Los acusados
    Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad. Los dos primeros están acusados de ser miembros de una asociación dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, a través de negocios jurídicos simulados con entidad para conferirles la apariencia de un origen lícito.
    “Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”, se sostiene en el requerimiento realizado por el fiscal Carlos Amad. Allí, les atribuyó a los dos imputados haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell y haber recibido dinero, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man.
    Por su parte, Carrena llega a juicio acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda y con la habitualidad y con la intervención de personas de existencia ideal.
    Según la investigación llevada adelante por el fiscal Amad, dentro de la organización delictiva liderada por Salvatore, el rol de Carrena consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y también en la ingeniería de esas sociedades financieras, por donde la organización canalizaba sus espurias ganancias, mediante la compra y venta de activos.
    Además, se señaló que Carrena, para llevar adelante las maniobras de lavado de activos, constituyó 42 empresas. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, una vez creadas, el hombre ejecutaba la segunda etapa de su trabajo dentro de la organización ilícita, que consistía en utilizar a estas compañías para el blanqueo de los bienes “logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad”. A su vez, concretaba maniobras para simular operaciones inmobiliarias de compra venta con la finalidad de legitimar dichas operaciones.
    “Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados”, se señaló en el requerimiento.
    En abril de 2023 Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral y lo mismo ocurrió con Carrena en mayo de 2024. Finalmente, el tribunal unificó las causas en noviembre de 2024, consignó Ahora.
    Carbón Blanco
    En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa que mediáticamente se conoció como “Carbón Blanco”. Allí se lo consideró como organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores que llevaban carbón vegetal.
    En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba internado en el Hospital Argerich del barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento se dio en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos que llevaba adelante la organización.
    Como consecuencia de ello, en marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, que fueron condenados a 7 años.
    Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, tuvo una pena de 9 años de prisión. Si bien Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, finalmente fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.
    En el juicio oral por lavado intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

     
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  • Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este viernes el procesamiento del agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Ariel Zanchetta, del hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y del joven Tomás Hválica, creador del sitio web Dark PFA. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a espiar a ministros de la Corte Suprema y a miembros de la justicia federal.

    Zanchetta, además, mantenía comunicación con Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado cercano a Cristina Kirchner, durante el intento de juicio político contra la Corte Suprema en 2022 y 2023. Tailhade informaba a un grupo de periodistas afines sobre las filtraciones de datos que se publicaban en Dark PFA.
    El fallo destacó que la labor coordinada de Zanchetta en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades judiciales no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una actividad funcional destinada a proveer información sensible a la estructura criminal. Además, se comprobó la prolongada y conjunta actuación del grupo entre febrero de 2022 y mayo de 2023, meses antes de la condena a la expresidenta en la causa Vialidad.
    La reiteración de las intrusiones, la mantención de la plataforma Dark PFA con créditos ilimitados y la constante acumulación de información confidencial evidencian el carácter estable y permanente de esta organización criminal.
    La investigación dirigida por Martínez De Giorgi abarca varios ejes, entre ellos la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. También indaga el hackeo a través de la maniobra conocida como «sim swapping» —que implica la suplantación de la tarjeta SIM para tomar control del teléfono— sufrido por los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los magistrados que llevaron adelante el juicio Vialidad contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
    Por este motivo, Nuñes Pinheiro fue detenido en primera instancia. En su declaración admitió que en agosto de 2022 fue contactado por un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram, quien le asignó tareas dirigidas a hackear celulares de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago, dicho usuario desapareció.
    Asimismo, fue detenido y procesado Ariel Zanchetta, ex policía federal, quien el mismo día del hackeo a Borinsky realizó búsquedas de datos del magistrado en la base SudamericaData. Solo en 2022, Zanchetta efectuó más de dos mil búsquedas sobre magistrados, políticos y artistas, varios de los cuales luego fueron víctimas de intrusiones. Aunque Zanchetta se excusó como periodista, sus diálogos evidenciaron que actuaba como agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía.
    El análisis de los dispositivos de Zanchetta también permitió imputar y ordenar el allanamiento del ex funcionario de AFIP y militante de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, quien coordinaba operaciones y asignaba objetivos de espionaje, entre ellos la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, enfrentada con La Cámpora. Rodríguez mantenía además contacto con el diputado Tailhade. Al momento del allanamiento, Rodríguez no fue encontrado en sus oficinas y se presentó ante la justicia cinco días después, entregando sus dispositivos.
    En los últimos meses, Martínez De Giorgi citó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, administrador del sitio Dark PFA, y amplió las declaraciones indagatorias de Nuñes Pinheiro y Zanchetta.
    El magistrado describió que la maniobra delictiva se desarrollaba en tres etapas: primero, la obtención ilegítima de información personal de las víctimas mediante accesos no autorizados a bases de datos; segundo, el control de las líneas telefónicas mediante el “sim swapping”, que consiste en obtener una tarjeta SIM asociada a la línea telefónica de la víctima suplantándola ante la operadora; y tercero, el acceso ilegal a aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Telegram o Facebook.
    El fallo estableció que Nuñes Pinheiro materializó estas maniobras, logrando modificar datos originales de las líneas telefónicas, controlar las cuentas y acceder a las plataformas de mensajería de los cuatro jueces afectados. Por su parte, Hválica, bajo el usuario de Telegram @pr1sox, facilitó a Nuñes Pinheiro acceso ilimitado a la plataforma Dark PFA para consultas de datos personales como números de trámite de DNI.
    Hasta el momento se desconoce quiénes solicitaron y financiaron estos hackeos.
    Se acreditó que Zanchetta solicitó informes a la empresa SudamericaData Group SRL sobre jueces de Casación, ministros de la Corte Suprema, jueces de la Cámara Federal y otros funcionarios. Entre los objetivos figuraban Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi, Silvio Federico Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.
    Zanchetta recopiló datos personales, patrimoniales y migratorios de estos funcionarios, entre ellos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, del Tribunal Oral Federal y de la Corte Suprema, así como de otros magistrados.
    En el caso del juez Giménez Uriburu, tras el control ilegal de su línea telefónica, se realizaron pedidos indebidos de dinero a sus contactos registrados en

  • Bullrich apura una sesión en el Senado para aprobar las designaciones de jueces que definirán en causas por corrupción

    Bullrich apura una sesión en el Senado para aprobar las designaciones de jueces que definirán en causas por corrupción

    Patricia Bullrich apura una sesión en el Senado para el próximo jueves con el fin de aprobar un paquete de pliegos judiciales. Entre los candidatos se encuentran dos jueces propuestos para un tribunal clave que podría definir causas vinculadas a Javier Milei, su hermana Karina Milei y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

    Durante la semana, estuvo en duda que la titular del bloque La Libertad Avanza (LLA) lograra reunir los votos necesarios para abrir el recinto. Sin embargo, casi al cierre de la semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel formalizó la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles a las 14 horas, con el objetivo de definir los temas de una sesión que se celebrará al día siguiente.
    No obstante, Bullrich no pudo evitar una nueva postergación en la discusión del proyecto de ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Esta propuesta quedó en el centro de la atención del oficialismo tras el fracaso en el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que para obtener media sanción en el Senado debió resignar reformas sobre la Ley de Tierras y Manejo del Fuego ante la presión de aliados. Hojarasca, que cuenta con dictamen de comisión desde mediados de junio, aún no integra el temario oficialista. Bullrich es consciente de la falta de votos, por lo que esta propuesta —que busca derogar alrededor de 70 normas nacionales consideradas obsoletas o en desuso— continúa fuera de la agenda del Senado.
    Bullrich cuenta con el respaldo suficiente para avanzar en la aprobación de dos jueces clave. La presidenta del bloque oficialista tendría el apoyo de sus aliados para convocar a una sesión breve que incluya los 67 pliegos judiciales que recibieron dictamen favorable de la comisión de Acuerdos tras cinco audiencias públicas celebradas durante este mes.
    Entre los nominados se encuentran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, dos jueces con capacidad para intervenir en causas sensibles que involucran al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, relacionadas con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y presuntas irregularidades en la agencia de discapacidad.
    Ambos candidatos pasaron sin sobresaltos por la audiencia pública, consiguiendo 12 firmas en sus respectivos despachos de comisión, con apoyo del oficialismo y sus aliados, lo que anticipa una aprobación sin inconvenientes en el recinto. Tras el trámite legislativo, quedarán a la espera de la confirmación oficial con la publicación de sus designaciones en el Boletín Oficial.
    Bertuzzi, por su parte, no enfrentó presión del peronismo, que sigue sin participar en la comisión de Acuerdos en reclamo por la distribución de cargos. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, el kirchnerismo cuestionó su traslado en 2018 a la Sala I de la Cámara Federal. En 2020, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese traslado, aunque acordó mantenerlo en el cargo de manera provisoria hasta que se realice un nuevo concurso público para cubrir el puesto en forma definitiva. Por ello, Bertuzzi se sometió al examen para su ratificación como camarista.
    En contraste, Leopoldo Bruglia, quien también llegó a esa cámara por decisión de Macri, no buscó ratificación mediante concurso y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una medida cautelar para suspender el concurso. Así, Bruglia dejará vacante su lugar, que probablemente será ocupado por Yadarola, amigo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y candidato con respaldo del Senado.
    En la misma sesión, el oficialismo espera confirmar la designación de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires y exintegrante del tribunal de apelaciones de la AFA. Propuesto como juez de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones, su nominación generó cierta controversia por su vinculación con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, quien se encuentra bajo investigación por la gestión de la asociación.
    Además de avanzar con los pliegos judiciales, el oficialismo comienza a ceder terreno frente a sus aliados y avanza en negociaciones con los jefes dialoguistas para incluir algunos proyectos de baja complejidad provenientes de la oposición. Clarín ya había informado sobre la creciente presión de estos aliados para que el temario no incluya únicamente iniciativas de la Casa Rosada.
    Para completar el temario de la sesión del jueves, Bullrich también incluirá varios convenios internacionales, entre ellos el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
    En la comisión que preside Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) también obtuvieron despacho un tratado de extradición con Chile, firmado en Santiago el 5 de diciembre de 2023; un convenio sobre la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales («Tratado de Medellín»), celebrado en Colombia en 2019, junto con su reglamento de financiación aprobado en febrero de 2022; y un acuerdo con Ucrania para el traslado de personas sentenciadas.

  • Corrupción en la AFA: ya pasaron 14 jueces por la causa de la Mansión de Pilar y no hubo ninguna definición de fondo

    Corrupción en la AFA: ya pasaron 14 jueces por la causa de la Mansión de Pilar y no hubo ninguna definición de fondo

    Desde el inicio de la causa por la compra de la mansión de Pilar, en diciembre pasado, han intervenido 14 jueces distintos, entre quienes investigaron el expediente y quienes resolvieron sobre la competencia jurisdiccional. Tras múltiples idas y vueltas, apelaciones y cambios de tribunal, hasta ahora no se ha logrado una definición sobre los responsables ni se ha determinado si existió lavado de dinero.

    A lo largo del proceso se realizaron allanamientos, declaraciones testimoniales y un peritaje contable en curso para establecer si la propiedad pertenece efectivamente a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, se libró una prolongada discusión judicial acerca de qué juzgado debía encargarse del caso. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la causa vuelva al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
    El expediente se abrió tras la denuncia presentada en diciembre pasado por la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, que solicitó investigar la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con 105 metros cuadrados, helipuerto, cancha de pádel, pileta, varios galpones y un depósito para autos.
    La propiedad figura a nombre de Real Central, empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada, quienes no tendrían capacidad económica para adquirirla. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.
    El caso inicialmente quedó a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas, quien remitió la causa al fuero Penal Económico por el tipo de delito investigado. Sin embargo, Javier López Biscayart, a cargo del juzgado 10 Penal Económico, rechazó ese criterio y devolvió el expediente a Rafecas. Posteriormente, Rafecas allanó la propiedad, donde encontró un bolso con identificación de la AFA y una placa del club Barracas Central a nombre de Toviggino. Además, en el galpón había 54 vehículos de lujo y de colección con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.
    La controversia sobre la competencia fue resuelta por Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal, quien determinó que la causa debía seguir en el fuero Penal Económico, retornando al juzgado 10, donde ya se desempeñaba Marcelo Aguinsky. Este juez planteó la hipótesis de que la mansión podría haber sido adquirida con fondos de la AFA provenientes de una gestión fraudulenta. En su investigación determinó que Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la AFA con la que realizaba gastos mensuales por 50 millones de pesos, incluyendo pagos de peajes de los autos vinculados a la mansión, pese a no ser empleado de la asociación.
    En enero, la defensa de Pantano y Conte solicitó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, hacerse cargo del expediente, argumentando que Pilar es su jurisdicción. González Charvay solicitó el expediente a Aguinsky, quien se negó a cederlo. La Cámara Federal de San Martín respaldó a González Charvay, basándose, entre otros argumentos, en que la sede de la AFA, aunque trasladada a Pilar, aún permanecía en un terreno baldío.
    El juez González Charvay realizó un allanamiento en la AFA para obtener documentación y ordenó alrededor de treinta medidas probatorias, incluyendo un peritaje contable para analizar los fondos de la AFA desde 2019 y determinar si se usaron para la compra de la mansión. Sin embargo, los fiscales del caso apelaron esta resolución para que la causa vuelva al fuero Penal Económico. La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, decidió que esa determinación debía ser tomada por la Cámara Penal Económico. Esta última, con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ordenó en junio que la investigación retornara al juzgado 10, ahora bajo la magistratura de Verónica Straccia, quien delegó la pesquisa en el fiscal Claudio Navas Rial.
    La defensa de Pantano y Conte apeló nuevamente para que el expediente regresara a Campana. El fiscal Mario Villar sostuvo que la causa debía continuar en el fuero Penal Económico. La discusión central sigue siendo qué tribunal es competente para investigar un supuesto lavado de dinero.
    Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal intervino nuevamente. Los jueces Diego Barroetaveña —quien fue presidente del tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre, cuando se inició la causa—, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar resolvieron, por mayoría, que el caso debe volver al juzgado de Campana. Slokar votó en disidencia al considerar que no correspondía tratar la apelación.
    Con esta decisión, el expediente tendrá un nuevo regreso a Campana, aunque no necesariamente será definitivo, ya que el fallo de Casación puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría sumar tres jueces más al tratamiento del caso.
    Este complejo entramado judicial refleja las dificultades y dilaciones que enfrenta la investigación, atrapada en un laberinto institucional que, en múltiples ocasiones, ha impedido avanzar hacia una resolución de fondo.

  • Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

    Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

    Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

    El segundo semestre del año será crucial para el Poder Judicial, ya que se definirá el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño en sus funciones, quienes podrían ser destituidos de sus cargos, y uno de ellos incluso podría quedar detenido. Estos procesos se activarán a partir de la próxima semana, con la finalización de la feria judicial.

    Los magistrados imputados son el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López; el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava; y el juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Cada uno enfrenta denuncias distintas: la publicación de mensajes antisemitas, agresión al personal de su tribunal y solicitud de coimas para dictar un fallo, respectivamente.
    Actualmente, los tres casos están en etapa de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que por primera vez en su historia afronta tres procesos simultáneos luego de que el Consejo de la Magistratura los investigara y suspendiera en sus cargos.
    Aunque los procesos están en etapas diferentes, todos deberán resolverse antes de fin de año, respetando los plazos legales para la tramitación ante el jurado. Se trata de un proceso de carácter político, en el cual el tribunal evalúa exclusivamente si los jueces incurrieron en mal desempeño de sus funciones. El Jurado puede dictar dos tipos de resoluciones: destituir a los magistrados o rechazar la acusación. En caso de destitución, el juez pierde automáticamente su cargo y la jubilación correspondiente; si se rechaza la acusación, se levanta la suspensión y el juez retomará sus funciones.
    Para destituir a un juez se requieren cinco votos de los siete integrantes del Jurado. Si no se obtiene esa mayoría o si se exceden los 180 días hábiles para concluir el proceso desde la recepción del caso, la acusación cae. Actualmente, el tribunal está compuesto por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria); y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).
    Estos procesos son seguidos con especial atención en la justicia, ya que es la primera vez desde la creación del Consejo y del Jurado a comienzos de los 2000 que tres magistrados son sometidos simultáneamente a juicio político. Además, estos casos presentan distintas tipologías: discriminación, maltrato laboral —una problemática denunciada en aumento en el Poder Judicial— y corrupción.
    Los dos últimos jueces destituidos fueron sancionados por casos de corrupción: el magistrado federal de Mendoza, Walter Bento, por enriquecimiento ilícito; y Martín Poderti, también de Mar del Plata, por el presunto robo de 144 monedas de oro. Posteriormente, Bento fue condenado penalmente a 18 años de prisión y permanece detenido.
    En cuanto a los juicios en curso, el primero comenzó a principios de mes contra Alfredo López, quien es juzgado por publicar mensajes antisemitas y discriminatorios en su cuenta de la red social X. Entre sus mensajes se leen expresiones como: “Sí, raza de víboras, por el pueblo judío”, “son cínicos”, “estado ficticio” y “al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros”. Hace dos semanas, los fiscales del jury, el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, solicitaron su destitución por mal desempeño. La audiencia estuvo marcada por un escándalo cuando seguidores de López en la sala comenzaron a gritar contra los fiscales, lo que derivó en la expulsión de esas personas. López presentó su renuncia para evitar el juicio, pero el gobierno de Javier Milei no la aceptó. Solo resta el veredicto, que el tribunal debe emitir antes del 25 de agosto. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se espera que la semana que viene se anuncie la fecha.
    En simultáneo, el segundo juicio comenzará el lunes 10 de agosto a las 9 horas contra Pablo Díaz Lacava. El juez está acusado de amenazar y hostigar a empleados y secretarios de su tribunal, quienes presentaron la denuncia y debieron tomar licencia médica. Uno de los hechos más graves imputados es que Díaz Lacava arrojó una piedra desde la calle que ingresó por una ventana a uno de los despachos. El jurado ya citó a testigos de la defensa y de la acusación, y se espera que el proceso dure una semana, según informaron fuentes judiciales. Por estos mismos hechos, Díaz Lacava enfrenta un juicio oral en una causa penal. Actualmente está suspendido en el cargo, y antes de la suspensión el juez tenía prohibido ingresar a su tribunal para evitar contacto con los empleados denunciantes.
    El tercer caso corresponde a Gastón Salmain, quien fue suspendido en junio tras ser denunciado por solicitar un soborno para dictar un fallo a favor de una empresa, ordenando al Banco Central de la República Argentina la venta de 10 millones de dólares a precio oficial durante el cepo cambiario. El juez exigió el pago del 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Según declaró un arrepentido en la causa penal, Salmain esperaba recibir entre 180 mil y 200 mil dólares producto de esa diferencia. Sin embargo, la devaluación del peso redujo la brecha y la empresa solo logró una diferencia de 19 mil dólares al comprar los dólares oficiales con el fallo. Salmain está procesado y tiene prisión preventiva, aunque no ha sido detenido debido a sus

  • Ricardo Lorenzetti, apurado por completar la Corte Suprema: «El tiempo de designar jueces es ahora»

    Ricardo Lorenzetti, apurado por completar la Corte Suprema: «El tiempo de designar jueces es ahora»

    Ricardo Lorenzetti, apurado por completar la Corte Suprema: «El tiempo de designar jueces es ahora»

    Ricardo Lorenzetti insistió este martes en la necesidad urgente de designar nuevos miembros para cubrir los dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y advirtió que “no es normal” que el máximo tribunal funcione con solo tres integrantes. “El tiempo de designar jueces es ahora”, afirmó.

    Lorenzetti, junto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, integra actualmente la Corte Suprema, que debería contar con cinco miembros. Desde diciembre de 2024, cuando renunció Carlos Maqueda —y considerando la vacante que dejó Elena Highton en 2021—, el tribunal opera con dos cargos sin cubrir. “No es normal que tengamos tres miembros en la Corte. Yo tengo muchísima actividad internacional y me cuesta explicar que somos solo tres”, se quejó en una entrevista concedida a TN.
    El juez también destacó la importancia de garantizar diversidad de género en el tribunal, a pesar de la polémica generada por el decreto impulsado por Javier Milei, que modificó los procedimientos previos para la designación de jueces. “Tiene que haber diversidad de género porque es muy importante. La Corte debe ser diversa y reflejar lo que es la sociedad”, subrayó, y agregó que estos temas, aunque a veces parezcan lejanos, deben vincularse con los problemas de la población.
    En la misma entrevista, Lorenzetti se refirió al juez federal Ariel Lijo, cuyo pliego fue rechazado por el Congreso a principios de abril. “Yo lo aprecio y considero que es un buen candidato, pero la decisión es del Presidente”, aseguró. Además, señaló que los postulantes a la Corte deben provenir del Poder Judicial.
    Consultado sobre la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal, Lorenzetti se mostró reticente. “No es fácil designar dos jueces, y el Gobierno anterior tampoco cubrió una vacante. Si se aumenta el número y además consideramos que habrá elecciones, vamos a estar mucho tiempo con una Corte inestable”, opinó.
    Respecto a la reciente condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dijo que “desde el punto de vista jurídico está terminado el tema”. “Entiendo a quienes están enojados o disconformes, pero el proceso está terminado”, sostuvo, y añadió que es fundamental “proteger las instituciones”, ya que estas existen para resguardar a los débiles frente a los poderosos.
    Lorenzetti recordó que la mayoría de los jueces que intervinieron en esa causa fueron designados durante los gobiernos kirchneristas. “Obviamente estos casos merecen debate y hay críticas. Entendemos que hay gente molesta, y también comprendemos que no es bueno en ningún país encarcelar a un presidente, pero nosotros juzgamos delitos”, enfatizó.
    Finalmente, evitó opinar sobre la posible interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Señaló que se trata de un procedimiento “previsto y un mecanismo de control”, pero aclaró que “la decisión corresponde a otros poderes del Estado y nosotros no podemos opinar”. Asimismo, subrayó que, del mismo modo que no desean injerencia en el Poder Judicial, ellos deben abstenerse de interferir en lo que haga el Congreso.

  • Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó este lunes la investigación por espionaje ilegal a jueces y funcionarios, encuadrándola como una asociación ilícita. En ese marco, citó a declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso: Tomás Patricio Hválica, creador del sitio DARK PFA, desde donde se podía acceder a bases de datos de la deep web de cualquier persona seleccionada.

    Zanchetta, ex integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, enviaba mensajes reservados al diputado y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade y poseía datos de espionajes a figuras como Sergio Massa y el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, entre otros numerosos “objetivos”.
    Las indagatorias quedaron fijadas para los próximos días: Zanchetta será interrogado el 17 de junio, Nuñes Pinheiro el 19 y Hválica el 24, todas de manera remota vía Zoom.
    Martínez De Giorgi ordenó además de forma urgente al Jefe de la División de Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional que continúe con el estudio de los elementos pendientes, estableciendo pautas para profundizar el análisis de ese material.
    La causa, que tiene múltiples líneas de investigación, incluye la denuncia sobre la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros— y el hackeo sufrido por dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que llevaban adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. También fueron afectados el entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
    Nuñes Pinheiro fue detenido inicialmente y reconoció que, en agosto de 2022, recibió encargos mediante la aplicación Telegram del usuario “ElJuanxd” para intervenir celulares mediante la técnica de SIM swapping, que consiste en la duplicación del chip de un teléfono. El objetivo eran los dispositivos de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago mediante billeteras digitales, “ElJuanxd” desapareció, afirmó el joven en su declaración, asegurando no poder identificarlo.
    Por su parte, Ariel Zanchetta, también detenido y procesado, fue quien el día del hackeo a Borinsky buscó los datos del juez en la base SudamericaData, donde realizó unas dos mil búsquedas en 2022 sobre magistrados, políticos y artistas, varios posteriormente hackeados. Zanchetta se presentó como periodista, pero sus propias comunicaciones revelaron su condición de agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía. Además, recibió pagos de la AFIP, entidad en la que trabajaba el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.
    El análisis de los dispositivos incautados a Zanchetta permitió imputar y ordenar el allanamiento a Rodríguez, quien coordinaba “objetivos” y operaciones con el espía y mantenía conversaciones con el diputado Tailhade. “Conu” Rodríguez evitó ser detenido en las oficinas donde trabajaba y se presentó en tribunales para entregar sus dispositivos cinco días después.
    Ahora, Martínez De Giorgi convocó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, creador de DARK PFA, plataforma que permitía acceder a bases de datos de la deep web. En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que utilizaba esa página para obtener información necesaria para sus hackeos, hechos que fueron revelados también por Tailhade, quien señaló la difusión de datos de funcionarios y jueces en sitios de la Dark Web y medios afines al kirchnerismo.
    En este contexto, el juez federal advirtió a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, sobre el avance de la causa por asociación ilícita en su jurisdicción y le requirió detalles de su expediente. La jueza Martínez había solicitado al juzgado de Martínez De Giorgi el pasado viernes que se le “certificara” la causa, ante la posibilidad de sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por presuntos delitos contemplados en los artículos 153 bis (violación de secretos y privacidad) y 197 (irrupción en las comunicaciones) del Código Penal.
    El acuerdo, previsto para este lunes, implicaba la devolución de todas las pruebas secuestradas. Sin embargo, el juez federal informó a la jueza porteña que Nuñes Pinheiro ya había sido procesado por su participación en varios delitos, entre ellos asociación ilícita, con prisión preventiva y embargo de bienes. Aunque excarcelado desde abril de 2024, sigue citado a indagatoria en el nuevo trámite.
    Martínez De Giorgi solicitó conocer medidas adoptadas, víctimas y avances en la causa que tramita la jueza porteña antes de cualquier decisión que pudiera afectar su propia investigación, dejando en claro su intención de preservar la continuidad del proceso federal.
    La jueza Araceli Martínez recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A comienzos de diciembre de ese año, en vísperas de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, se difundieron supuestos diálogos entre el funcionario y jueces relacionados con la divulgación de un viaje a Lago Escondido.

  • El padre del ministro de Justicia pidió que se sancione a los jueces que les dan información a los periodistas

    El padre del ministro de Justicia pidió que se sancione a los jueces que les dan información a los periodistas

    El padre del ministro de Justicia pidió que se sancione a los jueces que les dan información a los periodistas

    En una carta dirigida al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, propuso que la Justicia establezca un reglamento que sancione éticamente como una falta grave el intercambio de información entre magistrados y periodistas.

    Mahiques, quien se hizo conocido públicamente tras revelarse que celebró su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, número dos de la AFA, envió su misiva al juez Diego Barroetaveña, actual presidente de la Cámara de Casación. Carlos Mahiques integra la Sala III de ese tribunal y logró mantener su cargo este año gracias a que el presidente Javier Milei presentó su pliego ante el Senado para renovar su mandato, a pesar de haber superado la edad límite de 75 años establecida por la Constitución Nacional para los jueces.
    En la nota, fechada el pasado lunes, Mahiques lamenta las publicaciones periodísticas sobre su persona y también cuestiona algunas notas relacionadas con otros magistrados, calificándolas de “distorsionadas o erróneas”.
    “No sería ocioso que este Tribunal, dada su importancia como intérprete de las normas, debatiera sobre estos asuntos y se expidiera eventualmente sobre la amenaza que representa un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad”, sostiene el juez en su carta a Barroetaveña.
    Asimismo, propone que para aportar “objetividad y rigor” a la información derivada de sentencias y resoluciones judiciales se instale una vocería u organismo de prensa que sistematice y difunda de manera oportuna y oficial todo ese material, de modo que la ciudadanía pueda acceder a fuentes confiables.
    Mahiques también plantea la necesidad de incorporar normas deontológicas sobre las relaciones personales entre jueces y periodistas, y de “sancionar éticamente como una falta grave el intercambio de información o favores que luego son utilizados por el periodismo como fuentes judiciales no revelables, que rara vez se ajustan a la realidad”.
    El juez accedió a su cargo en la Cámara de Casación sin la aprobación del Senado, mediante un traslado administrativo dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. En mayo de 2017, el Consejo de la Magistratura aprobó su traslado de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional a la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en Comodoro Py, donde se tramitan causas por corrupción de funcionarios públicos nacionales. En ese momento, su hijo Juan Bautista, que integraba el Consejo como representante del gobierno de Macri, se abstuvo de votar para no beneficiarlo directamente.
    En su carta, Mahiques apoyó la crítica del Gobierno hacia el periodismo, calificándolo de “oportunista y mercenario”, y solicitó que el tribunal designe “un interlocutor formado e informado que defina el escenario y los términos de una discusión rigurosa para desmontar la promiscuidad informativa”.
    Carlos Mahiques es el patriarca de una familia con presencia en el Poder Judicial y en el Gobierno Nacional. Además de él, camarista de Casación, y de su hijo Juan Bautista, ministro de Justicia, integran este grupo Ignacio Mahiques, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería.

  • Caso Loan: por qué los jueces van al naranjal 705 días después de la desaparición del nene

    Caso Loan: por qué los jueces van al naranjal 705 días después de la desaparición del nene

    Caso Loan: por qué los jueces van al naranjal 705 días después de la desaparición del nene

    Con testigos pero sin interrogatorios se llevará a cabo este martes la inspección ocular en el paraje correntino de El Algarrobal, donde el 13 de junio de 2024, hace 705 días, fue sustraído Loan Danilo Peña, quien en ese momento tenía cinco años.

    La medida estará encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal y contará con la presencia de uno de los siete procesados: Bernardino Antonio Benítez (39), tío político del niño, quien permanece alojado en la cárcel federal de Resistencia, Chaco.
    Desde la Fiscalía Federal informaron que serán seis los acusadores que viajarán hasta 9 de Julio para participar de la medida judicial, a pesar de que el tribunal mantiene su decisión de permitir la intervención de solo dos de ellos durante el juicio. Esa resolución fue apelada y se espera un pronunciamiento inminente de la Cámara Federal de Casación Penal.
    El tribunal notificó a fiscales, querellantes y defensores que la inspección “tiene la finalidad exclusiva de que los jueces tomen conocimiento personal y directo de los lugares en que habrían ocurrido las distintas fases de los hechos traídos a juicio”.
    En primer lugar, los magistrados realizarán el recorrido desde la vivienda de la abuela Catalina Peña hasta el lugar conocido como el naranjal, una tapera ubicada a unos 600 metros de donde Loan compartió ese día un almuerzo comunitario con su padre, familiares y amigos de la dueña de casa.
    Luego, la comitiva se desplazará hasta el sitio donde fue “plantado” uno de los botines que llevaba puesto el niño el día de su desaparición. Ese calzado fue hallado al día siguiente por Laudelina Peña, pareja de Benítez, y su hija Macarena.
    Los investigadores concluyeron que dicho objeto fue colocado allí para sostener la hipótesis de que el niño se había perdido en una zona de montes, pastizales y lagunas, mientras intentaba regresar solo desde el naranjal a la casa de su abuela.
    La tercera parada será en el hotel Despertar del Iberá, ubicado sobre la calle Santa Fe, en la zona urbana de 9 de Julio. En ese lugar fueron trasladadas Camila Núñez y Macarena Peña, junto a algunos de los niños que el 13 de junio habían participado de la excursión al naranjal cercano a la casa de Catalina Peña.
    Estas jóvenes fueron persuadidas por un grupo de personas que desembarcaron en 9 de Julio con el propósito de desviar o al menos entorpecer la investigación judicial.
    Por estas maniobras, la Justicia Federal procesó a una decena de personas, entre ellas Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, un personaje que aseguraba pertenecer a Interpol y a organismos de inteligencia norteamericanos, aunque solo contaba con un carnet de conducir expedido en Miami.
    En una resolución comunicada a defensores, querellantes y Fiscalía, el tribunal aclaró que “las personas convocadas como testigos tuvieron actuación en los lugares a inspeccionar durante el tiempo de los sucesos, y han sido citados únicamente para coadyuvar a los magistrados en el conocimiento de aquellos”.
    Asimismo, precisaron que, al estar citados para declarar como testigos durante la audiencia de debate oral y público —donde las partes tendrán plena facultad para interrogarlos— no podrán ser interrogados durante la inspección ocular.
    Los jueces confiaron a Gendarmería la custodia del perímetro en la zona de El Algarrobal, con instrucciones expresas para evitar la presencia de curiosos o medios de prensa durante la inspección.
    Además, solicitaron la colaboración de la Policía de Corrientes para el cierre de calles en las inmediaciones del hotel de 9 de Julio, procurando afectar lo mínimo posible el tránsito y el movimiento peatonal.
    La fiscal adjunta Tamara Pourcel sostuvo que la medida judicial en El Algarrobal no constituye una reconstrucción de los hechos, sino “una reproducción secuencial de lo ocurrido”, con el objetivo de “tener una percepción y observación de los lugares y tratar de determinar ciertos tiempos y distancias”.
    El próximo 16 de junio, el tribunal comenzará a juzgar a Bernardino Antonio Benítez (39), Laudelina Peña (47), María Victoria Caillava (54), Carlos Guido Pérez (64), Mónica del Carmen Millapi (37), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (51) y al excomisario Walter Adrián Maciel (45) como coautores de la sustracción de Loan, hecho ocurrido cerca de las 14:00 del 13 de junio de 2024.
    En forma simultánea serán juzgadas otras diez personas por el entorpecimiento de la investigación.
    La imputación más grave recae sobre Nicolás Gabriel Soria (44), quien está detenido con prisión preventiva y procesado por “privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes a título gratuito, atentado a la autoridad y usurpación de títulos, al llevar insignias públicamente de un cargo que no ejerce”.
    EMJ