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  • Detuvieron por un asalto millonario al hijo de un postulante a juez federal de Concepción del Uruguay – El Miércoles Digital

    Detuvieron por un asalto millonario al hijo de un postulante a juez federal de Concepción del Uruguay – El Miércoles Digital

    La investigación por el millonario robo a un estudio contable en el Partido de San Martín de la provincia de Buenos Aires, derivó en la detención del hijo de un juez de Garantías bonaerense que está en carrera para acceder al cargo de juez federal de Concepción del Uruguay.
    Mariano José Grammático Mazzari es actualmente juez de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Martín. Su hijo, Matías Grammático, fue detenido este fin de semana por pedido de la fiscal Fabiana Ruiz, quien lo acusó junto a Sergio Fabián Weber de la presunta participación en el asalto contra el estudio contable situado en el piso 13, del edificio de San Lorenzo 2108, en la mencionada localidad bonaerense.
    El diario La Nación publicó que Grammático quedó imputado y vinculado con la causa, pero con un pedido de detención que había sido rechazado, a fines de julio por otro magistrado de Garantías. A pesar de la denegatoria del primer pedido de detención, la fiscal Ruiz continuó con la recolección de pruebas y, entre las medidas que solicitó figuraba la realización de un peritaje scopométrico sobre las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron al hijo del magistrado en las adyacencias del estudio contable asaltado.
    La representante del Ministerio Público recibió el resultado del estudio que había solicitado a los peritos de la Policía de la Ciudad. El análisis concluyó que la persona que aparecía en las cámaras de seguridad del inmueble asaltado era Matías Grammático.
    Con esta prueba clave, la fiscal Ruiz solicitó al juez de Garantías Mariano González que ordene su detención. Cuando los efectivos de la policía bonaerense allanaron su departamento no lograron encontrarlo. Pero este sábado, acorralado por los efectivos que lo perseguían, el hijo del juez se presentó en una comisaría de San Martín y quedó preso, publicó La Nación.
    El concurso y la entrevista
    El padre del detenido se anotó en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el concurso 523, del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que quedó vacante tras la trágica muerte de Pablo Andrés Seró.
    El pasado 26 de agosto, Grammático Mazzari fue entrevistado en la Sala de Plenarios del CM. En esa instancia, el hombre que ejerció seis años como fiscal y 20 como juez, habló sobre la cuestión del derecho de las víctimas. Al finalizar la entrevista, el consejero Hugo Galderisi le hizo una pregunta “personal”:
    —¿Por qué a Concepción del Uruguay, Entre Ríos?
    —¿Le puedo contestar lo formal o lo real?
    —No, lo real, lo real. Cuénteme lo real.
    —Lo real, que es obligatorio (risas). Cuando yo era chico me llevaban mucho para allá y tengo una cuestión emocional con Entre Ríos. Más allá de que es un lugar relativamente cercano —no he concursado a lugares lejanos porque tengo a mis amigos y mi núcleo familiar aquí—, a mí me llega muy de cerca por esa infancia en la que pasé mucho tiempo en ese lugar.
    —Hermosa ciudad, hermosa provincia. Bueno, gracias y le deseo éxitos. Espero que se haya sentido cómodo—, lo despidió Galderisi.
    Los otros postulantes que fueron entrevistados para este cargo tan sensible son: Andrés Agustín Da Rold, Pedro Oscar Alejandro Bancoff, Carlos Eduardo Saltor, Diego Marcelo Spilotti, Rosana Elizabeth Luggren, Martín Ignacio Uriona, Luciano Gastón Censori, Mariano Jorge Cartolano, Luciano Andrés Covelli y Juan Manuel Clérico.
    El asalto del hijo del juez
    El asalto que habrían cometido Weber y Matías Grammático ocurrió el 4 de mayo pasado entre las 2 y las 3.30, publicó La Nación. A partir de la reconstrucción del hecho, los investigadores policiales y judiciales indicaron que los asaltantes llegaron al edificio que asaltaron en un Peugeot 208 negro y un Peugeot 301 oscuro. En las cámaras de seguridad habría quedado registrado cómo los ladrones no tuvieron necesidad de violentar la puerta del edificio porque tenían la llave. Luego, con dos inhibidores bloquearon los sistemas de seguridad del edificio. Con los dispositivos de alerta anulados, los sospechosos llegaron al único departamento del último piso, donde funciona un estudio contable.
    Allí, se apoderaron de una caja fuerte que contenía una millonaria suma de dinero en efectivo y en cheques. Una vez que se apoderaron del botín huyeron en los mismos los vehículos con los que se trasladaron al edificio.
    En marzo de este año, el mismo medio de Buenos Aires publicó que el juez Grammático Mazzari y un exfiscal de San Martín, Miguel Ángel Gragnoli, fueron denunciados por el presunto cobro de una coima de 120.000 dólares para conceder las exenciones de prisión a cuatro de los cinco integrantes de una familia propietaria de una cadena de carnicerías que habían sido acusados de estafa. Consultado al respecto, el magistrado negó enfáticamente los cargos, afirmó que se trata de una operación en su contra para perjudicarlo y apartarlo del caso original en el que él se había negado a liberar a una persona acusada de un delito grave. Además, calificó la denuncia como una “mentira burda y miserable”.

     
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  • Un imputado denunció a un juez federal ante el Consejo de la Magistratura y lo acusó de imparcialidad

    Un imputado denunció a un juez federal ante el Consejo de la Magistratura y lo acusó de imparcialidad

    El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y recusado por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos que está a cargo del propio magistrado.

    En la presentación, Pinarello acusa al juez de posibles “faltas disciplinarias y/o causal de mal desempeño”, señalando la supuesta filtración de información mientras regía el secreto de sumario, el trato diferenciado hacia distintos imputados y la forma en que se aplicó una resolución de la Cámara Federal que otorgó prisión domiciliaria a otro acusado.
    Asimismo, solicitó formalmente la apartación de Inchausti del caso, debido a lo que calificó como “enemistad manifiesta” y “pérdida objetiva de la imparcialidad”, poniendo en duda la capacidad del juez para continuar interviniendo en el expediente.
    La recusación está vinculada al expediente N° 16997/2023, en el cual Pinarello es investigado por presuntamente ser el organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a lavar las ganancias mediante distintos mecanismos financieros, incluyendo cuentas bancarias y billeteras virtuales.
    Entre los argumentos principales se destaca un episodio ocurrido en 2016, cuando Inchausti y Elías Guillermo Pinarello, padre de Guillermo y entonces Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, mantuvieron una fuerte discusión por diferencias institucionales. Según la denuncia, el juez le manifestó a Elías que en Mar del Plata se investigaría únicamente lo que él dispusiera, advirtiendo que si no se ajustaba a sus directivas “duraría poco tiempo en el cargo”, con una clara amenaza sobre su carrera profesional.
    La presentación sostiene que ese conflicto nunca fue superado y que influyó en el desarrollo de la causa que investiga a Guillermo Pinarello. Como ejemplos, se mencionan medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes dictada en noviembre de 2025 que sigue vigente, y el bloqueo temporal de su cuenta sueldo, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
    Pinarello también cuestionó el trato diferenciado recibido respecto a otro imputado, Joaquín Otero Cao. Según la denuncia, Inchausti inicialmente concedió la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazó la de Pinarello, decisión que luego fue revertida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que le otorgó el beneficio a este último.
    Además, afirmó que mientras Otero Cao salió del penal sin tobillera electrónica, en su caso se condicionó la salida a la instalación del dispositivo, lo que provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión, aún después de la resolución de la Cámara. También señaló que se le impuso una caución de 100 millones de pesos, el doble de los 50 millones fijados para su coimputado, pese a estar ambos acusados de los mismos delitos.
    Otro punto central de la denuncia son las filtraciones ocurridas antes de que se levantara el secreto de sumario, el 13 de noviembre de 2025 a las 14 horas. Pinarello informó que detalles de la investigación, hipótesis acusatorias y datos personales de los involucrados ya habían sido difundidos con anterioridad, por lo que solicitó que se investigue el origen de estas filtraciones.
    En su presentación, Pinarello sostuvo: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no solo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de modo que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una serie de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa”.

  • El juez Lijo le concedió a Manuel Adorni 15 días más para que justifique el aumento de su patrimonio

    El juez Lijo le concedió a Manuel Adorni 15 días más para que justifique el aumento de su patrimonio

    Este miércoles vence el plazo para que Manuel Adorni responda al requerimiento de justificación elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita y avalado por el juez Ariel Lijo. El objetivo es que brinde explicaciones sobre ítems concretos de su patrimonio que no encuentran respaldo en sus declaraciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el exfuncionario solicitó una prórroga de 15 días, la cual fue concedida por el magistrado.

    Tras casi cinco meses de investigación, la Justicia federal detecta diversas inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni: un incremento patrimonial del 119%, cifras sin sustento documental y tenencia de dólares sin respaldo. Por ello, la fiscalía firmó el requerimiento de justificación, una etapa previa al llamado a indagatoria, en la que cuestiona en veinte puntos la fortuna del exjefe de Gabinete.
    El dictamen establecía un plazo de 15 días hábiles, conforme al Código Procesal Penal, para que Adorni “justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha de ingreso a la función pública nacional— y el 27 de junio de 2026 —día de su renuncia al cargo—”.
    Desde la notificación por parte del juez Lijo comenzó a correr este plazo. Sin embargo, este lunes, a punto de vencerlo, el exfuncionario solicitó una extensión por 15 días más. Este martes, Lijo firmó la resolución que concede dicha prórroga para que Adorni responda sobre los veinte puntos cuestionados en su patrimonio según la fiscalía.
    La defensa del exjefe de Gabinete había pedido suspender el plazo hasta obtener copias de los archivos digitales utilizados en el requerimiento y prorrogar el término por 15 días a partir de ese momento. El 20 de agosto, en resguardo del derecho a la defensa y para permitir el acceso a estos elementos vinculados al caso, Lijo autorizó la entrega de esos archivos.
    Aunque el magistrado rechazó la suspensión total del plazo alegando que la defensa pudo acceder a la documentación con cinco días de anticipación, sí aceptó la prórroga solicitada. Así, a partir de este miércoles, cuando vencía el plazo inicial, Adorni tendrá otros 15 días hábiles para presentar sus explicaciones ante la justicia federal. De considerarse insuficientes, el siguiente paso será su citación a indagatoria.
    La fiscalía señala que los incrementos, adquisiciones y gastos analizados, en comparación con los ingresos legales comprobados del grupo familiar conformado por Adorni y su esposa, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
    El informe profundiza además en los movimientos financieros de Adorni y Angeletti, considerándolos como patrimonio familiar.
    Las sospechas
    Durante la investigación, el fiscal Pollicita determinó que, en el período analizado, Manuel Adorni percibió 35 haberes derivados de su cargo, a los que se suman los ingresos comprobados de su cónyuge. Estos ingresos suman en conjunto 229.752.283,20 pesos, mientras que los gastos del grupo familiar —incluyendo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito— alcanzaron 272.820.832,20 pesos, dejando una diferencia no explicada de 43.068.549 pesos.
    Otro punto cuestionado es la tenencia de dólares en el patrimonio, que no encuentra correlato con los ingresos lícitos declarados. Entre estos gastos se incluyen la compra del lote 380 del Country Indio Cuá y su refacción integral, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario encargado para ambos inmuebles. La suma total desembolsada asciende a 402.578,12 dólares.
    La reconstrucción patrimonial busca determinar si los ingresos lícitos de Adorni durante su función pública alcanzan para explicar los bienes adquiridos, las deudas canceladas y los gastos afrontados por el grupo familiar.
    Los ingresos de la esposa
    El informe también analiza los ingresos de Bettina Angeletti, que adquirieron relevancia a partir de 2024. Durante ese año, la esposa de Adorni emitió facturas solo entre octubre y diciembre, concentradas en tres clientes, y su facturación creció un 1.440,97% respecto del período anterior.
    En 2025, Angeletti facturó 124.282.864 pesos a trece clientes, aunque el 81,95% se concentró en solo dos.
    Nuevas dudas
    Entre los desembolsos extraordinarios se destacan la compra de un Jeep Compass en marzo de 2024, por 21.500 dólares, pagada mayormente en efectivo; la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá en noviembre del mismo año, por 120.000 dólares; y la refacción integral de la vivienda en dicho lote.
    Por estas obras se acreditaron pagos en efectivo por 245.000 dólares. Según Pollicita, “los numerosos viajes al exterior del grupo familiar durante el período investigado reflejan el nivel de gastos, muchos abonados total o parcialmente en efectivo y moneda extranjera, conforme a la reconstrucción incorporada a la causa”.
    La fiscalía destaca la falta de coherencia respecto al origen del dinero utilizado para las mejoras en las propiedades declaradas, las discrepancias entre cómo Adorni y su cónyuge registran un inmueble, y la explicación parcial del incremento patrimonial basada en ingresos exentos, herencias y donaciones.
    Además, el requerimiento incluye el análisis de la forma en que se afrontaron diversos gastos

  • Comedores: “El juez nos ha dado la razón” dijo Lía Fimpel – El Miércoles Digital

    Comedores: “El juez nos ha dado la razón” dijo Lía Fimpel – El Miércoles Digital

    Lía Fimpel, secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), analizó el fallo del juez de juicio Juan Francisco Malvasio, que este viernes hizo lugar a un amparo colectivo presentado por Agmer, un grupo de padres y la ONG ambientalista Fundación Cauce, y ordenó al Gobierno a abstenerse de entregar alimentos en los comedores escolares que sean ultraprocesados o con sellos de etiquetado frontal que resulte perjudicial para la salud de los niños.
     
    “Teníamos total razón. Y fue un amplio espectro, nutricionistas, comerciantes, pediatras. Todos decíamos que esto no podía habilitarse en las escuelas, y el juez nos ha dado la razón”, aseguró.
    La dirigente celebró el pronunciamiento judicial, “pese a la campaña que se montó desde el Gobierno, tanto a nivel provincial como nacional, tratando de estigmatizar una vez más a los docentes y a las comunidades educativas en general”.
    “No son alimentos”, dijo respecto de los insumos que la firma Teknofood SA, adjudicataria de la licitación que lanzó el Gobierno, entregará en las escuelas de Entre Ríos para desayunos y meriendas de estudiantes. “Estos productos no se puedan distribuir en las escuelas, porque va más allá del packaging y de lo que nos diga el packaging: de lo que hablamos es de lo que contienen esos productos. Estos productos no se pueden distribuir de ninguna manera, tal cual el fallo está señalando”, aseveró Fimpel.
    -¿Cómo creen que pueda ser operativo este fallo? ¿De qué modo se hará cumplir que no haya distribución de ese tipo de insumos?
    -El etiquetado es una advertencia de lo que tiene adentro, por lo tanto lo que no se puede distribuir es lo que tiene adentro ese etiquetado. Una etiqueta o un rótulo nos está advirtiendo que eso no es no es posible, no es alimento saludable para, en este caso, niños, niñas y adolescentes.
    Fimpel habló del descalabro que supondrá para los comercios de cercanía que abastecían a las escuelas la incursión de una empresa de Buenos Aires que proveerá de insumos a las escuelas. “¿Qué va a pasar con ese comercio chico, el almacén, que bancaba a la escuela durante dos o tres meses, hasta que el Gobierno giraba los fondos? ¿Qué va a pasar con esas escuelas alejadas a las que no llegue Teknofood? En las diferentes charlas que hemos tenido con el Gobierno, nos decían, bueno, si el alimento no llega, si Teknofood no llega a distribuirlo, habilitamos la tarjeta para que vayan a comprar. Y nosotros lo que decimos es, bueno, el almacenero no va a estar más, va estar cerrado ese almacén que antes abastecía a la escuela”, planteó.
    Fuente: Entre Ríos Ahora

     
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  • Rodríguez Ponte asumió como nuevo juez federal de Lomas de Zamora

    Rodríguez Ponte asumió como nuevo juez federal de Lomas de Zamora

    Juan Tomás Rodríguez Ponte asumió el jueves como juez titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, un tribunal clave del conurbano bonaerense que tiene a su cargo causas de gran repercusión política y judicial. Entre ellas se encuentran las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio, así como una causa vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas.

    Rodríguez Ponte prestó juramento el 13 de agosto ante autoridades de la Justicia Federal, en una ceremonia realizada en el Salón Gorostiaga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ubicado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, Ciudad de Buenos Aires.
    El acto fue presidido por Carlos Alberto Vallefín, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el ministro Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi; y los integrantes del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y María Fernanda Vázquez. También asistieron los fiscales Sergio Mola y Carlos Stornelli, entre otros.
    Además participaron el exconsejero Diego Molea; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato; el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; integrantes de la Cámara Federal de La Plata, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, así como otras autoridades y representantes del ámbito jurídico.
    La designación de Rodríguez Ponte en Lomas de Zamora se oficializó en julio, tras la aprobación de su pliego por parte del Senado. Su llegada a este juzgado se produce en un momento sensible por las causas que deberá tramitar.
    Entre los expedientes más relevantes figuran la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde y Cirio, que retomó relevancia luego de la difusión de videos y fotografías en los que la exesposa del exintendente de Lomas de Zamora aparece contando dólares y mostrando bienes de lujo en la mansión que compartían en San Vicente.
    También intervendrá en la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la AFA y Sur Finanzas, donde el empresario Ariel Vallejo es señalado por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
    Rodríguez Ponte llega al juzgado tras una extensa trayectoria en la Justicia Federal. Durante años se desempeñó como secretario del entonces juez federal Ariel Lijo, participando en causas de alto impacto político, incluyendo el caso Ciccone, que culminó con el procesamiento del exvicepresidente Amado Boudou.
    En 2016, asumió la dirección de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo dependiente de la Corte Suprema que brinda asistencia técnica a jueces en materia de interceptaciones telefónicas y análisis de información.
    Desde allí, Rodríguez Ponte consolidó su perfil en investigaciones y organismos internacionales vinculados con la prevención del lavado de activos. En 2023 integró la delegación argentina en reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. La Corte Suprema valoró su contribución en estas instancias y el papel de la DAJuDeCO en la evaluación internacional del país en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
    Durante su gestión en DAJuDeCO también apoyó técnicamente a diversos juzgados federales, entre ellos con un estudio sobre el acuerdo del Correo Argentino encargado por el juzgado de Lijo.
    Tras una década al frente de la oficina de la Corte especializada en escuchas judiciales, Rodríguez Ponte asume ahora como juez federal en un tribunal que concentra investigaciones de gran sensibilidad política y judicial en el conurbano bonaerense, desde las causas de Insaurralde y Cirio hasta aquellas que involucran a dirigentes de la AFA y empresarios del sector financiero.
    Su nombramiento en Lomas de Zamora culmina un recorrido profesional que comenzó en Comodoro Py, continuó en la estructura de la Corte Suprema, y ahora lo sitúa al frente de uno de los juzgados federales con mayor exposición en la provincia de Buenos Aires.

  • A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    La próxima semana marcará el final de Martín Irurzun como juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, cargo que desempeña desde hace 32 años. Aunque su salida parece inevitable, el magistrado intenta una última maniobra: solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo que le permita continuar en el puesto.

    Irurzun cumplirá 75 años el sábado 18 de julio, la edad máxima establecida por la Constitución Nacional para ejercer como juez. Existe una excepción a esta limitación: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice la revalidación del cargo por cinco años más. Esa prórroga fue solicitada por Irurzun, pero el gobierno de Javier Milei no la aprobó.
    A pesar de gestiones políticas para su continuidad, no se obtuvieron resultados favorables. Por ello, hace un mes Irurzun inició un proceso judicial para obtener un fallo que lo respalde en el cargo. Su pedido fue rechazado en dos instancias y ahora recurre a la Corte Suprema en una última y urgente instancia.
    La salida de Irurzun impactará en la Cámara Federal, que atraviesa una etapa de renovación tras los cuestionamientos a otros dos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este tribunal reviste gran relevancia política, pues allí se tramitan causas relacionadas con corrupción.
    Irurzun ingresó al Poder Judicial a comienzos de los años 70 y en 1987 fue designado titular del juzgado federal 5 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1994, el gobierno de Carlos Menem lo ascendió a juez de la Cámara Federal, cargo que mantiene desde entonces. Durante su trayectoria, intervino en casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción, confirmando, entre otros, varios procesamientos contra la expresidenta Cristina Kirchner.
    La reforma constitucional de 1994 estableció 75 años como edad límite para los jueces, permitiendo una extensión de cinco años previa aprobación del Senado a instancia del Poder Ejecutivo.
    Irurzun solicitó el año pasado al gobierno de Milei la prórroga de su mandato, pero el Ejecutivo rechazó la petición. A diferencia de este caso, sí accedió a conceder dicha extensión a otros magistrados, como Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal, autorización que fue ratificada por el Senado.
    Ante este rechazo, Irurzun presentó una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión inmediata de los efectos jurídicos que fijan el límite de edad constitucional, argumentando que la reforma de 1994 no otorgó facultades al Congreso para modificar la inamovilidad de los magistrados mediante un criterio etario.
    El pedido fue desestimado inicialmente por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira, y confirmada esa decisión esta semana por la Cámara Contencioso Administrativa. Irurzun apeló para que la Corte Suprema intervenga. La Cámara debe decidir si eleva el caso al máximo tribunal y, ante la urgencia, requirió al gobierno que emita su opinión en un plazo de un día.
    Se espera una resolución de la Cámara para el próximo lunes, momento en que se iniciará la cuenta regresiva. De acuerdo con precedentes de la Corte Suprema, si en la fecha en que el juez cumple 75 años no cuenta con el aval para continuar, debe cesar en sus funciones.
    Si la Cámara rechazara derivar el caso a la Corte, Irurzun podrá presentar otra acción directa, lo que acortaría los tiempos. La resolución final estará en manos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, este último con cercanía al magistrado.
    Inicialmente, Irurzun anticipó que recusaría a Rosatti, quien fue convencional constituyente en 1994 y ha expresado opinión favorable sobre el límite de edad, pero retiró ese planteo en la apelación ante la Corte.
    La Cámara Federal actualmente está en proceso de renovación, con tres de sus seis cargos en revisión. Además de Irurzun, se encuentran en revisión los puestos de Bruglia y Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya designación fue declarada no definitiva por la Corte. El gobierno de Milei podrá ahora cubrir estas vacantes, ya que los concursos correspondientes han finalizado, lo que implica un control parcial sobre un tribunal de gran importancia.
    Tras más de tres décadas en Comodoro Py, Irurzun se apresta a abandonar su función judicial. Sin embargo, ha dejado claro que no desea ningún tipo de despedida y probablemente concluirá su carrera con una causa pendiente clave: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el primer caso de corrupción en el gobierno de Milei.

  • Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    La defensa de Martín Insaurralde recusó al fiscal Sergio Mola, utilizando argumentos semejantes a los que el juez Luis Armella empleó para rechazar el pedido de detención del exintendente de Lomas de Zamora y de su exesposa, Jesica Cirio.

    Con esa resolución, Armella parecía dejar abierta la posibilidad para que la defensa solicitara el apartamiento del fiscal, quien lleva casi tres años impulsando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Mola fue uno de los fiscales que obtuvo la condena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
    El expediente estuvo inicialmente a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— y actualmente tramita ante Armella, juez federal de Quilmes, quien ejerce la subrogancia del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, jurisdicción donde se encuentra radicada la causa.
    Al rechazar el pedido de detención, formulado tras la aparición de sospechas sobre la destrucción del vestidor donde se habría grabado un video en el que Cirio muestra fajos de dólares, Armella cuestionó duramente la actuación del fiscal. Lo acusó de filtrar información a la prensa, de sobreactuar en su rol procesal e impulsar medidas debido a una supuesta «orfandad probatoria» en la causa. Esta última afirmación resulta especialmente llamativa, pues adelantaría una opinión sobre un aspecto de fondo aún bajo investigación.
    En un escrito presentado ante la justicia, los abogados del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, retomaron algunos de esos argumentos para solicitar el apartamiento de Mola. La decisión final estará en manos de Armella, aunque se espera que la querella de Poder Ciudadano, representada por Pablo Brady, defienda al fiscal.
    Por otro lado, Armella aclaró que aguardará el resultado del peritaje contable definitivo, previsto para el 17 de julio, antes de tomar decisiones de fondo.
    No obstante, el juez optó por un camino más extenso y no por el inmediato. En principio, podría haber citado a indagatoria a Cirio para preguntarle, entre otros temas, si fue ella quien grabó el video con los dólares y, a partir de esa declaración, resolver su situación procesal. En cambio, señaló que esperará el informe pericial contable final, que incluirá las conclusiones de la perito de la Corte Suprema y de los peritos de las partes. Cabe destacar que este tipo de peritajes suele generar nuevas observaciones, impugnaciones y debates técnicos, lo que prolonga considerablemente los plazos del expediente.
    Además, Armella tiene conocimiento de que el secretario letrado Juan Tomás Rodríguez Ponte ya superó la audiencia pública en el Senado para ser designado juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte fue secretario del juez Ariel Lijo y luego desempeñó un papel destacado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), donde colaboró técnicamente en más de cinco mil causas, entre ellas investigaciones de corrupción de alto impacto como Vialidad y Cuadernos.
    En este contexto, todo indica que Armella podría especular con los tiempos procesales hasta el inicio de la feria judicial, prevista para el 20 de julio y con una duración de dos semanas. De esa manera, el expediente podría quedar bajo la órbita de Rodríguez Ponte una vez que asuma como titular del juzgado.
    En paralelo, se registran medidas probatorias que difícilmente admiten demoras si se quiere preservar su efectividad. Ayer, Clarín y TN revelaron la existencia de una oficina reservada que Insaurralde utilizaría en la calle Libertad, frente al Palacio de Justicia, para recibir a abogados y dirigentes políticos. Ese mismo día, el fiscal Mola solicitó el allanamiento del lugar, pero al cierre de esta nota, Armella aún no había resuelto si ordenaba la medida. Según fuentes judiciales, la demora podría darle tiempo a Insaurralde para «limpiar» el espacio.
    La actuación de Armella en esta causa también parece respaldar una información difundida esta semana por el sitio digital Boga.ar. Según ese medio, durante un acto de jura de jueces de tribunales orales en los tribunales de Retiro, el magistrado manifestó que “acá hay mucho garca” y que “jamás le armaría una causa a un colega”. Entre los presentes que escucharon esas expresiones se encontraban Alejo Ramos Padilla y Héctor Heim, señalados por el portal como operadores en causas contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.

  • Juez procesa a youtuber El Presto por promover discriminación religiosa

    Juez procesa a youtuber El Presto por promover discriminación religiosa

    Juez procesa a youtuber El Presto por promover discriminación religiosa

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó al youtuber e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, por difundir un discurso discriminatorio contra la comunidad musulmana en un video publicado en YouTube. La resolución establece que sus manifestaciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y configuran el delito de promoción de la discriminación religiosa, tipificado en la Ley Antidiscriminatoria 23.592.
    La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Centro Islámico de la República Argentina, que cuestionó un editorial difundido el 13 de febrero de 2025 titulado “Musulmanes en la TV abierta Argentina: ¿peligro en puerta?”. En ese video, Prestofelippo criticó la participación de un joven musulmán en un programa televisivo, lanzando duras expresiones contra el Islam y sus fieles.
    El contenido denunciado fue publicado tras el ingreso de Yaid Yousef, egipcio e hijo de un diplomático, al reality show Gran Hermano. En su editorial, Prestofelippo afirmó que la presencia del joven musulmán respondía a una supuesta estrategia de propaganda islámica en la televisión argentina. Declaró: “Con dinero nuestro se financia un canal que mete a un musulmán en la pantalla abierta. Y acá nadie dice nada”, y advirtió: “Si no lo paramos ahora, esto va a ser peligrosísimo”.
    En el video, de casi veinte minutos, calificó a los musulmanes como “ratas” y sostuvo que “no tiene que haber lugar alguno para el Islam, ni para los musulmanes en nuestra tierra”. Añadió: “Antes de ver a nuestra República Argentina arrodillada ante estos extremistas, basuras inmundas, primero… ¡primero la guerra!”.
    El juez calificó estas expresiones como “extremadamente ofensivas y denigrantes” y señaló que promueven una objetivación de los grupos sociales y religiosos, negándoles su humanidad o asignándoles una condición inferior. Destacó que tales dichos implican “distinciones, exclusiones y restricciones basadas en motivos religiosos” que vulneran el reconocimiento y respeto que la comunidad musulmana merece en igualdad de condiciones.
    Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis de los límites de la libertad de expresión. La defensa alegó que se trató de opiniones periodísticas amparadas constitucionalmente dentro del debate público, argumento que el juez rechazó. En su resolución, argumentó que “los derechos no son absolutos” y que la libertad de expresión encuentra restricción cuando afecta derechos fundamentales de terceros. Agregó que “no existe ningún derecho fundamental a lesionar otro derecho fundamental”, al referirse a los discursos de odio.
    Asimismo, concluyó que la conducta de Prestofelippo excedió el ámbito protegido por la libertad de expresión y, por lo tanto, no puede considerarse amparada por ese derecho constitucional. También remarcó que el video fue difundido desde una cuenta con decenas de miles de seguidores y que acumulaba más de 159.000 visualizaciones, lo que potenció la difusión del mensaje a través del efecto multiplicador de las redes sociales.
    Aunque la querella solicitó investigar otros delitos, como instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, el juez determinó que en este caso no se configuraban dichos delitos. Explicó que, aunque las expresiones constituyen discursos de odio, el ordenamiento jurídico argentino no contempla sanciones penales contra el orden público cuando no existe una incitación directa a actos concretos de violencia.
    Por ese motivo, el magistrado procesó a Prestofelippo sólo por promoción de la discriminación religiosa, conforme a la Ley 23.592, y le trabó un embargo por 60 millones de pesos.
    En otro tramo de la resolución, el juez analizó el funcionamiento de YouTube y el impacto de las redes sociales en la difusión de contenidos. Describió la plataforma como un espacio de interacción masiva donde los usuarios no solo consumen publicaciones, sino que las comentan, comparten y multiplican su alcance mediante un “efecto replicador”, lo cual potencia la propagación de los mensajes.
    Al evaluar el alcance del video de El Presto, que superaba las 159.000 visualizaciones, sostuvo que esta cifra era relevante para dimensionar la trascendencia de las expresiones investigadas.
    El magistrado recordó también que algunos filósofos liberales consideran a las redes sociales un “mercado de ideas”, un espacio de libre competencia entre opiniones donde se tolera incluso lo absurdo para alcanzar lo racional, y donde prevalecen las mejores ideas en un diálogo abierto. No obstante, aclaró que este principio no es absoluto y señaló que las propias plataformas contemplan mecanismos para limitar contenidos ofensivos.
    Finalmente, concluyó que la libertad de expresión no protege manifestaciones que lesionan derechos fundamentales mediante discursos discriminatorios.

  • Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Gendarmería allanaron la casa ubicada en el barrio de Nordelta donde vivieron Elías Piccirillo y Jesica Cirio durante su breve matrimonio. Los agentes inspeccionaron el vestidor que Cirio filmó en un video mostrando valijas y cajas con dólares, para determinar si esas imágenes fueron grabadas en dicha propiedad.

    Según informes, Piccirillo habría comprado la vivienda por 2,8 millones de dólares para obsequiarla a Cirio. Actualmente, la casa está alquilada a una familia que no tiene relación con la causa. El juez Armella ordenó una inspección detallada del vestidor con el objetivo de verificar si los videos difundidos por la exmodelo, y publicados por La Nación la semana pasada, efectivamente correspondían a ese domicilio y no a la mansión que Cirio compartía con Martín Insaurralde en San Vicente, como se había supuesto inicialmente.
    Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad tomaron fotografías y grabaron videos del espacio, constatando que las imágenes con millones de dólares entre la ropa no fueron registradas allí. Además, llevaron perros adiestrados para detectar billetes, que no hallaron rastros de dinero en el lugar.
    Este lunes, el juez Armella rechazó la solicitud del fiscal federal Sergio Mola para detener al exintendente Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de los videos que exhiben grandes sumas de dinero en el vestidor del exfuncionario, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
    Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el magistrado prohibió a Insaurralde y Cirio salir del país y les impuso la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previo permiso. Armella fundamentó su decisión señalando que ambos han mantenido una “conducta procesal colaborativa y respetuosa”, por lo que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. Asimismo, rechazó citarlos a indagatoria por el momento, hasta que finalice un peritaje contable previsto para mediados de julio.
    La investigación también alcanzó a Nicolás Trombino, empresario vinculado a supermercados mayoristas y actual pareja de Jesica Cirio, padre del hijo que ella espera. La semana pasada, la policía allanó un departamento de la modelo donde conviven, secuestrando una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, y una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, junto con municiones y cargadores correspondientes.
    Además, en el domicilio del barrio de Palermo se encontraron dos bolsas con sustancias: una contenía 0,83 gramos de una sustancia rosa en polvo, y la otra, 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada. La sustancia rosa podría tratarse de tusi o cocaína rosa. Desde el entorno de la conductora de televisión aclararon que dichas drogas eran para consumo personal y pertenecen a la pareja de Cirio.

  • Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Un juez federal reclama el pago por una “silla vacía”. El camarista de Mar del Plata, Alejandro Tazza, inició una causa judicial para exigir una remuneración por la “sobrecarga de tareas generada” a raíz de una vacante existente en su tribunal. El monto reclamado asciende a 138 millones de pesos. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el pedido, pero un juez le dio la razón y ordenó que se le abone lo solicitado.

    El caso generó controversia en los tribunales sobre cómo deben considerarse las suplencias realizadas por los jueces ante la elevada cantidad de vacantes en el Poder Judicial, que alcanzan casi un 40%, y que desde hace un mes comenzaron a ser cubiertas por el gobierno de Javier Milei.
    La situación se desarrolla en la Cámara Federal de Mar del Plata, compuesta por dos jueces: Tazza, en funciones desde 1993, y Eduardo Jiménez. El tercer integrante era Jorge Ferro, quien renunció en 2018 tras ser acusado de proteger prostíbulos. Desde entonces, la Cámara funciona con solo dos magistrados.
    Un tribunal puede operar con dos miembros; para emitir resoluciones deben coincidir y, en caso de disidencia, se convoca a un tercer integrante para desempatar. Sin embargo, en esta cámara decidieron que Tazza y Jiménez ocuparan también el lugar de Ferro. Consideraron que los avalaba la ley de subrogancias, y desde 2018 cobraron por ese concepto con la aprobación previa del Consejo de la Magistratura, que supervisa la administración judicial, y de otros magistrados.
    En 2021, el Consejo modificó su criterio y rechazó las liquidaciones que Tazza pidió para el pago de la subrogancia correspondiente a 16 meses hasta mediados de 2024. Según el cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, el monto adeudado asciende a 138.697.670,57 pesos.
    En octubre del año pasado, el plenario del Consejo desestimó por mayoría las solicitudes de pago correspondientes a los períodos de febrero y agosto de 2022, que suman casi 10 millones de pesos. El resto del reclamo corresponde a períodos aún no resueltos.
    El Consejo argumenta que una subrogancia “únicamente puede realizarse con un magistrado o conjuez que no forme parte del tribunal que se pretende completar”. Considera que, de lo contrario, se estaría abonando dos veces por la misma función y que no existe sobrecarga laboral, ya que Tazza examina y resuelve las causas de la vocalía vacante, lo cual forma parte de las tareas propias de un juez.
    Frente a este criterio, Tazza inició un proceso judicial para impugnar el cambio en la interpretación del Consejo. El juez federal sostiene que la ausencia de un tercer integrante en la Cámara genera un “recargo de tareas” y una sobrecarga que excede las funciones habituales y debe ser remunerada.
    El magistrado explica que la ley de subrogancias establece que, ante la ausencia de un integrante, se debe cubrir ese lugar con otro juez del mismo tribunal, como se ha hecho. Sin embargo, el Consejo sostiene que debe intervenir un juez de otra sala del propio tribunal, situación inviable en Mar del Plata, ya que la Cámara cuenta con una única sala.
    En su presentación, Tazza afirmó: “El verdadero enriquecido ha sido el Estado, que ha ahorrado indebidamente un salario completo durante más de siete años al no cubrir la vacante y ahora ni siquiera abonando la remuneración correspondiente que la norma expresamente determina al magistrado que desempeñó simultáneamente funciones en un cargo de igual jerarquía”.
    El reclamo de Tazza fue aceptado. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico ordenó al Consejo que le abone los dos meses de 2022 que habían sido rechazados.
    Lavié Pico sostuvo: “El magistrado no pretende un pago extra, como afirma la parte demandada, de manera arbitraria; más bien, la pretensión está íntimamente relacionada con la sobrecarga de trabajo que implica tener a su cargo dos vocalías en lugar de una, situación agravada por el hecho de que la vocalía en cuestión se encuentra vacante desde hace ocho años”.
    El juez añadió: “El magistrado realizó tareas y asumió responsabilidades adicionales a otro cargo semejante, por lo que resulta justo y necesario el reconocimiento de una compensación —prevista por la norma— ante el incremento en el cúmulo de tareas que tiene a su cargo”.
    En otro tramo del fallo, al que tuvo acceso Clarín, Lavié Pico rechazó el argumento del Consejo de que ello implicaría pagar dos veces por una misma función: “Dicho argumento resulta injusto y poco razonable, ya que, aplicando la lógica contraria, podría sostenerse válidamente que no sería concebible pagar una única remuneración por una tarea que deberían realizar dos magistrados en lugar de uno”.
    La resolución también destaca que un reclamo similar fue pagado al juez por el período 2018-2021 y que el sueldo tiene carácter alimentario. El fallo es de primera instancia y el Consejo de la Magistratura apelará para que sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.