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  • A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    La próxima semana marcará el final de Martín Irurzun como juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, cargo que desempeña desde hace 32 años. Aunque su salida parece inevitable, el magistrado intenta una última maniobra: solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo que le permita continuar en el puesto.

    Irurzun cumplirá 75 años el sábado 18 de julio, la edad máxima establecida por la Constitución Nacional para ejercer como juez. Existe una excepción a esta limitación: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice la revalidación del cargo por cinco años más. Esa prórroga fue solicitada por Irurzun, pero el gobierno de Javier Milei no la aprobó.
    A pesar de gestiones políticas para su continuidad, no se obtuvieron resultados favorables. Por ello, hace un mes Irurzun inició un proceso judicial para obtener un fallo que lo respalde en el cargo. Su pedido fue rechazado en dos instancias y ahora recurre a la Corte Suprema en una última y urgente instancia.
    La salida de Irurzun impactará en la Cámara Federal, que atraviesa una etapa de renovación tras los cuestionamientos a otros dos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este tribunal reviste gran relevancia política, pues allí se tramitan causas relacionadas con corrupción.
    Irurzun ingresó al Poder Judicial a comienzos de los años 70 y en 1987 fue designado titular del juzgado federal 5 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1994, el gobierno de Carlos Menem lo ascendió a juez de la Cámara Federal, cargo que mantiene desde entonces. Durante su trayectoria, intervino en casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción, confirmando, entre otros, varios procesamientos contra la expresidenta Cristina Kirchner.
    La reforma constitucional de 1994 estableció 75 años como edad límite para los jueces, permitiendo una extensión de cinco años previa aprobación del Senado a instancia del Poder Ejecutivo.
    Irurzun solicitó el año pasado al gobierno de Milei la prórroga de su mandato, pero el Ejecutivo rechazó la petición. A diferencia de este caso, sí accedió a conceder dicha extensión a otros magistrados, como Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal, autorización que fue ratificada por el Senado.
    Ante este rechazo, Irurzun presentó una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión inmediata de los efectos jurídicos que fijan el límite de edad constitucional, argumentando que la reforma de 1994 no otorgó facultades al Congreso para modificar la inamovilidad de los magistrados mediante un criterio etario.
    El pedido fue desestimado inicialmente por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira, y confirmada esa decisión esta semana por la Cámara Contencioso Administrativa. Irurzun apeló para que la Corte Suprema intervenga. La Cámara debe decidir si eleva el caso al máximo tribunal y, ante la urgencia, requirió al gobierno que emita su opinión en un plazo de un día.
    Se espera una resolución de la Cámara para el próximo lunes, momento en que se iniciará la cuenta regresiva. De acuerdo con precedentes de la Corte Suprema, si en la fecha en que el juez cumple 75 años no cuenta con el aval para continuar, debe cesar en sus funciones.
    Si la Cámara rechazara derivar el caso a la Corte, Irurzun podrá presentar otra acción directa, lo que acortaría los tiempos. La resolución final estará en manos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, este último con cercanía al magistrado.
    Inicialmente, Irurzun anticipó que recusaría a Rosatti, quien fue convencional constituyente en 1994 y ha expresado opinión favorable sobre el límite de edad, pero retiró ese planteo en la apelación ante la Corte.
    La Cámara Federal actualmente está en proceso de renovación, con tres de sus seis cargos en revisión. Además de Irurzun, se encuentran en revisión los puestos de Bruglia y Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya designación fue declarada no definitiva por la Corte. El gobierno de Milei podrá ahora cubrir estas vacantes, ya que los concursos correspondientes han finalizado, lo que implica un control parcial sobre un tribunal de gran importancia.
    Tras más de tres décadas en Comodoro Py, Irurzun se apresta a abandonar su función judicial. Sin embargo, ha dejado claro que no desea ningún tipo de despedida y probablemente concluirá su carrera con una causa pendiente clave: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el primer caso de corrupción en el gobierno de Milei.

  • Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    La defensa de Martín Insaurralde recusó al fiscal Sergio Mola, utilizando argumentos semejantes a los que el juez Luis Armella empleó para rechazar el pedido de detención del exintendente de Lomas de Zamora y de su exesposa, Jesica Cirio.

    Con esa resolución, Armella parecía dejar abierta la posibilidad para que la defensa solicitara el apartamiento del fiscal, quien lleva casi tres años impulsando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Mola fue uno de los fiscales que obtuvo la condena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
    El expediente estuvo inicialmente a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— y actualmente tramita ante Armella, juez federal de Quilmes, quien ejerce la subrogancia del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, jurisdicción donde se encuentra radicada la causa.
    Al rechazar el pedido de detención, formulado tras la aparición de sospechas sobre la destrucción del vestidor donde se habría grabado un video en el que Cirio muestra fajos de dólares, Armella cuestionó duramente la actuación del fiscal. Lo acusó de filtrar información a la prensa, de sobreactuar en su rol procesal e impulsar medidas debido a una supuesta «orfandad probatoria» en la causa. Esta última afirmación resulta especialmente llamativa, pues adelantaría una opinión sobre un aspecto de fondo aún bajo investigación.
    En un escrito presentado ante la justicia, los abogados del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, retomaron algunos de esos argumentos para solicitar el apartamiento de Mola. La decisión final estará en manos de Armella, aunque se espera que la querella de Poder Ciudadano, representada por Pablo Brady, defienda al fiscal.
    Por otro lado, Armella aclaró que aguardará el resultado del peritaje contable definitivo, previsto para el 17 de julio, antes de tomar decisiones de fondo.
    No obstante, el juez optó por un camino más extenso y no por el inmediato. En principio, podría haber citado a indagatoria a Cirio para preguntarle, entre otros temas, si fue ella quien grabó el video con los dólares y, a partir de esa declaración, resolver su situación procesal. En cambio, señaló que esperará el informe pericial contable final, que incluirá las conclusiones de la perito de la Corte Suprema y de los peritos de las partes. Cabe destacar que este tipo de peritajes suele generar nuevas observaciones, impugnaciones y debates técnicos, lo que prolonga considerablemente los plazos del expediente.
    Además, Armella tiene conocimiento de que el secretario letrado Juan Tomás Rodríguez Ponte ya superó la audiencia pública en el Senado para ser designado juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte fue secretario del juez Ariel Lijo y luego desempeñó un papel destacado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), donde colaboró técnicamente en más de cinco mil causas, entre ellas investigaciones de corrupción de alto impacto como Vialidad y Cuadernos.
    En este contexto, todo indica que Armella podría especular con los tiempos procesales hasta el inicio de la feria judicial, prevista para el 20 de julio y con una duración de dos semanas. De esa manera, el expediente podría quedar bajo la órbita de Rodríguez Ponte una vez que asuma como titular del juzgado.
    En paralelo, se registran medidas probatorias que difícilmente admiten demoras si se quiere preservar su efectividad. Ayer, Clarín y TN revelaron la existencia de una oficina reservada que Insaurralde utilizaría en la calle Libertad, frente al Palacio de Justicia, para recibir a abogados y dirigentes políticos. Ese mismo día, el fiscal Mola solicitó el allanamiento del lugar, pero al cierre de esta nota, Armella aún no había resuelto si ordenaba la medida. Según fuentes judiciales, la demora podría darle tiempo a Insaurralde para «limpiar» el espacio.
    La actuación de Armella en esta causa también parece respaldar una información difundida esta semana por el sitio digital Boga.ar. Según ese medio, durante un acto de jura de jueces de tribunales orales en los tribunales de Retiro, el magistrado manifestó que “acá hay mucho garca” y que “jamás le armaría una causa a un colega”. Entre los presentes que escucharon esas expresiones se encontraban Alejo Ramos Padilla y Héctor Heim, señalados por el portal como operadores en causas contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.

  • Juez procesa a youtuber El Presto por promover discriminación religiosa

    Juez procesa a youtuber El Presto por promover discriminación religiosa

    Juez procesa a youtuber El Presto por promover discriminación religiosa

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó al youtuber e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, por difundir un discurso discriminatorio contra la comunidad musulmana en un video publicado en YouTube. La resolución establece que sus manifestaciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y configuran el delito de promoción de la discriminación religiosa, tipificado en la Ley Antidiscriminatoria 23.592.
    La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Centro Islámico de la República Argentina, que cuestionó un editorial difundido el 13 de febrero de 2025 titulado “Musulmanes en la TV abierta Argentina: ¿peligro en puerta?”. En ese video, Prestofelippo criticó la participación de un joven musulmán en un programa televisivo, lanzando duras expresiones contra el Islam y sus fieles.
    El contenido denunciado fue publicado tras el ingreso de Yaid Yousef, egipcio e hijo de un diplomático, al reality show Gran Hermano. En su editorial, Prestofelippo afirmó que la presencia del joven musulmán respondía a una supuesta estrategia de propaganda islámica en la televisión argentina. Declaró: “Con dinero nuestro se financia un canal que mete a un musulmán en la pantalla abierta. Y acá nadie dice nada”, y advirtió: “Si no lo paramos ahora, esto va a ser peligrosísimo”.
    En el video, de casi veinte minutos, calificó a los musulmanes como “ratas” y sostuvo que “no tiene que haber lugar alguno para el Islam, ni para los musulmanes en nuestra tierra”. Añadió: “Antes de ver a nuestra República Argentina arrodillada ante estos extremistas, basuras inmundas, primero… ¡primero la guerra!”.
    El juez calificó estas expresiones como “extremadamente ofensivas y denigrantes” y señaló que promueven una objetivación de los grupos sociales y religiosos, negándoles su humanidad o asignándoles una condición inferior. Destacó que tales dichos implican “distinciones, exclusiones y restricciones basadas en motivos religiosos” que vulneran el reconocimiento y respeto que la comunidad musulmana merece en igualdad de condiciones.
    Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis de los límites de la libertad de expresión. La defensa alegó que se trató de opiniones periodísticas amparadas constitucionalmente dentro del debate público, argumento que el juez rechazó. En su resolución, argumentó que “los derechos no son absolutos” y que la libertad de expresión encuentra restricción cuando afecta derechos fundamentales de terceros. Agregó que “no existe ningún derecho fundamental a lesionar otro derecho fundamental”, al referirse a los discursos de odio.
    Asimismo, concluyó que la conducta de Prestofelippo excedió el ámbito protegido por la libertad de expresión y, por lo tanto, no puede considerarse amparada por ese derecho constitucional. También remarcó que el video fue difundido desde una cuenta con decenas de miles de seguidores y que acumulaba más de 159.000 visualizaciones, lo que potenció la difusión del mensaje a través del efecto multiplicador de las redes sociales.
    Aunque la querella solicitó investigar otros delitos, como instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, el juez determinó que en este caso no se configuraban dichos delitos. Explicó que, aunque las expresiones constituyen discursos de odio, el ordenamiento jurídico argentino no contempla sanciones penales contra el orden público cuando no existe una incitación directa a actos concretos de violencia.
    Por ese motivo, el magistrado procesó a Prestofelippo sólo por promoción de la discriminación religiosa, conforme a la Ley 23.592, y le trabó un embargo por 60 millones de pesos.
    En otro tramo de la resolución, el juez analizó el funcionamiento de YouTube y el impacto de las redes sociales en la difusión de contenidos. Describió la plataforma como un espacio de interacción masiva donde los usuarios no solo consumen publicaciones, sino que las comentan, comparten y multiplican su alcance mediante un “efecto replicador”, lo cual potencia la propagación de los mensajes.
    Al evaluar el alcance del video de El Presto, que superaba las 159.000 visualizaciones, sostuvo que esta cifra era relevante para dimensionar la trascendencia de las expresiones investigadas.
    El magistrado recordó también que algunos filósofos liberales consideran a las redes sociales un “mercado de ideas”, un espacio de libre competencia entre opiniones donde se tolera incluso lo absurdo para alcanzar lo racional, y donde prevalecen las mejores ideas en un diálogo abierto. No obstante, aclaró que este principio no es absoluto y señaló que las propias plataformas contemplan mecanismos para limitar contenidos ofensivos.
    Finalmente, concluyó que la libertad de expresión no protege manifestaciones que lesionan derechos fundamentales mediante discursos discriminatorios.

  • Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Gendarmería allanaron la casa ubicada en el barrio de Nordelta donde vivieron Elías Piccirillo y Jesica Cirio durante su breve matrimonio. Los agentes inspeccionaron el vestidor que Cirio filmó en un video mostrando valijas y cajas con dólares, para determinar si esas imágenes fueron grabadas en dicha propiedad.

    Según informes, Piccirillo habría comprado la vivienda por 2,8 millones de dólares para obsequiarla a Cirio. Actualmente, la casa está alquilada a una familia que no tiene relación con la causa. El juez Armella ordenó una inspección detallada del vestidor con el objetivo de verificar si los videos difundidos por la exmodelo, y publicados por La Nación la semana pasada, efectivamente correspondían a ese domicilio y no a la mansión que Cirio compartía con Martín Insaurralde en San Vicente, como se había supuesto inicialmente.
    Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad tomaron fotografías y grabaron videos del espacio, constatando que las imágenes con millones de dólares entre la ropa no fueron registradas allí. Además, llevaron perros adiestrados para detectar billetes, que no hallaron rastros de dinero en el lugar.
    Este lunes, el juez Armella rechazó la solicitud del fiscal federal Sergio Mola para detener al exintendente Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de los videos que exhiben grandes sumas de dinero en el vestidor del exfuncionario, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
    Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el magistrado prohibió a Insaurralde y Cirio salir del país y les impuso la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previo permiso. Armella fundamentó su decisión señalando que ambos han mantenido una “conducta procesal colaborativa y respetuosa”, por lo que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. Asimismo, rechazó citarlos a indagatoria por el momento, hasta que finalice un peritaje contable previsto para mediados de julio.
    La investigación también alcanzó a Nicolás Trombino, empresario vinculado a supermercados mayoristas y actual pareja de Jesica Cirio, padre del hijo que ella espera. La semana pasada, la policía allanó un departamento de la modelo donde conviven, secuestrando una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, y una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, junto con municiones y cargadores correspondientes.
    Además, en el domicilio del barrio de Palermo se encontraron dos bolsas con sustancias: una contenía 0,83 gramos de una sustancia rosa en polvo, y la otra, 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada. La sustancia rosa podría tratarse de tusi o cocaína rosa. Desde el entorno de la conductora de televisión aclararon que dichas drogas eran para consumo personal y pertenecen a la pareja de Cirio.

  • Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Un juez federal reclama el pago por una “silla vacía”. El camarista de Mar del Plata, Alejandro Tazza, inició una causa judicial para exigir una remuneración por la “sobrecarga de tareas generada” a raíz de una vacante existente en su tribunal. El monto reclamado asciende a 138 millones de pesos. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el pedido, pero un juez le dio la razón y ordenó que se le abone lo solicitado.

    El caso generó controversia en los tribunales sobre cómo deben considerarse las suplencias realizadas por los jueces ante la elevada cantidad de vacantes en el Poder Judicial, que alcanzan casi un 40%, y que desde hace un mes comenzaron a ser cubiertas por el gobierno de Javier Milei.
    La situación se desarrolla en la Cámara Federal de Mar del Plata, compuesta por dos jueces: Tazza, en funciones desde 1993, y Eduardo Jiménez. El tercer integrante era Jorge Ferro, quien renunció en 2018 tras ser acusado de proteger prostíbulos. Desde entonces, la Cámara funciona con solo dos magistrados.
    Un tribunal puede operar con dos miembros; para emitir resoluciones deben coincidir y, en caso de disidencia, se convoca a un tercer integrante para desempatar. Sin embargo, en esta cámara decidieron que Tazza y Jiménez ocuparan también el lugar de Ferro. Consideraron que los avalaba la ley de subrogancias, y desde 2018 cobraron por ese concepto con la aprobación previa del Consejo de la Magistratura, que supervisa la administración judicial, y de otros magistrados.
    En 2021, el Consejo modificó su criterio y rechazó las liquidaciones que Tazza pidió para el pago de la subrogancia correspondiente a 16 meses hasta mediados de 2024. Según el cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, el monto adeudado asciende a 138.697.670,57 pesos.
    En octubre del año pasado, el plenario del Consejo desestimó por mayoría las solicitudes de pago correspondientes a los períodos de febrero y agosto de 2022, que suman casi 10 millones de pesos. El resto del reclamo corresponde a períodos aún no resueltos.
    El Consejo argumenta que una subrogancia “únicamente puede realizarse con un magistrado o conjuez que no forme parte del tribunal que se pretende completar”. Considera que, de lo contrario, se estaría abonando dos veces por la misma función y que no existe sobrecarga laboral, ya que Tazza examina y resuelve las causas de la vocalía vacante, lo cual forma parte de las tareas propias de un juez.
    Frente a este criterio, Tazza inició un proceso judicial para impugnar el cambio en la interpretación del Consejo. El juez federal sostiene que la ausencia de un tercer integrante en la Cámara genera un “recargo de tareas” y una sobrecarga que excede las funciones habituales y debe ser remunerada.
    El magistrado explica que la ley de subrogancias establece que, ante la ausencia de un integrante, se debe cubrir ese lugar con otro juez del mismo tribunal, como se ha hecho. Sin embargo, el Consejo sostiene que debe intervenir un juez de otra sala del propio tribunal, situación inviable en Mar del Plata, ya que la Cámara cuenta con una única sala.
    En su presentación, Tazza afirmó: “El verdadero enriquecido ha sido el Estado, que ha ahorrado indebidamente un salario completo durante más de siete años al no cubrir la vacante y ahora ni siquiera abonando la remuneración correspondiente que la norma expresamente determina al magistrado que desempeñó simultáneamente funciones en un cargo de igual jerarquía”.
    El reclamo de Tazza fue aceptado. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico ordenó al Consejo que le abone los dos meses de 2022 que habían sido rechazados.
    Lavié Pico sostuvo: “El magistrado no pretende un pago extra, como afirma la parte demandada, de manera arbitraria; más bien, la pretensión está íntimamente relacionada con la sobrecarga de trabajo que implica tener a su cargo dos vocalías en lugar de una, situación agravada por el hecho de que la vocalía en cuestión se encuentra vacante desde hace ocho años”.
    El juez añadió: “El magistrado realizó tareas y asumió responsabilidades adicionales a otro cargo semejante, por lo que resulta justo y necesario el reconocimiento de una compensación —prevista por la norma— ante el incremento en el cúmulo de tareas que tiene a su cargo”.
    En otro tramo del fallo, al que tuvo acceso Clarín, Lavié Pico rechazó el argumento del Consejo de que ello implicaría pagar dos veces por una misma función: “Dicho argumento resulta injusto y poco razonable, ya que, aplicando la lógica contraria, podría sostenerse válidamente que no sería concebible pagar una única remuneración por una tarea que deberían realizar dos magistrados en lugar de uno”.
    La resolución también destaca que un reclamo similar fue pagado al juez por el período 2018-2021 y que el sueldo tiene carácter alimentario. El fallo es de primera instancia y el Consejo de la Magistratura apelará para que sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

  • Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del líder narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según fuentes judiciales, Mizzau aportó a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico, actividad que el juez debía investigar. Además, reconoció haber lavado dinero para las empresas controladas por Alvarado. El acuerdo de colaboración se conoció horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si envía a juicio político al juez Gastón Salmain, otro magistrado de Rosario procesado por corrupción.

    La figura de Mizzau es central en la causa. La suerte de Bailaque comenzó a sellarse a mediados de 2024, cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, mientras el magistrado debía investigar al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales denunciaron a Bailaque en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Más adelante se descubrió que Mizzau no solo era contador del narco, sino también del propio juez.
    Según lo trascendido, ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales que, entre 2014 y 2018, prestó asesoramiento contable a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, pertenecientes a Alvarado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, admitió haber manipulado estados financieros para impedir ser detectado. También aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave en la investigación. Según el acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
    Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Se encuentra a un paso del juicio oral, donde los fiscales ya solicitaron una pena de diez años de prisión.
    El exjuez renunció el año pasado para evitar un juicio político; su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, y desde entonces permanece detenido en prisión preventiva. Para ese momento, el equipo fiscal de Rosario, junto con PROCUNAR y PROCELAC, avanzaba en la investigación, que se complicó aún más tras el arrepentimiento de Carlos Vaudagna, exjefe de AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se orquestó en el juzgado de Bailaque la confección de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra donde intervinieron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos procesados.
    Por otro lado, Fernando Whpei también solicitó ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó, a través de Busaniche, que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa, que le permitió acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, a cambio de una coima de 200 mil dólares para el juez. En esa causa, Salmain está procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la detención no se concretó debido a sus fueros como magistrado.
    Mañana a las 10:30, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si vota el dictamen que recomienda enviar a juicio político a Salmain, tras haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. El juez no solo está acusado por esta causa judicial, sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que en 2002 fue separado del Poder Judicial por haber ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros, Salmain manifestó que ese hecho “es parte del pasado” y que la omisión se debió a que no le preguntaron al respecto.
    La Comisión de Acusación está presidida por el consejero Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

  • Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa por presuntos delitos de corrupción. Esto no implica que el ex presidente sea declarado inocente, sino que se debe continuar con la toma de testimonios y reevaluar su situación procesal.

    La falta de mérito se limitó exclusivamente a Alberto Fernández y no alcanzó al resto de los exfuncionarios y empresarios procesados en la causa. Esta decisión se adoptó tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la confirmación del procesamiento contra Fernández, por lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, resolvió que el ex mandatario debe seguir bajo investigación mientras se sustancian las medidas probatorias solicitadas por su defensa.
    Según la resolución unánime a la que accedió Clarín, el juez Boico manifestó que, aunque personalmente sostenía la confirmación del procesamiento, acataba el criterio de la Sala IV de la Casación Penal, por lo que votó en favor de la falta de mérito de Fernández. Además aclaró que la decisión afecta únicamente al ex presidente, rechazando la extensión de la anulación a otros imputados cuya situación procesal permanece vigente.
    Por su parte, el juez Irurzun señaló que corresponde revocar el procesamiento y que será la instancia anterior la que deba expedirse nuevamente sobre el mérito del caso. En esta nueva etapa, el expediente será subrogado por el juez Ariel Lijo. Irurzun también rechazó la petición de otras defensas para extender la falta de mérito, ya que el fallo de la Casación se circunscribe exclusivamente a Alberto Fernández.
    En disidencia, el juez Eduardo Farah coincidió con la falta de mérito para el ex presidente pero consideró que la medida debería aplicarse también a Héctor Martínez Sosa, supuestamente intermediario en las contrataciones investigadas. Farah argumentó que si no se puede sostener que las acciones de Fernández facilitaron los negocios de Martínez Sosa con el Estado, será necesario revisar la responsabilidad asignada hasta ahora a otros funcionarios y empresarios involucrados.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juez de instrucción Ariel Lijo, quien deberá concretar las medidas probatorias solicitadas por la defensa de Fernández y avaladas por el fiscal general. Estas medidas incluyen testimonios para esclarecer cómo se designaron productores y asesores vía la intermediación de Martínez Sosa, presuntamente en incumplimiento del régimen de contrataciones públicas.
    El origen del caso radica en el decreto 823/21, firmado por Fernández cuando era presidente, que obligó a organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto habilitó una intermediación irregular de brokers, que firmaron 45 contratos con 25 corredores involucrados. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por esos contratos sumaron más de 3.364 millones de pesos, con irregularidades y direccionamientos.
    La imputación contra Fernández por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes públicos se basa en que Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, concentró el 59,6% de las comisiones derivadas de esos contratos. El aumento sustancial de los negocios de Martínez Sosa coincidió con la presidencia de Fernández, alcanzando una facturación superior a 2.250 millones de pesos.
    El proceso había avanzado con la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, pero la defensa cuestionó la ausencia de declaraciones testimoniales solicitadas, lo que motivó la anulación de dicha confirmación por parte de la Casación Penal. Pese a que el fiscal ante ese tribunal pidió mantener el procesamiento, el fiscal de la Cámara de Apelaciones apoyó el pedido de la defensa, facilitando la decisión de la Casación.
    Actualmente, las pruebas testimoniales vinculadas al decreto y los manejos en la contratación se están recabando; hace una semana declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de la presidencia. La investigación también se basa en mensajes del celular de María Cantero, que sugieren la participación directa del ex presidente en la facilitación de algunas contrataciones irregulares.
    Cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo procesaron a Fernández, concluyeron que favoreció contrataciones a su amigo Héctor Martínez Sosa. El caso, inicialmente tramitado en el juzgado federal 11 bajo la custodia del juez Julián Ercolini, está actualmente vacante y subrogada, por lo que corresponderá al juez Ariel Lijo decidir si confirma nuevamente la acusación o define otra medida procesal.
    La acusación sostiene que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los imputados participaron en un esquema coordinado para recaudar y distribuir fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la intermediación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros. Según la causa, los brokers actuaron con la complicidad de Alberto Fernández, facilitando la inclusión de empresas coaseguradoras y el reparto de comisiones.
    Un elemento clave de la investigación fue la influencia de Martínez Sosa sobre Fernández, evidenciada por las conversaciones obtenidas del celular de María Cantero. En una de ellas, Cantero le asegura a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?

  • Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

    Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

    Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

    La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció luego de haber sido revinculado con su madre meses atrás por decisión de la Justicia, no solo generó indignación a todo Comodoro Rivadavia, sino que también dejó al descubierto un accionar judicial irregular en Chubut.El funcionamiento del fuero de Familia quedó bajo la lupa. Hay denuncias de «informes copiados» por el equipo interdisciplinario y cuestionan decisiones del juez Pablo José Pérez. «Nadie hace nada, se nos cagan de risa”, explica Cynthia, una mamá que hace un año no ve a sus hijos de 7 y 9 años.El caso de Ángel no parece ser aislado. Otras familias denuncian situaciones similares, con informes técnicos “copiados” y sin respuestas de la Justicia. Y la consecuencia es la misma; vínculos familiares interrumpidos y menores desprotegidos.Una de esas historias es la de Cynthia Follis y su pareja, Marcos Jara, quienes aseguran que hace un año no pueden ver a los hijos biológicos de la mujer. “Pasamos la situación de Ángel con el mismo juez y asesoras. A nosotros, por una falsa denuncia nos sacan a los nenes de casa. Nosotros los criamos y se fueron con 7 y con 9 años, y no los trajeron más”, relató el padrastro.Y agregó: “Se los llevó la Policía. Los nenes salieron llorando porque no querían irse de casa por una falsa denuncia. Empezamos a ver qué pasó y cuando vamos el equipo interdisciplinario nos dice que había salido desfavorable el informe”.Al revisar el informe, ambos sostienen que lo que dice no tienen que ver con ellos, que no corresponde a su situación familiar y apuntan contra el equipo interdisciplinario compuesto por Verónica Roldán, asesora de la Defensoría de Menores; y a Jenifer Leiva, psicóloga; con quienes Clarín intentó comunicarse sin recibir respuesta.“Resulta que nuestro informe es igual al de otra persona que nada que ver. Grabé lo que a mí me preguntaron y todo, y al momento de ver el escrito no dice nada de eso. O sea, ellos lo que hacen es ahorrarse trabajo, cambian nombres y te sale una perimetral, una restricción o lo que sea, y lo sufren los nenes”, explican.“Hay mucha gente que está en la misma. Son informes copiados que lo único que hacen es cambiar los nombres. Eso tampoco lo ve la justicia”, agregaron. Marcos Jara y Cynthia Follis sostienen que informe del equipo interdisciplinario sobre su casa tiene inconsistencias. Foto: Juano Tesone/Enviado especial.La mamá cuenta que gracias al accionar inoperante de la justicia no puede mantener un vínculo con sus hijos, que hoy están con el padre biológico.“Hace un mes que no lo vemos. No tenemos perimetral pero siempre pone excusas y no podemos verlos. Tenemos abogados, pero como te digo nosotros presentamos y para ellos no existimos, no los leen. Hemos presentado informe psicológico que estamos aptos para estar con ellos y nadie hace nada, se nos cagan de risa, literal”, denuncia, enojada, Cynthia.“Yo los crie y ahora están con su papá biológico. Los criamos y siempre estuvieron con nosotros. Son dos nenes de 7 y de 9. Y de golpe y porrazo, por una falsa denuncia que hace el padre diciendo que el nene se me había caído de un cuatriciclo, que yo había sido un irresponsable, me dictaminan eso”, dice Marcos, quien alega que es todo mentira mientras camina con su carpeta negra con todo el expediente judicial.Para la familia, el conflicto con el papá biológico se generó tras un reclamo económico. “¿Sabe por qué apareció? Porque ella pidió alimentos, hacía dos años que le pasaba $ 70.000 por el reclamo de alimentos. Empezó toda la furia porque le tenía que aumentar la cuota alimentaria por los colegios que los chicos iban a privado y por eso empezó todo el drama”, explica la abuela María Ormazábal.También cuestionó la falta de controles: “Ni siquiera va un asistente social a verificar dónde están, es todo por teléfono o fotos. No va un asistente social para ver cómo están los chicos”, agregó la abuela.“Quiero decirle a mis hijos que los extrañamos mucho”, cerró Cynthia.El juez de Familia, Pablo Pérez, quien intervino en la revinculación de Ángel.Otra historia similar es la de Raúl Yauco, que asistió a la marcha que se organizó este viernes para pedir justicia por Ángel. Cuestiona al juez Pérez por su propia historia. “Hace cuatro años que no puedo ver a mis cuatro nietos”, afirma, por una falsa denuncia de la familia materna de los chicos.“Todo está en manos de este juez Pablo Pérez y sus asesores. Desde el primer momento, cuando me llegó la notificación, nos llegó que toda mi familia, la familia paterna, yo, mi abuela, tío, primo, no nos podemos acercar”, relata.“Son cuatro niños: gemelos de 17 años, uno de 12 y otro de 9. Hoy los tiene la abuela de la madre biológica y no permite que nadie se acerque. Mi señora fue a citaciones y la denigraron. Le he mandado un mail al juez para acercarme para que él me explique por qué razón nosotros los abuelos no podemos tener contacto, pero nunca recibí respuesta”.»Lo manejan como quieren»El caso de Ángel López tiene una trama judicial compleja. El nene fue revinculado con su mamá biológica, Mariela Altamirano (28), en noviembre del año pasado.Luis López, el padre de Ángel, junto a su pareja Lorena Andrade, pide justicia por su hijo. Foto: Juano Tesone/Enviado especial.Según la reconstrucción del hecho, el domingo por la noche el nene estaba con ella cuando su pareja advirtió que no respiraba y que se había hecho pis encima. Fue trasladado al hospital Regional, donde quedó internado en coma y murió poco tiempo después. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, se defendió la mujer.Altamirano tenía antecedentes previos: le habían sacado la tenencia de otro hijo por presunto maltrato, mientras que el padre, Luis López, tenía una denuncia por violencia familiar.Antes de su relación con López, la mujer había tenido otra pareja con la que también mantenía conflictos y a quien acusaba de violento y alcohólico.“La conocí por Facebook y ella me contó que supuestamente el marido era un borracho, que le pegaba, y ahí yo le di un apoyo, que ella venga para Comodoro con su hijo. Ella vino sola, porque me dijo que no le pudo sacar el nene al papá. Y le dije: bueno, vamos a fiscalía, conseguimos un abogado. Le permitieron hablar con su nene y un día nomás lo llamó al nene. Después nunca más”, explica el papá de Ángel.Con el tiempo, las denuncias volvieron a repetirse en su nueva relación. Actualmente, tiene otra hija con su pareja actual, que continúa conviviendo con ella sin medidas judiciales hasta el momento.En ese contexto, el juez Pérez resolvió otorgarle la tenencia a la madre y avanzar con el proceso de revinculación. Incluso, se difundió un video en el que el nene lloraba porque no quería ir a la casa de su papá, lo que sumó más polémica al caso.Clarín también se contactó con el magistrado para consultarlo sobre este tema, pero tampoco respondió. Mientras tanto, en la marcha realizada para pedir justicia por el nene distintas familias apuntaron contra él. Entre ellos, una abogada que litiga en el fuero de Familia advierte que muchas decisiones del magistrado se apoyan en los informes del equipo interdisciplinario. La letrada cuestionó la falta de criterio de Pérez y aseguró que sus asesores “lo manejan como quieren”.Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

  • Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra. El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.