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  • Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del líder narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según fuentes judiciales, Mizzau aportó a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico, actividad que el juez debía investigar. Además, reconoció haber lavado dinero para las empresas controladas por Alvarado. El acuerdo de colaboración se conoció horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si envía a juicio político al juez Gastón Salmain, otro magistrado de Rosario procesado por corrupción.

    La figura de Mizzau es central en la causa. La suerte de Bailaque comenzó a sellarse a mediados de 2024, cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, mientras el magistrado debía investigar al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales denunciaron a Bailaque en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Más adelante se descubrió que Mizzau no solo era contador del narco, sino también del propio juez.
    Según lo trascendido, ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales que, entre 2014 y 2018, prestó asesoramiento contable a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, pertenecientes a Alvarado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, admitió haber manipulado estados financieros para impedir ser detectado. También aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave en la investigación. Según el acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
    Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Se encuentra a un paso del juicio oral, donde los fiscales ya solicitaron una pena de diez años de prisión.
    El exjuez renunció el año pasado para evitar un juicio político; su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, y desde entonces permanece detenido en prisión preventiva. Para ese momento, el equipo fiscal de Rosario, junto con PROCUNAR y PROCELAC, avanzaba en la investigación, que se complicó aún más tras el arrepentimiento de Carlos Vaudagna, exjefe de AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se orquestó en el juzgado de Bailaque la confección de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra donde intervinieron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos procesados.
    Por otro lado, Fernando Whpei también solicitó ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó, a través de Busaniche, que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa, que le permitió acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, a cambio de una coima de 200 mil dólares para el juez. En esa causa, Salmain está procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la detención no se concretó debido a sus fueros como magistrado.
    Mañana a las 10:30, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si vota el dictamen que recomienda enviar a juicio político a Salmain, tras haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. El juez no solo está acusado por esta causa judicial, sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que en 2002 fue separado del Poder Judicial por haber ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros, Salmain manifestó que ese hecho “es parte del pasado” y que la omisión se debió a que no le preguntaron al respecto.
    La Comisión de Acusación está presidida por el consejero Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

  • Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa por presuntos delitos de corrupción. Esto no implica que el ex presidente sea declarado inocente, sino que se debe continuar con la toma de testimonios y reevaluar su situación procesal.

    La falta de mérito se limitó exclusivamente a Alberto Fernández y no alcanzó al resto de los exfuncionarios y empresarios procesados en la causa. Esta decisión se adoptó tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la confirmación del procesamiento contra Fernández, por lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, resolvió que el ex mandatario debe seguir bajo investigación mientras se sustancian las medidas probatorias solicitadas por su defensa.
    Según la resolución unánime a la que accedió Clarín, el juez Boico manifestó que, aunque personalmente sostenía la confirmación del procesamiento, acataba el criterio de la Sala IV de la Casación Penal, por lo que votó en favor de la falta de mérito de Fernández. Además aclaró que la decisión afecta únicamente al ex presidente, rechazando la extensión de la anulación a otros imputados cuya situación procesal permanece vigente.
    Por su parte, el juez Irurzun señaló que corresponde revocar el procesamiento y que será la instancia anterior la que deba expedirse nuevamente sobre el mérito del caso. En esta nueva etapa, el expediente será subrogado por el juez Ariel Lijo. Irurzun también rechazó la petición de otras defensas para extender la falta de mérito, ya que el fallo de la Casación se circunscribe exclusivamente a Alberto Fernández.
    En disidencia, el juez Eduardo Farah coincidió con la falta de mérito para el ex presidente pero consideró que la medida debería aplicarse también a Héctor Martínez Sosa, supuestamente intermediario en las contrataciones investigadas. Farah argumentó que si no se puede sostener que las acciones de Fernández facilitaron los negocios de Martínez Sosa con el Estado, será necesario revisar la responsabilidad asignada hasta ahora a otros funcionarios y empresarios involucrados.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juez de instrucción Ariel Lijo, quien deberá concretar las medidas probatorias solicitadas por la defensa de Fernández y avaladas por el fiscal general. Estas medidas incluyen testimonios para esclarecer cómo se designaron productores y asesores vía la intermediación de Martínez Sosa, presuntamente en incumplimiento del régimen de contrataciones públicas.
    El origen del caso radica en el decreto 823/21, firmado por Fernández cuando era presidente, que obligó a organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto habilitó una intermediación irregular de brokers, que firmaron 45 contratos con 25 corredores involucrados. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por esos contratos sumaron más de 3.364 millones de pesos, con irregularidades y direccionamientos.
    La imputación contra Fernández por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes públicos se basa en que Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, concentró el 59,6% de las comisiones derivadas de esos contratos. El aumento sustancial de los negocios de Martínez Sosa coincidió con la presidencia de Fernández, alcanzando una facturación superior a 2.250 millones de pesos.
    El proceso había avanzado con la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, pero la defensa cuestionó la ausencia de declaraciones testimoniales solicitadas, lo que motivó la anulación de dicha confirmación por parte de la Casación Penal. Pese a que el fiscal ante ese tribunal pidió mantener el procesamiento, el fiscal de la Cámara de Apelaciones apoyó el pedido de la defensa, facilitando la decisión de la Casación.
    Actualmente, las pruebas testimoniales vinculadas al decreto y los manejos en la contratación se están recabando; hace una semana declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de la presidencia. La investigación también se basa en mensajes del celular de María Cantero, que sugieren la participación directa del ex presidente en la facilitación de algunas contrataciones irregulares.
    Cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo procesaron a Fernández, concluyeron que favoreció contrataciones a su amigo Héctor Martínez Sosa. El caso, inicialmente tramitado en el juzgado federal 11 bajo la custodia del juez Julián Ercolini, está actualmente vacante y subrogada, por lo que corresponderá al juez Ariel Lijo decidir si confirma nuevamente la acusación o define otra medida procesal.
    La acusación sostiene que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los imputados participaron en un esquema coordinado para recaudar y distribuir fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la intermediación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros. Según la causa, los brokers actuaron con la complicidad de Alberto Fernández, facilitando la inclusión de empresas coaseguradoras y el reparto de comisiones.
    Un elemento clave de la investigación fue la influencia de Martínez Sosa sobre Fernández, evidenciada por las conversaciones obtenidas del celular de María Cantero. En una de ellas, Cantero le asegura a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?

  • Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

    Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

    Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

    La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció luego de haber sido revinculado con su madre meses atrás por decisión de la Justicia, no solo generó indignación a todo Comodoro Rivadavia, sino que también dejó al descubierto un accionar judicial irregular en Chubut.El funcionamiento del fuero de Familia quedó bajo la lupa. Hay denuncias de «informes copiados» por el equipo interdisciplinario y cuestionan decisiones del juez Pablo José Pérez. «Nadie hace nada, se nos cagan de risa”, explica Cynthia, una mamá que hace un año no ve a sus hijos de 7 y 9 años.El caso de Ángel no parece ser aislado. Otras familias denuncian situaciones similares, con informes técnicos “copiados” y sin respuestas de la Justicia. Y la consecuencia es la misma; vínculos familiares interrumpidos y menores desprotegidos.Una de esas historias es la de Cynthia Follis y su pareja, Marcos Jara, quienes aseguran que hace un año no pueden ver a los hijos biológicos de la mujer. “Pasamos la situación de Ángel con el mismo juez y asesoras. A nosotros, por una falsa denuncia nos sacan a los nenes de casa. Nosotros los criamos y se fueron con 7 y con 9 años, y no los trajeron más”, relató el padrastro.Y agregó: “Se los llevó la Policía. Los nenes salieron llorando porque no querían irse de casa por una falsa denuncia. Empezamos a ver qué pasó y cuando vamos el equipo interdisciplinario nos dice que había salido desfavorable el informe”.Al revisar el informe, ambos sostienen que lo que dice no tienen que ver con ellos, que no corresponde a su situación familiar y apuntan contra el equipo interdisciplinario compuesto por Verónica Roldán, asesora de la Defensoría de Menores; y a Jenifer Leiva, psicóloga; con quienes Clarín intentó comunicarse sin recibir respuesta.“Resulta que nuestro informe es igual al de otra persona que nada que ver. Grabé lo que a mí me preguntaron y todo, y al momento de ver el escrito no dice nada de eso. O sea, ellos lo que hacen es ahorrarse trabajo, cambian nombres y te sale una perimetral, una restricción o lo que sea, y lo sufren los nenes”, explican.“Hay mucha gente que está en la misma. Son informes copiados que lo único que hacen es cambiar los nombres. Eso tampoco lo ve la justicia”, agregaron. Marcos Jara y Cynthia Follis sostienen que informe del equipo interdisciplinario sobre su casa tiene inconsistencias. Foto: Juano Tesone/Enviado especial.La mamá cuenta que gracias al accionar inoperante de la justicia no puede mantener un vínculo con sus hijos, que hoy están con el padre biológico.“Hace un mes que no lo vemos. No tenemos perimetral pero siempre pone excusas y no podemos verlos. Tenemos abogados, pero como te digo nosotros presentamos y para ellos no existimos, no los leen. Hemos presentado informe psicológico que estamos aptos para estar con ellos y nadie hace nada, se nos cagan de risa, literal”, denuncia, enojada, Cynthia.“Yo los crie y ahora están con su papá biológico. Los criamos y siempre estuvieron con nosotros. Son dos nenes de 7 y de 9. Y de golpe y porrazo, por una falsa denuncia que hace el padre diciendo que el nene se me había caído de un cuatriciclo, que yo había sido un irresponsable, me dictaminan eso”, dice Marcos, quien alega que es todo mentira mientras camina con su carpeta negra con todo el expediente judicial.Para la familia, el conflicto con el papá biológico se generó tras un reclamo económico. “¿Sabe por qué apareció? Porque ella pidió alimentos, hacía dos años que le pasaba $ 70.000 por el reclamo de alimentos. Empezó toda la furia porque le tenía que aumentar la cuota alimentaria por los colegios que los chicos iban a privado y por eso empezó todo el drama”, explica la abuela María Ormazábal.También cuestionó la falta de controles: “Ni siquiera va un asistente social a verificar dónde están, es todo por teléfono o fotos. No va un asistente social para ver cómo están los chicos”, agregó la abuela.“Quiero decirle a mis hijos que los extrañamos mucho”, cerró Cynthia.El juez de Familia, Pablo Pérez, quien intervino en la revinculación de Ángel.Otra historia similar es la de Raúl Yauco, que asistió a la marcha que se organizó este viernes para pedir justicia por Ángel. Cuestiona al juez Pérez por su propia historia. “Hace cuatro años que no puedo ver a mis cuatro nietos”, afirma, por una falsa denuncia de la familia materna de los chicos.“Todo está en manos de este juez Pablo Pérez y sus asesores. Desde el primer momento, cuando me llegó la notificación, nos llegó que toda mi familia, la familia paterna, yo, mi abuela, tío, primo, no nos podemos acercar”, relata.“Son cuatro niños: gemelos de 17 años, uno de 12 y otro de 9. Hoy los tiene la abuela de la madre biológica y no permite que nadie se acerque. Mi señora fue a citaciones y la denigraron. Le he mandado un mail al juez para acercarme para que él me explique por qué razón nosotros los abuelos no podemos tener contacto, pero nunca recibí respuesta”.»Lo manejan como quieren»El caso de Ángel López tiene una trama judicial compleja. El nene fue revinculado con su mamá biológica, Mariela Altamirano (28), en noviembre del año pasado.Luis López, el padre de Ángel, junto a su pareja Lorena Andrade, pide justicia por su hijo. Foto: Juano Tesone/Enviado especial.Según la reconstrucción del hecho, el domingo por la noche el nene estaba con ella cuando su pareja advirtió que no respiraba y que se había hecho pis encima. Fue trasladado al hospital Regional, donde quedó internado en coma y murió poco tiempo después. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, se defendió la mujer.Altamirano tenía antecedentes previos: le habían sacado la tenencia de otro hijo por presunto maltrato, mientras que el padre, Luis López, tenía una denuncia por violencia familiar.Antes de su relación con López, la mujer había tenido otra pareja con la que también mantenía conflictos y a quien acusaba de violento y alcohólico.“La conocí por Facebook y ella me contó que supuestamente el marido era un borracho, que le pegaba, y ahí yo le di un apoyo, que ella venga para Comodoro con su hijo. Ella vino sola, porque me dijo que no le pudo sacar el nene al papá. Y le dije: bueno, vamos a fiscalía, conseguimos un abogado. Le permitieron hablar con su nene y un día nomás lo llamó al nene. Después nunca más”, explica el papá de Ángel.Con el tiempo, las denuncias volvieron a repetirse en su nueva relación. Actualmente, tiene otra hija con su pareja actual, que continúa conviviendo con ella sin medidas judiciales hasta el momento.En ese contexto, el juez Pérez resolvió otorgarle la tenencia a la madre y avanzar con el proceso de revinculación. Incluso, se difundió un video en el que el nene lloraba porque no quería ir a la casa de su papá, lo que sumó más polémica al caso.Clarín también se contactó con el magistrado para consultarlo sobre este tema, pero tampoco respondió. Mientras tanto, en la marcha realizada para pedir justicia por el nene distintas familias apuntaron contra él. Entre ellos, una abogada que litiga en el fuero de Familia advierte que muchas decisiones del magistrado se apoyan en los informes del equipo interdisciplinario. La letrada cuestionó la falta de criterio de Pérez y aseguró que sus asesores “lo manejan como quieren”.Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

  • Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra. El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.