Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos
La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció luego de haber sido revinculado con su madre meses atrás por decisión de la Justicia, no solo generó indignación a todo Comodoro Rivadavia, sino que también dejó al descubierto un accionar judicial irregular en Chubut.El funcionamiento del fuero de Familia quedó bajo la lupa. Hay denuncias de «informes copiados» por el equipo interdisciplinario y cuestionan decisiones del juez Pablo José Pérez. «Nadie hace nada, se nos cagan de risa”, explica Cynthia, una mamá que hace un año no ve a sus hijos de 7 y 9 años.El caso de Ángel no parece ser aislado. Otras familias denuncian situaciones similares, con informes técnicos “copiados” y sin respuestas de la Justicia. Y la consecuencia es la misma; vínculos familiares interrumpidos y menores desprotegidos.Una de esas historias es la de Cynthia Follis y su pareja, Marcos Jara, quienes aseguran que hace un año no pueden ver a los hijos biológicos de la mujer. “Pasamos la situación de Ángel con el mismo juez y asesoras. A nosotros, por una falsa denuncia nos sacan a los nenes de casa. Nosotros los criamos y se fueron con 7 y con 9 años, y no los trajeron más”, relató el padrastro.Y agregó: “Se los llevó la Policía. Los nenes salieron llorando porque no querían irse de casa por una falsa denuncia. Empezamos a ver qué pasó y cuando vamos el equipo interdisciplinario nos dice que había salido desfavorable el informe”.Al revisar el informe, ambos sostienen que lo que dice no tienen que ver con ellos, que no corresponde a su situación familiar y apuntan contra el equipo interdisciplinario compuesto por Verónica Roldán, asesora de la Defensoría de Menores; y a Jenifer Leiva, psicóloga; con quienes Clarín intentó comunicarse sin recibir respuesta.“Resulta que nuestro informe es igual al de otra persona que nada que ver. Grabé lo que a mí me preguntaron y todo, y al momento de ver el escrito no dice nada de eso. O sea, ellos lo que hacen es ahorrarse trabajo, cambian nombres y te sale una perimetral, una restricción o lo que sea, y lo sufren los nenes”, explican.“Hay mucha gente que está en la misma. Son informes copiados que lo único que hacen es cambiar los nombres. Eso tampoco lo ve la justicia”, agregaron. Marcos Jara y Cynthia Follis sostienen que informe del equipo interdisciplinario sobre su casa tiene inconsistencias. Foto: Juano Tesone/Enviado especial.La mamá cuenta que gracias al accionar inoperante de la justicia no puede mantener un vínculo con sus hijos, que hoy están con el padre biológico.“Hace un mes que no lo vemos. No tenemos perimetral pero siempre pone excusas y no podemos verlos. Tenemos abogados, pero como te digo nosotros presentamos y para ellos no existimos, no los leen. Hemos presentado informe psicológico que estamos aptos para estar con ellos y nadie hace nada, se nos cagan de risa, literal”, denuncia, enojada, Cynthia.“Yo los crie y ahora están con su papá biológico. Los criamos y siempre estuvieron con nosotros. Son dos nenes de 7 y de 9. Y de golpe y porrazo, por una falsa denuncia que hace el padre diciendo que el nene se me había caído de un cuatriciclo, que yo había sido un irresponsable, me dictaminan eso”, dice Marcos, quien alega que es todo mentira mientras camina con su carpeta negra con todo el expediente judicial.Para la familia, el conflicto con el papá biológico se generó tras un reclamo económico. “¿Sabe por qué apareció? Porque ella pidió alimentos, hacía dos años que le pasaba $ 70.000 por el reclamo de alimentos. Empezó toda la furia porque le tenía que aumentar la cuota alimentaria por los colegios que los chicos iban a privado y por eso empezó todo el drama”, explica la abuela María Ormazábal.También cuestionó la falta de controles: “Ni siquiera va un asistente social a verificar dónde están, es todo por teléfono o fotos. No va un asistente social para ver cómo están los chicos”, agregó la abuela.“Quiero decirle a mis hijos que los extrañamos mucho”, cerró Cynthia.El juez de Familia, Pablo Pérez, quien intervino en la revinculación de Ángel.Otra historia similar es la de Raúl Yauco, que asistió a la marcha que se organizó este viernes para pedir justicia por Ángel. Cuestiona al juez Pérez por su propia historia. “Hace cuatro años que no puedo ver a mis cuatro nietos”, afirma, por una falsa denuncia de la familia materna de los chicos.“Todo está en manos de este juez Pablo Pérez y sus asesores. Desde el primer momento, cuando me llegó la notificación, nos llegó que toda mi familia, la familia paterna, yo, mi abuela, tío, primo, no nos podemos acercar”, relata.“Son cuatro niños: gemelos de 17 años, uno de 12 y otro de 9. Hoy los tiene la abuela de la madre biológica y no permite que nadie se acerque. Mi señora fue a citaciones y la denigraron. Le he mandado un mail al juez para acercarme para que él me explique por qué razón nosotros los abuelos no podemos tener contacto, pero nunca recibí respuesta”.»Lo manejan como quieren»El caso de Ángel López tiene una trama judicial compleja. El nene fue revinculado con su mamá biológica, Mariela Altamirano (28), en noviembre del año pasado.Luis López, el padre de Ángel, junto a su pareja Lorena Andrade, pide justicia por su hijo. Foto: Juano Tesone/Enviado especial.Según la reconstrucción del hecho, el domingo por la noche el nene estaba con ella cuando su pareja advirtió que no respiraba y que se había hecho pis encima. Fue trasladado al hospital Regional, donde quedó internado en coma y murió poco tiempo después. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, se defendió la mujer.Altamirano tenía antecedentes previos: le habían sacado la tenencia de otro hijo por presunto maltrato, mientras que el padre, Luis López, tenía una denuncia por violencia familiar.Antes de su relación con López, la mujer había tenido otra pareja con la que también mantenía conflictos y a quien acusaba de violento y alcohólico.“La conocí por Facebook y ella me contó que supuestamente el marido era un borracho, que le pegaba, y ahí yo le di un apoyo, que ella venga para Comodoro con su hijo. Ella vino sola, porque me dijo que no le pudo sacar el nene al papá. Y le dije: bueno, vamos a fiscalía, conseguimos un abogado. Le permitieron hablar con su nene y un día nomás lo llamó al nene. Después nunca más”, explica el papá de Ángel.Con el tiempo, las denuncias volvieron a repetirse en su nueva relación. Actualmente, tiene otra hija con su pareja actual, que continúa conviviendo con ella sin medidas judiciales hasta el momento.En ese contexto, el juez Pérez resolvió otorgarle la tenencia a la madre y avanzar con el proceso de revinculación. Incluso, se difundió un video en el que el nene lloraba porque no quería ir a la casa de su papá, lo que sumó más polémica al caso.Clarín también se contactó con el magistrado para consultarlo sobre este tema, pero tampoco respondió. Mientras tanto, en la marcha realizada para pedir justicia por el nene distintas familias apuntaron contra él. Entre ellos, una abogada que litiga en el fuero de Familia advierte que muchas decisiones del magistrado se apoyan en los informes del equipo interdisciplinario. La letrada cuestionó la falta de criterio de Pérez y aseguró que sus asesores “lo manejan como quieren”.Comodoro Rivadavia. Enviada especial.
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Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos
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Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque
Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque
Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra. El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.