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  • ARCA intimó a contratista de Manuel Adorni para justificar ingresos y obras

    ARCA intimó a contratista de Manuel Adorni para justificar ingresos y obras

    ARCA intimó a contratista de Manuel Adorni para justificar ingresos y obras

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Matías Tabar, para que justifique sus ingresos y la mano de obra realizada en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni.
    Tabar debe presentar, en un plazo máximo de diez días, la justificación de sus ingresos correspondientes a 2024 y 2025, además de detallar la facturación, la actividad real, las obras efectuadas en la propiedad de Adorni y las compras realizadas a proveedores durante ese mismo período. También se le solicitó justificar la adquisición de una camioneta por 47 millones de pesos y un automóvil por 4 millones, este último vendido, así como acreditar el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares en 2024 y 2025, junto con la presentación de documentación societaria.
    Esta intimación se produce tras la declaración de Tabar, que complicó la situación del jefe de Gabinete en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la justicia, acusando a Adorni de intentar obstruir la pesquisa utilizando sus vínculos en el poder.
    Pagano advirtió que la actividad de fiscalización tributaria sobre quienes colaboraron con la justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, podría generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial. Además, señaló que el ARCA depende del Poder Ejecutivo y que su máxima coordinación está a cargo de un funcionario cuya situación patrimonial se investiga en esta causa. Según la diputada, esta situación amedrenta a quienes ya declararon y desincentiva a potenciales testigos, comprometiendo así la libre y veraz declaración que la ley pretende garantizar.
    Las claves del testimonio de Matías Tabar incluyen detalles sobre las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni, que tuvieron un costo total de 245 mil dólares, pagados en efectivo y sin factura. Los trabajos se desarrollaron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en un lote de 400 metros cuadrados, e incluyeron la instalación de pisos, arreglos en el baño y la cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparación de la pileta.
    Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, afirmó que recibió un anticipo de 55 mil dólares en 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares en 2025. Además, mencionó que durante el período de las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional de 13 mil dólares.
    El contratista entregó a la justicia su teléfono celular y proporcionó información acerca de las personas involucradas en los trabajos, lo que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y corroborar la consistencia de los pagos declarados.

  • La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

    La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

    La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

    Manuel Adorni intenta justificar el incremento de su patrimonio declarando 513.000 dólares, atribuidos a la venta de activos, vinculados a bitcoins que anunció primero en medios y luego mediante declaraciones juradas rectificadas. Sin embargo, fuentes judiciales consideran esta cifra “insuficiente” y advierten que “nada indica que fuese el titular de esas criptomonedas, además no presentó documentación respaldatoria”. La justicia federal cuestiona tanto el origen de los dólares invertidos en activos virtuales como la titularidad real del monto declarado por el funcionario.

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el viernes un oficio con múltiples medidas tras la entrevista difundida en LN+ y la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), compuesta por 22 informes que buscan esclarecer el patrimonio del funcionario de La Libertad Avanza. Este funcionario omitió durante años la tenencia de dólares, incluso en el período fiscal 2024, y ahora, tras la adquisición de una propiedad, muestra una fortuna más coherente con los movimientos declarados.
    Manuel Adorni eliminó de su declaración jurada dos cifras que había consignado inicialmente: un patrimonio de 61.018.251 pesos en 2023 y de 107.894.811 pesos en 2024, que ya no figuran en los registros ante la OA. En su última rectificación, la base inicial declarada asciende a 622.646.891,98 pesos, y para el cierre del período fiscal 2025 declaró un patrimonio de 944.575.052 pesos.
    Este aumento se explica, según Adorni, por la inversión en bitcoins realizada junto a su esposa, Bettina Angelletti, entre 2014 y 2018. No obstante, la justicia plantea tres dudas concretas. Primero, el origen de los 200.000 dólares invertidos en criptomonedas carece de explicación y no figura ningún registro que lo respalde: “No basta con declarar una cifra en la declaración jurada, debe sustentar su origen lícito”, señaló a Clarín una fuente judicial.
    La segunda inquietud se relaciona con la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la venta de esos activos. Hasta ahora, “nada asegura que haya sido el titular real de las criptomonedas porque no hay documentación que lo respalde”, indicó otro vocero cercano al caso. Otro consultado agregó que no está claro con qué criptomoneda operó ni cómo obtuvo esa ganancia, y que el monto declarado implica un valor mucho mayor —por encima de 20 millones de dólares— al valor declarado.
    Estas dudas surgieron tras la presentación de los nuevos números. En Comodoro Py estiman que podría subsanarse si la información confidencial que aún no fue entregada se incorpora a la investigación, ya que hasta ahora “no hay datos contundentes que confirmen la titularidad ni la procedencia de esos bitcoins”.
    La tercera cuestionamiento refiere a que los montos declarados no especifican la cantidad de bitcoins ni si representan su valor en dólares, lo que genera inconsistencias. Según cálculos realizados en la sede judicial, el valor real de las criptomonedas declaradas supera ampliamente los 513.000 dólares, llegando a varios millones.
    A diferencia de esos valores, en su declaración del período fiscal 2024 Adorni sí detalló tres criptomonedas específicas, consignando nombre, cantidad y valor en pesos. Se trata de Cripto Binance (11.019,85 unidades por 8.875.937,02 pesos), Cripto Lemon (2.605,83 unidades por 2.098.865,77 pesos) y Cripto BTC (1.069,69 unidades por 861.584,01 pesos), sumando un total de 11.836.386,8 pesos según el tipo de cambio oficial vigente.
    La ganancia de 513.000 dólares atribuida a la venta de bitcoins es ahora una incógnita que la justicia intentará esclarecer mediante un requerimiento formal que firmará el fiscal Pollicita, según confiaron fuentes judiciales a Clarín.
    La justicia federal analiza tanto la declaración patrimonial de 2025 como las rectificaciones previas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General, estudia con detalle los ingresos y egresos de Adorni y su esposa para identificar posibles inconsistencias. La DAFI ya solicitó a la fiscalía la incorporación de la nueva documentación presentada, que se sumará a un informe en desarrollo.
    Fuentes judiciales admiten que Adorni ha ganado tiempo, pero advierten que “deberá dar explicaciones sobre numerosos números que aún resultan inconsistentes”.
    Además, la justicia indaga si los fondos invertidos proceden del trabajo privado que el jefe de Gabinete y su esposa aseguran haber tenido durante años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES, ARCA y otros organismos los registros laborales del matrimonio con el fin de comprobar si sus ingresos oficiales corresponden con las declaraciones.
    La Justicia también evalúa la existencia de un delito precedente que permita avanzar, por ahora, con una investigación por posible lavado de activos. Sobre la figura penal de evasión tributaria en la que se ampara Adorni, se señala que el período prescripto para esa falta “no está claro si incluye la evasión de bienes personales”, por lo cual continúa el análisis.
    Fuentes del fuero admiten que, lejos de aclarar las dudas, las recientes modificaciones en la declaración patrimonial “han generado más interrogantes”, las cuales solo el propio Adorni podrá explicar.