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  • Cristina Kirchner se alejó de las redes: lleva un mes sin publicar, estudia chino e inglés, y espera que avance su reclamo ante la ONU

    Cristina Kirchner se alejó de las redes: lleva un mes sin publicar, estudia chino e inglés, y espera que avance su reclamo ante la ONU

    Cristina Kirchner lleva un mes sin publicar en redes sociales y dedica sus días al estudio de chino e inglés, mientras aguarda un fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre su reclamo formal. La expresidenta mantiene una rutina estricta que incluye caminatas diarias en la cinta, cuidado alimenticio, lectura constante de noticias políticas y formación en inteligencia artificial, campo que ha despertado su interés recientemente.

    Su último mensaje en la plataforma X data del 29 de julio: un video de una hora con la presentación completa que realizaron sus abogados ante la ONU, acumulando hasta hoy más de 62 mil reproducciones. Ese mismo día compartió un enlace a su página web personal donde figura una carta abierta dirigida al organismo internacional. En este escrito denuncia vulneraciones a garantías procesales durante la causa Vialidad, como la falta de imparcialidad judicial, igualdad ante la ley y la afectación de sus derechos políticos. Asimismo, su defensa solicitó medidas provisionales para suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos, revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y completar la integración de la Corte Suprema.
    Cristina Kirchner espera ahora un pronunciamiento que confirme dichas violaciones, con la intención de usarlo para impulsar la revisión de su condena en Argentina. Durante 2026, su actividad en redes sociales disminuyó considerablemente: solo publicó 11 mensajes en X y tres en Instagram, limitándose en ocasiones a expresar condolencias por fallecimientos destacados, como los de Taty Almeyda, el Indio Solari y Sandra Mendoza. A diferencia de años anteriores, ha evitado manifestarse públicamente sobre temas coyunturales y no otorgó entrevistas a medios.
    Este silencio sorprende a su entorno, que interpreta la decisión como una consecuencia de su encierro y situación personal. A pesar de ello, la exmandataria mantiene contacto telefónico con dirigentes del peronismo y continúa activa políticamente dentro de las restricciones que le impone la Justicia, las cuales limitan sus visitas a seis por semana, por un total de cuatro horas. En este contexto, ha dialogado con figuras como Juan Manuel Olmos, Sergio Massa y Ricardo Quintela. Sus allegados destacan que su objetivo es “unir las partes”, rememorando los encuentros clave del peronismo en 2017 y 2019, y consideran prematuro definir candidaturas presidenciales, priorizando la victoria electoral sobre la proyección de nombres propios.
    Cristina sigue de cerca la situación económica nacional y analiza junto a economistas amigos la evolución del país. Desde diciembre de 2023 sostiene que al presidente Javier Milei le irá mal en ese ámbito, manifestando preocupación por el cierre creciente de comercios y el endeudamiento de la población para cubrir sus gastos. Sin embargo, reconoce que Milei conserva un apoyo popular sólido. También monitorea el avance electoral de la izquierda, particularmente el crecimiento de Myriam Bregman, a quien recuerda con cierta cautela tras la visita que la líder de ese sector le realizó al iniciar su prisión domiciliaria. Aunque Bregman mantiene diálogo parlamentario con Máximo Kirchner y otros peronistas, desde el entorno de Cristina consideran un error limitar su candidatura solo a la imagen pública.
    Fuentes próximas aseguran que, a pesar de su ausencia mediática, la expresidenta influyó en la eliminación del capítulo referido a la “Ley de Tierras” en la agenda legislativa. “Que no tenga escena pública no significa que no esté trabajando para que las cosas salgan”, afirmaron.
    En paralelo, esta semana se conoció que María Soledad Calle, dirigente de la UOM vinculada a La Cámpora, quedó bajo investigación judicial por la compra de un departamento de 252 metros cuadrados ubicado en el piso inferior al de Cristina Kirchner. La propiedad fue escriturada a nombre de Calle el 20 de agosto de 2025 por un monto de 189.000 dólares, cifra que despertó sospechas por ser inferior al valor de mercado en esa zona. La Justicia investiga el origen de los fondos y su posible relación con maniobras vinculadas a USEM SA, empresa relacionada con el manejo de aportes de afiliados del gremio. Calle negó haber adquirido el inmueble y atribuyó las acusaciones a una interna sindical.
    Desde el entorno de la expresidenta aseguraron que no existe vínculo entre ambas más allá de algún encuentro ocasional y negaron que Calle haya visitado su domicilio o informado sobre su mudanza al piso contiguo. Por las condiciones de su prisión domiciliaria, Cristina no puede acercarse al ascensor ubicado a un metro y medio de la entrada, ya que eso activaría la alarma de su tobillera electrónica. Incluso, para acceder a la terraza común del edificio durante el verano tendría que avisar previamente y utilizar un dispositivo que evite alterar el monitoreo constante de su detención.

  • El gesto de Axel Kicillof con Cristina Kirchner: «Continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune»

    El gesto de Axel Kicillof con Cristina Kirchner: «Continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune»

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    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó que a cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner la investigación judicial no haya avanzado en identificar a los autores intelectuales del ataque.

    «Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo», afirmó Kicillof a través de su cuenta en X.
    En 2025, la justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los jóvenes responsables del atentado ocurrido en septiembre de 2022 contra la exvicepresidenta. Sin embargo, el gobernador destacó la gravedad de que aún no se hayan esclarecido los impulsores intelectuales del hecho.
    La declaración de Kicillof se produce en medio de una interna con fuertes tensiones dentro del peronismo, de cara a la organización electoral para las elecciones presidenciales de 2027.
    El mandatario cerró su mensaje con un pedido de justicia para Cristina Kirchner y exigió que se profundice la investigación para identificar a los responsables detrás del ataque.
    Por su parte, el exministro Agustín Rossi también se pronunció sobre el intento de asesinato, señalándolo como un símbolo de la violencia política. «Lo que vino después no fue el repudio unánime, sino la continuidad del intento de eliminación política por otras vías: del gatillo en la calle a la proscripción en los tribunales. No es solo el ataque a una persona; es la erosión sistemática del pacto democrático», afirmó Rossi en X.

  • Máximo Kirchner declaró una fortuna de 11.000 millones de pesos y la tenencia de dólares es su principal activo

    Máximo Kirchner declaró una fortuna de 11.000 millones de pesos y la tenencia de dólares es su principal activo

    La fortuna de Máximo Kirchner aumentó de 8.311 millones de pesos a 11.000 millones en el último año, según la declaración patrimonial que el diputado nacional presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sobre él pesa un pedido de decomiso de 19 inmuebles heredados de su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción en el caso Vialidad. Además, está embargado por más de 3.000 millones de pesos en la causa por lavado de activos, por la cual enfrentará un juicio oral y público cuyo inicio aún no ha sido fijado.

    En la declaración correspondiente al año fiscal 2025, Máximo Kirchner señaló como su principal activo la tenencia de dólares, equivalentes a 3.372 millones de pesos, lo que al tipo de cambio actual representa aproximadamente 2,2 millones de dólares. No se incorporaron nuevas propiedades; mantiene las 27 inmuebles que forman parte de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y la herencia otorgada por Cristina Kirchner en junio de 2016. El aumento en su patrimonio responde principalmente a la revalorización de los dólares y las propiedades, un incremento que se alinea con la inflación proyectada para 2025.
    El patrimonio de Máximo Kirchner está compuesto principalmente por dólares y bienes heredados. Posee 516.072,46 dólares en una caja de ahorro, equivalentes a 746 millones de pesos, y depósitos en dólares por 2.332.000, que en conjunto suman 3.372 millones de pesos, la misma cantidad declarada el año previo, aunque con variación en la cotización.
    Respecto a los inmuebles, 19 de ellos están sujetos a una orden de decomiso derivada de la condena por corrupción de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) determinó que los bienes adquiridos entre 2003 y 2015, periodo en que se llevó a cabo la maniobra defraudatoria, pueden ser decomisados para recuperar el dinero producto del delito, estimado en 685.000 millones de pesos. La primera tanda incluye 111 propiedades de los nueve condenados, entre las cuales se encuentran 19 inmuebles declarados por Máximo Kirchner.
    De las 27 propiedades declaradas, dos fueron adquiridas con ingresos propios y están valuadas en 363,9 millones de pesos. Las restantes 25, que incluyen locales comerciales, casas, departamentos y terrenos, son heredadas y tienen un valor estimado en 2.811 millones de pesos a fines de 2025. Entre estos inmuebles figura el departamento de San José 1111, cuyo titular formal es la empresa Los Sauces SA, investigada por lavado de dinero. Además, Kirchner declaró dos vehículos comprados con ingresos propios, por un valor superior a 18,5 millones de pesos.
    Las acciones en empresas familiares también mostraron un incremento en su valuación. Los Sauces SA, inmobiliaria vinculada a la familia y con un solo empleado —el jardinero de la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate—, fue investigada por lavado de dinero. Máximo Kirchner posee el 55% de las acciones, que declaró con un valor de 1.854 millones de pesos, superior a los 719,8 millones reportados en 2023 y que el año anterior superaron los 1.500 millones.
    La segunda empresa, Hotesur SA, propietaria del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por presuntas maniobras de blanqueo, pertenece en un 50% a Máximo Kirchner, con una valuación declarada de 1.429 millones de pesos. Por el uso indebido de estas empresas, tanto Máximo como Cristina Kirchner afrontarán un juicio por posible lavado de dinero. Por primera vez, Hotesur presentó un valor inferior al de Los Sauces.
    La tercera firma familiar, Co.Ma. SA, tiene un valor declarado de apenas 93.354 pesos. Esta compañía no ha desarrollado actividades comerciales y posee únicamente un terreno baldío en El Calafate. En conjunto, las tres empresas de Máximo y Florencia Kirchner suman un valor de 3.283 millones de pesos.
    Actualmente, a la espera del inicio del juicio Hotesur-Los Sauces, la familia Kirchner enfrenta un embargo superior a los 1.000 millones de pesos y una medida cautelar sobre la inmobiliaria que alcanza los 3.013 millones.
    En cuanto a las deudas, Máximo Kirchner declaró obligaciones por 98,1 millones de pesos, un incremento respecto a los 86,9 millones del período anterior. Las acreencias corresponden a Hotesur, Los Sauces, el condominio administrado por Máximo y Florencia Kirchner, y al ARCA.
    Finalmente, informó ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netas por un total de 108,3 millones de pesos.

  • La justicia oficializó el embargo del departamento en el que está presa Cristina Kirchner

    La justicia oficializó el embargo del departamento en el que está presa Cristina Kirchner

    El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) notificó al Registro de la Propiedad Inmueble que el departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra alojada Cristina Kirchner, fue embargado por orden judicial.

    Esta medida se dispuso tras un segundo pedido de decomiso formulado por el Ministerio Público Fiscal. El Tribunal encargado de ejecutar la pena en el caso Vialidad ordenó el 12 de agosto nuevos embargos preventivos y cautelares sobre diversos bienes inmuebles y activos societarios vinculados a este expediente, en el que los condenados deben responder solidariamente por el decomiso judicial.
    El objetivo es cubrir los 685.000 millones de pesos que representan el monto del fraude detectado a través de 51 licitaciones supuestamente direccionadas, con irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
    Por pedido del fiscal Diego Luciani, el TOF 2 elaboró listas de inmuebles a embargar, en la segunda de las cuales figura el departamento de San José 1111. Allí, la ex presidenta cumple arresto domiciliario por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
    El inmueble está a nombre de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar Kirchner que también está siendo investigada por lavado de activos. De esa misma sociedad proceden los departamentos de Puerto Madero que alquilaba Cristóbal López y que ya fueron embargados por el tribunal.
    Con la firma del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves se remitieron las órdenes a los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes para inscribir estos bienes bajo la condición de embargados.
    Cabe aclarar que estos embargos no implican la subasta inmediata ni afectan la titularidad registral de los inmuebles por el momento, sino que garantizan su indisponibilidad jurídica mientras se completa el trámite del decomiso definitivo, con la participación de las partes involucradas.
    El presidente del TOF 2, Rodríguez Giménez Uriburu, busca proteger el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para garantizar la recuperación de los 685.000 millones de pesos, por lo que dispuso medidas cautelares sobre varias propiedades.
    En su segundo listado de bienes a decomisar, el fiscal Luciani identificó 141 inmuebles, entre los cuales se incluyen trece propiedades de Cristina Kirchner y 128 pertenecientes a sociedades vinculadas a Lázaro Báez, junto con 46 automotores.
    Además, el Ministerio Público solicita como parte del decomiso 4.664.000 dólares provenientes de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una caja de ahorro en el Banco Galicia, y 53.280,24 pesos.
    El TOF 2 aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto al primer grupo de inmuebles sobre los cuales se ordenó la ejecución patrimonial, previo a avanzar con esta segunda tanda.
    El primer pedido de decomiso
    El primer conjunto de 111 propiedades solicitado por el fiscal Luciani y aprobado por el TOF se encuentra en manos de la Corte Suprema. En noviembre pasado el tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de otros acusados.
    En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar solicitados por el Ministerio Público y ordenó su ejecución. Sin embargo, dado que la ex presidenta y uno de sus ex socios apelaron esa decisión, el máximo tribunal debe emitir el veredicto final.
    Propiedades de los hijos de Cristina Kirchner
    El avance sobre bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner se basa en que la sentencia condenatoria estableció que la maniobra defraudadora en obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.
    Durante el período investigado, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las partes. La sentencia indica que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y desarrollaron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, personalmente y a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
    Por lo tanto, el tribunal determinó que el dinero obtenido ilícitamente “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. Según el TOF 2, todos los bienes que los nueve condenados adquirieron entre 2003 y 2015 pueden ser embargados.
    La resolución subraya la necesidad de cautelar estos bienes en esta segunda etapa de decomiso. El artículo 23 de la ley permite alcanzar personas jurídicas o sociedades beneficiarias del producto del delito, y también activos o participaciones transferidas gratuitamente a terceros.
    En relación con los paquetes accionarios, las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde 2017, cuando la justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas o acciones correspondientes a Cristina Kirchner, como heredera y cónyuge, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. Esa cesión no la exime de la ejecución patrimonial derivada de la condena.
    Otros bienes embargados
    Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, el TOF 2 ordenó embargar un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, así como otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo, propiedades que siempre fueron alquiladas por Cristó

  • Quién es María Soledad Calle, la sindicalista de la UOM y referente de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

    Quién es María Soledad Calle, la sindicalista de la UOM y referente de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

    La sindicalista María Soledad Calle, también referente de La Cámpora, compró el departamento del primer piso en San José 1111, en el barrio de Constitución, justo debajo del lugar donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

    La adquisición se concretó en agosto de 2025, dos meses después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la sentenció a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según publicó el diario La Nación.
    María Soledad Calle es dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que fue intervenido por diversas irregularidades, y referente de La Cámpora en Campana. En sus redes sociales, abundan fotografías junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
    El diario La Nación difundió documentos que acreditan la compra del departamento en Constitución por 189.000 dólares, fechada el 20 de agosto. Pocos días antes, el 8 de ese mes, Calle adquirió el 50% de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en 70.000 dólares.
    La joven dirigente inició su carrera política en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y luego pasó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. En 2015 ingresó al Concejo Deliberante de Campana, donde presidió durante cuatro años el bloque de La Cámpora.
    A lo largo de su trayectoria, Calle ha compartido su militancia peronista en redes sociales con fotografías junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner y con numerosas referencias a Néstor Kirchner. También ha manifestado su apoyo a figuras como Sergio Massa y el concejal Alejo Sarna.
    En diciembre de 2022, junto con un socio, Adalberto Raúl Braconi, fundó la empresa USEM S.A., que posteriormente asumió la administración de parte de los fondos de la UOM, según reveló Clarín. El acuerdo, vigente desde 2023 hasta 2033, le otorga a USEM la administración del 80% de los aportes de los 200.000 afiliados del gremio, a cambio del 0,5% del total de los fondos de los trabajadores.
    De acuerdo con la investigación de La Nación, Calle figuraba como empleada de la UOM y, a la vez, representaba al sindicato ante organismos internacionales, lo que motivó varios viajes al exterior. Sin embargo, en diálogo con el diario, la sindicalista negó ser empleada del gremio.
    Por el contrato entre USEM y la UOM, Calle y Abel Furlán, titular del gremio, fueron denunciados por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
    Tras este acuerdo, Calle incrementó considerablemente su patrimonio, adquiriendo en agosto de 2025 un departamento en Constitución y el 50% de un vehículo BMW. El automóvil está registrado en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que su domicilio oficial figura en Campana. Previamente ya contaba con un Peugeot 3008 del año 2023.
    El departamento comprado el 20 de agosto, ubicado en el primer piso de San José 1111, tiene una superficie de 252 metros cuadrados y permanecía en venta desde hacía tiempo. Según un documento del Registro de la Propiedad al que accedió La Nación, la operación se cerró por 189.000 dólares, es decir, alrededor de 750 dólares por metro cuadrado, un valor inferior al precio de mercado.
    Consultada por La Nación, Calle negó la compra y descalificó la información como parte de una lucha sindical y de poder. “No compré nada. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó en una llamada telefónica.
    Fuentes indicaron que el departamento sería utilizado para el descanso de las empleadas y custodios que trabajan en la casa de Cristina Kirchner. Además, no se descarta que la expresidenta haya utilizado ese inmueble, ya que la tobillera electrónica que le fue colocada no emite alerta cuando permanece dentro del edificio.

  • Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este viernes el procesamiento del agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Ariel Zanchetta, del hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y del joven Tomás Hválica, creador del sitio web Dark PFA. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a espiar a ministros de la Corte Suprema y a miembros de la justicia federal.

    Zanchetta, además, mantenía comunicación con Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado cercano a Cristina Kirchner, durante el intento de juicio político contra la Corte Suprema en 2022 y 2023. Tailhade informaba a un grupo de periodistas afines sobre las filtraciones de datos que se publicaban en Dark PFA.
    El fallo destacó que la labor coordinada de Zanchetta en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades judiciales no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una actividad funcional destinada a proveer información sensible a la estructura criminal. Además, se comprobó la prolongada y conjunta actuación del grupo entre febrero de 2022 y mayo de 2023, meses antes de la condena a la expresidenta en la causa Vialidad.
    La reiteración de las intrusiones, la mantención de la plataforma Dark PFA con créditos ilimitados y la constante acumulación de información confidencial evidencian el carácter estable y permanente de esta organización criminal.
    La investigación dirigida por Martínez De Giorgi abarca varios ejes, entre ellos la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. También indaga el hackeo a través de la maniobra conocida como «sim swapping» —que implica la suplantación de la tarjeta SIM para tomar control del teléfono— sufrido por los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los magistrados que llevaron adelante el juicio Vialidad contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
    Por este motivo, Nuñes Pinheiro fue detenido en primera instancia. En su declaración admitió que en agosto de 2022 fue contactado por un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram, quien le asignó tareas dirigidas a hackear celulares de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago, dicho usuario desapareció.
    Asimismo, fue detenido y procesado Ariel Zanchetta, ex policía federal, quien el mismo día del hackeo a Borinsky realizó búsquedas de datos del magistrado en la base SudamericaData. Solo en 2022, Zanchetta efectuó más de dos mil búsquedas sobre magistrados, políticos y artistas, varios de los cuales luego fueron víctimas de intrusiones. Aunque Zanchetta se excusó como periodista, sus diálogos evidenciaron que actuaba como agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía.
    El análisis de los dispositivos de Zanchetta también permitió imputar y ordenar el allanamiento del ex funcionario de AFIP y militante de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, quien coordinaba operaciones y asignaba objetivos de espionaje, entre ellos la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, enfrentada con La Cámpora. Rodríguez mantenía además contacto con el diputado Tailhade. Al momento del allanamiento, Rodríguez no fue encontrado en sus oficinas y se presentó ante la justicia cinco días después, entregando sus dispositivos.
    En los últimos meses, Martínez De Giorgi citó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, administrador del sitio Dark PFA, y amplió las declaraciones indagatorias de Nuñes Pinheiro y Zanchetta.
    El magistrado describió que la maniobra delictiva se desarrollaba en tres etapas: primero, la obtención ilegítima de información personal de las víctimas mediante accesos no autorizados a bases de datos; segundo, el control de las líneas telefónicas mediante el “sim swapping”, que consiste en obtener una tarjeta SIM asociada a la línea telefónica de la víctima suplantándola ante la operadora; y tercero, el acceso ilegal a aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Telegram o Facebook.
    El fallo estableció que Nuñes Pinheiro materializó estas maniobras, logrando modificar datos originales de las líneas telefónicas, controlar las cuentas y acceder a las plataformas de mensajería de los cuatro jueces afectados. Por su parte, Hválica, bajo el usuario de Telegram @pr1sox, facilitó a Nuñes Pinheiro acceso ilimitado a la plataforma Dark PFA para consultas de datos personales como números de trámite de DNI.
    Hasta el momento se desconoce quiénes solicitaron y financiaron estos hackeos.
    Se acreditó que Zanchetta solicitó informes a la empresa SudamericaData Group SRL sobre jueces de Casación, ministros de la Corte Suprema, jueces de la Cámara Federal y otros funcionarios. Entre los objetivos figuraban Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi, Silvio Federico Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.
    Zanchetta recopiló datos personales, patrimoniales y migratorios de estos funcionarios, entre ellos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, del Tribunal Oral Federal y de la Corte Suprema, así como de otros magistrados.
    En el caso del juez Giménez Uriburu, tras el control ilegal de su línea telefónica, se realizaron pedidos indebidos de dinero a sus contactos registrados en

  • Máximo Kirchner le respondió con ironía a Patricia Bullrich, que se negó a compartir un café con él: «Yo tomo té amargo o mate»

    Máximo Kirchner le respondió con ironía a Patricia Bullrich, que se negó a compartir un café con él: «Yo tomo té amargo o mate»

    Máximo Kirchner respondió con ironía a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien aseguró en una entrevista con Clarín que jamás se sentaría a tomar un café con él, por considerarlo “cerrado” y “el guardián de una ideología fracasada”. Sin embargo, la senadora libertaria manifestó que sí estaría dispuesta a reunirse y dialogar con Cristina Kirchner para evitar procesos de “talibanización” en el debate político.

    Ante esta negativa, el diputado nacional expresó durante una entrevista en el canal de streaming de Crónica TV: “Yo tomo té o mate, té amargo generalmente, que es una costumbre que viene del sur”. Además, cuestionó la trayectoria política de Bullrich, recordando que “fracasó con De la Rúa, fracasó con Macri” y señaló que actualmente se repite la misma senda con las políticas del gobierno de Javier Milei.
    Con tono irónico, agregó: “No sé cuál Bullrich habla. ¿La Bullrich de De la Rúa, la Bullrich de Macri, la Bullrich de Milei?”. Kirchner también rememoró cuando la ex ministra visitaba su provincia: “La Bullrich que conocí de chiquito, yendo a Río Gallegos con gente de la Juventud Peronista, yendo a ver a Néstor y Cristina”. Asimismo, reveló que conserva “una foto muy linda” en la que se ve a Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner conversando en un café de la capital santacruceña.
    A pesar de las diferencias, el dirigente destacó su predisposición al diálogo institucional: “Si tenés que sentarte a tomar un café con quien sea para mejorar la calidad de vida de tu gente, lo tenés que tomar y sentarte antes de los gustos personales”.
    Estas declaraciones surgieron luego de que Bullrich afirmara: “No me tomaría un café con Máximo, pero sí con Cristina”, durante la inauguración del nuevo ciclo de entrevistas cara a cara de Clarín.
    Por otro lado, Máximo Kirchner opinó sobre las próximas elecciones presidenciales en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará a Flavio Bolsonaro. “Yo creo que Lula va a ganar en Brasil, ojalá gane”, sostuvo y destacó que su victoria es “necesaria” para la región. En caso de que Bolsonaro, aliado de Milei, resulte vencedor, afirmó que el peronismo deberá “crecerse en las malas”.
    Sobre la gestión libertaria, el diputado reconoció que “muchos argentinos que confiaron en el inicio del Gobierno de Milei empiezan a perder la esperanza” debido a la inestabilidad económica, y señaló que las familias “han contraído préstamos a niveles de usura”. En ese sentido, analizó que la población enfrenta “graves problemas mentales”, producto de la falta de recursos: “Si caminas y ves a nuestro pueblo, los están teniendo porque no tienen plata”, afirmó.
    En cuanto a la interna peronista y las críticas a La Cámpora, Kirchner consideró que “es una pelea que desde adentro les queda cómoda para no dar discusiones”. Aunque reconoció que la agrupación no es “perfecta”, la defendió como “una organización política con la capacidad de movilización, con miles de jornadas laborales, que hace trabajo de representación institucional”.
    Además, cuestionó a sus críticos dentro del partido, recordando el “voto directo que han tenido compañeros de La Cámpora para gobernar intendencias”. Agregó que “no debería haber tanto ruido y, sin embargo, de repente alguno salta y dice: ‘No, porque no sé qué cosa del peronismo’, y después le votan las cosas a Milei. Fíjate que los mayores críticos que suele tener la organización, muchos son los que han sido dadores de gobernabilidad a gobiernos que le han hecho mucho daño a la Argentina”.

  • En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

    En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

    En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

    Pese a que Cristina Kirchner se encuentra con prisión domiciliaria e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, en las últimas semanas comenzó a tomar forma el plan para que sea candidata a presidenta en 2027.

    Sin embargo, surgió un obstáculo inesperado para sus intenciones: fuentes del Partido Justicialista (PJ) informaron a Clarín que no habilitarán una eventual postulación de la exmandataria. “No es posible. Si se la habilitara, el partido sería intervenido por la Justicia”, explicaron desde el PJ.
    Cristina Kirchner fue titular del partido hasta junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con la sentencia firme, fue dada de baja del padrón electoral y quedó legalmente impedida de seguir al frente del PJ Nacional.
    Desde entonces, el vicepresidente primero del partido, el senador por Formosa José Mayans, está formalmente al frente del PJ. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, realizó averiguaciones para determinar quién tiene la firma en las decisiones del partido, lo que indica que la Justicia sigue de cerca la situación partidaria.
    La jueza María Servini, a cargo de ese tribunal, ya intervino el PJ Nacional en 2018 tras un amparo presentado por dirigentes gremiales que denunciaron el “estado de acefalía” del partido. Asimismo, en 2005 ordenó su normalización bajo argumentos similares. Estos antecedentes y el seguimiento judicial refuerzan el temor dentro del peronismo sobre una posible intervención si se permitiera la postulación de Cristina Kirchner en 2027.
    Según fuentes consultadas por Clarín, la ex presidenta ya fue informada de que su candidatura no contaría con habilitación partidaria. Desde el PJ aclararon que esta decisión no responde a diferencias internas ni a un apoyo explícito a Axel Kicillof en la pelea interna, sino que “obedece solo al peligro de que nos intervengan”.
    En ese contexto, surgió la inquietud sobre un posible uso político de esta inhabilitación: “¿Qué pasaría si Cristina presenta su candidatura e inmediatamente el sector de Axel la impugna por estar inhabilitada?”, se preguntaron en el partido. La confrontación podría escalar hasta un nivel tal que el kirchnerismo y el kicillofismo utilicen esta cuestión como argumento político.
    El plan de lanzar la candidatura de Cristina contemplaba dos aspectos. Por un lado, esperar a que la Justicia Electoral dictaminara que no puede ser candidata por la condena y denunciar inmediatamente una proscripción. En ese escenario, el candidato a vicepresidente, posiblemente el senador de La Cámpora Mariano Recalde, excompañero de colegio de Kicillof, quedaría como postulante principal.
    Por otro lado, esa eventual postulación tenía el propósito de condicionar a Kicillof en la disputa interna: si el gobernador no llegaba a un acuerdo con Cristina, Máximo Kirchner y ella, la ex mandataria amenazaría con competir para demostrar su poder electoral.
    Ya existen dirigentes peronistas que advierten públicamente que la ex presidenta no puede postularse. El ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, cercano a Kicillof, afirmó en un streaming: “¿Qué vas a ganar pidiendo a Cristina presidenta? Cristina no puede ser candidata, desgraciadamente. ¿Por qué no intenta ayudar a aquellos que sí pueden serlo?”.
    Por su parte, José Mayans, jefe de la bancada peronista en el Senado, reclamó públicamente “que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema”, dirigiéndose tanto a los Kirchner como a Kicillof. La senadora Juliana Di Tullio también manifestó su cansancio: “La discusión me tiene podrida”.
    En el peronismo aseguran que desde diversos sectores trabajan para bajar la tensión interna. Sin embargo, Kicillof ya dejó en claro que no visitará a Cristina Kirchner en San José 1111, argumentando que una visita suya sería utilizada para mostrarlo subordinado al cristinismo.

  • Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    La abogada de la ANSES informó al juzgado que, a partir del 1 de agosto, se reanudará el pago de la pensión asignada a Cristina Kirchner como ex Jefa de Estado, condenada por corrupción. Según el documento, al que accedió Clarín, el haber mensual bruto ascenderá a 15.683.154,06 pesos, de los cuales se descontarán las cargas legales correspondientes, como obra social e impuesto a las ganancias, cuando aplique. No obstante, el Gobierno aplicará dos descuentos adicionales.

    Cristina Kirchner cumple la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Además, enfrenta un pedido de decomiso por 685.000 millones de pesos en el marco del caso Vialidad.
    Tras judicializar la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspenderle la pensión por su condición de condenada por corrupción, Cristina Kirchner obtuvo una medida cautelar favorable que obligó a la ANSES a restituirle su pensión de más de 15,6 millones de pesos. Para referencia, en julio de este año, la jubilación mínima pagada por el organismo es de 411.898 pesos.
    Desde la Casa Rosada sostienen que a la ex presidenta “no le corresponde la percepción de la pensión de privilegio” al estar condenada por corrupción, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, ante la orden judicial, la ANSES aclaró que “está a derecho” y cumplirá con activar el beneficio para que Cristina Kirchner vuelva a cobrar a partir del 1 de agosto.
    En la nota enviada al juzgado, el organismo previsional precisó que, pese a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, dará cumplimiento a la medida cautelar y en agosto de 2026 restablecerá el beneficio que había sido dado de baja a finales de 2024, tras la confirmación de la condena por la Cámara de Casación.
    El restablecimiento de la pensión incluirá un descuento del 20% sobre el haber mensual, destinado a recuperar los fondos percibidos indebidamente durante la suspensión del beneficio. Además, el Gobierno decidió dos medidas adicionales: primero, la exclusión del pago del adicional por zona austral, dado que Cristina Kirchner cumple la condena en su domicilio porteño y no en dicha región. Segundo, se aplicará un descuento mensual de 3.136.630,81 pesos hasta alcanzar un total de 660.052.338,87 pesos correspondientes a montos pagados de forma indebida durante años.
    Según Clarín, desde finales de 2024, cuando ANSES retiró la pensión de privilegio tras la confirmación judicial de la condena, Cristina Kirchner podría haber accedido a la jubilación mínima, aunque nunca la solicitó.
    **A la espera de la Corte**
    El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ANSES, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema el 6 de mayo pasado, manifestando que agotará todas las instancias judiciales para impedir que la ex presidenta perciba estos beneficios, dado que está condenada por delitos contra la Administración Pública.
    Desde ANSES consideran que existen múltiples fundamentos legales para que la Corte confirme que Cristina Kirchner no debe ser beneficiada con un régimen especial de privilegio. Insisten en que resulta inaceptable que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama también una jubilación honorífica excepcional.
    La controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando el gobierno de Milei suspendió la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner luego de que la justicia ratificara su condena por corrupción. El monto que dejó de percibir en ese momento superaba los 21 millones de pesos mensuales.
    Esta situación desencadenó una batalla legal entre la ex presidenta y la ANSES por la recuperación del beneficio que, según la ley 24.018, se otorga de manera excepcional como reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño durante el ejercicio del cargo.

  • La justicia corrió a un perito que demoraba un informe clave para hacer el juicio de Hotesur-Los Sauces contra los Kirchner

    La justicia corrió a un perito que demoraba un informe clave para hacer el juicio de Hotesur-Los Sauces contra los Kirchner

    La justicia corrió a un perito que demoraba un informe clave para hacer el juicio de Hotesur-Los Sauces contra los Kirchner

    Tras reiteradas intimaciones desoídas, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, apartó a un perito que demoraba la finalización de una pericia contable clave para iniciar el juicio oral. En su lugar, se designaron peritos provenientes de la Corte Suprema y de un estudio especializado, quienes deberán determinar si existieron sobreprecios en los cánones de locación de hoteles y propiedades, entre otros aspectos. El informe debe ser entregado antes de la audiencia preliminar de septiembre, instancia en la que se organizará el desarrollo del debate. Este proceso judicial involucra los casos Hotesur y Los Sauces, dos empresas familiares cuyos principales clientes fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.

    A finales de 2024, tras múltiples apelaciones y dilaciones por parte de los acusados, la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados por la exvicepresidenta para evitar el juicio oral. Sin embargo, desde entonces, no se registraron avances significativos. El retraso se vincula a una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces, cuya realización fue solicitada por Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
    El expediente se centra en las empresas familiares Hotesur (hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por presunto lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la maniobra se concretó mediante la simulación de contratos de alquiler en los sectores hotelero e inmobiliario. Ambas compañías carecían de sedes comerciales. Un denominador común fue Lázaro Báez, quien actuaba como inquilino en la inmobiliaria y gestionaba la explotación de los hoteles, siendo vinculado por la acusación como una pieza clave para «devolver» a los ex presidentes parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas que sus empresas obtuvieron en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner y el propietario del Grupo Austral fueron condenados.
    Además del delito de lavado de dinero, se imputa el delito de dádivas, debido a que Cristina Kirchner, en su condición de funcionaria pública, mantuvo más de veinte operaciones comerciales con un empresario contratista del Estado durante el período investigado.
    En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado, pero se unificaron en la elevación a juicio oral. El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, es el tribunal encargado de llevar adelante el debate.
    La fiscalía, a cargo de Diego Velasco, solicitó en reiteradas ocasiones que se fije una fecha de inicio para el juicio. Sin embargo, el TOF 5 sostuvo que era necesario esperar a la finalización de las medidas de prueba en curso. Se encargaron dos pericias contables: la primera, ya entregada, concluyó que Hotesur operaba exclusivamente para recibir fondos de Lázaro Báez, quien gestionaba la firma hotelera mediante la empresa Valle Mitre. Esta última obtenía recursos únicamente de Austral Construcciones, que a su vez recibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.
    La segunda pericia, relativa a la inmobiliaria Los Sauces, aún no se ha completado. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, hubo cambios en los peritos asignados y se esperaba el informe final para el primer trimestre de este año, lo cual no ocurrió. Ante la falta de avances, el fiscal Velasco insistió en comenzar el debate, proponiendo incorporar el informe una vez concluido, tal como ocurrió en otros casos como Vialidad. No obstante, el tribunal mantuvo su postura y el proceso quedó estancado.
    Frente a esta situación, el presidente del TOF 5, José Michilini, removió al perito que sistemáticamente retrasaba la finalización de la pericia contable sobre Los Sauces. Ante la falta de respuesta a las múltiples intimaciones cursadas, el tribunal decidió designar a peritos contables de la Corte Suprema con un plazo determinado para la entrega del informe.
    La audiencia preliminar, fijada para el 4 de septiembre, resulta clave y es obligatoria para las defensas. Según fuentes cercanas al expediente, “la pericia estará finalizada antes de esa audiencia”. En esta instancia, se organizará el debate oral y público, definiendo su modalidad, el orden de las indagatorias y otros aspectos. Posteriormente, se confirmará la fecha de inicio del juicio, cuyo principal acusado es Cristina Kirchner, junto a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
    ### La conexión entre el caso Vialidad y Hotesur
    En función de los acuerdos comerciales entre Lázaro Báez, propietario del Grupo Austral, y la familia Kirchner, tanto el fiscal Velasco como Mario Villar –fiscal ante la Casación– consideraron que el lavado de activos no se limitó a Báez. Señalaron que en este expediente las operaciones de blanqueo buscaron dotar de apariencia lícita al dinero destinado a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur mediante contratos simulados y no necesarios.
    De esta manera, se vinculó el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado realizaba un primer pago que Báez utilizaba para lavar el dinero, pero en etapas posteriores el blanqueo era ejecutado por los destinatarios finales: Cristina Kirchner y su familia.
    La cronología indica que, desde 2009 hasta julio de 2013, Báez