La Argentina de las direcciones opuestas
La economía argentina no corre en dos velocidades, en realidad transita en dinámicas opuestas. Mientras una parte suma reservas comprando dólares y cumple con los objetivos oficiales, hay otra parte, como la industria, que se desploma.Ayer el Banco Central anunció la mayor compra de dólares en más de un año, tras adquirir US$ 281 millones. Hay más: desde el primero de enero, la autoridad monetaria sumó cerca de US$ 5.000 millones, una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que en menos de cuatro meses y luego de 62 jornadas de compra consecutiva, ya obtuvo el 50% de los dólares que había proyectado comprar para todo el año.De todos modos, las compras de dólares no se sumaron en su totalidad a las reservas. Si bien el stock de moneda extranjera supera los USD 45.000 millones, el Gobierno tuvo que utilizar buena parte de lo que compró en pagar los compromisos de vencimiento de deuda.Al mismo tiempo que el Central compra el dólar sigue bajando, o en términos técnicos, el peso se sigue apreciando. En lo que va del año, y con una inflación cercana al 9%, el dólar se compra a un 5% menos. Ayer, por ejemplo, cerró el minorista en $ 1.405.La industria nacional es la contracara de lo que está pasando en el mundo macro financiero. Ayer se conocieron los datos de febrero y marcaron una caída preocupante: 8,7% y representa una baja de 6% en el primer bimestre si se lo compara con igual período del año pasado.La caída más pronunciada se dio en el rubro textil que se desplomó 33,2% interanual, seguido por Maquinaria y equipo que bajó 29,4%, con un impacto mayor en las máquinas y tractores (37,7%) y Vehículos automotores con una caída del 24,6%.Hay otros números preocupantes. Alimentos y bebidas, el de mayor peso relativo en el Índice de Precios del Consumidor (IPC), cayó 6,9% y la producción de heladeras y lavarropas un 38%.La producción que si subió fue la vinculada al mundo petrolero y químico. De hecho, el gasoil escaló un 23,8% y las naftas un 10,8%, mientras que Sustancias y productos químicos trepó un 3,7%.En el Gobierno miran con preocupación los números de la micro, porque aunque “se acomode la macro”, el bolsillo sigue sufriendo y se nota en la producción y en el consumo, más allá de los productos importados que se venden en las góndolas argentinas y de las compras también importadas vía internet o directas de turistas en el exterior.Sin embargo, los datos de la producción industrial y la caída de los empleos en el sector (la Unión Industrial Argentina sostiene que se pierden alrededor de 1.500 puestos de trabajo por mes en el rubro), contrastan con la caída de la pobreza que es uno de los mayores logros que muestra la gestión Milei. El último dato oficial indicó que hay que remontarse a 2018 para encontrar números de pobreza similares a los del período cerrado en diciembre de 2025.
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La Argentina de las direcciones opuestas
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Acuerdo entre las empresas de colectivos y el Gobierno: dicen que en los próximos días habrá más servicios y se reducirán las demoras
Acuerdo entre las empresas de colectivos y el Gobierno: dicen que en los próximos días habrá más servicios y se reducirán las demoras
Desde las primeras horas del día, las estaciones clave como Retiro, Constitución y Once, así como las paradas intermedias en los principales corredores, se llenaron de filas largas y rostros que reflejaban frustración e impotencia. Al mediodía llegó una noticia positiva. Tras la reunión con el Gobierno, desde las cámaras empresarias afirmaron que hubo un principio de acuerdo que implica que el gobierno comenzará a pagar parte de la deuda de subsidios y eso permitirá ir normalizando los servicios en los próximos días. Al recorte, que comenzó la semana pasada, se sumó este jueves un quite de colaboración de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que afecta más todavía a algunas líneas.Luciano Fusaro, titular de AAETA, una de las cámaras empresarias que participaron del encuentro, afirmó que en el encuentro con Transporte se acordó que el Gobierno comenzará a liquidar parte de la deuda entre hoy y los próximos días, y que esto les permitirá a las líneas de colectivos contar con recursos para comprar gasoil e ir incrementando los servicios hasta la normalización. Según Fusaro, esto ocurrirá en las «próximas 48 a 72 horas» y el martes próximo habrá una nueva reunión en la que se seguirá debatiendo la política de subsidios y qué puede hacerse para evitar conflictos como el que se suscitó a partir del aumento del litro de gasoil, que pasó de $ 1.600 a $ 2.100, en promedio, por la crisis bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. «Hoy andan 12.000 colectivos. Faltan colectivos en la calle. Es difícil trasladar todo a tarifa porque el poder adquisitivo de gante está complicado», dijo Fusaro, y agregó: «Lo que vamos a tratar de hacer a partir del pago de la deuda es ir sumando servicios para que se vaya normalizando el servicio».Respecto al encuentro con el Gobierno, analizó que se reconoció la deuda y el compromiso estatal de que se irán normalizando los pagos. «Quedó para conservar la próxima semana cómo vamos a ir normalizando la diferencia del precio del gasoil», ya que el Gobierno sigue reconociendo el valor de $ 1.700. «La gente va a ir notando mejoras en el servicio día a día, no es inmediato. El sistema viene mal, y cuando pasa algo así como la disparada del precio del gasoil, se complica como ahora. Hay voluntad y esfuerzos. Pero no sabemos si va a haber aumento de tarifas o qué solución se puede encontrar para resolver el conflicto. Eso se seguirá charlando la semana próxima».»Se definió la realización de una mesa técnica el próximo martes por la mañana, orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio efi ciente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática», expresaron desde la secretaría de Transporte, a través de un comunicado, y agregaron: «El objetivo es consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas».El drama, para los trabajadores que tienen que viajar, se vive en primera persona en cada parada. Mónica, una usuaria habitual de una línea que viene desde el sur del GBA, expresó su indignación: “Estoy llegando tarde al trabajo. Hoy no funciona el colectivo que tengo que tomar, y tuve que esperar otro. Es un caos”. Su testimonio es el reflejo de la incertidumbre que reina entre quienes dependen exclusivamente de este medio de transporte.Incluso para aquellos que logran encontrar un colectivo, el viaje es una odisea. Germán, quien se dirige a su empleo y toma habitualmente la línea 100, relató: «Estoy esperando hace 20 minutos, dicen que hay menos frecuencias y cuando llega un colectivo viene explotado». Su conclusión es demoledora: «Se está haciendo difícil moverse».La problemática no distingue entre trabajadores y estudiantes, ni distancias. Laura, que viene desde Monte Grande y ya se había tomado un tren, esperaba hacía treinta minutos para ir a la Facultad de Psicología. «Salí más temprano… Nos afecta a todos. Me desperté a las seis de la mañana», compartió, evidenciando el desgaste que implica la odisea de movilizarse en un día de paro, especialmente para quienes provienen del conurbano.Lo mismo le sucede a Carlos, quien se dirige a Palermo. Pese a haber anticipado el conflicto, la realidad lo superó. «Tengo que llegar a las 9, pero estoy atrasado. Es todo un tema. Y mirá que también me desperté más temprano porque sabía que iba a haber pocos colectivos», comentó, sumándose a la ola de frustración generalizada.La raíz del caos radica en un profundo conflicto entre las empresas y el gobierno, al que sumó la UTA. Desde las 10.30 de este jueves se hacía una reunión en Transporte, con el fin de destrabajar el conflicto. -
Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados
Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para los cuerpos de hielo y del ambiente periglaciar en la Argentina. El cambio fue impulsado por el Gobierno y reclamado por gobernadores de provincias con interés en el desarrollo minero, y reabre la discusión sobre el equilibrio entre protección ambiental, manejo del agua e inversiones.La votación terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y aprobó una modificación de la ley 26.639 que redefine las áreas protegidas y las zonas habilitadas para la explotación minera.Qué es la Ley de GlaciaresLa Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010 como ley 26.639, fijó presupuestos para preservar glaciares y ambiente periglaciar. La norma fue creada para proteger esas áreas por su importancia para el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.Las 8 claves de la reforma1. Qué se aprobó en DiputadosDiputados aprobó la reforma de la ley 26.639, que ya tenía media sanción del Senado. El oficialismo consiguió sacar adelante el cambio con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.Hubo protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares durante el tratamiento en el Congreso.2. La protección deja de ser tan amplia como en la ley originalEl cambio central es que la protección estricta deja de abarcar de manera amplia a glaciares y ambiente periglaciar y pasa a concentrarse en aquellas formaciones que tengan una función hídrica efectiva y en zonas con suelos congelados que funcionen como reguladores hídricos comprobables.3. Las provincias ganan más poderUno de los puntos centrales de la reforma es que los gobernadores tendrán la facultad para determinar si las zonas destinadas a la explotación minera aportan al recurso hídrico. Ese cambio fue reclamado por provincias con mayor interés en el desarrollo minero.4. Se habilita un nuevo criterio para la minería en zonas periglaciaresCon la reforma, se autoriza a las provincias a realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no sean proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Allí aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión.5. En las áreas protegidas, las prohibiciones siguenEn las áreas identificadas se mantienen prohibidas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias u obras industriales, la dispersión de contaminantes y la construcción de obras, salvo para investigación científica o prevención de riesgos.6. El IANIGLA seguirá a cargo del inventarioLa reforma modifica el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares. La tarea seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que deberá actualizarlo al menos cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación. El informe se elaborará con información que aporten las provincias.7. La evaluación ambiental pasa a ser claveLa nueva ley establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Además, las provincias serán las encargadas de determinar qué actividades impliquen una “alteración relevante”. La reforma también incorpora el principio precautorio.8. La reforma podría abrir cuestionamientos judicialesLey de glaciares en Diputados: la reforma da más poder a las provincias para definir áreas alcanzadas por la protección.Quienes defendieron la modificación sostienen que busca destrabar proyectos mineros y ordenar la normativa con mayor participación provincial. Del otro lado, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advirtieron sobre el impacto que podría tener sobre cuencas hídricas y reservas estratégicas de agua. El nuevo texto, además, podría abrir cuestionamientos judiciales por la tensión entre el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, y el artículo 41, que fija la obligación de la Nación de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. -
Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba
Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba
Tras 10 horas de debates, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Gobierno logró aprobar la modificación a la ley de Glaciares (la 26.639, de 2010), un proyecto impulsado por los gobernadores de las provincias mineras, con grandes reservas de cobre y litio, para ganar flexibilidad en el manejo de las zonas periglaciares y habilitar la explotación de metales en ciertas zonas críticas, lo que antes estaba prohibido.La norma era esperada por las empresas, que rápidamente salieron a celebrarla como «una señal positiva para el futuro productivo de la Argentina» que permitirá «destrabar inversiones relevantes».Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) dijeron que «se trata de un avance para incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales, al tiempo que impulsa el fortalecimiento de la cadena federal de proveedores mineros».Según su mirada, la actualización normativa permite establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control. «Esto contribuye a despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, manteniendo la protección de los recursos hídricos», agregaron en CAEM. La entidad valoró el respaldo político amplio y diverso de la norma.Las provincias más beneficiadas serán Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza.En sus territorios hay más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares que están registrados en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Hasta ahora, en esas zonas estaba prohibida la explotación minera. Pero la reforma establece que solo van a quedar bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.Y serán las provincias (ya no la Nación) las que deberán elaborar el inventario de los glaciares a ser protegidos. Así, algunas zonas periglaciares que hoy tienen protección podrán ser redefinidas como formaciones que no cumplen una función hídrica relevante.El IANIGLA deberá actualizar el inventario nacional de glaciares cada cinco años, pero utilizando los datos provistos por cada provincia.Como la Ley de Glaciares de 2010 nunca terminó de ser reglamentada por completo, había inversiones, principalmente ligadas al cobre, que esperaban una normativa más clara para avanzar. Se estima que son unos US$ 40.000 millones, que podrían generar exportaciones que se podrían quintuplicar en una década.165 mil millones de dólares de exportaciones hasta el 2035.Miles puestos de trabajo. Provincias que cambiarán para siempre. https://t.co/7PSiHW7F0T— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 9, 2026Según las estimaciones del ministro de Economía Luis Caputo, que este jueves escribió en la red social X celebrando la aprobación del Congreso, sería unos US$ 165.000 millones de despachos al exterior hasta 2035.Hay «provincias que cambiarán para siempre», cree el funcionario.Solamente en cobre, los principales proyectos prometen inversiones por casi 40.000 millones de dólares, la mayoría durante los próximos 10 años:
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El maíz consolida su récord: aumentan en 5 millones de toneladas la estimación de producción y se alcanzarían las 67 millones de toneladas
El maíz consolida su récord: aumentan en 5 millones de toneladas la estimación de producción y se alcanzarían las 67 millones de toneladas
La campaña gruesa de granos se apresta a obtener resultados históricos y el maíz es una de los grandes responsables de que eso suceda.Si bien en algunos momentos la falta de agua puso en duda su progreso, las lluvias de las últimas semanas terminaron de darle forma a lo que podría ser una cosecha histórica.En base a esto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) actualizó su estimación de producción a nivel nacional en 5 millones de toneladas respecto a las previsiones de marzo y elevó la proyección de cosecha a 67 millones de toneladas, un récord absoluto.Pero no solo a las lluvias se debe esta actualización en el volumen esperado, sino también a un relevamiento mayor de hectáreas sembradas. Según la BCR, “se implantó mucho más maíz del que se pensaba, sumándose 420.000 hectáreas al guarismo de abril”, lo que por sí solo suma al guarismo unas 4 millones de toneladas.No obstante, los buenos resultados que se vienen registrando a medida que avanza la cosecha del maíz temprano en el centro del país agregan un millón de toneladas más respecto a marzo. Y ahí sí que las lluvias tuvieron que ver.“Estamos en un claro ciclo positivo con respecto a los acumulados de lluvias. La primera semana de abril dejó 96 mm en promedio en la red de estaciones GEA/BCR, la que está ubicada en la región núcleo. La media histórica para la primera semana está entre 20 y 30 mm, por lo que las lluvias caídas dejaron prácticamente 4 veces ese volumen”, sostuvo el informe.Teniendo en cuenta estas actualizaciones, la entidad bursátil rosarina incrementó hasta las 10,2 millones de hectáreas el área sembrada con el cereal, de las cuales 8,5 millones tendrían como destino la producción de grano comercial, el cual podría alcanzar las 67 millones de toneladas, un 34% más que el ciclo pasado y un 28% más que en su anterior récord, 52,5 millones de toneladas hace dos años.Justamente, en la campaña 2023/24 se sembró incluso más superficie con maíz, pero el daño por sequía y el virus del spiroplasma trasmitido por la chicharrita diezmaron el potencial productivo.“En esta campaña, Argentina está transcurriendo el ciclo evolutivo del cereal con la falta de noticias sobre daños de consideración causados por el spiroplasma, cuando hace dos años atrás la enfermedad explotaba”, indicó la BCR.Para lo bolsa rosarina, “el trabajo de técnicos en investigación, el monitoreo constante que han realizado y la gran inversión realizada en el norte del país incorporando materiales de mayor resistencia y las aplicaciones y el gran cuidado puesto sobre todo en el inicio del cultivo, a lo largo de sus fases vegetativas, ha sido solo una pequeña parte del enorme esfuerzo que ha realizado el sector para alcanzar este logro”.Respecto al avance de la cosecha, ya se recolectó el 23% del área sembrada, con resultados que si bien están dentro de lo calculado, hay algunas mejoras. En la región central, con el 67% cosechado, mejores rindes permitieron ajustes que repercutieron en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, a las que se les suman también mayores expectativas en maíces tardíos.Además, se ajustó al alza la provincia de Santiago del Estero y hay cambios en otras provincias el área de siembra que impactan positivamente en el volumen que se espera producir. En la provincia de Buenos Aires se han sumado 120.000 ha, en Santa Fe 190.000, y en Córdoba 100.000”, completó la BCR. -
El Gobierno negocia una solución a la deuda millonaria con el PAMI y las clínicas
El Gobierno negocia una solución a la deuda millonaria con el PAMI y las clínicas
El Gobierno avanzó en negociaciones internas para destrabar la crisis financiera que sacude al PAMI y la deuda que mantiene el organismo con las clínicas, sanatorios y hospitales privados que le brindan servicios a los afiliados. Las reuniones tuvieron lugar este miércoles en la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (INSSJP) y en el Ministerio de Economía.La obra social más grande de América Latina con 5.405.216 de afiliados (incluyendo los veteranos de Malvinas) atraviesa un conflicto de envergadura producto de los fondos que le debe el Tesoro nacional al Ministerio de Salud y la demora en los pagos que empezaron a denunciar los prestadores privado,. Esto llevó a algunos de ellos a restringir los servicios o a exigir un aumento en los copagos a los pacientes.En medio de estas tensiones, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, recibió este miércoles a las 15 a las cámaras que nuclean a las clínicas, sanatorios y hospitales privados (Adecra, Fecliba, Confeclisa, Salud Federal y Capres) y acordó aguardar novedades de cara a una próxima reunión que mantendrá el viernes el ministro de Economía Luis Caputo con su par de Salud, Mario Lugones. Durante el encuentro, que se extendió por dos horas, las autoridades del organismo no brindaron definiciones sobre el reclamo de actualización de los aranceles. Tampoco sobre los cambios en el sistema de prestaciones ambulatorias. «Nosotros planteamos nuestra problemática y ellos los problemas económicos que atraviesa el PAMI», dijo una fuente al tanto de las conversaciones.Luego, a las 17, el equipo de Luis Caputo recibió a los técnicos de Lugones en el Palacio de Hacienda, donde se analizó la crítica situación del PAMI, según pudo saber Clarín. «Se reunieron los equipos técnicos de ambos ministerios. Fue una reunión muy productiva en la cual se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda», dijeron en Economía.Según datos del PAMI, el instituto contó el año pasado con un presupuesto de $ 8,85 billones. De ese total, el 80% correspondió a recursos operativos y el 20% a los Aportes del Tesoro Nacional. Pero algunos programas tuvieron subejecuciones o directamente no se ejecutaron, como es el caso del desarrollo de prestadores sanitarios. Este rubro tenía un presupuesto de $ 1.500 millones y un crédito asignado de $ 500 millones, pero se ejecutó un 0%.Como consecuencia, los institutos de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires no cobraron en marzo los contratos correspondientes por atender a los afiliados del PAMI debido a la falta de fondos del organismo. «Hay un desfinanciamiento del PAMI desde que desapareció el impuesto PAIS, la recaudación de ANSES ha disminuido también y Economía restringe los gastos», explicaron en otro agrupamiento empresario.En el sector privado, estiman que Caputo le debe al PAMI unos US$ 1.000 millones, el equivalente a $ 1,40 billones o casi el 14% del presupuesto del organismo para 2026 ($ 10,17 billones). Si bien el instituto se vio afectado por la caída de la recaudación nacional (además de los recursos propios se financia con aportes de jubilados y trabajadores activos), la lectura es que el principal motivo del desfinanciamiento es político.»Los quilombos internos del gobierno están teniendo repercusiones en el giro de fondos de Toto al ministerio de Salud y PAMI, hay una situación parecida con discapacidad: no están mandando partidas que ya estaban asignadas, no tiene que ver con lógica de recaudación, no lo mandan porque pisan los fondos, e incluso le deben guita desde el año pasado, es la interna política», señalaron desde una de las cámaras.El ministro de Salud fue fundador de la Fundación Sanatorio Güemes y es cercano a Santiago Caputo. Su hijo Rodrigo Lugones fue socio y jefe del asesor presidencial en la consultora MOVE. Pero Economía viene avanzando sobre la caja de PAMI, sobre la cual también tendría influencia Karina Milei. «En la gestión previa se rifaban todo en sobresueldos, el PAMI tiene que ordenar sus finanzas y una forma de hacerlo es retirándole transferencias, es una decisión política», señalaron en un despacho oficial. -
Siguen la protesta de empresas de colectivos y los problemas para viajar: cuáles son las líneas afectadas y qué reclaman
Siguen la protesta de empresas de colectivos y los problemas para viajar: cuáles son las líneas afectadas y qué reclaman
Las largas colas y las demoras para viajar seguían en los centros de trasbordo de la Ciudad y el Gran Buenos Aires este miércoles por la mañana. Aunque se produjo el pago parcial de los subsidios a las empresas, las líneas de AMBA, es decir las que cruzan de Ciudad a Provincia, y las provinciales, seguían funcionando con menos servicios y frecuencias.Desde el sector empresario confirmaron que, si bien el pago parcial de los subsidios trajo algo de alivio en las últimas horas, «la situación de fondo sigue sin resolverse». Y explicaron que aún no está resuelto el problema del financiamiento del sistema.Entre las líneas que prestan servicios reducidos están: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.Según se informó desde el Gobierno, la Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos. Sin embargo, la protesta se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.Fuentes del Gobierno nacional aseguraron que hoy se cumplirá con el pago de los subsidios y esperan que se levante la protesta. Además, agregaron que el jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector.El titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, afirmó que «el sistema de transporte está colapsado» y reclamó por pagos de subsidios atrasados. Desde las cámaras aseguran que la deuda complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.“A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible, que subió 700 pesos en 15 días”, expresó el empresario en declaraciones periodísticas.Desde las cámaras empresarias aseguran que hay un desfasaje desde 2024, cuando el esquema del transporte de colectivos se dividió en tres jurisdicciones: Nación, Ciudad y Provincia. Las 28 líneas porteñas no están afectadas por las protestas.Además, sostienen que la deuda viene desde el último cuatrimestre del año 2025, a lo que se suman saldos impagos de «febrero, marzo y el adelanto de abril».Pasciuto denunció ante los medios una «falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia» en el manejo de las partidas presupuestarias. Explicó que el Gobierno nacional se comprometió a acreditar los fondos durante esta semana, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta «el lunes que viene», superando el plazo legal del cuarto día hábil. Además, sumó que hay deudas del Estado por la diferencia de las tarifas sociales.»La tarifa y los subsidios fueron calculados en base a un gasoil de $ 1.600 el litro, y ahora cuesta $ 2.150″, explicó Luciano Fusaro, presidente de AAETA, otra de las cámaras empresarias, y agregó: «El transporte está en crisis desde hace muchos años, y cuando llegamos a estas situaciones es la tormenta perfecta»»Necesitamos un anticipo de subsidios para salir del paso y poner al día las deudas. El subsidio es el 63% de nuestros ingresos. Y después ver qué nivel de tarifas necesitamos para sostener los servicios. Hay que tener una política tarifara que lleve el boleto a lo que realmente cuesta y después subsidiar al que lo necesita», dijo el empresario. -
“Siempre nos perjudican a los trabajadores»: demoras y protestas de pasajeros por la medida de las empresas de colectivos de quitar servicios
“Siempre nos perjudican a los trabajadores»: demoras y protestas de pasajeros por la medida de las empresas de colectivos de quitar servicios
“El 28 viene con demora”, grita un inspector ante la mirada agotada de los pasajeros que esperan bajo la llovizna.Las interminables filas de gente en las paradas de colectivos son un escenario que se hace cada vez más frecuente frente a la estación de Constitución. Desde jóvenes hasta personas mayores, todos se ven afectados ante la baja frecuencia de colectivos.Ante el aumento de costos por la suba del 25% del combustible y la falta de actualización de subsidios, las cámaras empresarias de las líneas de colectivos del AMBA tomaron la decisión de reducir las unidades hasta un 30%.Desde las empresas de transporte declararon que no reciben ninguna respuesta por parte de las autoridades nacionales y provinciales frente a esta situación crítica.Al tratarse de líneas que involucran recorridos entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, son muchos los usuarios perjudicados por esta medida. Por ahora, el reclamo no afecta a las 28 líneas que solo circulan dentro de la Ciudad. Ese es el caso de Fernanda, quien toma tres colectivos de ida para llegar a su trabajo como empleada pública en Plaza de Mayo y otros tres para volver a su casa en San Vicente, ayer tardó cerca de dos horas y media en su vuelta.Si llega a atrasarse el transporte, confiesa que no tiene un plan B en cuanto a su movilidad, ya que “todo está en la misma y esto va a seguir así si no hay una solución”.Ante este panorama, se encuentra preocupada al no tener certeza de ningún horario para organizar su día. “Siempre los trabajadores somos los afectados y los que más se llevan son los dueños de las empresas y más, en este caso Dota, que es la más poderosa del país”, expresa y agrega con un dejo de resignación: “Tienen que pensar en la gente”.Mercedes es trabajadora social y viaja todas las semanas en el 168, el 4 o el 133. Nota fuertemente la demora de los colectivos, en especial del 168, el cuál muchas veces tiene media hora de espera.Aunque, más allá de los inconvenientes, reconoce que es una lucha entendible. “Es necesaria, lamentablemente la terminemos pagando nosotros como pasajeros, pero es un conflicto que viene hace bastante cada vez que aumenta el gasoil y siempre quedan desparejos los sueldos. Tiene que regularizarse”, explica la mujer.Pasan los minutos, sigue la lluvia y los colectivos aún no aparecieron. Las filas se vuelven cada vez más largas. Algunas empresas entregan fichas a cambio del pago del boleto antes de subir, para agilizar el despacho de los servicios. Jorge espera hace más de 20 minutos. Su rutina de trabajo dentro de la construcción implica viajar en dos colectivos y un tren, el cual hoy también tuvo un atraso de media hora. Su trayecto incluye las localidades de González Catán, Pompeya y Constitución.Las demoras en el transporte lo perjudican, porque pierde todo premio o reconocimiento en su empleo. Tampoco tiene otras alternativas para arribar a tiempo. “Está todo mal, uno paga más y viaja peor”, se queja.A diferencia de Fernanda, Mercedes y Jorge, Leandro decidió pedir un Uber luego de esperar más de 15 minutos. “Hoy tengo una reunión importante y veo que todavía esto sigue para rato”, cuenta el joven que se dirige a microcentro. Para él es aceptable que las empresas de colectivos tomen esta decisión ante los aumentos, “es entendible, obvio que repercute porque uno llega tarde al laburo, pero bueno mañana iré en subte”.María García es usuaria cotidiana de las líneas 59 y 63 para las dos veces que tiene que ir a trabajar. En caso de que no funcione ninguno de los dos, opta por el taxi, ya que su oficina está en un barrio complicado para llegar. “Me parece que lo de hoy es una medida de fuerza política, no sé si tiene tanta relación con el aumento del gasoil en sí. Considero que hay otras herramientas que se pueden utilizar y no complicar a toda la población”, declara.Si no hay una respuesta oficial en las próximas horas, las empresas de colectivos advirtieron que la medida podría escalar. Al no haber fondos, peligran los pagos de salarios, podría haber más recortes, interrupciones o el sistema podría entrar en una situación de mayor tensión. Y está una interrupción total de los servicios, según los empresarios. Mientras tanto, cientos de pasajeros continúan a la espera de una solución que los respalde.*Maestría Clarín/Universidad de San Andrés -
Proponen que los estudiantes entrerrianos conozcan las áreas naturales protegidas de la provincia – El Miércoles Digital
Proponen que los estudiantes entrerrianos conozcan las áreas naturales protegidas de la provincia – El Miércoles Digital
La iniciativa busca fortalecer la educación ambiental y democratizar el acceso al patrimonio natural.
La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR-JxER), presentó un proyecto de Ley para crear un programa que garantice visitas educativas gratuitas a parques y reservas en Entre Ríos.
El objetivo es que cada estudiante de Entre Ríos realice al menos una visita educativa a un área natural protegida durante su trayectoria escolar obligatoria, con la institucionalizacion del Programa Provincial de Visitas Educativas a Áreas Naturales Protegidas.
Propone un marco normativo para que el contacto directo con la naturaleza sea una herramienta pedagógica central en la formación de niños, niñas y adolescentes.
«Buscamos asegurar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica, puedan acceder a estas experiencias formativas», se destaca en los fundamentos del proyecto.
Puntos claves
El ingreso a las áreas naturales protegidas será gratuito para estudiantes, docentes y acompañantes de establecimientos públicos y privados de todos los niveles y modalidades, incluyendo educación especial y rural.
Se contempla un subsidio provincial para cubrir total o parcialmente los costos de traslado, priorizando a las escuelas rurales, de contextos vulnerables o aquellas que no hayan realizado visitas recientemente.El programa fomenta actividades que prescindan del uso de dispositivos tecnológicos para fortalecer la atención plena, el vínculo con el ambiente y el bienestar emocional de los alumnos.El Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Ambiente trabajarán de forma conjunta para coordinar calendarios, capacitar docentes y proveer guardaparques y guías especializados.
El proyecto se fundamenta en el invaluable sistema de áreas protegidas de la provincia, que incluye sitios como el Parque Escolar Rural «Enrique Berduc», el Parque Natural Provincial «Islas y Canales Verdes del Río Uruguay» y diversas reservas municipales y Sitios Ramsar.
La diputada Lena consideró que estas visitas «permiten un aprendizaje vivencial», que ayuda a comprender de forma práctica la biodiversidad y los procesos ecológicos.
Además, se prevé la implementación gradual del programa en un plazo de tres años para garantizar la adecuación de la infraestructura y la preservación de los ecosistemas.
En los fundamentos la diputada Lena detalla los motivos pedagógicos, sociales y ambientales que justifican la creación de este programa.
Fuente: Prensa de la diputada Lena.
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