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  • Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    El debate tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados donde 137 legisladores votaron a favor, 111 en contra y solo 3 se abstuvieron.
    La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.
    Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
    Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.
    La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.
    Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.
    Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.
    En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.
    Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
    Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares
    Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
    Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”.
    Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
    Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
    Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley.
    Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°.
    En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
    Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
    Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
    Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.Fuente:Infobae.

     
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  • Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones: cinco entrerrianos acompañaron la polémica iniciativa: Shneider (UCR), Fregonese (PRO), Morchio (La Libertad Avanza), Benedit (La Libertad Avanza) y Laumann (La Libertad Avanza), mientras que los cuatro de Unión por la Patria la rechazaron: Bordet, Marclay, Michel y Osuna lo hicieron en contra.
     
    En una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
    La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios en los criterios de protección ambiental con el objetivo de habilitar mayores posibilidades de desarrollo productivo, especialmente en el sector minero.
    En ese marco, los nueve representantes de Entre Ríos en la Cámara Baja exhibieron una postura dividida, con una clara alineación según los bloques políticos.
    Por un lado, acompañaron el proyecto Beltrán Benedit, Alicia Fregonese, Andrés Ariel Laumann, Francisco Morchio y Darío Schneider, en sintonía con el oficialismo nacional y sus aliados.
    En tanto, votaron en contra Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna, quienes integran el bloque Unión por la Patria.
    De este modo, la mayoría de los legisladores entrerrianos respaldó la reforma impulsada por el Gobierno nacional, mientras que el peronismo provincial se mantuvo unido en el rechazo.
    La nueva normativa modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, e introduce una redefinición de las áreas protegidas al limitar la cobertura a glaciares y zonas periglaciares que presenten una “función hídrica comprobada o relevante”.
    Este cambio habilita potencialmente actividades en sectores que anteriormente estaban alcanzados por mayores restricciones.
    Desde el Ejecutivo nacional sostienen que los cambios apuntan a brindar mayor seguridad jurídica, evitar interpretaciones discrecionales de la ley y fomentar inversiones, particularmente en el sector minero. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible retroceso en materia de protección de recursos estratégicos como el agua.

     
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  • Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para los cuerpos de hielo y del ambiente periglaciar en la Argentina. El cambio fue impulsado por el Gobierno y reclamado por gobernadores de provincias con interés en el desarrollo minero, y reabre la discusión sobre el equilibrio entre protección ambiental, manejo del agua e inversiones.La votación terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y aprobó una modificación de la ley 26.639 que redefine las áreas protegidas y las zonas habilitadas para la explotación minera.Qué es la Ley de GlaciaresLa Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010 como ley 26.639, fijó presupuestos para preservar glaciares y ambiente periglaciar. La norma fue creada para proteger esas áreas por su importancia para el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.Las 8 claves de la reforma1. Qué se aprobó en DiputadosDiputados aprobó la reforma de la ley 26.639, que ya tenía media sanción del Senado. El oficialismo consiguió sacar adelante el cambio con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.Hubo protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares durante el tratamiento en el Congreso.2. La protección deja de ser tan amplia como en la ley originalEl cambio central es que la protección estricta deja de abarcar de manera amplia a glaciares y ambiente periglaciar y pasa a concentrarse en aquellas formaciones que tengan una función hídrica efectiva y en zonas con suelos congelados que funcionen como reguladores hídricos comprobables.3. Las provincias ganan más poderUno de los puntos centrales de la reforma es que los gobernadores tendrán la facultad para determinar si las zonas destinadas a la explotación minera aportan al recurso hídrico. Ese cambio fue reclamado por provincias con mayor interés en el desarrollo minero.4. Se habilita un nuevo criterio para la minería en zonas periglaciaresCon la reforma, se autoriza a las provincias a realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no sean proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Allí aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión.5. En las áreas protegidas, las prohibiciones siguenEn las áreas identificadas se mantienen prohibidas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias u obras industriales, la dispersión de contaminantes y la construcción de obras, salvo para investigación científica o prevención de riesgos.6. El IANIGLA seguirá a cargo del inventarioLa reforma modifica el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares. La tarea seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que deberá actualizarlo al menos cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación. El informe se elaborará con información que aporten las provincias.7. La evaluación ambiental pasa a ser claveLa nueva ley establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Además, las provincias serán las encargadas de determinar qué actividades impliquen una “alteración relevante”. La reforma también incorpora el principio precautorio.8. La reforma podría abrir cuestionamientos judicialesLey de glaciares en Diputados: la reforma da más poder a las provincias para definir áreas alcanzadas por la protección.Quienes defendieron la modificación sostienen que busca destrabar proyectos mineros y ordenar la normativa con mayor participación provincial. Del otro lado, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advirtieron sobre el impacto que podría tener sobre cuencas hídricas y reservas estratégicas de agua. El nuevo texto, además, podría abrir cuestionamientos judiciales por la tensión entre el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, y el artículo 41, que fija la obligación de la Nación de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.

  • Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

    Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

    Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

    Tras 10 horas de debates, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Gobierno logró aprobar la modificación a la ley de Glaciares (la 26.639, de 2010), un proyecto impulsado por los gobernadores de las provincias mineras, con grandes reservas de cobre y litio, para ganar flexibilidad en el manejo de las zonas periglaciares y habilitar la explotación de metales en ciertas zonas críticas, lo que antes estaba prohibido.La norma era esperada por las empresas, que rápidamente salieron a celebrarla como «una señal positiva para el futuro productivo de la Argentina» que permitirá «destrabar inversiones relevantes».Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) dijeron que «se trata de un avance para incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales, al tiempo que impulsa el fortalecimiento de la cadena federal de proveedores mineros».Según su mirada, la actualización normativa permite establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control. «Esto contribuye a despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, manteniendo la protección de los recursos hídricos», agregaron en CAEM. La entidad valoró el respaldo político amplio y diverso de la norma.Las provincias más beneficiadas serán Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza.En sus territorios hay más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares que están registrados en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Hasta ahora, en esas zonas estaba prohibida la explotación minera. Pero la reforma establece que solo van a quedar bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.Y serán las provincias (ya no la Nación) las que deberán elaborar el inventario de los glaciares a ser protegidos. Así, algunas zonas periglaciares que hoy tienen protección podrán ser redefinidas como formaciones que no cumplen una función hídrica relevante.El IANIGLA deberá actualizar el inventario nacional de glaciares cada cinco años, pero utilizando los datos provistos por cada provincia.Como la Ley de Glaciares de 2010 nunca terminó de ser reglamentada por completo, había inversiones, principalmente ligadas al cobre, que esperaban una normativa más clara para avanzar. Se estima que son unos US$ 40.000 millones, que podrían generar exportaciones que se podrían quintuplicar en una década.165 mil millones de dólares de exportaciones hasta el 2035.Miles puestos de trabajo. Provincias que cambiarán para siempre. https://t.co/7PSiHW7F0T— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 9, 2026

    Según las estimaciones del ministro de Economía Luis Caputo, que este jueves escribió en la red social X celebrando la aprobación del Congreso, sería unos US$ 165.000 millones de despachos al exterior hasta 2035.Hay «provincias que cambiarán para siempre», cree el funcionario.Solamente en cobre, los principales proyectos prometen inversiones por casi 40.000 millones de dólares, la mayoría durante los próximos 10 años:

  • Cómo es el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

    Cómo es el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

    Cómo es el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

    Cuando se aprobó, en 2010, la Ley de Salud Mental planteaba un enfoque innovador. Sin embargo, más de 15 años después, su implementación tuvo complicaciones que derivaron en serias críticas incluso de familiares de pacientes.Ahora, el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental, explicó, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y para “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentando retomar la agenda de gestión en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas. Fue luego de una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones. El proyecto lo impulsa justamente el Ministerio de Salud, que relevó, se informó, “aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”. Según pudo saber Clarín, se presentará «en breve» para su recorrido legislativo.Según se señaló, uno de los principales problemas que se detectó es la falta de aplicación homogénea en el país: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente; de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que “genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos”.Uno de los cambios es importante es que se reemplazará el término “padecimiento mental” para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.También se buscará un nuevo enfoque sobre el riesgo para reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.En este punto, el proyecto enfatiza que “la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida. En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia”.La ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales, pero el proyecto señala que este modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad. “Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada”, dijeron desde el Gobierno y señalaron que hubo “episodios graves en hospitales generales como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, que reflejan estas limitaciones en casos complejos”.Y remarcaron que “en lugar de cerrar instituciones, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas”.

  • Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    El diputado nacional por el PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó hoy un proyecto de ley para restablecer el uso de las “franjas adyacentes” a las rutas nacionales para su explotación agrícola o siembra de pasturas.Según indica el escrito elaborado por Sánchez Wrba y que lleva la firma de 10 legisladores de dicha fuerza política, el objeto de la ley es “habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona de camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad establecidas por la normativa vigente”.En su cuenta oficial de X, el funcionario legislativo, se busca “volver a habilitar el uso productivo de las banquinas ociosas de las rutas nacionales”, a partir de “dejar sin efecto la resolución que el kirchnerismo dictó en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, que de manera arbitraria dio de baja los convenios y prohibió la explotación de estas parcelas”.“Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace”, completó en la red social.El proyecto establece que se otorguen “permisos de uso precario y oneroso para la siembra, cultivo y cosecha de cereales, oleaginosas y pasturas”, en donde los propietarios frentistas, arrendatarios o explotadores de los inmuebles linderos tendrán la prioridad, aunque en caso de no estar interesados, podrán obtener dicho permiso terceros.Por supuesto que el proyecto prohíbe de manera expresa cualquier concesión o explotación que ponga en riesgo la seguridad vial.Para esto, Sánchez Wrba busca que se derogue la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad que prohíbe expresamente el uso de estas tierras para la explotación agrícola y establecer un nuevo marco regulatorio que permita tal actividad.Para el legislador nacional, “esta decisión cercenó la explotación agropecuaria de varias superficies de dominio público, impidiendo su aprovechamiento productivo bajo esquemas regulados, controlado y con contraprestación económica para el Estado”.Como precedente, Sánchez Wrba no solo nombró la resolución 1158/1996 que permitía esta actividad, sino también la Ley 10.342 de la Provincia de Buenos Aires que habilita a los municipios a concesionar estos espacios, como recientemente lo hizo el partido de 9 de Julio.“En definitiva, la presente medida propone reemplazar una prohibición absoluta por un régimen regulado, técnicamente delimitado y jurídicamente sólido. Se trata de de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generar recursos adicionales para el Estado”, concluye el proyecto.

  • Presentaron un proyecto de ley para bajar el IVA al huevo fresco del 21% al 10,5% – El Miércoles Digital

    Presentaron un proyecto de ley para bajar el IVA al huevo fresco del 21% al 10,5% – El Miércoles Digital

    Presentaron un proyecto de ley para bajar el IVA al huevo fresco del 21% al 10,5% – El Miércoles Digital

    La propuesta apunta a incorporar estos productos al listado de alimentos alcanzados por la tasa reducida del impuesto, equiparándolos con otras proteínas animales como las carnes aviar, porcina y caprina, que ya tributan el 10,5% desde la reforma fiscal de 2017.
    En un contexto donde la presión impositiva sobre los alimentos básicos vuelve a estar en el centro del debate, legisladores entrerrianos impulsan una iniciativa que busca corregir lo que consideran una “asimetría tributaria” dentro de la matriz proteica de consumo masivo en Argentina. El proyecto, presentado por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, propone reducir la alícuota del IVA del 21% al 10,5% para los huevos frescos y ovoproductos.
    La propuesta apunta a incorporar estos productos al listado de alimentos alcanzados por la tasa reducida del impuesto, equiparándolos con otras proteínas animales como las carnes aviar, porcina y caprina, que ya tributan el 10,5% desde la reforma fiscal de 2017. Según los fundamentos del proyecto, aquella modificación tuvo como objetivo “igualar tributariamente” a las distintas carnes con la vacuna, pero dejó fuera a un alimento clave en la dieta de los argentinos: el huevo.
    El texto legislativo plantea de manera explícita la incorporación de los huevos frescos y sus derivados -incluyendo huevo líquido, yema o albúmina, tanto en estado fresco como deshidratado- dentro del inciso correspondiente de la Ley de IVA. De esta forma, se busca reconocer formalmente su rol dentro de la canasta básica proteica y corregir lo que los autores califican como un “olvido” normativo.
    Desde el punto de vista productivo, la iniciativa encuentra respaldo en la evolución reciente del sector avícola. De acuerdo con el Informe Productivo 2025 de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), la producción nacional alcanzó el año pasado los 18.970 millones de huevos, lo que representa un incremento interanual del 8,82%. Este crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por la expansión del parque productivo, que aumentó un 8,68%.
    El consumo interno también refleja la centralidad de este alimento: con 398 huevos por persona al año, Argentina se posiciona como el país de mayor consumo per cápita a nivel mundial. Este dato no es menor en términos de política alimentaria, ya que refuerza el argumento de los legisladores sobre la necesidad de generar condiciones fiscales más equitativas dentro de la oferta de proteínas.
    En este sentido, el proyecto no sólo apunta a aliviar la carga impositiva sobre el consumidor final, sino también a mejorar la competitividad del sector. La reducción del IVA podría traducirse en precios más accesibles en góndola, aunque su impacto efectivo dependerá de la dinámica de la cadena comercial. Al mismo tiempo, permitiría al productor operar en condiciones más similares a las de otros segmentos cárnicos, evitando distorsiones relativas dentro del mercado.
    Los legisladores destacan, además, el valor nutricional del huevo, al que describen como “un alimento muy balanceado y de alta calidad” para todas las franjas etarias. En un país donde la inflación alimentaria ha erosionado el poder adquisitivo, la accesibilidad a proteínas de calidad se vuelve un factor crítico, especialmente para los sectores más vulnerables.
    No obstante, el proyecto se inscribe en una discusión más amplia sobre el sistema tributario argentino y su impacto en la producción y el consumo. Esta iniciativa impulsada por los legisladores entrerrianos pone en agenda un tema sensible: la necesidad de revisar los criterios con los que se gravan los productos básicos. En un escenario económico complejo, la búsqueda de “igualdad tributaria” no sólo remite a una cuestión técnica, sino también a una definición política sobre qué alimentos deben ser prioritarios en la mesa de los argentinos.

     
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  • La justicia aceptó la medida cautelar de la CGT y suspendió casi toda la ley de reforma laboral

    La justicia aceptó la medida cautelar de la CGT y suspendió casi toda la ley de reforma laboral

    La justicia aceptó la medida cautelar de la CGT y suspendió casi toda la ley de reforma laboral

    El juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda avaló el reclamo de la CGT en contra de la Ley Laboral, suspendiendo la aplicación de un extenso conjunto de artículos. Son 82 de todos los que constituyen uno de los logros en el Congreso más celebrado por el gobierno libertario.”Para disipar temores, el peligro en la demora» que veo configurado en la causa es de modo superlativo, previéndose que en caso de no admitirse la cautela intentada, la ejecución de la potencial sentencia de condena pudiese tornarse ineficaz o bien de imposible cumplimiento, generando daños irreparables”, resolvió el magistrado en la resolución a la que accedió Clarín.En parte de sus considerandos, el juez entendió que los argumentos esgrimidos por la CGT en la acción de amparo inicial interpuesta en contra de los cambios más sustanciales de la Ley Laboral, “la demandada que sostiene que recién en la definitiva debería adoptarse algún temperamento, razono que es en modo inmediato que debe producirse la suspensión de los efectos de las normas atacadas, para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas y a las instituciones involucradas”.A modo de ejemplo expone la resolución: y sin que implique emitir opinión, “¿Qué ocurriría si se pusiera en marcha el complejo entramado del F.A.L. (Fondo de Asistencia Laboral) y luego fuera declarado inconstitucional? ¿Y si se pusiera en marcha el sistema de deshomologación de CCT, como ocurrió con la fallida experiencia de la ley 25.250?”En primer lugar, el juez entendió que estaban los fundamentos jurídicos exigidos para atender el reclamo de la CGT y suspender la aplicación de 82 artículos de la Ley Laboral promulgada por el Gobierno el 6 de marzo.Al respecto, señaló: “En este caso se cumplen en el caso los tres requisitos básicos: estado de incertidumbre actual sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica concreta, puede producir perjuicio o lesión inmediata en el accionante (y en sus representados, al tratarse de regulaciones inherentes a las relaciones individuales y colectivas del trabajo), y no existe otro modo legal idóneo para poner remedio inmediatamente a esa incertidumbre”.En base a esa explicación inicial desde el juzgado entendieron que la Confederación General del Trabajo “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, que son cerca de 82, “tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República Argentina”.Entre las conclusiones de su resolución, el juez Ojeda explicitó cinco aspectos en los que funda su decisión de hacer lugar a la medida cautelar. Primero, entiende que se acredita que el cumplimiento de la norma “ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior: juzgo suficiente la descripción sumaria efectuada en la demanda de las cuestiones de puro derecho que se juzgan”.Para el magistrado, los tiempos de presentación de la judicialización de la Ley Laboral “son acordes”.Otro de los aspectos señalados por Ojeda expone “la verosimilitud del derecho invocado: encuentro reunida a primera vista una verosimilitud de derecho calificada, en el control de constitucionalidad y convencionalidad que propuso la actora, amen de aguardar los mayores argumentos que expondrá la demandada en el traslado del art. 8 de la ley 26.854”.La verosimilitud de la ilegitimidad, “por existir indicios serios y graves al respecto”, es el tercer argumento que funda el fallo del magistrado del fuero Contencioso Administrativo. Allí se detallaron: “los indicios serios fueron enunciados con economía y sencillez al describir las objeciones encontradas en las normas atacadas, una por una. Es un análisis preliminar, propio de la etapa cautelar, mas aun así es suficiente para encuadrarlos en tal calificación”.También se ponderó como válida la “no afectación del interés público: al respecto me remito al dictamen del señor Fiscal, quien tomó intervención en resguardo del interés público. Agrego a su profundo dictamen que la declaración de certeza que surgirá de este juicio, aportará seguridad jurídica a sus destinatarios, evitando la multiplicidad de conflictos que la doctrina especializada avizora y por lo tanto será una contribución al principio de justicia social enmarcado en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, cuando promueve el bienestar general”.Finalmente, se añadió que la suspensión es necesaria para evitar que se “produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles”. Al explayarse en este punto, el magistrado dijo que “una suspensión provisoria evitará mayores daños que los que provocaría, y evitará efectos jurídicos muy gravosos e irreversibles, en la hipótesis de aguardar los tiempos de las inhibitorias que plantea la demandada en otro Fuero y de una sentencia definitiva”.Explica en este sentido que como toda resolución atinente a una medida cautelar “siempre reviste el carácter de meramente provisional, y esa calidad habilita a quien dicta una resolución, a ponderar en todo tiempo, y ante nuevos requerimientos, todas aquellas facetas que, no conocidas anteriormente alteren en forma trascendente el cuadro, ya sea fáctico o bien jurídico tenido en consideración en pretéritas oportunidades”.

  • Reanudarán el abordaje del proyecto que propone una ley para proteger la fauna silvestre provincial – El Miércoles Digital

    Reanudarán el abordaje del proyecto que propone una ley para proteger la fauna silvestre provincial – El Miércoles Digital

    El proyecto se presentó el 26 de agosto del año pasado. El martes 31 de marzo desde las 16 volverá a ser abordado en las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y de Legislación General. El “propósito fundamental” que procura es el “de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales”. Se contará con la exposición de especialistas.
     
    El martes 31 de marzo, desde las 16, las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y de Legislación General de la Cámara de Diputados continuarán con el tratamiento del proyecto de ley del diputado de Juntos por Entre Ríos (JxER), Juan Manuel Rossi, que impulsa la sanción de una ley que “establece el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos, con el propósito fundamental de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales, de acuerdo con los principios definidos en la presente normativa”.

    En la ocasión disertarán en el Salón de Pasos Perdidos en calidad de invitados, Carlos Ignacio Pradal, presidente de la Asociación para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano (Acetra); Marcelo Favre, secretario de la Asociación Civil Conservación de Tierra Palmares, y el miembro de esta, Milton Dardo Vacherand; Oscar Denis, asociado de Acetra; Ariel  Semenov, representante de la Cámara Argentina de Turismo Cinegéstico y Conservacionismo (Catcyc).

    En el proyecto se detalló que el alcance del “régimen de conservación de la presente ley comprende la protección de las especies de fauna silvestre, tanto residente como migratoria, que habitan en la Provincia de Entre Ríos. Incluye, asimismo, la protección de sus hábitats esenciales para la supervivencia y el pleno desarrollo de las mismas. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley la fauna acuática”.

     
    La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, o el organismo que en el futuro la reemplace, garantizando la intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

     
    La futura norma, de ser aprobada, prescribe una “nómina de especies protegidas”. La autoridad de aplicación deberá “publicar y mantener actualizada, con libre acceso, una nómina de familias, especies, subespecies, nombre común y estado de los animales silvestres autóctonos amenazados, vulnerados y en peligro de extinción presentes en la Provincia de Entre Ríos, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente. No obstante, la autoridad de aplicación podrá ampliar o precisar dicha clasificación cuando existan fundamentos técnicos que justifiquen la inclusión de especies de interés local o regional”.

    La propuesta, si es sancionada, creará un “dispositivos de rescate y atención de animales silvestres vulnerables mediante una ventanilla única de recepción de denuncias y la creación de centros primarios de atención”. En este sentido se puso como ejemplo “la reciente liberación de ‘Chamarrita’, una hembra de aguará guazú rescatada en el ejido de Paraná, rehabilitada en un centro especializados y reintroducida en la Reserva ‘El Potrero’ de Gualeguaychú (Era Verde, 2025)”.

    Rossi destacó que aquella “experiencia exitosa debe animarnos a fortalecer y ampliar este tipo de dispositivos hacia toda la provincia. Asimismo, las estrategias de conservación de repoblación, reintroducción y translocación para la recuperación y perpetuación de la fauna nativa amenazada son el corazón de este proyecto de ley”.

    El proyecto “también, avanza en el control de la fauna exótica invasora y potencialmente invasora ya que son perjudiciales para las especies nativas! Y puso como “ejemplo, un estudio realizado en campos de Gualeguaychú detectó más de 10.000 semillas de acacia negra por hectárea, muchas de ellas dispersadas por ciervos axis y jabalíes, dos mamíferos exóticos invasores que consumen sus frutos y luego esparcen las semillas a través de sus heces”.

    El diputado destacó que aquel “proceso facilita la expansión acelerada de la acacia negra, un árbol invasor que desplaza especies nativas, generando un grave daño ambiental. Por razones como estas, se prohíbe la introducción de la fauna exótica invasora en todo el territorio provincial y se adoptan estrategias de manejo provinciales integradas en la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)”.
     

     
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  • Audiencia por la Ley de Glaciares: denunciarán a una senadora salteña por vínculos con una minera – El Miércoles Digital

    Audiencia por la Ley de Glaciares: denunciarán a una senadora salteña por vínculos con una minera – El Miércoles Digital
    Enrique Viale, presidente de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que está es «la audiencia pública más loca del mundo». Nombró a Vicuña, Glencore y Barrick Gold como las «principales beneficiadas» de la modificación de la Ley de Glaciares. La respuesta de la senadora salteña Flavia Royón.
    Después de venir cuestionando públicamente el método de inscripción a la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale acusó a la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, de “tener una consultora que asesora a Río Tinto”. Luego, anunció que este jueves 26 irá a denunciarla penalmente bajo la acusación de “incompatibilidad en la función pública para que se investigue el cohecho”. Viale hizo referencia al vinculo de la salteña con la firma Zalandez, donde incluso aparece en la página web como parte del equipo de trabajo en una publicación del 2024.
    El letrado es el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y hace unos días participó del Observatorio junto a legisladores de la oposición. Desde hace varios días viene cuestionando el mecanismo de intervención en las audiencias públicas por la modificación a la Ley de Glaciares: “En esta farsa de audiencia pública tuve siete controles para llegar hasta acá y solo participa el 0,3% de los inscriptos”.
    Reiteró que se trata de “la audiencia pública más loca del mundo” y trajo a colación una serie de argumentos que según Viale fueron explicados en varios obras literarias redactadas por ambientalistas: “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así porque a más extractivismo, menos democracia”. Luego, volvió a repetir que “101 mil personas quedaron afuera”.
    En medio de cruces fuera de micrófono con la bancada libertaria, Viale ironizó: “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”. Luego, agregó que “lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”.
    Para Viale, el marco normativo que lanzó el Consejo de Mayo y avaló el Gobierno nacional , establece que las decisiones respecto a los glaciares y las zonas periglaciares las define “un funcionario de tercer nivel para poder ser destruido”. “El IANIGLA cubre el 0,21% del territorio continental argentino y esta reforma esta hecha a medida de grandes trasnacionales mineras”, acusó.
    Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.
    Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.
    También mencionó a Glencore, BlackRock (Estados Unidos), el Proyecto Mara y Río Tinto. A partir de esto, lanzó las acusaciones contra la legisladora que responde a la Gobernación de Salta: “Ustedes saben que hay una senadora de Salta que representa a las mineras, Flavia Royón”. Y cargó: “Tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto”. Agregó por ello que “mañana la estamos denunciado penalmente por  incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.
    En el final, señaló a José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y le consultó: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Agregó que “esto tiene nombre y apellido”; reiteró que irá a la justicia; y cerró: “la Ley de Glaciares no se toca”.
    Las explicaciones de Royón
    Según Parlamentario, Royón prestó servicios en Zalandez pero renunció el 9 de diciembre del 2025, antes de ocupar la banca en la Cámara alta.

    Zelandez se presenta como “una empresa autosuficiente, rentable y con infinito potencial”. Además, está el boletín informativo en la web que presentó a la actual senadora en julio del 2024 luego de pasar por la Secretaría de Energía -durante el gobierno del Frente de Todos- y de Minería en el primer año de Milei. En el portal la presentaban como una funcionaria con “ conocimiento del sector minero de litio argentino  conocimiento del sector minero de litio argentino”.
    La senadora salteña responde al gobernador Gustavo Sáenz y ha conformado el monobloque «Primero los Salteños». Es vocal de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre varias más.
    Minutos después, la senadora nacional hizo referencias al anticipo de Enrique Viale y deslizó: «Las afirmaciones respecto a una supuesta asesoría a Río Tinto carecen de sustento probatorio. La senadora no posee vínculo alguno con dicha empresa». Y concluyó: «Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente».
    Fuente: Parlamentario.