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  • Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

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    El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según consta en los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    La petición fue presentada en las últimas horas; Angeletti lo hizo ayer y Adorni esta mañana, justo cuando estaba previsto que el funcionario del gobierno de Milei enviara su esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Con este trámite, Adorni busca esclarecer las dudas surgidas sobre el aumento de su patrimonio durante el último año, periodo en el que compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, propiedades que están bajo la lupa de la Justicia.
    Según la información disponible en el sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad nueva para declarar y pagar impuestos, dirigida a personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desde el organismo explican: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclaran que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
    La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en el Congreso Nacional en diciembre pasado y el oficialismo planteó la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a este régimen, tal como ocurrió este miércoles con Adorni.
    Respecto a si esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por el rápido crecimiento de su patrimonio en los tribunales federales, fuentes judiciales señalaron que el fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación delegada por el juez Ariel Lijo, deberá primero verificar la información declarada por Adorni en ARCA. Posteriormente, analizará la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal para determinar si se cumplen las condiciones objetivas que la norma establece para excluir la investigación penal.
    Durante el debate parlamentario de la ley en diciembre, el diputado opositor y especialista en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó que la norma “no es un blanqueo” y, por lo tanto, no implica beneficios penales para los contribuyentes.

  • Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que autoriza la presencia de guardias armados en las universidades públicas del estado. Esta legislación amplía las medidas de seguridad en las instituciones de educación superior, así como en las escuelas.

    “Hemos logrado avances históricos en la implementación de medidas de seguridad escolar y ahora consolido estos esfuerzos al firmar la ley HB-757, que mejora los requisitos de seguridad en los campus”, declaró el gobernador en un comunicado.
    DeSantis añadió: “Podemos tener los más altos estándares académicos, los programas de capacitación laboral más sólidos y las trayectorias más innovadoras para los estudiantes, pero también debemos seguir priorizando la seguridad de nuestros estudiantes y educadores”.
    Durante la firma de la ley, DeSantis estuvo acompañado por el comisionado de Educación, Anastasios Stasi Kamoutsas, y por Ryan Petty, cuyo hija Alaina fue víctima de la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas, ocurrida en 2018 y que dejó 17 muertos.
    La ley HB-757 amplía el programa estatal conocido como “guardianes escolares”, creado tras la masacre de Parkland y como respuesta al tiroteo de 2025 en la Florida State University (FSU), que causó dos muertos y seis heridos.
    El comisionado Kamoutsas expresó que “al extender el programa a las instituciones de educación superior, estamos dotando a los campus de herramientas adicionales para proteger a estudiantes y profesores. Todo estudiante merece la oportunidad de aprender en un entorno seguro, y esta legislación refuerza el compromiso firme de Florida con la seguridad escolar”.
    Los principales puntos de la HB-757 son:
    – Permitir que empleados y profesores designados porten armas de fuego.– Tipificar como delito grave de segundo grado un disparo efectuado a menos de 300 metros de una escuela, reforzando así la protección en las inmediaciones.– Instar a las universidades a elaborar planes de respuesta ante atacantes activos.– Mejorar los sistemas de alerta y establecer protocolos de reunificación familiar durante emergencias.– Proporcionar capacitación en salud mental para los empleados.
    La medida busca reducir los tiempos de respuesta ante ataques y fortalecer la seguridad en campus con recursos limitados. Sin embargo, algunos críticos advierten que el aumento de personas armadas podría generar confusión durante emergencias y aumentar el riesgo de daños accidentales.
    Por otra parte, el gobierno de Florida informó que destinará 1,600 millones de dólares, mediante el Fondo para Escuelas Seguras, para apoyar a los agentes de seguridad escolar, tutores y otras iniciativas en los campus.

  • Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    El oficialismo en Diputados dará inicio al debate de dos proyectos enviados esta semana por el Ejecutivo: la Ley de Lobby y el Súper RIGI comenzarán a analizarse en comisiones el próximo miércoles, con la participación de expositores.

    Desde la Cámara aseguran que el llamado «efecto mundial» no detendrá la actividad legislativa. «Somos libertarios, no prohibimos; quien quiera viajar que lo haga, aunque no será bien visto», afirmaron, anticipando un mes de junio con gran actividad parlamentaria.
    Este viernes, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de un nuevo proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La iniciativa contempla la creación de «sociedades automatizadas» que operen con inteligencia artificial y sin empleados, además de permitir que estas sociedades resuelvan conflictos internos en la justicia extranjera.
    En cuanto a la agenda del miércoles, a las 14 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, para tratar el proyecto de «Régimen de Gestión de Intereses» enviado por la Casa Rosada. Además, se considerarán otras propuestas presentadas por legisladores, como las de Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño. La iniciativa tiene como objetivo «garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales». Para ello, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas físicas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
    Una hora más tarde, a las 15, se reunirán las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva —que preside el libertario Bertie Benegas Lynch— para tratar el Súper RIGI, la prioridad fijada por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
    El proyecto busca incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores poco desarrollados o en fase experimental en el país, como inteligencia artificial, producción de baterías de litio y fabricación de autos eléctricos, entre otros. El régimen estaría vigente por cinco años y exigiría que al menos el 20% del monto invertido se ejecute durante los primeros dos años.
    Como incentivos, se contemplan una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, menor carga impositiva sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, y rebajas en las contribuciones patronales. Sin embargo, varias bancadas observan con atención el impacto de los beneficios fiscales, que podrían afectar las finanzas de provincias y municipios.
    En el Senado, La Libertad Avanza convocó a un plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, para avanzar en el tratamiento de la llamada ley de «Hojarasca», que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta norma busca derogar un conjunto de disposiciones consideradas obsoletas.

  • El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El Gobierno formalizó este martes el ingreso del proyecto de ley destinado a regular la actividad de los lobistas, con el objetivo de transparentar las negociaciones que empresas e intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para obtener mejores condiciones de contratación o intervenir en la redacción de leyes.

    La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue remitida a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, ambas bajo control oficialista.
    El oficialismo prevé comenzar la próxima semana el tratamiento en comisión de este proyecto, que establece los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas en el ámbito del Gobierno y el Congreso, con el fin de garantizar su publicidad y transparencia.
    La propuesta crea el Registro Público de Gestores de Intereses, en el que deberán inscribirse las personas o empresas que realicen estas gestiones. Asimismo, se instituye un Registro Público de Gestión de Intereses, que detallará las negociaciones relacionadas con la elaboración de leyes, políticas públicas, contratación pública, concesiones, permisos y autorizaciones, entre otros aspectos.
    El texto dispone que la información contenida en ambos registros será de carácter público y se publicará en formato digital, accesible y gratuito. Los reportes trimestrales presentados por los gestores deberán hacerse públicos dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrega a la autoridad de aplicación, la cual será designada por el Poder Ejecutivo, mientras que en el Congreso esta función corresponderá a las secretarías administrativas respectivas.
    El proyecto también establece que los exfuncionarios no podrán actuar como gestores ante el organismo donde se desempeñaron ni en asuntos en los que hayan intervenido durante un período de dos años desde su egreso.
    Además, incluye un capítulo específico para las empresas extranjeras, señalando que los gestores que las representen deberán presentar una declaración ante el Registro Público de Gestores de Intereses. La omisión, falsedad o reticencia en dicha declaración será considerada una infracción grave.
    Por otra parte, en Diputados se presentó el proyecto denominado Super Rigi, que establece una base de inversión de 1.000 millones de dólares bajo un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa, orientado a atraer proyectos de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
    Este régimen fija un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por un año adicional, y exige la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Además, establece el compromiso de invertir al menos el 20 % del monto base durante los dos primeros años desde la adhesión.

  • Cómo es la Ley de Lobby que impulsa Milei y que toma como referencia el modelo de Estados Unidos

    Cómo es la Ley de Lobby que impulsa Milei y que toma como referencia el modelo de Estados Unidos

    Cómo es la Ley de Lobby que impulsa Milei y que toma como referencia el modelo de Estados Unidos

    Este martes, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de cuatro proyectos para su tratamiento. Además del «Súper RIGI», la Ley de Ludopatía y la iniciativa para eliminar los sellos negros en los alimentos, se presentó la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby. Este proyecto apunta a regular la actividad de lobbying en Argentina y, según el Gobierno, busca fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades.

    El texto define el lobby como el mecanismo mediante el cual distintos actores sociales y corporativos intentan influir en las autoridades políticas y legislativas, con el objetivo de intervenir en la creación, modificación o derogación de normativas que impacten directamente en sus sectores.
    Según el documento enviado a la Cámara de Diputados, el proyecto tiene como propósito “establecer los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas” en los ámbitos del Poder Ejecutivo y Legislativo, abarcando la elaboración de leyes, políticas públicas, contrataciones y designaciones.
    El escrito, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro del Interior Diego Sanitilli, señala que “este proyecto es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
    Para ello, se propone la creación de dos registros públicos: el Registro Público de Gestores de Intereses y el Registro Público de Gestión de Intereses. El primero tendrá como objetivo identificar y habilitar obligatoriamente a todas las personas físicas o jurídicas que realicen gestiones de intereses ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. El segundo registro dejará constancia de los contactos específicos que mantengan los funcionarios públicos con estos gestores en el ejercicio de sus funciones.
    Los gestores estarán obligados a presentar reportes trimestrales sobre sus actividades. Además, el proyecto establece un especial control sobre la intervención de intereses extranjeros: aquellos que representen a gobiernos o partidos políticos de otros países deberán declararlo expresamente.
    En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla medidas administrativas y penales ante incumplimientos. Para los gestores, las multas pueden ir desde el pago equivalente a cinco salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para operar en Argentina. Las sanciones penales prevén penas de prisión de entre seis meses y tres años.
    En el caso de los funcionarios públicos, la falta de registración y publicidad de sus gestiones se considera una gravedad institucional que puede derivar en mecanismos de remoción o juicio político, además de posibles imputaciones por delitos como cohecho.
    El proyecto argentino toma como referencia la legislación estadounidense sobre lobby, en particular la Lobbying Disclosure Act de 1995 y su reforma, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. Al igual que en EE. UU., la iniciativa argentina exige informes trimestrales a través de una plataforma digital para garantizar la trazabilidad de los contactos.
    Mientras que la ley estadounidense originalmente sólo preveía multas civiles, la reforma de 2007 incorporó sanciones penales de hasta cinco años de prisión por incumplimientos corruptos y multiplicó las multas civiles hasta 100.000 dólares. Además, en EE.UU. se exige identificar a los miembros de coaliciones o asociaciones que aporten más de 500 dólares trimestrales a un funcionario, una lógica similar a la del proyecto argentino, que requiere la identificación del beneficiario final y de todos los representados para evitar ocultamientos mediante grupos de fachada.
    Sin embargo, existen diferencias importantes. En Argentina, la gestión de intereses se regula de modo amplio, incluyendo actividades onerosas y gratuitas, con o sin fines de lucro, mientras que la normativa estadounidense se centra principalmente en el lobby remunerado. Asimismo, la inscripción en el registro será previa y obligatoria para iniciar cualquier gestión en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, donde se permite registrar hasta 45 días después del primer contacto o contratación.
    Otros países que cuentan con normativas similares son Francia, Canadá y Chile.
    El texto del proyecto destaca que la ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado espacios de opacidad que “afectan la confianza en el funcionamiento del Estado nacional y en la equidad de los procesos decisorios”.
    En este contexto, la confianza en la gestión de Milei resulta un aspecto crítico. La última edición del Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y publicada el lunes, muestra que el nivel de confianza se encuentra en 1,99 puntos sobre una escala de 0 a 5. Esto implica una caída del 1,6% respecto a abril y representa el quinto mes consecutivo de descenso. Además, el promedio de la gestión actual bajó a 2,41 puntos, marcando su nivel más bajo hasta la fecha.

  • Los intendentes de Kicillof presionan a La Cámpora con la reelección indefinida: «Si el año que vienen quieren ganar, hay que modificar la ley»

    Los intendentes de Kicillof presionan a La Cámpora con la reelección indefinida: «Si el año que vienen quieren ganar, hay que modificar la ley»

    Los intendentes de Kicillof presionan a La Cámpora con la reelección indefinida: «Si el año que vienen quieren ganar, hay que modificar la ley»

    Entre las discusiones abiertas en el peronismo de cara al próximo proceso electoral, la habilitación de las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses vuelve a ser motivo de disputas y negociaciones entre el sector liderado por Axel Kicillof y La Cámpora. Tras el fallido intento de eliminar el límite a nuevos mandatos el año pasado, los jefes comunales alineados con el gobernador presionan para modificar la legislación y alertan que este cambio será determinante no solo en los municipios, sino también en las candidaturas a presidente y gobernador.

    “Si el año que viene quieren ganar, hay que modificar la ley. No es lo mismo una boleta con un intendente que lleva dos o más mandatos que con un candidato desconocido. Eso representa una diferencia de 10 puntos”, advirtió a Clarín el jefe comunal de un distrito importante de la Tercera Sección. Otro referente del conurbano, también vinculado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por Kicillof, coincidió: “La diferencia oscila entre 7 y 10 puntos, un porcentaje clave en cualquier caso”.
    Desde la ruptura entre Cristina Kirchner y Kicillof, el debate se encuentra cruzado por desconfianzas y recelos mutuos. La ex presidenta había previsto para 2025 primero la reforma de la ley para levantar el límite a las reelecciones para legisladores y concejales (antes de las elecciones de septiembre), y luego, en noviembre, el cambio de la normativa para los intendentes. Su argumento fue evitar que la modificación simultánea de todos los cargos, a poco de iniciarse la campaña, perjudique los comicios.
    Cristina Kirchner acordó esta hoja de ruta, antes de su detención, en una reunión con intendentes de ambos sectores en el Instituto Patria. Sin embargo, la puja por el desdoblamiento dispuesto por Kicillof para las elecciones provinciales y la profundización del conflicto interno frustraron esos planes. No hubo ninguna reforma y 22 legisladores junto con decenas de concejales no pudieron presentarse. De mantenerse sin modificaciones la ley 15.315, el año próximo habrá 82 jefes comunales impedidos de postularse.
    ### La oposición de Máximo Kirchner y Sergio Massa
    Máximo Kirchner no se opone a las reelecciones, pero los legisladores de La Cámpora buscarán discutir eventuales cambios electorales de manera conjunta, incluyendo el cronograma para 2027. Gran parte de esta decisión dependerá de si se mantienen o no las primarias nacionales. Además, existen distintas posturas según las especulaciones para la categoría presidencial; a Kicillof le convendría unificar las elecciones, aunque en su entorno algunos creen que un posible triunfo anticipado sería un impulso para sus aspiraciones.
    Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados bonaerense se conformarán las comisiones de Reforma Política, aunque aún no se definió el inicio del tratamiento. “Todos los sectores del peronismo coinciden en que no tiene sentido el límite a la reelección, aunque digan otra cosa. Pero hoy no está en la agenda. Siempre se habla del tema, veremos el momento más oportuno”, indicó un referente parlamentario cercano a Kicillof.
    Además de la postura de La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa también se opone a los cambios, habiendo respaldado el límite durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Sin embargo, intendentes del peronismo consideran que ese obstáculo podría superarse mediante una negociación política. De los 82 jefes comunales que no podrán presentarse, 53 son del peronismo (12 pertenecientes al Frente Renovador), 17 radicales, cinco libertarios, cuatro vecinalistas y tres macristas.
    Dentro del peronismo, la mayoría integra el MDF vinculado a Kicillof, que desconfía de La Cámpora para aprobar la habilitación de nuevas reelecciones. Más allá de la Legislatura, las disputas internas también incluyen la definición de candidaturas para la gobernación bonaerense. Por el lado del gobernador se postulan los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza) y el ministro Gabriel Katopodis. En representación del cristinismo figuran Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora) e incluso Máximo Kirchner, quien no descarta competir.
    Los bloques opositores impulsan otras reformas electorales, como la implementación de la boleta única de papel y la aprobación del proyecto de Ficha Limpia. “El año pasado perdimos cinco puntos por eso”, rechazó un intendente que se opone a abandonar el sistema tradicional de boletas. Para eliminar el límite a las reelecciones, algunos sectores también estudian la vía judicial, presentando un recurso ante la Suprema Corte bonaerense. No obstante, otros dudan del éxito de esta estrategia y prefieren presionar para llegar a un acuerdo político que garantice la sanción de una nueva norma con los votos legislativos.

  • Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

    Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

    Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

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    La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que modifica la ley de Zonas Frías, la cual otorga subsidios al gas en regiones de bajas temperaturas. La iniciativa fue aprobada con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, dando así un paso clave para derogar la ampliación impulsada por Máximo Kirchner en 2021.

    Ahora, el proyecto será enviado al Senado, donde el bloque La Libertad Avanza buscará convertirlo en ley para restablecer el estado previo del beneficio en la Patagonia, la Puna y Malargüe, además de proponer descuentos condicionados en otras regiones. Actualmente, la ley vigente también contempla subsidios para municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo.
    La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento Identity Democratic (MID). Por su parte, Unión por la Patria rechazó ampliamente la iniciativa, al igual que los cuatro diputados de la izquierda.
    Los tres integrantes del bloque Independencia, que responden al tucumano Jaldo, votaron a favor, al igual que casi todo el bloque Innovación Federal —con solo dos excepciones—; en tanto, Provincias Unidas se mostró dividido. Los tres diputados de Elijo Catamarca optaron por abstenerse. Antes de la votación, se había especulado con un posible acompañamiento de bancadas provinciales, tras la promesa oficialista de otorgar beneficios para zonas cálidas en el NEA y NOA.
    A continuación, el detalle individual de cómo votaron los diputados los cambios a la Ley de Zonas Frías.

  • 203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción
    Una multitud de estudiantes, trabajadores, docentes, nodocentes y gente de a pie participó de la 4° Marcha Federal Universitaria que se realizó en Concepción del Uruguay y en todo el país, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue sancionada por el Congreso hace siete meses, pero que el Ejecutivo se resiste a aplicar.0Encabezados por el gran cartel de la Mesa Universitaria local, las consignas de UNER, UADER y UTN se entremezclaban en la columna de marchantes, apenas inferior a aquella primera e histórica marcha. Además, contó con el apoyo de diferentes gremios y agrupaciones de izquierda, la CGT, AGMER, ATE y CTA, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la aplicación del presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Se reivindicó la educación pública, gratuita y federal, a la que la dura política implementada desde el gobierno nacional expulsa cualquier esperanza, destrozando sueños y futuros de cientos de gurises a lo largo de todo el país.De acuerdo con medios capitalinos más cercanos al poder, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que “el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto”. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que, en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes, fue considerada “una bicoca”.Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6 %: en ese período la inflación fue del 293 %, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160 %.De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6 %, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12 % en tres cuotas, con la última recién en septiembre.
    CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

    Concepción del Uruguay, martes 12 de mayo de 2026
    El 21 de agosto de 2025 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, coronando en el terreno legislativo un largo y sostenido proceso de diálogo y búsqueda de consensos para lograr una norma que contribuya a mitigar el dramático escenario que atraviesan actualmente las universidades nacionales. Aquella conquista, claro está, no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de las comunidades universitarias que, junto a la sociedad argentina, salieron masivamente a las calles en todo el país durante las históricas marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
    Tal y como había ocurrido con el primer proyecto, el Poder Ejecutivo volvió a vetar la ley de manera infame y esgrimiendo una vez más argumentos falaces, los cuales no hacían más que dejar en evidencia el desprecio manifiesto del gobierno por la educación pública. Sin embargo, gracias a la imponente muestra de apoyo expresada en la tercera marcha federal del 17 de septiembre de 2025, en esta oportunidad logramos que las y los legisladores de ambas cámaras insistan con la ley, alcanzando la mayoría especial necesaria para rechazar el veto presidencial. Fue entonces que el gobierno redobló su apuesta y suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, por decreto y en forma unilateral, burlándose nuevamente de las instituciones republicanas.
    Al día de hoy, y con una medida cautelar que ordenaba la inmediata ejecución de los artículos más importantes de la ley, aquellos relacionados con los salarios y las becas, el gobierno de Javier Milei lleva exactamente 203 días incumpliendo una ley de la nación, violentando el estado de derecho y negando la voluntad popular. Incluso ayer mismo, mientras preparábamos esta movilización, nos enteramos de que el Poder Ejecutivo volvió a aplicar un recorte presupuestario sobre la educación y el sistema universitario.
    Desde que asumió la presidencia, no ha dejado de profundizar su feroz plan de ajuste, vaciamiento y ataque sistemático contra la educación pública, la ciencia, la tecnología y el conjunto de las instituciones estatales abocadas a garantizar derechos para las grandes mayorías. Hoy volvemos a señalar que el conflicto se agrava más y más con cada día que transcurre sin que se cumpla la ley. La situación presupuestaria de las universidades públicas es dramática y la realidad material de sus trabajadores se ha tornado desesperante. Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una reducción cercana al 45% y los gastos de funcionamiento cayeron más de un 57%, mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes y no docentes acumula una pérdida real en torno al 43%, llevando los salarios universitarios a uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
    Debemos decirlo sin eufemismos ni rodeos: hoy la enorme mayoría de quienes sostenemos diariamente las universidades públicas, y tenemos además la responsabilidad de formar a cientos de miles de profesionales para el país, debemos subsistir con salarios por debajo de la línea pobreza, cuando no directamente de indigencia. Esta realidad no sólo menoscaba nuestras condiciones materiales de existencia: también expulsa a miles de docentes e investigadores de las universidades, multiplica la sobrecarga y el pluriempleo, afecta nuestra salud mental y contribuye a deteriorar aún más el derecho social a la educación.
    Asistimos también al desmantelamiento de políticas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia estudiantil. Mientras se recortaron cientos de miles de becas, el monto permanece congelado desde hace más de un año en cifras absolutamente insuficientes frente al creciente costo de vida. En un contexto social cada vez más desigual, miles de jóvenes ven amenazada la posibilidad concreta de continuar estudiando, problema que se ve agravado por los recortes en el transporte público y su impacto sobre el boleto estudiantil, imprescindible para que los sectores más vulnerables puedan trasladarse diariamente a las instituciones educativas.
    Pero hoy estamos defendiendo mucho más que salarios, becas y partidas presupuestarias. Nuestra pelea también es por el presente y futuro de un sistema universitario que es emblema de la Argentina en todo el mundo, que conjuga la excelencia académica con la inclusión social y que a lo largo de nuestra historia se ha consolidado como una poderosa herramienta de movilidad social ascendente, la cual permite a los hijos e hijas de la clase trabajadora formarse y obtener un título sin importar su origen. Por eso, esta pelea excede largamente a la comunidad universitaria, porque la crisis del sistema educativo repercute sobre toda la sociedad, afecta la producción, debilita la soberanía nacional y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y cultural de nuestra patria.
    Todo esto ocurre mientras el gobierno pretende instalar discursos de odio, desprestigio y persecución contra las universidades. Mienten cuando intentan acusar a nuestras instituciones de adoctrinamiento y cuando hablan de privilegios, buscando de este modo enfrentar a la sociedad con instituciones que son verdaderos espacios democráticos y plurales en los que conviven a diario diversas ideas y concepciones. La universidad pública enseña, investiga y genera lazos de cooperación con la comunidad; desarrolla vacunas y satélites, analiza y protege el vasto ambiente natural; estudia y comprende las relaciones sociales y culturales de la población; aporta a la economía y al desarrollo productivo; forma a trabajadoras y trabajadores calificados que educan a nuestros gurises en las escuelas y nos brindan atención en los hospitales; construyen puentes, puertos y viviendas; democratizan a diario la información y el conocimiento.
    Desde Concepción del Uruguay, ciudad universitaria y polo educativo de referencia para toda la región, denunciamos también la absoluta complicidad del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio, cuyas políticas de ajuste y empobrecimiento hacia la clase trabajadora se expresan cada vez con más crudeza sobre la educación pública. Hoy la universidad provincial y sus trabajadores viven en un estado de precariedad edilicia, presupuestaria y salarial verdaderamente agobiante, albergando a miles de estudiantes que llevan años exigiendo edificios propios para cursar sus carreras, así como docentes y no docentes que deben ejercer su tarea bajo condiciones inadmisibles de precariedad laboral e incertidumbre económica. Todo ello es responsabilidad de un gobierno provincial enfermo, aliado incondicional del gobierno nacional en su plan de destrucción del Estado que es patrimonio de todos y todas.
    Nuestra ciudad sabe muy bien lo que representa la educación pública. Lo sabe porque sus aulas recibieron históricamente a generaciones de jóvenes de toda la región, porque gran parte de su identidad cultural, social y económica está profundamente ligada a la presencia de las universidades y de las instituciones educativas. Y lo sabe también porque cada familia trabajadora entiende que sin educación pública el futuro se vuelve un privilegio reservado para unos pocos. ¡Por eso hoy también están presentes numerosas familias, vecinas y vecinos que vinieron hasta acá para defender sus derechos!
    Marchamos junto a otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de ajuste, hambre, entrega y exclusión. Marchamos junto a las y los jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, junto a las personas con discapacidad cuyos derechos son vulnerados, junto a quienes sostienen y defienden el sistema de salud, la ciencia nacional, los medios públicos, la cultura, el trabajo y la producción argentina. Marchamos junto a las y los trabajadores despedidos del Estado nacional, el CONICET, el INTI, el INTA, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional y de tantos organismos estratégicos para nuestro país. Lo hacemos también junto a docentes de todos los niveles educativos, porque desde el primer momento esta lucha ha sido por la educación en su más amplia extensión, desde el jardín hasta la universidad. Y marchamos junto a pequeños productores, cooperativistas, monotributistas, trabajadores informales y pequeños comerciantes que padecen las consecuencias devastadoras de un modelo económico que destruye empleo, producción y soberanía. Del mismo modo, volvemos a denunciar las consecuencias de una reforma laboral que profundiza la precariedad y facilita los despidos, acumulando cientos de miles de trabajadores del sector privado que han perdido su empleo, trabajadores cuyos hijos e hijas también forman parte de la apuesta por la educación y la universidad pública.
    Porque la lucha es una sola y la unidad es nuestra mejor defensa para resistir el embate de aquellos que nos quieren humillados, silenciados y subordinados a los intereses del gran capital explotador y extranjerizante.
    Defender la universidad pública es defender también un proyecto de país con justicia social, igualdad, libertad y democracia; es decirle no a la resignación, al individualismo y a la crueldad como política de Estado.
    Por todo esto, hoy volvemos a alzar nuestras voces en un grito unificado, con convicción y con esperanza:

    Por el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
    Por salarios que permitan a las y los trabajadores docentes y no docentes universitarios salir de la pobreza.
    Por un presupuesto acorde sostener las funciones de docencia, investigación y extensión.
    Por la urgente actualización y ampliación de las becas estudiantiles y el acceso pleno al boleto estudiantil.
    Por la promoción de la ciencia, la tecnología y la soberanía nacional.
    Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles, desde el jardín hasta la universidad.
    Por el respeto a las instituciones democráticas y al mandato popular.
    Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la exclusión y los discursos de odio.
    Por una universidad pública, gratuita, científica, democrática, inclusiva, feminista, crítica y popular, siempre al servicio del pueblo argentino.

    Porque los destinos de la universidad pública están estrechamente ligados con los intereses de nuestro pueblo, hoy el pueblo vuelve a salir a la calle para defenderla y gritar fuerte:
    ¡UNIVERSIDAD PÚBLICA, SIEMPRE!
    MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

    Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDU
    Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMER
    Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNER
    Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTN
    Asociación de Trabajadores del Estado | ATE
    Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | FAGDUT
    Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | CEFHAyCS
    Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | SIDUT

    Fotos y video gentileza UTN

  • Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    El debate tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados donde 137 legisladores votaron a favor, 111 en contra y solo 3 se abstuvieron.
    La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.
    Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
    Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.
    La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.
    Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.
    Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.
    En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.
    Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
    Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares
    Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
    Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”.
    Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
    Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
    Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley.
    Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°.
    En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
    Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
    Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
    Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.Fuente:Infobae.

     
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  • Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones: cinco entrerrianos acompañaron la polémica iniciativa: Shneider (UCR), Fregonese (PRO), Morchio (La Libertad Avanza), Benedit (La Libertad Avanza) y Laumann (La Libertad Avanza), mientras que los cuatro de Unión por la Patria la rechazaron: Bordet, Marclay, Michel y Osuna lo hicieron en contra.
     
    En una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
    La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios en los criterios de protección ambiental con el objetivo de habilitar mayores posibilidades de desarrollo productivo, especialmente en el sector minero.
    En ese marco, los nueve representantes de Entre Ríos en la Cámara Baja exhibieron una postura dividida, con una clara alineación según los bloques políticos.
    Por un lado, acompañaron el proyecto Beltrán Benedit, Alicia Fregonese, Andrés Ariel Laumann, Francisco Morchio y Darío Schneider, en sintonía con el oficialismo nacional y sus aliados.
    En tanto, votaron en contra Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna, quienes integran el bloque Unión por la Patria.
    De este modo, la mayoría de los legisladores entrerrianos respaldó la reforma impulsada por el Gobierno nacional, mientras que el peronismo provincial se mantuvo unido en el rechazo.
    La nueva normativa modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, e introduce una redefinición de las áreas protegidas al limitar la cobertura a glaciares y zonas periglaciares que presenten una “función hídrica comprobada o relevante”.
    Este cambio habilita potencialmente actividades en sectores que anteriormente estaban alcanzados por mayores restricciones.
    Desde el Ejecutivo nacional sostienen que los cambios apuntan a brindar mayor seguridad jurídica, evitar interpretaciones discrecionales de la ley y fomentar inversiones, particularmente en el sector minero. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible retroceso en materia de protección de recursos estratégicos como el agua.

     
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