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  • Trabajadores de la Uner exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo – Arriba Noticias

    Trabajadores de la Uner exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo – Arriba Noticias

    Trabajadores de la Uner exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo – Arriba Noticias

    Fracaso en las paritarias:El Gobierno volvió a ofrecer un 3%, rechazado de plano por todos los gremios por estar lejísimos de recomponer el retraso salarial (33,4%) y la deuda acumulada, indicaron los Trabajadores.En un comunicado indicaron que: .
    «El Gobierno sigue sin implementar la ley sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia» — Valentín Bisogni (Trabajador UNER / Radios de la UNER).
    Por salarios dignos, becas Progresar y Belgrano actualizadas y un presupuesto que no asfixie a la universidad pública.Trabajadores de Uner.

  • Derogan los artículos de una ley que prohibía el uso del glifosato desde 2030 en Misiones

    Derogan los artículos de una ley que prohibía el uso del glifosato desde 2030 en Misiones

    La Legislatura de Misiones derogó en un trámite exprés los artículos de la ley que establecían la prohibición del uso del glifosato en las actividades agropecuarias a partir de 2030. La medida fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto de Carlos Rovira, impulsor original de la norma que buscaba limitar el uso de este herbicida, el más utilizado a nivel mundial.

    La modificación fue promovida por el gobernador Hugo Passalacqua, quien atendió el reclamo del sector productivo provincial, preocupado por el riesgo que representaba para las exportaciones la obligatoriedad de utilizar bioinsumos sin certificación internacional.
    Carlos Rovira, figura política central en Misiones durante más de dos décadas, había logrado sancionar a mediados de 2023 una ley que prohibía el glifosato, otorgando un plazo de dos años de transición hacia herbicidas biológicos. En ese momento, la empresa Agrosustentable ya había establecido una planta en el Parque Industrial de Posadas y firmado un acuerdo con el Ministerio del Agro y la Producción para distribuir bioherbicidas, insecticidas y fertilizantes entre los pequeños productores locales.
    La alerta llegó desde Estados Unidos, principal destino del té producido en Misiones. La Tea Association of the USA Inc. advirtió a los industriales argentinos que dejaría de importar té si se avanzaba en la sustitución del glifosato por bioherbicidas no certificados internacionalmente. Según el organismo, existen 52 sustancias químicas autorizadas para el cultivo de té en el mundo y se trabaja en la aprobación de otras, así como en los límites permitidos para su uso.
    En una carta dirigida a Crispín Beitía, uno de los principales productores y exportadores de té del país, la entidad señaló que Estados Unidos importa aproximadamente el 66% del té argentino y advirtió que, sin una tolerancia de importación establecida para el nuevo químico local, todos los tés tratados con él serían considerados adulterados y prohibidos para el consumo en ese mercado.
    Ante estos fuertes cuestionamientos y la amenaza de perder mercados internacionales, el gobierno provincial dictó hace dos años un decreto que pospuso la prohibición hasta 2030. Luego, en 2023, el gobernador Passalacqua firmó una resolución que condicionaba la norma a la disponibilidad en el mercado de bioinsumos con certificación internacional.
    Este jueves por la mañana, el proyecto de derogación recibió dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, y por la noche fue sancionado tras un tratamiento sobre tablas.
    El diputado Enio Lemes defendió la modificación argumentando que “estamos hablando de producción, trabajo y, en definitiva, de la vida cotidiana de miles de familias misioneras que viven y trabajan la tierra”. Señaló que la ley de 2023 tenía como objetivo promover una producción más amigable con el medio ambiente, pero que en estos tres años «las alternativas necesarias para reemplazar los herbicidas no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo previsto”.
    Finalmente, afirmó que la provincia sigue impulsando la investigación, el desarrollo y la producción de bioinsumos porque es el camino hacia una producción cada vez más sustentable, y calificó el cambio en la ley como “una corrección del rumbo”.

  • Universidades: sin cumplir la ley de Fondos, el Gobierno convocó este martes a una nueva discusión paritaria

    Universidades: sin cumplir la ley de Fondos, el Gobierno convocó este martes a una nueva discusión paritaria

    La prolongada pugna de las universidades nacionales por el cumplimiento de la Ley de Fondos, sancionada hace más de un año, tendrá un nuevo episodio este martes, cuando el Ministerio de Capital Humano convoque a una nueva negociación paritaria.

    La reunión está programada para las 11 horas en el Palacio Pizzurno y contará con la participación de representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, así como del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.
    Al momento de este encuentro, se cumplirán 315 días sin que el Gobierno haya cumplido con la ley de financiamiento, según los conteos que muestran las páginas web de la UBA y otras casas de estudio. “De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen para que el Gobierno no cumpla la medida cautelar judicial de actualización salarial y de becas estudiantiles”, expresó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun, en declaraciones a Clarín.
    Cagnacci agregó que tienen “predisposición al diálogo”, pero advirtió que, además de la recomposición que establece la ley conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, docentes y no docentes deberían recibir un retroactivo desde la fecha de promulgación de la norma.
    Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó como “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas convocado por su federación la semana pasada y se mostró escéptica respecto a los resultados que pueda arrojar la reunión paritaria del martes. “Si para el 1º de septiembre el Gobierno no salda la deuda con la universidad y sus trabajadores, el conflicto se profundizará”, advirtió.
    La Ley de Financiamiento, cuya ejecución fue judicializada ante el incumplimiento gubernamental, ya completó todo el trámite judicial. La cautelar en favor de las universidades fue confirmada luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario del Ejecutivo, en un hecho inédito donde los abogados del Estado litigaron en contra de las universidades públicas.
    El 21 de agosto se realizó una audiencia convocada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, interpretada como una mediación. Tras el fallo de la Corte, el CIN solicitó al magistrado, quien otorgó la cautelar y fue avalado por la Cámara de Apelaciones, la imposición de multas a los funcionarios responsables, desde el subsecretario Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, e intimó por el delito de desobediencia.
    En esa audiencia, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, alertó sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de créditos previstos en la Ley de Presupuesto 2026.
    Las universidades informaron que el Gobierno se comprometió a cumplir, pero se negó a dejar por escrito y firmado ese compromiso en el acta, proponiendo postergar la firma para una audiencia futura dentro de 30 días, lo que los dirigentes interpretan como una maniobra para ganar tiempo y evitar acatar la ley.
    El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien lleva la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores agrupados en el CIN, indicó a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes que esperan un pronunciamiento del juez Cormick respecto a los pedidos de multas diarias y de una causa penal por desobediencia.
    Consultado sobre la lentitud judicial tras el fallo de la Corte, Manili señaló que “es difícil para un juez dictar una orden contra el presidente de la Nación y hacer que se cumpla. Por eso, los jueces intentan manejar la causa para que el Gobierno termine cumpliendo sin llegar a un conflicto mayor. Hay que entender la posición de un juez de primera instancia que no es la Corte Suprema”.
    En esa misma audiencia, el Gobierno volvió a pedir el levantamiento de la cautelar argumentando que “están pagando” la ley, basándose en el acuerdo paritario de mayo pasado que otorgó un 21% de aumento y otro 3% para octubre. “Ese argumento es absurdo; es como pedir que levanten un embargo porque abonaste un pago parcial. Afortunadamente, el juez Martín Cormick lo rechazó”, afirmó el abogado del CIN.
    El incumplimiento de la Ley de Fondos afecta el funcionamiento de las universidades, impactando en salarios, becas y la situación de los hospitales universitarios, todos financiados por el presupuesto nacional. Están involucrados casi 2 millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes. La ley fue sancionada, vetada por Milei y, en un hecho sin precedentes en décadas, ratificada mediante mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
    Con este contexto, se llega a la paritaria de este martes, con los salarios de agosto ya depositados, pero sin el incremento del 30% que corresponde. Circulan versiones encontradas sobre la posible postura del Gobierno: algunas indican que podría ofrecer saldar la deuda en cuotas durante los próximos meses, mientras que otras señalan que mantendrá su postura actual. Queda por ver si la Justicia tomará nuevas medidas para que su fallo sea acatado.

  • Uno de los detenidos por los incidentes tras el debate de la Ley Bases ofreció pagar 250 mil pesos para suspender el juicio: fue rechazado

    Uno de los detenidos por los incidentes tras el debate de la Ley Bases ofreció pagar 250 mil pesos para suspender el juicio: fue rechazado

    Los incidentes ocurridos durante la protesta del 12 de junio de 2024, en el marco del debate por la Ley de Bases, continúan generando repercusiones en la Justicia. Este martes, uno de los detenidos sufrió un revés por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó su intento de suspender el juicio a cambio del pago de 250 mil pesos.

    El acusado, Brian Ezequiel Ortiz, fue detenido durante la violenta jornada en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Está imputado por los delitos de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, acusación que se basa en presuntas agresiones a policías.
    A más de dos años de los hechos, la defensa de Ortiz solicitó la suspensión del juicio a prueba —también conocida como probation— alegando que no posee antecedentes penales, tiene empleo y arraigo, y estaba dispuesto a cumplir tareas comunitarias y a pagar una reparación económica de 250 mil pesos.
    Además, según su defensa, las imágenes disponibles demuestran que Ortiz no agredió a las fuerzas de seguridad. El fallo señala que el acusado «se encontraba simplemente acorralado en una esquina junto a otra persona que ya fue sobreseída por la misma prueba, sin desplegar agresiones ni propinar golpes hacia los efectivos policiales», lo que descartaría la imputación y evidenciaría un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.
    Sin embargo, el pedido de Ortiz fue rechazado por el juez Gustavo Marcelo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado destacó que tanto el fiscal Mario Villar como el Senado de la Nación, querellante en la causa, presentaron argumentos sólidos para oponerse a la probation.
    El juez también enfatizó que deben considerarse las circunstancias específicas y la gravedad de los hechos, subrayando que no se trata de un conflicto entre particulares que pueda resolverse con una reparación económica. Asimismo, afirmó que existe un interés público superior en que este conflicto sea resuelto mediante un debate oral y público, no a través de una salida alternativa.
    ### La violenta jornada en las puertas del Congreso
    El 12 de junio de 2024, durante la sesión en el Senado para tratar el proyecto de la Ley Bases, se registraron graves incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional. Autos y contenedores fueron incendiados, se lanzaron bombas molotov y hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
    Los primeros choques ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso legisladores peronistas resultaron afectados por gas pimienta. La tensión volvió a aumentar por la noche, tras la aprobación en general del proyecto.
    El momento de mayor violencia se dio por la tarde, cuando los manifestantes arrojaron bombas molotov y piedras. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos y uso de carros hidrantes para dispersar la protesta.
    Además de arrojar proyectiles, incendiaron un automóvil perteneciente al medio cordobés Cadena 3 y voltearon al menos otro vehículo que también prendieron fuego. Ante esta situación, los senadores de la oposición solicitaron un cuarto intermedio para pedir el cese del operativo policial.
    Las fuerzas de seguridad informaron que, por estos incidentes, se registraron más de 30 detenidos —13 por la Policía Federal Argentina y 18 por la Policía de la Ciudad— y más de 20 agentes resultaron heridos.
    El Gobierno porteño estimó en más de 278 millones de pesos el costo de la reparación de las zonas afectadas. En ese contexto, Jorge Macri declaró sobre los detenidos: «Son delincuentes, hicieron un desastre y van a tener que pagarlo».

  • Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    La modificación sancionada al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo como responsable externo a Sergio Massa, según reconocen en el Gobierno, aunque internamente las críticas apuntaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    El papel del exministro de Economía, excandidato presidencial y referente del PJ fue clave en las negociaciones con senadores afines a gobernadores peronistas, quienes mantienen un buen diálogo con el Ejecutivo. Massa admitió en conversaciones privadas haber hablado con tres de esos senadores, aunque desde el Gobierno estiman que fueron más, formando parte de un grupo de al menos nueve que finalmente rechazaron partes del proyecto y responden a distintos mandatarios del peronismo.
    Las negociaciones del líder del Frente Renovador se concentraron especialmente en los tres senadores que integran el bloque Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza—, quienes han acompañado en distintas iniciativas al oficialismo durante el último año. Moisés es cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz; Andrada responde al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil; y Mendoza está alineada con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Si bien todos mantienen buena relación con Casa Rosada, se marcaron distancias en esta oportunidad.
    El problema para el Gobierno fue la ausencia de varios votos el jueves pasado: los santacruceños Carambia y Gadano no acompañaron, al igual que la tucumana «Betty» Ávila, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes en otros casos habían respaldado proyectos previos.
    Desde el massismo reconocen haberse comunicado exclusivamente con el trío de senadores de Convicción Federal y se deslindan del resto de las negociaciones que debilitaron el proyecto de ley sobre la propiedad privada. «Se habló con tres senadores de 38. Con el resto no se dialogó; el error fue del Gobierno. El Colo Santilli y otros dejaron que Patricia (Bullrich) se estrelle sola», señalaron con ironía sobre la responsabilidad oficialista.
    Fuentes del Frente Renovador aseguran que el oficialismo no llamó en ningún momento a Moisés ni a los otros senadores de Convicción Federal tras haberlos utilizado políticamente durante largo tiempo. Además, atribuyen la influencia en las negociaciones no solo a Massa, sino también a referentes kirchneristas del Senado como Juliana Di Tullio y del Congreso, como Germán Martínez.
    En el sector conocido como mileísmo, algunos atribuyen a contactos previos con Massa las declaraciones del miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes expresaron su hartazgo con la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
    En cuanto a la agenda legislativa, a pesar de que Patricia Bullrich propuso sesionar todas las semanas del Senado durante agosto y septiembre, la experiencia de la primera semana del mes dificulta imaginar que se cumpla ese objetivo.
    Las expectativas del Senado se enfocan ahora en aprobar la Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción en Diputados y un consenso mayoritario entre los bloques aliados. Asimismo, esta semana se tratarán pliegos de jueces, un tema en el que el Gobierno destacó el envío de 203 designaciones para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial, cifra considerada un récord histórico por el ministro Juan Bautista Mahiques.
    Para más adelante quedan proyectos que deben debatirse primero en Diputados, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, clave para el diputado Javier Milei. El Senado ha pedido que los textos a discutir no mezclen temas dispares, como ocurrió en iniciativas recientes.
    En este contexto, ven pocas chances de avance para la ley de sociedades, especialmente en el capítulo que permitiría crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento habitual. Tampoco parece probable que prospere la iniciativa que buscaba desregular actividades de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, propuesta en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el exministro Federico Sturzenegger.

  • La media sanción a la ley de Inviolabilidad ya ingresó en revisión a Diputados – El Miércoles Digital

    La media sanción a la ley de Inviolabilidad ya ingresó en revisión a Diputados – El Miércoles Digital

    La media sanción a la ley de Inviolabilidad ya ingresó en revisión a Diputados – El Miércoles Digital

    El despacho ya impactó en Mesa de Entradas de Diputados y el Cuerpo quedó habilitado a convocar el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar el debate en la cámara revisora.
     
    A cargo del Senado mientras Javier Milei está en Colombia y por ende, Victoria Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo, Bartolomé Abdala, en su rol de presidente provisional de la Cámara alta, firmó el giro de la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

    Según constató parlamentario.com, la iniciativa ya ingresó a Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. Por lo que, desde este viernes, el Cuerpo que preside Martín Menem quedó habilitado para convocar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su tratamiento en la cámara revisora.

    En el oficialismo reinó la tranquilidad al saber que sería el puntano quien esté a cargo de la rúbrica del trámite y no la vicepresidenta de la Nación debido a que en La Libertad Avanza la miran con desconfianza e, incluso, muchos consideraban que podía llegar a retrasar el giro. Sin embargo, con Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo, fue el propio Abdala, quien aceleró el envío.

    El camino del proyecto en el Senado
    El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó al Senado con 51 artículos y seis capítulos de reformas. Pero durante el tratamiento en comisiones se desestimaron los cambios al marco normativo que rige sobre el Renabap, precisó el portal de noticias legislativas paralmentario.com.

    Luego de varios intentos de llegar al recinto, en la previa a la sesión ordinaria, la iniciativa sufrió la eliminación del capítulo que reformaba a la Ley de Tierras que inicialmente pretendía quitar todo tipo de límites a la posbilidad de dominio extranjero sobre los campos rurales.

    Ya con los apoyos desgastados, el oficialismo en la Cámara alta debió quitar el capítulo que derogaba un par de artículos a la Ley de Manejo del Fuego y el dictamen solo contiene los cambios a la Ley de Expropiaciones más los capítulos que agilizan desalojos y el de actualización al Registro de la Propiedad Privada.

    Diputados analiza el escenario

    Todavía no hubo comunicaciones formales o informales respecto a la posibilidad de que La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados haga un intento por recuperar alguno de los capítulos perdidos. Pero según trascendidos que llegaron desde Balcarce 50, la intención, a priori, es tratar el despacho que se aprobó en la madrugada de este viernes 7 de agosto.
    De todos modos, las comisiones que presiden el santafesino Nicolás Mayoraz, Asuntos Constitucionales, y Santiago Santurio, Legislación General, ya están habilitadas a convocar la reunión plenaria.

     
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  • La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    El senador Joaquín Benegas Lynch respondió este jueves al pedido de una legisladora del peronismo para que se le impidiera participar en la votación de la Ley de Tierras, debido a un supuesto conflicto de intereses vinculado a su empresa que gestiona la venta de campos argentinos a extranjeros.

    Durante una cuestión de privilegio antes del inicio del debate sobre el proyecto presentado por el Gobierno, Benegas Lynch calificó de “alejado de la realidad” el planteo formulado por Juliana Di Tullio. “Desde que estoy en esta banca, lo que votamos es oxigenar al sector privado, el único capaz de generar riqueza, arriesgar capital, invertir, producir y crear empleo”, afirmó.
    El senador de La Libertad Avanza replicó con ejemplos: “Si aplicamos este criterio, deberían abstenerse quienes tienen empleados al votar una ley de modernización laboral, o quienes exportan al tratar un acuerdo comercial. Si alguno de ustedes exporta aceitunas o cualquier otro producto, no podrían votar ni a favor ni en contra”. Hizo además alusión a médicos con clínicas privadas en debates de salud, cuestionando que eso los inhabilite para legislar.
    Benegas Lynch recordó que el artículo 55 de la Constitución Nacional exige que los senadores “disfruten de una renta anual”, porque los constituyentes de 1853 buscaron que no vivieran únicamente de la dieta parlamentaria. “Aquí hay personas sentadas en la banca hace casi 30 años, cobrando de todos los contribuyentes. La independencia que hoy se presenta como sospecha es un requisito constitucional”, enfatizó y añadió que, por esa lógica, tampoco debería haber votado nada, dada su representación del sector privado.
    El miércoles, Juliana Di Tullio presentó ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, un pedido para que Benegas Lynch se abstuviera e inhabilitara inmediatamente para intervenir, debatir, firmar dictámenes y votar sobre la propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El legislador reconoció ser fundador y socio mayoritario de Glocal Terra SRL, empresa dedicada al asesoramiento a inversores y administración de campos, con domicilio en la avenida Santa Fe 700, Ciudad de Buenos Aires, y operativa desde 2020.
    Sin embargo, el pedido de inhabilitación perdió efecto cuando el oficialismo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras. “El capítulo III no se votará hoy. La senadora hizo la presentación sabiendo que no se iba a votar. Pero esto es la vieja política. Me metí en esto, así que no me quejo; es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando a medida que avancemos enfrentando a quienes destruyeron Argentina durante más de dos décadas”, manifestó Benegas Lynch.
    En defensa del ya eliminado capítulo III, que prohibía la venta de tierras a Estados extranjeros, el senador afirmó que la norma vigente producto del kirchnerismo “permitía que un Estado comprara con límites, y todavía lo permite”. Denunció además que “la expresidenta hoy condenada y presa (Cristina Kirchner) concesionó por 50 años una empresa con participación estatal extranjera en la Patagonia”.
    Subrayó que la reforma impulsada “cierra el grifo a los Estados extranjeros, empresas y fondos soberanos, y abre la puerta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera”. Afirmó que el 95% de las tierras rurales están en manos argentinas, y recordó que desde la reglamentación de la ley en 2012 “el valor de los campos cayó un 50%. Hoy, familias o empresas deben vender a precio de descuento”.
    Al explicar quiénes han adquirido esos terrenos, señaló a “los Lázaro Báez de la vida, con 415 mil hectáreas en la Patagonia, y a sindicalistas que poseen campos en Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Los miles de millones robados están en esas compras”.
    Finalmente, lamentó la eliminación del capítulo III del proyecto y criticó “el show mediático, la presión de la izquierda más radical y la ignorancia de los tibios del medio”, factores que, advirtió, “nos llevan lamentablemente a no poder votar esta norma, que beneficia a todos los argentinos”.

  • Pedradas, corridas y detenidos frente al Congreso en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

    Pedradas, corridas y detenidos frente al Congreso en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

    Pedradas, corridas y detenidos frente al Congreso en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

    Incidentes entre policías y manifestantes marcaron este jueves la marcha frente al Congreso en rechazo a la Ley de Propiedad Privada, convocada por organizaciones sociales, culturales, gremios, agrupaciones opositoras y sectores de la sociedad civil. Los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de manifestantes logró derribar una de las vallas de seguridad instaladas en el perímetro del Palacio Legislativo.

    Las fuerzas de seguridad, con más de 2.000 efectivos presentes, activaron el protocolo antipiquetes y utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Por la noche se informó sobre 26 detenidos, a cargo de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la policía de la Ciudad. Además, se registraron daños materiales como la rotura de los vidrios de dos patrulleros y una camioneta policial.
    Cuatro agentes resultaron heridos; uno de ellos fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza. La protesta, que comenzó de forma pacífica, escaló en empujones, gritos, corridas y episodios de violencia, con botellazos, piedras y el uso de balas de goma. La infantería respondió con gases lacrimógenos cuando un grupo derribó una valla del Congreso, generando una fuerte tensión en la plaza.
    A medida que la situación se intensificaba, muchos manifestantes comenzaron a retirarse, aunque algunos continuaron desafiando a las fuerzas de seguridad. Pasado el mediodía, bajo una ligera lluvia, ya se congregaban diversas columnas provenientes de organizaciones como Movimiento Evita, La Cámpora, Frente de Izquierda y Polo Obrero, entre otras.
    El gobernador Axel Kicillof encabezó la columna del Movimiento Derecho al Futuro, acompañado por Andrés “Cuervo” Larroque y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Dirigentes cercanos al gobernador manifestaron que “la ley entera se tiene que caer, no solo el capítulo tres”. También participaron figuras como Myriam Bregman y las diputadas Victoria Tolosa Paz y Cecilia Moreau. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, señaló en diálogo con Clarín: “El Gobierno sigue vendiendo los fracasos como victorias. Eso le funcionó los primeros dos años, ya no”.
    Entre los manifestantes se encontraban jóvenes autoconvocados sin afiliación política, como Aylén, de 16 años, estudiante del Instituto San Nicolás de Polvorines, quien viajó dos horas hasta el Congreso para expresar su rechazo a la ley por considerar que pone en riesgo la soberanía sobre las tierras. En total, miles de personas salieron a las calles a pesar de la lluvia y el frío, llevando banderas con mensajes políticos y consignas a favor de la defensa del territorio nacional.
    En la plaza del Congreso se instaló una gigantesca imagen del mapa nacional y del Cono Sur en el suelo, con una bandera argentina flameando sobre las Islas Malvinas. También se exhibieron banderas y calcomanías que incorporaban símbolos del FMI y extranjeras, en rechazo al proyecto de ley. En el escenario se destacaron dos banderas con consignas: “La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja” y “Las Malvinas son argentinas. El agua y la tierra también”.
    Hugo, ex combatiente de Malvinas y hincha de Gimnasia, expresó su emoción por la reacción social y recordó el impacto del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial, que revitalizó el reclamo soberanista. Mientras tanto, en la plaza, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó un “verdurazo” entregando hortalizas, como muestra de rechazo a las políticas del presidente Milei, a quien acusaron de generar hambre en la sociedad.
    El momento de mayor concentración tuvo lugar alrededor de las 15 horas, cuando comenzaron a llegar manifestantes autoconvocados, entre ellos padres con sus hijos, trabajadores y estudiantes universitarios. La jornada transcurría con relativa calma hasta que un grupo de jóvenes autodenominados nacionalistas, vestidos con sobretodos y trajes, provocó incidentes al gritar consignas patrióticas y generar altercados con otros manifestantes, quienes los repudiaron y los obligaron a retirarse rápidamente.
    Representantes de distintos centros de estudiantes, como los del Colegio Nacional Buenos Aires, manifestaron su preocupación por los aspectos de la ley referidos a los incendios forestales en la Patagonia, fiscalizando que esos episodios no queden impunes, y expresaron temor ante la venta de tierras nacionales a capitales extranjeros.
    La movilización fue impulsada y cobró fuerza en redes sociales, escenario donde el Gobierno perdió terreno en el debate público sobre el capítulo de extranjerización de las tierras. Músicos, actores, influencers y diversas organizaciones no gubernamentales participaron activamente en una campaña masiva contra la ley. Esta movilización es la segunda gran acción digital tras la marcha federal universitaria de mayo y refleja el despertar político de sectores sociales que habitualmente no participan en debates legislativos.
    La discusión legislativa comenzó hace tres semanas, justo tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial, cuando los jugadores exhibieron una bandera reclamando la soberanía sobre Malvinas. En ese contexto, Patricia Bullrich detectó la falta de votos para aprobar la ley y pidió un cuarto intermedio.
    Artistas como Tini, Emilia Mernes, Lisandro Martínez y Lali compartieron en sus redes sociales contenidos de Amnistía Internacional con mensajes claros contra la ley: “Defender la tierra”, “La patria no se vende” y “Las tierras argentinas

  • Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

    Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

    Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

    Las universidades nacionales solicitaron hoy a la Justicia que intime al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal) y de aplicar multas al Estado por el incumplimiento.

    Según pudo saber Clarín, la presentación se realizó este jueves ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, responsable de la causa por incumplimiento de la ley. En diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó cumplir dos artículos: la recomposición salarial para docentes y no docentes, y el aumento de becas estudiantiles.
    Los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado —que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno— ya no existen excusas para no ejecutar la sentencia vinculada a la cautelar.
    A ello se sumó, como informó Clarín el martes, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo – Sala III, que consideró “abstracto” pronunciarse sobre la apelación presentada por las universidades contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. La medida cautelar dictada en diciembre por el juez Cormick había sido suspendida por el propio magistrado a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.
    La representación legal de las universidades, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, sostiene que ya puede ordenarse la ejecución de la cautelar. En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían enfrentar causas penales por desobediencia y sanciones económicas, lo que solicitan a la Justicia.
    Según cálculos de las universidades y gremios del sector, la liquidación de haberes para docentes y no docentes debería efectuarse con un aumento del 28,5%. Esto se suma al 21% otorgado desde la liquidación de julio, correspondiente al acuerdo paritario firmado a finales de mayo, convenio con el que el Gobierno intentó resolver la situación. Sin embargo, el rechazo inesperado de la Corte Suprema al recurso extraordinario del Ejecutivo reactivó el cumplimiento de la medida cautelar dictada en diciembre y ratificada por la Cámara en marzo.
    En este contexto, los gremios del sector preparan medidas de fuerza para la próxima semana. Los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro para el 12 de agosto. La mayoría de las universidades del país iniciará entonces el segundo semestre, involucrando a casi dos millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes.
    Por su parte, el Ministerio de Capital Humano se pronunció este jueves con críticas hacia el paro convocado para el 12 de agosto, calificándolo de “prematuro”. En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello recordó el acuerdo salarial paritario firmado en mayo y afirmó que “no existe incumplimiento alguno” al respecto. No obstante, evitó referirse a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar que ordena la recomposición salarial y el aumento de becas estudiantiles.
    Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, uno de los convocantes al paro, no descartó nuevas demandas judiciales por parte de los gremios, en línea con la presentación realizada por el CIN. “Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida dictada por la Corte Suprema respecto a la cautelar. No se puede hacer la vista gorda”, advirtió.

  • Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    La Libertad Avanza bajó otro capítulo cerca del final de una extensa sesión. Se mantienen vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Nuevo golpe para Patricia Bullrich.
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    En una tensa sesión, que incluyó un sorprendente final, el oficialismo senatorial y zigzagueantes aliados aprobaron esta madrugada una muy fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la definición queda ahora en manos de Diputados. La Libertad Avanza, a cargo de Patricia Bullrich, no sólo tuvo que borrar anteayer la venta de tierra a extranjeros, sino que sufrió un duro traspié en pleno recinto, al bajar -antes de la votación en general- el capítulo para cambiar la ley de Manejo del Fuego.
    Bajo este escenario, se mantendrán vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Esto significó otro golpe para la porteña y, en paralelo, la algarabía de la oposición -hasta aplaudieron, algo no permitido, y se abrazaron al final- para un proyecto que quedó maltrecho. Lo que quedó en pie del articulado contempla modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado; y desalojos exprés en usurpaciones -juicios sumarísimos- y veloces para el caso de falta de pago.
    Antes del debate, una unión entre Bullrich, dialoguistas y hasta el propio kirchnerismo enterró, en menos de un minuto, las recientes jugadas de Victoria Villarruel -a cargo del Ejecutivo por un viaje al exterior de Javier Milei- para que el pleno discutiera la habilitación o no de dos legisladores -la cristinista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama- para sesionar por la vía virtual, justificación médica de por medio.
    Hay una explicación formal y otra trascendental sobre dicho punto. En primer lugar, como ya estaba caído el capítulo de la venta de tierras a extranjeros, no hacía falta el aporte de la mendocina y el catamarqueño para hacerlo en contra de la propuesta de los libertarios. Curioso lo de Fama: en mayo pasado, fue uno de los que firmó el dictamen de mayoría. La Cámara alta siempre entrega sorpresas.
    Lo segundo fue clave: los legisladores salvaron al Senado de un potencial error -aunque era más que entendible y justificado el planteo de Fernández Sagasti, por tratarse de un episodio de fuerza mayor y que no revestía duda- en cuanto a introducir, sin un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, eventuales cambios al reglamento del Cuerpo, que requiere dos tercios. En resumen: era abrirle la ventana al diablo para que se cometiera cualquier tipo de atropello sobre el quorum y las votaciones de cara al futuro. Imposible de digerir para las bancadas, que razonaron juntas después de muchísimo tiempo.
    Tras ello y, en medio del inicio del tratamiento de la ley, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), pidió otra moción -se votan de manera automática, sin posibilidad de ida y vuelta- para devolver el tema a comisión. Perdió 38 a 31 con el oficialismo y aliados y evidenció ciertos acompañamientos para el articulado. Horas más tarde apareció la preocupación relacionada con el capítulo sobre manejo del fuego, que derivó luego en un papelón para Bullrich y el Gobierno libertario.
    Qué se dijo en el recinto
    El miembro informante fue el oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), quien en mayo pasado se ausentó -por un viaje al exterior- cuando La Libertad Avanza firmó el dictamen de mayoría, luego modificado por -al menos- 18 borradores extra. Justificó los desalojos exprés al equiparar el articulado a provincias donde “el proceso es el mismo que se propone” con la reforma en cuestión.
    Sobre el Manejo del Fuego, Coto consideró que si bien elevaría “gravemente las penas” ante incendios intencionales, dejó en claro que paralizar los terrores “entre 30 y 60 años es literalmente una vida”. Le respondió el peronista Pablo Bensusán (La Pampa): “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras -en referencia a la venta a extranjeros-, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.
    “Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones”, expresó. En ese sentido, agregó: “Modificaciones que hicieron desde mayo y a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones, que es el lugar donde se deben hacer”.
    Por su parte, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) validó los ítems de expropiaciones y desalojos, aunque se mostró en disconformidad total sobre el manejo del fuego y encendió la primera alarma. En ese sentido, afirmó: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.
    En tono político, el peronismo le recordó a Bullrich la voltereta del reciente martes, cuando apareció con nuevo un tope para la venta de tierra a extranjeros que, al día siguiente, sucumbió sin una sola chance. “Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”, disparó la riojana Florencia López, quien añadió: “Cuando se da cuenta que no hay agua, directamente cambia los temas. No tuvo empacho de cambiar de gobierno y de partido”.
    Ya en los cierres, la chubutense Edith Terenzi adelantó la abstención por desalojo y el no acompañamiento a lo del fuego. Eran cerca de las 23 -los primeros rumores aparecieron entre las 19 y 20- y el capítulo caminaba por el filo de la navaja. “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”, indicó la filo radical. Pasadas las 23.30, los más experimentados daban por caído el tema. Casi que dejó de interesar el resto de los discursos. Una situación que no se recordaba desde hace un buen tiempo.
    Con el resultado cantado -en voz baja- desde algunas bancas y la desazón libertaria, desde Convicción Federal aprovecharon la ocasión para plegarse a la ola opositora. “Profundamente inconstitucional, vergonzosamente tratada en la comisión”, sentenció Mayans, en representación del kirchnerismo. Selló el final Bullrich que, dos horas antes, subía un video a la red social X refiriéndose sólo a los desalojos. Algo sabía.
    “Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, conjeturó la ex ministra de Seguridad de Milei. Cuestionó a quienes se hacen los distraídos “cuando se toma un territorio, o el de una familia que construyó su casa”. Y resaltó: “Al que vive en una barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende? Ahí no regía la soberanía y lo recuperamos nosotros. La propiedad privada es certeza a los ciudadanos».
    “Hicieron de la Constitución un papel muerto”, denunció Bullrich y apuntó hacia todo el peronismo, y enumeró casos de caciques de “movimientos sociales” con causas penales en distintos puntos del país. Y lanzó un dato contundente: el promedio para cobrar post expropiaciones, siempre según sus palabras, es de 18 años. No olvidó de “la mayor estafa, con YPF”, ni la base china que el cristinismo impulsó en Neuquén y la consiguiente pérdida de soberanía para el país allí, algo inédito por ser una mega potencia extranjera.
    Puntos principales
    *Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original que se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
    En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
    La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
    Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
    *Desalojos. “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.
    Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
    “Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.
     

     
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