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  • Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    La modificación sancionada al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo como responsable externo a Sergio Massa, según reconocen en el Gobierno, aunque internamente las críticas apuntaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    El papel del exministro de Economía, excandidato presidencial y referente del PJ fue clave en las negociaciones con senadores afines a gobernadores peronistas, quienes mantienen un buen diálogo con el Ejecutivo. Massa admitió en conversaciones privadas haber hablado con tres de esos senadores, aunque desde el Gobierno estiman que fueron más, formando parte de un grupo de al menos nueve que finalmente rechazaron partes del proyecto y responden a distintos mandatarios del peronismo.
    Las negociaciones del líder del Frente Renovador se concentraron especialmente en los tres senadores que integran el bloque Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza—, quienes han acompañado en distintas iniciativas al oficialismo durante el último año. Moisés es cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz; Andrada responde al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil; y Mendoza está alineada con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Si bien todos mantienen buena relación con Casa Rosada, se marcaron distancias en esta oportunidad.
    El problema para el Gobierno fue la ausencia de varios votos el jueves pasado: los santacruceños Carambia y Gadano no acompañaron, al igual que la tucumana «Betty» Ávila, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes en otros casos habían respaldado proyectos previos.
    Desde el massismo reconocen haberse comunicado exclusivamente con el trío de senadores de Convicción Federal y se deslindan del resto de las negociaciones que debilitaron el proyecto de ley sobre la propiedad privada. «Se habló con tres senadores de 38. Con el resto no se dialogó; el error fue del Gobierno. El Colo Santilli y otros dejaron que Patricia (Bullrich) se estrelle sola», señalaron con ironía sobre la responsabilidad oficialista.
    Fuentes del Frente Renovador aseguran que el oficialismo no llamó en ningún momento a Moisés ni a los otros senadores de Convicción Federal tras haberlos utilizado políticamente durante largo tiempo. Además, atribuyen la influencia en las negociaciones no solo a Massa, sino también a referentes kirchneristas del Senado como Juliana Di Tullio y del Congreso, como Germán Martínez.
    En el sector conocido como mileísmo, algunos atribuyen a contactos previos con Massa las declaraciones del miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes expresaron su hartazgo con la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
    En cuanto a la agenda legislativa, a pesar de que Patricia Bullrich propuso sesionar todas las semanas del Senado durante agosto y septiembre, la experiencia de la primera semana del mes dificulta imaginar que se cumpla ese objetivo.
    Las expectativas del Senado se enfocan ahora en aprobar la Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción en Diputados y un consenso mayoritario entre los bloques aliados. Asimismo, esta semana se tratarán pliegos de jueces, un tema en el que el Gobierno destacó el envío de 203 designaciones para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial, cifra considerada un récord histórico por el ministro Juan Bautista Mahiques.
    Para más adelante quedan proyectos que deben debatirse primero en Diputados, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, clave para el diputado Javier Milei. El Senado ha pedido que los textos a discutir no mezclen temas dispares, como ocurrió en iniciativas recientes.
    En este contexto, ven pocas chances de avance para la ley de sociedades, especialmente en el capítulo que permitiría crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento habitual. Tampoco parece probable que prospere la iniciativa que buscaba desregular actividades de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, propuesta en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el exministro Federico Sturzenegger.

  • La media sanción a la ley de Inviolabilidad ya ingresó en revisión a Diputados – El Miércoles Digital

    La media sanción a la ley de Inviolabilidad ya ingresó en revisión a Diputados – El Miércoles Digital

    La media sanción a la ley de Inviolabilidad ya ingresó en revisión a Diputados – El Miércoles Digital

    El despacho ya impactó en Mesa de Entradas de Diputados y el Cuerpo quedó habilitado a convocar el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar el debate en la cámara revisora.
     
    A cargo del Senado mientras Javier Milei está en Colombia y por ende, Victoria Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo, Bartolomé Abdala, en su rol de presidente provisional de la Cámara alta, firmó el giro de la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

    Según constató parlamentario.com, la iniciativa ya ingresó a Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. Por lo que, desde este viernes, el Cuerpo que preside Martín Menem quedó habilitado para convocar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su tratamiento en la cámara revisora.

    En el oficialismo reinó la tranquilidad al saber que sería el puntano quien esté a cargo de la rúbrica del trámite y no la vicepresidenta de la Nación debido a que en La Libertad Avanza la miran con desconfianza e, incluso, muchos consideraban que podía llegar a retrasar el giro. Sin embargo, con Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo, fue el propio Abdala, quien aceleró el envío.

    El camino del proyecto en el Senado
    El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó al Senado con 51 artículos y seis capítulos de reformas. Pero durante el tratamiento en comisiones se desestimaron los cambios al marco normativo que rige sobre el Renabap, precisó el portal de noticias legislativas paralmentario.com.

    Luego de varios intentos de llegar al recinto, en la previa a la sesión ordinaria, la iniciativa sufrió la eliminación del capítulo que reformaba a la Ley de Tierras que inicialmente pretendía quitar todo tipo de límites a la posbilidad de dominio extranjero sobre los campos rurales.

    Ya con los apoyos desgastados, el oficialismo en la Cámara alta debió quitar el capítulo que derogaba un par de artículos a la Ley de Manejo del Fuego y el dictamen solo contiene los cambios a la Ley de Expropiaciones más los capítulos que agilizan desalojos y el de actualización al Registro de la Propiedad Privada.

    Diputados analiza el escenario

    Todavía no hubo comunicaciones formales o informales respecto a la posibilidad de que La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados haga un intento por recuperar alguno de los capítulos perdidos. Pero según trascendidos que llegaron desde Balcarce 50, la intención, a priori, es tratar el despacho que se aprobó en la madrugada de este viernes 7 de agosto.
    De todos modos, las comisiones que presiden el santafesino Nicolás Mayoraz, Asuntos Constitucionales, y Santiago Santurio, Legislación General, ya están habilitadas a convocar la reunión plenaria.

     
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  • La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    El senador Joaquín Benegas Lynch respondió este jueves al pedido de una legisladora del peronismo para que se le impidiera participar en la votación de la Ley de Tierras, debido a un supuesto conflicto de intereses vinculado a su empresa que gestiona la venta de campos argentinos a extranjeros.

    Durante una cuestión de privilegio antes del inicio del debate sobre el proyecto presentado por el Gobierno, Benegas Lynch calificó de “alejado de la realidad” el planteo formulado por Juliana Di Tullio. “Desde que estoy en esta banca, lo que votamos es oxigenar al sector privado, el único capaz de generar riqueza, arriesgar capital, invertir, producir y crear empleo”, afirmó.
    El senador de La Libertad Avanza replicó con ejemplos: “Si aplicamos este criterio, deberían abstenerse quienes tienen empleados al votar una ley de modernización laboral, o quienes exportan al tratar un acuerdo comercial. Si alguno de ustedes exporta aceitunas o cualquier otro producto, no podrían votar ni a favor ni en contra”. Hizo además alusión a médicos con clínicas privadas en debates de salud, cuestionando que eso los inhabilite para legislar.
    Benegas Lynch recordó que el artículo 55 de la Constitución Nacional exige que los senadores “disfruten de una renta anual”, porque los constituyentes de 1853 buscaron que no vivieran únicamente de la dieta parlamentaria. “Aquí hay personas sentadas en la banca hace casi 30 años, cobrando de todos los contribuyentes. La independencia que hoy se presenta como sospecha es un requisito constitucional”, enfatizó y añadió que, por esa lógica, tampoco debería haber votado nada, dada su representación del sector privado.
    El miércoles, Juliana Di Tullio presentó ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, un pedido para que Benegas Lynch se abstuviera e inhabilitara inmediatamente para intervenir, debatir, firmar dictámenes y votar sobre la propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El legislador reconoció ser fundador y socio mayoritario de Glocal Terra SRL, empresa dedicada al asesoramiento a inversores y administración de campos, con domicilio en la avenida Santa Fe 700, Ciudad de Buenos Aires, y operativa desde 2020.
    Sin embargo, el pedido de inhabilitación perdió efecto cuando el oficialismo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras. “El capítulo III no se votará hoy. La senadora hizo la presentación sabiendo que no se iba a votar. Pero esto es la vieja política. Me metí en esto, así que no me quejo; es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando a medida que avancemos enfrentando a quienes destruyeron Argentina durante más de dos décadas”, manifestó Benegas Lynch.
    En defensa del ya eliminado capítulo III, que prohibía la venta de tierras a Estados extranjeros, el senador afirmó que la norma vigente producto del kirchnerismo “permitía que un Estado comprara con límites, y todavía lo permite”. Denunció además que “la expresidenta hoy condenada y presa (Cristina Kirchner) concesionó por 50 años una empresa con participación estatal extranjera en la Patagonia”.
    Subrayó que la reforma impulsada “cierra el grifo a los Estados extranjeros, empresas y fondos soberanos, y abre la puerta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera”. Afirmó que el 95% de las tierras rurales están en manos argentinas, y recordó que desde la reglamentación de la ley en 2012 “el valor de los campos cayó un 50%. Hoy, familias o empresas deben vender a precio de descuento”.
    Al explicar quiénes han adquirido esos terrenos, señaló a “los Lázaro Báez de la vida, con 415 mil hectáreas en la Patagonia, y a sindicalistas que poseen campos en Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Los miles de millones robados están en esas compras”.
    Finalmente, lamentó la eliminación del capítulo III del proyecto y criticó “el show mediático, la presión de la izquierda más radical y la ignorancia de los tibios del medio”, factores que, advirtió, “nos llevan lamentablemente a no poder votar esta norma, que beneficia a todos los argentinos”.

  • Pedradas, corridas y detenidos frente al Congreso en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

    Pedradas, corridas y detenidos frente al Congreso en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

    Pedradas, corridas y detenidos frente al Congreso en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

    Incidentes entre policías y manifestantes marcaron este jueves la marcha frente al Congreso en rechazo a la Ley de Propiedad Privada, convocada por organizaciones sociales, culturales, gremios, agrupaciones opositoras y sectores de la sociedad civil. Los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de manifestantes logró derribar una de las vallas de seguridad instaladas en el perímetro del Palacio Legislativo.

    Las fuerzas de seguridad, con más de 2.000 efectivos presentes, activaron el protocolo antipiquetes y utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Por la noche se informó sobre 26 detenidos, a cargo de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la policía de la Ciudad. Además, se registraron daños materiales como la rotura de los vidrios de dos patrulleros y una camioneta policial.
    Cuatro agentes resultaron heridos; uno de ellos fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza. La protesta, que comenzó de forma pacífica, escaló en empujones, gritos, corridas y episodios de violencia, con botellazos, piedras y el uso de balas de goma. La infantería respondió con gases lacrimógenos cuando un grupo derribó una valla del Congreso, generando una fuerte tensión en la plaza.
    A medida que la situación se intensificaba, muchos manifestantes comenzaron a retirarse, aunque algunos continuaron desafiando a las fuerzas de seguridad. Pasado el mediodía, bajo una ligera lluvia, ya se congregaban diversas columnas provenientes de organizaciones como Movimiento Evita, La Cámpora, Frente de Izquierda y Polo Obrero, entre otras.
    El gobernador Axel Kicillof encabezó la columna del Movimiento Derecho al Futuro, acompañado por Andrés “Cuervo” Larroque y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Dirigentes cercanos al gobernador manifestaron que “la ley entera se tiene que caer, no solo el capítulo tres”. También participaron figuras como Myriam Bregman y las diputadas Victoria Tolosa Paz y Cecilia Moreau. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, señaló en diálogo con Clarín: “El Gobierno sigue vendiendo los fracasos como victorias. Eso le funcionó los primeros dos años, ya no”.
    Entre los manifestantes se encontraban jóvenes autoconvocados sin afiliación política, como Aylén, de 16 años, estudiante del Instituto San Nicolás de Polvorines, quien viajó dos horas hasta el Congreso para expresar su rechazo a la ley por considerar que pone en riesgo la soberanía sobre las tierras. En total, miles de personas salieron a las calles a pesar de la lluvia y el frío, llevando banderas con mensajes políticos y consignas a favor de la defensa del territorio nacional.
    En la plaza del Congreso se instaló una gigantesca imagen del mapa nacional y del Cono Sur en el suelo, con una bandera argentina flameando sobre las Islas Malvinas. También se exhibieron banderas y calcomanías que incorporaban símbolos del FMI y extranjeras, en rechazo al proyecto de ley. En el escenario se destacaron dos banderas con consignas: “La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja” y “Las Malvinas son argentinas. El agua y la tierra también”.
    Hugo, ex combatiente de Malvinas y hincha de Gimnasia, expresó su emoción por la reacción social y recordó el impacto del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial, que revitalizó el reclamo soberanista. Mientras tanto, en la plaza, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó un “verdurazo” entregando hortalizas, como muestra de rechazo a las políticas del presidente Milei, a quien acusaron de generar hambre en la sociedad.
    El momento de mayor concentración tuvo lugar alrededor de las 15 horas, cuando comenzaron a llegar manifestantes autoconvocados, entre ellos padres con sus hijos, trabajadores y estudiantes universitarios. La jornada transcurría con relativa calma hasta que un grupo de jóvenes autodenominados nacionalistas, vestidos con sobretodos y trajes, provocó incidentes al gritar consignas patrióticas y generar altercados con otros manifestantes, quienes los repudiaron y los obligaron a retirarse rápidamente.
    Representantes de distintos centros de estudiantes, como los del Colegio Nacional Buenos Aires, manifestaron su preocupación por los aspectos de la ley referidos a los incendios forestales en la Patagonia, fiscalizando que esos episodios no queden impunes, y expresaron temor ante la venta de tierras nacionales a capitales extranjeros.
    La movilización fue impulsada y cobró fuerza en redes sociales, escenario donde el Gobierno perdió terreno en el debate público sobre el capítulo de extranjerización de las tierras. Músicos, actores, influencers y diversas organizaciones no gubernamentales participaron activamente en una campaña masiva contra la ley. Esta movilización es la segunda gran acción digital tras la marcha federal universitaria de mayo y refleja el despertar político de sectores sociales que habitualmente no participan en debates legislativos.
    La discusión legislativa comenzó hace tres semanas, justo tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial, cuando los jugadores exhibieron una bandera reclamando la soberanía sobre Malvinas. En ese contexto, Patricia Bullrich detectó la falta de votos para aprobar la ley y pidió un cuarto intermedio.
    Artistas como Tini, Emilia Mernes, Lisandro Martínez y Lali compartieron en sus redes sociales contenidos de Amnistía Internacional con mensajes claros contra la ley: “Defender la tierra”, “La patria no se vende” y “Las tierras argentinas

  • Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

    Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

    Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

    Las universidades nacionales solicitaron hoy a la Justicia que intime al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal) y de aplicar multas al Estado por el incumplimiento.

    Según pudo saber Clarín, la presentación se realizó este jueves ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, responsable de la causa por incumplimiento de la ley. En diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó cumplir dos artículos: la recomposición salarial para docentes y no docentes, y el aumento de becas estudiantiles.
    Los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado —que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno— ya no existen excusas para no ejecutar la sentencia vinculada a la cautelar.
    A ello se sumó, como informó Clarín el martes, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo – Sala III, que consideró “abstracto” pronunciarse sobre la apelación presentada por las universidades contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. La medida cautelar dictada en diciembre por el juez Cormick había sido suspendida por el propio magistrado a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.
    La representación legal de las universidades, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, sostiene que ya puede ordenarse la ejecución de la cautelar. En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían enfrentar causas penales por desobediencia y sanciones económicas, lo que solicitan a la Justicia.
    Según cálculos de las universidades y gremios del sector, la liquidación de haberes para docentes y no docentes debería efectuarse con un aumento del 28,5%. Esto se suma al 21% otorgado desde la liquidación de julio, correspondiente al acuerdo paritario firmado a finales de mayo, convenio con el que el Gobierno intentó resolver la situación. Sin embargo, el rechazo inesperado de la Corte Suprema al recurso extraordinario del Ejecutivo reactivó el cumplimiento de la medida cautelar dictada en diciembre y ratificada por la Cámara en marzo.
    En este contexto, los gremios del sector preparan medidas de fuerza para la próxima semana. Los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro para el 12 de agosto. La mayoría de las universidades del país iniciará entonces el segundo semestre, involucrando a casi dos millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes.
    Por su parte, el Ministerio de Capital Humano se pronunció este jueves con críticas hacia el paro convocado para el 12 de agosto, calificándolo de “prematuro”. En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello recordó el acuerdo salarial paritario firmado en mayo y afirmó que “no existe incumplimiento alguno” al respecto. No obstante, evitó referirse a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar que ordena la recomposición salarial y el aumento de becas estudiantiles.
    Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, uno de los convocantes al paro, no descartó nuevas demandas judiciales por parte de los gremios, en línea con la presentación realizada por el CIN. “Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida dictada por la Corte Suprema respecto a la cautelar. No se puede hacer la vista gorda”, advirtió.

  • Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    La Libertad Avanza bajó otro capítulo cerca del final de una extensa sesión. Se mantienen vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Nuevo golpe para Patricia Bullrich.
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    En una tensa sesión, que incluyó un sorprendente final, el oficialismo senatorial y zigzagueantes aliados aprobaron esta madrugada una muy fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la definición queda ahora en manos de Diputados. La Libertad Avanza, a cargo de Patricia Bullrich, no sólo tuvo que borrar anteayer la venta de tierra a extranjeros, sino que sufrió un duro traspié en pleno recinto, al bajar -antes de la votación en general- el capítulo para cambiar la ley de Manejo del Fuego.
    Bajo este escenario, se mantendrán vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Esto significó otro golpe para la porteña y, en paralelo, la algarabía de la oposición -hasta aplaudieron, algo no permitido, y se abrazaron al final- para un proyecto que quedó maltrecho. Lo que quedó en pie del articulado contempla modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado; y desalojos exprés en usurpaciones -juicios sumarísimos- y veloces para el caso de falta de pago.
    Antes del debate, una unión entre Bullrich, dialoguistas y hasta el propio kirchnerismo enterró, en menos de un minuto, las recientes jugadas de Victoria Villarruel -a cargo del Ejecutivo por un viaje al exterior de Javier Milei- para que el pleno discutiera la habilitación o no de dos legisladores -la cristinista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama- para sesionar por la vía virtual, justificación médica de por medio.
    Hay una explicación formal y otra trascendental sobre dicho punto. En primer lugar, como ya estaba caído el capítulo de la venta de tierras a extranjeros, no hacía falta el aporte de la mendocina y el catamarqueño para hacerlo en contra de la propuesta de los libertarios. Curioso lo de Fama: en mayo pasado, fue uno de los que firmó el dictamen de mayoría. La Cámara alta siempre entrega sorpresas.
    Lo segundo fue clave: los legisladores salvaron al Senado de un potencial error -aunque era más que entendible y justificado el planteo de Fernández Sagasti, por tratarse de un episodio de fuerza mayor y que no revestía duda- en cuanto a introducir, sin un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, eventuales cambios al reglamento del Cuerpo, que requiere dos tercios. En resumen: era abrirle la ventana al diablo para que se cometiera cualquier tipo de atropello sobre el quorum y las votaciones de cara al futuro. Imposible de digerir para las bancadas, que razonaron juntas después de muchísimo tiempo.
    Tras ello y, en medio del inicio del tratamiento de la ley, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), pidió otra moción -se votan de manera automática, sin posibilidad de ida y vuelta- para devolver el tema a comisión. Perdió 38 a 31 con el oficialismo y aliados y evidenció ciertos acompañamientos para el articulado. Horas más tarde apareció la preocupación relacionada con el capítulo sobre manejo del fuego, que derivó luego en un papelón para Bullrich y el Gobierno libertario.
    Qué se dijo en el recinto
    El miembro informante fue el oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), quien en mayo pasado se ausentó -por un viaje al exterior- cuando La Libertad Avanza firmó el dictamen de mayoría, luego modificado por -al menos- 18 borradores extra. Justificó los desalojos exprés al equiparar el articulado a provincias donde “el proceso es el mismo que se propone” con la reforma en cuestión.
    Sobre el Manejo del Fuego, Coto consideró que si bien elevaría “gravemente las penas” ante incendios intencionales, dejó en claro que paralizar los terrores “entre 30 y 60 años es literalmente una vida”. Le respondió el peronista Pablo Bensusán (La Pampa): “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras -en referencia a la venta a extranjeros-, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.
    “Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones”, expresó. En ese sentido, agregó: “Modificaciones que hicieron desde mayo y a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones, que es el lugar donde se deben hacer”.
    Por su parte, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) validó los ítems de expropiaciones y desalojos, aunque se mostró en disconformidad total sobre el manejo del fuego y encendió la primera alarma. En ese sentido, afirmó: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.
    En tono político, el peronismo le recordó a Bullrich la voltereta del reciente martes, cuando apareció con nuevo un tope para la venta de tierra a extranjeros que, al día siguiente, sucumbió sin una sola chance. “Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”, disparó la riojana Florencia López, quien añadió: “Cuando se da cuenta que no hay agua, directamente cambia los temas. No tuvo empacho de cambiar de gobierno y de partido”.
    Ya en los cierres, la chubutense Edith Terenzi adelantó la abstención por desalojo y el no acompañamiento a lo del fuego. Eran cerca de las 23 -los primeros rumores aparecieron entre las 19 y 20- y el capítulo caminaba por el filo de la navaja. “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”, indicó la filo radical. Pasadas las 23.30, los más experimentados daban por caído el tema. Casi que dejó de interesar el resto de los discursos. Una situación que no se recordaba desde hace un buen tiempo.
    Con el resultado cantado -en voz baja- desde algunas bancas y la desazón libertaria, desde Convicción Federal aprovecharon la ocasión para plegarse a la ola opositora. “Profundamente inconstitucional, vergonzosamente tratada en la comisión”, sentenció Mayans, en representación del kirchnerismo. Selló el final Bullrich que, dos horas antes, subía un video a la red social X refiriéndose sólo a los desalojos. Algo sabía.
    “Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, conjeturó la ex ministra de Seguridad de Milei. Cuestionó a quienes se hacen los distraídos “cuando se toma un territorio, o el de una familia que construyó su casa”. Y resaltó: “Al que vive en una barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende? Ahí no regía la soberanía y lo recuperamos nosotros. La propiedad privada es certeza a los ciudadanos».
    “Hicieron de la Constitución un papel muerto”, denunció Bullrich y apuntó hacia todo el peronismo, y enumeró casos de caciques de “movimientos sociales” con causas penales en distintos puntos del país. Y lanzó un dato contundente: el promedio para cobrar post expropiaciones, siempre según sus palabras, es de 18 años. No olvidó de “la mayor estafa, con YPF”, ni la base china que el cristinismo impulsó en Neuquén y la consiguiente pérdida de soberanía para el país allí, algo inédito por ser una mega potencia extranjera.
    Puntos principales
    *Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original que se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
    En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
    La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
    Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
    *Desalojos. “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.
    Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
    “Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.
     

     
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  • Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Un amplio bloque transversal de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el «Súper RIGI».
    Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de «dos llaves de la misma cerradura» que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.
    Las ONG denuncian que este esquema configura un «traje a medida» para crear enclaves, apuntando especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el Súper RIGI busca atraer.
    A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos (Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes de trabajo masivas.
    En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo».
    Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que «el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
    En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que la “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Súper RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
    Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata manifestó: «Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable».
    Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
    Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluye el documento.
    De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios:
    1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes (como lagos y ríos).
    2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
    3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.
    Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Greenpeace Argentina, el Equipo Transiciones, Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, Salus Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).

     
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  • La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras – El Miércoles Digital

    La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras – El Miércoles Digital

    La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras – El Miércoles Digital

    La central obrera confirmó que participará de la protesta convocada junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras y debatirá el Senado.
    La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su presencia en la movilización convocada para el próximo 6 de agosto frente al Congreso en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.. Así lo confirmó la Central el jueves, en continuidad con las medidas de protesta que viene llevando adelante contra la reforma laboral.
    La marcha se realizará el mismo día en que el oficialismo intentará volver a llevar el proyecto al recinto del Senado, luego de que el tratamiento fuera postergado en cuatro oportunidades por falta de apoyos suficientes. La última reprogramación fue impulsada por la senadora Patricia Bullrich, quien promovió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto al advertir que el Gobierno no reunía los votos necesarios.
    Además de la CGT, la convocatoria reúne a las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y espacios de autoconvocados. La protesta también estará precedida por una semana de actividades bajo la consigna «Argentina no se vende», que incluirá talleres, radios abiertas, banderazos y una campaña de recolección de firmas en distintos puntos del país.
    El rechazo al proyecto también cosechó apoyos de otros sectores. En los últimos días se difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, además de pronunciamientos del Movimiento Nacional de Capellanes y del Llamamiento Argentino-Judío, todos con críticas a la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
    Alerta por las tierras rurales 
    La iniciativa oficial modifica cinco leyes y uno de sus puntos centrales reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, vigente desde 2011, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales. El nuevo esquema elimina las restricciones nacionales y deja en manos de las provincias la definición de eventuales límites, manteniendo únicamente la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran inmuebles rurales.
    El proyecto también endurece el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos mediante el juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego, que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras afectadas por incendios. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con la iniciativa en una sesión cuyo resultado todavía aparece abierto.

     
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  • Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

    Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

    Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

    La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de alivio tributario con incentivos fiscales destinado a fortalecer la actividad comercial en la provincia.

    Durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo, la cámara baja aprobó por mayoría la iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, que integra un paquete de medidas orientadas a acompañar a los pequeños comerciantes y sostener la actividad económica.
    El proyecto contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.
    Asimismo, prevé la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También incorpora la exención del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus renovaciones.
    Estas medidas representan un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y beneficiarán a más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado. Entrarán en vigencia una vez sancionada y reglamentada la ley, y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga durante todo 2027.
    Por otra parte, las medidas de alivio energético que forman parte de este esquema de acompañamiento al sector no requieren una ley para su implementación, ya que serán instrumentadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.
    El beneficio consiste en la bonificación del cargo fijo de la factura de energía eléctrica de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia. Está destinado a usuarios cuya CUIT de la actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda a monotributistas de las categorías A, B y C, y coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).
    La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas a partir del 1 de julio y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

  • Tras estar 28 años prohibido, el videojuego Carmageddon volvió a ser legal en la Ciudad gracias a la Ley de Hojarasca

    Tras estar 28 años prohibido, el videojuego Carmageddon volvió a ser legal en la Ciudad gracias a la Ley de Hojarasca

    Tras estar 28 años prohibido, el videojuego Carmageddon volvió a ser legal en la Ciudad gracias a la Ley de Hojarasca

    Tras más de 28 años de prohibición, la venta del polémico videojuego Carmageddon volvió a ser legal en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue posible luego de que, a fines de junio, la Legislatura porteña sancionara su propia Ley de Hojarasca, que, al igual que la norma homónima que en mayo recibió media sanción en Diputados, elimina regulaciones obsoletas, innecesarias o en desuso. La prohibición para comercializar el juego databa de 1998, cuando los legisladores consideraron que incitaba a la violencia y a la violación de las normas de tránsito.

    Desarrollado por Stainless Games y publicado por THQ Nordic, Carmageddon salió a la venta el 30 de junio de 1997, en una época en que todavía era común adquirir videojuegos en locales físicos. El juego se entregaba en cajas de cartón que contenían CDs y manuales con instrucciones para instalar y jugar.
    El título generó controversia casi de inmediato en el ámbito gamer. Lejos de seguir la tradicional premisa de las carreras, Carmageddon no obligaba al jugador a cruzar primero la línea de meta para ganar, sino que le ofrecía la posibilidad de participar en una suerte de raid destructivo donde la posición de salida era irrelevante. El jugador podía chocar vehículos rivales para sacarlos de competencia o atropellar peatones para acumular puntos y extender el tiempo de juego. Incluso, algunos peatones otorgaban puntajes adicionales al ser arrollados, como niños o mujeres embarazadas.
    Ante esta premisa, las críticas no tardaron en llegar. En mayo de 1997, poco antes de su lanzamiento, la British Board of Film Classification (BBFC) se negó a clasificar el juego, lo que imposibilitó su comercialización en el Reino Unido. Para superar este obstáculo, los desarrolladores lanzaron una versión modificada en la que los peatones fueron reemplazados por zombis. En noviembre de ese mismo año, Brasil fue el primer país en prohibir el título, al vetar su fabricación, distribución, difusión y venta.
    La polémica llegó rápidamente a la Legislatura porteña, impulsada por un pedido de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT). El 26 de marzo de 1998 se trataron tres proyectos de ley que buscaban retirar Carmageddon de los comercios de la Ciudad. Una de las iniciativas, presentada por los entonces legisladores Juliana Marino y César Torres del partido Justicialista, respaldaba las gestiones de FAVAT para “prohibir videojuegos orientados a la destrucción de personas”. Las otras dos, impulsadas por la UCR, proponían prohibir la venta y sancionar a quienes comercializaran el juego.
    Clarín accedió a la versión taquigráfica de esa sesión, donde se evidenció un corto debate sobre la medida y en la que incluso se consignó erróneamente el nombre del juego como “CARMAGGEDON”.
    El secretario parlamentario, Miguel O. Grillo, describió el juego como algo más que entretenimiento, afirmando que su lema era “CONDUCIR PARA MATAR”, una consigna contraria al respeto por la vida y la integridad física y moral. Señaló además el supuesto agotamiento del título en jugueterías y locales de computación. Destacó que el juego otorgaba mayor puntaje al atropellar a una mujer embarazada, argumento que reflejaba una lógica “enferma e insana”, según su criterio.
    La Legislatura dio entonces luz verde al tratamiento de lo que se convertiría en la Ley 16, que durante casi tres décadas prohibió la venta del videojuego en la Ciudad. En sus considerandos, la norma remarcaba que el juego “acumula puntaje a medida que se atropella a diversos peatones”, y que “quien atropella a un anciano no recibe tanto puntaje como quien atropella a una mujer embarazada o a alguien que realiza ejercicios aeróbicos”.
    El debate fue breve, pero dejó intervenciones que hoy resultarían llamativas. Silverio Fernández Gaido, legislador radical y autor de uno de los proyectos, contó que sus asesores debieron buscar el juego y su traducción, ya que “viene en inglés”. Durante su exposición recordó la mecánica del juego que incluía atropellar peatones y vacas, y resaltó la importancia de prohibir su comercialización para evitar la difusión de “repulsivas” conductas.
    Por su parte, Roberto Clienti (UCR) relacionó el videojuego con la masacre escolar de Jonesboro, en Estados Unidos, ocurrida poco antes, y habló de un “síndrome de violencia” en la sociedad vigente a fin de siglo, promovido por industriales “inescrupulosos”. Destacó que en Argentina se registraban 11.000 víctimas fatales en accidentes de tránsito ese año, con un 36% de los responsables entre 17 y 20 años. “Prácticamente estamos diciendo: ‘conduzca para matar’”, remató.
    Aníbal Ibarra, entonces legislador y futuro jefe de Gobierno, sostuvo que el juego constituía una “apología del delito”. Señaló que Carmageddon no era el único título que premiaba la muerte, pues otros juegos otorgaban puntos por eliminar personajes con armas, puños, aviones o bombas, y propuso extender la prohibición a esos juegos también.
    Aunque había numerosos juegos similares, la preocupación por la violencia llevó a aprobar el proyecto casi sin resistencia. El 29 de abril de 1998, la ley fue publicada en el Boletín Oficial y ratificada con