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  • El juez Lijo le concedió a Manuel Adorni 15 días más para que justifique el aumento de su patrimonio

    El juez Lijo le concedió a Manuel Adorni 15 días más para que justifique el aumento de su patrimonio

    Este miércoles vence el plazo para que Manuel Adorni responda al requerimiento de justificación elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita y avalado por el juez Ariel Lijo. El objetivo es que brinde explicaciones sobre ítems concretos de su patrimonio que no encuentran respaldo en sus declaraciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el exfuncionario solicitó una prórroga de 15 días, la cual fue concedida por el magistrado.

    Tras casi cinco meses de investigación, la Justicia federal detecta diversas inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni: un incremento patrimonial del 119%, cifras sin sustento documental y tenencia de dólares sin respaldo. Por ello, la fiscalía firmó el requerimiento de justificación, una etapa previa al llamado a indagatoria, en la que cuestiona en veinte puntos la fortuna del exjefe de Gabinete.
    El dictamen establecía un plazo de 15 días hábiles, conforme al Código Procesal Penal, para que Adorni “justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha de ingreso a la función pública nacional— y el 27 de junio de 2026 —día de su renuncia al cargo—”.
    Desde la notificación por parte del juez Lijo comenzó a correr este plazo. Sin embargo, este lunes, a punto de vencerlo, el exfuncionario solicitó una extensión por 15 días más. Este martes, Lijo firmó la resolución que concede dicha prórroga para que Adorni responda sobre los veinte puntos cuestionados en su patrimonio según la fiscalía.
    La defensa del exjefe de Gabinete había pedido suspender el plazo hasta obtener copias de los archivos digitales utilizados en el requerimiento y prorrogar el término por 15 días a partir de ese momento. El 20 de agosto, en resguardo del derecho a la defensa y para permitir el acceso a estos elementos vinculados al caso, Lijo autorizó la entrega de esos archivos.
    Aunque el magistrado rechazó la suspensión total del plazo alegando que la defensa pudo acceder a la documentación con cinco días de anticipación, sí aceptó la prórroga solicitada. Así, a partir de este miércoles, cuando vencía el plazo inicial, Adorni tendrá otros 15 días hábiles para presentar sus explicaciones ante la justicia federal. De considerarse insuficientes, el siguiente paso será su citación a indagatoria.
    La fiscalía señala que los incrementos, adquisiciones y gastos analizados, en comparación con los ingresos legales comprobados del grupo familiar conformado por Adorni y su esposa, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
    El informe profundiza además en los movimientos financieros de Adorni y Angeletti, considerándolos como patrimonio familiar.
    Las sospechas
    Durante la investigación, el fiscal Pollicita determinó que, en el período analizado, Manuel Adorni percibió 35 haberes derivados de su cargo, a los que se suman los ingresos comprobados de su cónyuge. Estos ingresos suman en conjunto 229.752.283,20 pesos, mientras que los gastos del grupo familiar —incluyendo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito— alcanzaron 272.820.832,20 pesos, dejando una diferencia no explicada de 43.068.549 pesos.
    Otro punto cuestionado es la tenencia de dólares en el patrimonio, que no encuentra correlato con los ingresos lícitos declarados. Entre estos gastos se incluyen la compra del lote 380 del Country Indio Cuá y su refacción integral, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario encargado para ambos inmuebles. La suma total desembolsada asciende a 402.578,12 dólares.
    La reconstrucción patrimonial busca determinar si los ingresos lícitos de Adorni durante su función pública alcanzan para explicar los bienes adquiridos, las deudas canceladas y los gastos afrontados por el grupo familiar.
    Los ingresos de la esposa
    El informe también analiza los ingresos de Bettina Angeletti, que adquirieron relevancia a partir de 2024. Durante ese año, la esposa de Adorni emitió facturas solo entre octubre y diciembre, concentradas en tres clientes, y su facturación creció un 1.440,97% respecto del período anterior.
    En 2025, Angeletti facturó 124.282.864 pesos a trece clientes, aunque el 81,95% se concentró en solo dos.
    Nuevas dudas
    Entre los desembolsos extraordinarios se destacan la compra de un Jeep Compass en marzo de 2024, por 21.500 dólares, pagada mayormente en efectivo; la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá en noviembre del mismo año, por 120.000 dólares; y la refacción integral de la vivienda en dicho lote.
    Por estas obras se acreditaron pagos en efectivo por 245.000 dólares. Según Pollicita, “los numerosos viajes al exterior del grupo familiar durante el período investigado reflejan el nivel de gastos, muchos abonados total o parcialmente en efectivo y moneda extranjera, conforme a la reconstrucción incorporada a la causa”.
    La fiscalía destaca la falta de coherencia respecto al origen del dinero utilizado para las mejoras en las propiedades declaradas, las discrepancias entre cómo Adorni y su cónyuge registran un inmueble, y la explicación parcial del incremento patrimonial basada en ingresos exentos, herencias y donaciones.
    Además, el requerimiento incluye el análisis de la forma en que se afrontaron diversos gastos

  • Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa por presuntos delitos de corrupción. Esto no implica que el ex presidente sea declarado inocente, sino que se debe continuar con la toma de testimonios y reevaluar su situación procesal.

    La falta de mérito se limitó exclusivamente a Alberto Fernández y no alcanzó al resto de los exfuncionarios y empresarios procesados en la causa. Esta decisión se adoptó tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la confirmación del procesamiento contra Fernández, por lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, resolvió que el ex mandatario debe seguir bajo investigación mientras se sustancian las medidas probatorias solicitadas por su defensa.
    Según la resolución unánime a la que accedió Clarín, el juez Boico manifestó que, aunque personalmente sostenía la confirmación del procesamiento, acataba el criterio de la Sala IV de la Casación Penal, por lo que votó en favor de la falta de mérito de Fernández. Además aclaró que la decisión afecta únicamente al ex presidente, rechazando la extensión de la anulación a otros imputados cuya situación procesal permanece vigente.
    Por su parte, el juez Irurzun señaló que corresponde revocar el procesamiento y que será la instancia anterior la que deba expedirse nuevamente sobre el mérito del caso. En esta nueva etapa, el expediente será subrogado por el juez Ariel Lijo. Irurzun también rechazó la petición de otras defensas para extender la falta de mérito, ya que el fallo de la Casación se circunscribe exclusivamente a Alberto Fernández.
    En disidencia, el juez Eduardo Farah coincidió con la falta de mérito para el ex presidente pero consideró que la medida debería aplicarse también a Héctor Martínez Sosa, supuestamente intermediario en las contrataciones investigadas. Farah argumentó que si no se puede sostener que las acciones de Fernández facilitaron los negocios de Martínez Sosa con el Estado, será necesario revisar la responsabilidad asignada hasta ahora a otros funcionarios y empresarios involucrados.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juez de instrucción Ariel Lijo, quien deberá concretar las medidas probatorias solicitadas por la defensa de Fernández y avaladas por el fiscal general. Estas medidas incluyen testimonios para esclarecer cómo se designaron productores y asesores vía la intermediación de Martínez Sosa, presuntamente en incumplimiento del régimen de contrataciones públicas.
    El origen del caso radica en el decreto 823/21, firmado por Fernández cuando era presidente, que obligó a organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto habilitó una intermediación irregular de brokers, que firmaron 45 contratos con 25 corredores involucrados. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por esos contratos sumaron más de 3.364 millones de pesos, con irregularidades y direccionamientos.
    La imputación contra Fernández por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes públicos se basa en que Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, concentró el 59,6% de las comisiones derivadas de esos contratos. El aumento sustancial de los negocios de Martínez Sosa coincidió con la presidencia de Fernández, alcanzando una facturación superior a 2.250 millones de pesos.
    El proceso había avanzado con la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, pero la defensa cuestionó la ausencia de declaraciones testimoniales solicitadas, lo que motivó la anulación de dicha confirmación por parte de la Casación Penal. Pese a que el fiscal ante ese tribunal pidió mantener el procesamiento, el fiscal de la Cámara de Apelaciones apoyó el pedido de la defensa, facilitando la decisión de la Casación.
    Actualmente, las pruebas testimoniales vinculadas al decreto y los manejos en la contratación se están recabando; hace una semana declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de la presidencia. La investigación también se basa en mensajes del celular de María Cantero, que sugieren la participación directa del ex presidente en la facilitación de algunas contrataciones irregulares.
    Cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo procesaron a Fernández, concluyeron que favoreció contrataciones a su amigo Héctor Martínez Sosa. El caso, inicialmente tramitado en el juzgado federal 11 bajo la custodia del juez Julián Ercolini, está actualmente vacante y subrogada, por lo que corresponderá al juez Ariel Lijo decidir si confirma nuevamente la acusación o define otra medida procesal.
    La acusación sostiene que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los imputados participaron en un esquema coordinado para recaudar y distribuir fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la intermediación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros. Según la causa, los brokers actuaron con la complicidad de Alberto Fernández, facilitando la inclusión de empresas coaseguradoras y el reparto de comisiones.
    Un elemento clave de la investigación fue la influencia de Martínez Sosa sobre Fernández, evidenciada por las conversaciones obtenidas del celular de María Cantero. En una de ellas, Cantero le asegura a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?