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  • Diputados bajo la lupa: gasto, planta, dietas y contrataciones – El Miércoles Digital

    Diputados bajo la lupa: gasto, planta, dietas y contrataciones – El Miércoles Digital

    La dieta de los legisladores de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se multiplicó por 6,4 veces entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según reveló la propia conducción del cuerpo legislativo.
    Hoy perciben más de 11 millones de pesos mensuales. No obstante, el gasto real de la Cámara cayó 57,2% en el mismo período. En tanto, el sistema de módulos de contratación pasó a ser la segunda erogación más importante del cuerpo, con $4.522 millones ejecutados en 2025, pero el informe oficial no incluye nómina pública de contratados, pese a que existe un parámetro de referencia de $5.000.000 por legislador y a que sí se identifica proveedor por proveedor en el resto de las partidas. Además, el personal adscripto -agentes prestados por otros organismos- cayó de 133 a 25 entre 2023 y 2026, pero la proporción de adscriptos del bloque oficialista de cada momento se mantuvo estable en torno al 55-60% en toda la serie, publicó Análisis.
    La Presidencia de la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado en el marco de la Ley Nº 11.191, correspondiente al Expediente Administrativo Nº 1506 – 147º Período Legislativo. La contestación, firmada por el presidente del cuerpo, Gustavo R. Hein, con fecha 28 de agosto de 2026, acompaña un informe consolidado de 234 páginas que aborda los once puntos requeridos: presupuesto y ejecución, planta de personal, sistema de módulos para contrataciones, composición de la dieta, personal adscripto, viáticos y combustible, gastos protocolares y reservados, contrataciones de bienes y servicios, subsidios y aportes a terceros, y el funcionamiento de comisiones, proyectos y sesiones.
    En la nota de remisión, la Cámara sostiene que la respuesta fue elaborada «procurando brindar la información con el mayor grado posible de integridad, claridad y trazabilidad», y aclara que en los puntos referidos a información publicada en el sitio oficial se incorporan los enlaces correspondientes en lugar de reproducir la totalidad de los datos. También informa que, dado el volumen de la documentación, el material fue remitido a través de la casilla personal de la Secretaría de Cámara.
    El informe advierte, además, que en los puntos referidos a información de períodos anteriores, los datos se suministran «conforme al estado, grado de sistematización y modalidad de registración» en que la documentación fue encontrada, lo que -según la propia Cámara- explica eventuales diferencias de formato o de nivel de detalle entre un ejercicio y otro dentro de un mismo punto.
    El informe incluye el detalle de presupuesto asignado y ejecutado por partida para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 (este último con ejecución al 31 de julio). A partir de esa información, la propia Cámara construyó un cuadro de «caída del gasto total y por inciso» en el que afirma que, medido en términos reales, el gasto total del cuerpo se redujo 57,2% entre 2023 y 2026: de cada $100 ejecutados en 2023, en 2026 se ejecutan apenas alrededor de $43 de poder de compra equivalente.
    La baja no fue pareja en el tiempo: el gasto real cayó 23,0% en 2024 respecto de 2023, otro 35,1% en 2025 y 14,3% adicional en 2026. Por inciso, la reducción acumulada 2023-2026 fue de 93,3% en Transferencias (subsidios), 70,6% en Servicios no Personales, 66,2% en Bienes de Uso, 50,4% en Gastos en Personal y 34,9% en Bienes de Consumo. El propio informe remarca que «ningún componente del gasto quedó al margen del esfuerzo de racionalización».
    Puesto en pesos corrientes, el detalle por partida muestra que la principal erogación de la Cámara sigue siendo la masa salarial: solo el rubro «Retribuciones del Cargo – Escalafón Legislativo» pasó de $3.854.884.498 asignados y ejecutados en 2023 a $9.182.675.142 asignados en 2025 (con igual monto ejecutado) y $6.475.103.000 asignados para 2026, de los cuales se llevaban ejecutados $5.374.233.188 al 31 de julio. La segunda partida en magnitud es la 3.4.9 –Servicios Técnicos y Profesionales– Otros N.E.P., que financia el sistema de módulos de contratación: pasó de $2.665.705.000 asignados en 2023 (con $2.016.341.502 ejecutados) a $4.608.086.381 asignados en 2025 (con $4.522.044.746 ejecutados), y a $4.480.000.000 asignados para 2026, con $2.602.821.749 ejecutados al 31 de julio.
    Otras partidas menores también crecieron por encima de la inflación en algunos tramos: Alquileres y Derechos – Otros N.E.P. (3.2.9) pasó de $39.000.000 asignados en 2023 a $220.888.000 en 2024, aunque cayó abruptamente a $1.900.000 en 2025 y $4.000.000 en 2026; y Repuestos y Accesorios (2.9.6) fue de $4.029.000 en 2023 a $15.000.000 asignados en 2026.
    Personal y planta
    La composición de la planta muestra la siguiente evolución: 191 agentes al 10 de diciembre de 2023 (169 de planta permanente, 16 con contrato de locación de servicios y 13 funcionarios fuera de escalafón), 159 al 10 de diciembre de 2024 (132 permanentes), 172 al 10 de diciembre de 2025 (143 permanentes) y 169 al 28 de agosto de 2026 (140 permanentes, 16 contratados y 13 fuera de escalafón).
    El informe explica esa evolución como resultado de «un proceso de revisión, ordenamiento y regularización»: al inicio de la gestión se dispuso la revocación de 36 designaciones realizadas hacia el final de la gestión anterior, por no reunir las condiciones para su consolidación como ingresos regulares a la planta permanente. En paralelo se avanzó en concursos públicos y en una «racionalización de la estructura» que incluyó la transferencia de cuatro cargos a la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y cinco cargos al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.
    En cuanto a la distribución por bloque legislativo, al 10 de diciembre de 2023 el bloque Frente Creer Entre Ríos (el oficialismo de la gestión saliente) concentraba 34 de los 43 agentes asignados a bloques. Tras el recambio legislativo, al 10 de diciembre de 2024 el bloque Unión por la Patria–Más para Entre Ríos pasó a concentrar 37 de 41 agentes, proporción que se mantiene en 2025 (39 de 45) y 2026 (38 de 44), mientras que Juntos por Entre Ríos cuenta con apenas 6 agentes asignados en ambos períodos, y La Libertad Avanza y Fe y Libertad no registran personal asignado. Esta distribución de la planta orgánica de la Cámara -a diferencia de la de adscriptos, que se detalla en el Punto 5- corresponde a personal presupuestado directamente por la Legislatura, no a agentes prestados por otros organismos.
    La Cámara explica que las contrataciones de asistencia técnica, legislativa y administrativa para los diputados -los llamados «módulos»- se instrumentan mediante contratos de locación de obra por hasta seis meses. El informe revela que existe «un parámetro general de referencia de pesos cinco millones ($5.000.000) por legislador» para este tipo de contrataciones, aclarando que no se trata de una asignación automática ni rígida sino de una referencia sujeta a disponibilidad presupuestaria. Cada legislador propone las personas y los servicios a contratar, y los honorarios se pagan exclusivamente por transferencia bancaria a nombre del contratado, previa certificación mensual de tareas.
    Un dato saliente: pese a que esta partida es la segunda de mayor magnitud del presupuesto de la Cámara -con una ejecución cercana a los $4.522 millones en 2025-, el informe no incluye, en el detalle de contrataciones por partida, la nómina de personas contratadas bajo este sistema de módulos, algo que sí se hace para prácticamente todas las demás partidas de bienes y servicios. La respuesta remite únicamente a «los enlaces que se acompañan» para conocer la cantidad de contratados.
    Una buena dieta
    El informe detalla mes a mes los haberes brutos y netos de los legisladores desde enero de 2023 hasta julio de 2026. El haber bruto pasó de $1.767.211,25 en enero de 2023 a $3.928.485,87 en diciembre de ese año; a $9.228.317,15 en diciembre de 2024; se estabilizó en $10.680.517,67 durante gran parte de 2025 y los primeros meses de 2026; y llegó a $11.385.965,86 en julio de 2026. En términos netos, el haber pasó de $800.721,88 en enero de 2023 a $7.331.339,55 en julio de 2026.
    La Cámara aclara que el haber bruto se compone de sueldo básico más gastos de representación, y que el neto surge de descontar los aportes de ley (jubilatorios, obra social y seguro de vida) y la retención del Impuesto a las Ganancias–Cuarta Categoría cuando corresponde, en los términos de la Ley 20.628. El informe señala además que en diciembre de 2025 el descuento de ley correspondiente a la obra social (OSER) aumentó de 3% a 4%.
    La Cámara acompañó la nómina completa de agentes adscriptos -es decir, personal que mantiene su relación de dependencia con otro organismo público pero presta funciones en despachos de diputados o bloques- para los años 2023, 2024, 2025 y 2026. La cantidad de adscriptos cayó de manera pronunciada: 133 en 2023, 43 en 2024, 24 en 2025 y 25 en 2026.
    El listado de 2023 muestra una fuerte concentración en el bloque Creer Entre Ríos (oficialismo de la gestión saliente): 104 de los 132 adscriptos identificados con bloque pertenecían a ese espacio, contra 17 de la UCR, 10 del Pro y apenas 1 del Movimiento Social Entrerriano. Tras el recambio legislativo, en 2024 el reparto quedó en 25 adscriptos para Unión por la Patria-Más para Entre Ríos y 18 para la Alianza Juntos por Entre Ríos; en 2025, 13 y 12 respectivamente; y en 2026, 15 y 10. Es decir que, más allá de la reducción general en la cantidad de adscriptos, la proporción entre el bloque oficialista de cada momento y el resto se mantuvo relativamente estable en todo el período.
    El organismo de origen más recurrente en toda la serie es, con amplia diferencia, el Consejo General de Educación, seguido por la Municipalidad de Paraná y la Cámara de Senadores de Entre Ríos. También aparecen adscriptos provenientes de ENERSA, el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el Tribunal Electoral de Entre Ríos, la Fiscalía de Estado, la Dirección General del Servicio Penitenciario, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, y distintas Municipalidades del interior provincial (San Benito, San José de Feliciano, Federal, Conscripto Bernardi), entre otros organismos.
    Viáticos y vuelos
    Según el informe, no se asignaron viáticos a legisladores ni autoridades en 2023 ni en 2024. Recién en 2025 aparecen registros: cinco erogaciones entre septiembre y noviembre de ese año, todas caratuladas como «Actos Oficiales» y con destino a localidades de la provincia (Federal, Concepción del Uruguay, Basavilbaso), pagadas mediante vehículo particular afectado o vehículo oficial, por montos de entre $17.898,54 y $187.099,68.
    En 2026 se registran tres viáticos: dos correspondientes a la Coordinación General de Presidencia, por «articulación de actividades con legislador nacional» con destino a Buenos Aires y pagados en avión (transporte público) por $369.157,42 (30 de enero) y $67.119,53 (8 de abril), y uno de Prosecretaría por $17.898,54 con destino a Valle María, en vehículo particular afectado. En los ocho registros de viáticos informados para 2025 y 2026, la modalidad «particular afectado» -es decir, el uso de un vehículo propio del legislador o funcionario, reconocido por la Cámara a los fines del viático- aparece en la mayoría de los casos dentro de la provincia, mientras que los viajes a Buenos Aires se realizaron en avión bajo la modalidad de transporte público.
    En total, los ocho viáticos informados entre 2025 y lo que va de 2026 suman $1.024.888,92.
    En cuanto a los gastos protocolares y de representación, el informe remite a la ejecución de la partida Servicios de Ceremonial. La serie completa muestra $13.000.000 asignados y $12.257.823 ejecutados en 2023; $107.000.000 asignados y $72.620.309 ejecutados en 2024; $102.190.478 asignados y $101.400.125 ejecutados en 2025 -prácticamente el 100% del crédito-; y, para 2026, dos líneas presupuestarias combinadas que suman $145.301.621 asignados con $11.836.390 ejecutados al 31 de julio. En materia de contrataciones, esta partida registró 121 operaciones en 2023, 155 en 2024, 118 en 2025 y 31 en lo que va de 2026, es decir 425 contrataciones en total en el período relevado.
    La partida que concentra, con enorme diferencia, la mayor cantidad de contrataciones es Publicidad y Propaganda, con 3.615 operaciones en el período: 1.339 en 2023, 995 en 2024, 1.045 en 2025 y 236 hasta julio de 2026. Le siguen, muy por detrás, la partida Servicios básicos (808 contrataciones en el período), Mantenimiento de edificios y locales, Alquileres y derechos, Servicios de ceremonial (425) y Alquiler de edificios y locales. En el rubro de bienes de consumo se destacan Otros bienes de consumo (428 operaciones), Repuestos y accesorios (308) y Alimentos para personas (327), esta última con proveedores que se repiten mes a mes durante todo el período, como Coffee SAS y Pérez María de los Milagros.
    La cantidad de subsidios otorgados por la Cámara muestra una caída abrupta: 823 en 2023, 51 en 2024, 46 en 2025 y 12 en 2026, con un total de 930 subsidios en todo el período. El informe no detalla montos ni beneficiarios en el propio documento, sino que remite al sitio de Transparencia Parlamentaria para conocer el detalle completo de cada subsidio otorgado.

     
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  • Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

    Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

    En los últimos días, el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por un impuesto a los combustibles líquidos, captó la atención pública. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente no destinar esos fondos al arreglo de rutas, su objetivo original, sino para financiar al Tesoro. Este fondo es uno de los aproximadamente 27 fideicomisos que, según Javier Milei, quien afirmó en 2024 que eliminaría estas “cajas de la política”, continúan vigentes y que la oposición afirma son utilizados de forma discrecional por el Ministerio de Economía.

    Los fondos fiduciarios son mecanismos estatales con recursos asignados a un propósito específico —como la reparación de rutas o el subsidio a tarifas de gas— y son administrados mediante fideicomisos gestionados por organismos del Gobierno. Actualmente, todos están supervisados por el Palacio de Hacienda.
    Según el decreto N° 215/2024, la cartera económica fue designada como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos que integren total o parcialmente bienes o fondos estatales, ejerciendo la dirección de dichos fideicomisos. Entre estos se encuentra el fondo fueguino FAMP, que hasta fines de junio estaba bajo la tutela de una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz.
    Aunque en su momento el FAMP manejó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares, el Ejecutivo ahora busca vaciarlo: a principios de este año redujo a cero el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su creación en 2021. Sin embargo, permanecen activos proyectos aprobados por el anterior directorio, como la construcción de un puerto en Río Grande y hoteles. La mesa directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de un mes, ya que “Economía no renovó sus cargos”, según una fuente consultada.
    No obstante, el fondo fueguino no figura en el listado de 20 fideicomisos «en disolución» del último informe de la Secretaría de Hacienda, a diferencia de otros, como el destinado a la “Asistencia Directa a Víctimas de Trata” o el FISU, creado para urbanizar villas de emergencia y que en un comienzo fue administrado por Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la provincia.
    Entre los fondos fiduciarios que continúan operativos están el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Desde la oposición advierten que la mayoría se concentran bajo la supervisión directa del Palacio de Hacienda, cuando anteriormente estaban distribuidos entre diferentes ministerios.
    De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, dirigido por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, el Gobierno acumularía más de 3.000 millones de dólares en estos fondos hasta 2025, con una proyección de alcanzar 4.000 millones para fines de 2026. Rodríguez aportó una estimación para todo 2026, unos 956 millones de dólares, basada en datos oficiales que indican que el resultado financiero acumulado de los fideicomisos en el primer trimestre del año fue de 239 millones de dólares, calculados al valor dólar promedio.
    El uso discrecional de los fondos fiduciarios cobró mayor relevancia tras un informe de La Nación, que reveló que el SisVial no destinaba la mayor parte de su patrimonio al arreglo de rutas. Según la denuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, al 31 de mayo de 2026 el SisVial mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, y otros $37.761 millones inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones permanecían sin aplicarse en obras viales.
    La denuncia, presentada ante la justicia federal, señala que durante los dos años y medio analizados la recaudación asignada al SisVial alcanzó $1,503 billones, pero solo se aplicaron $394.406 millones a su destino específico, lo que implica una subejecución del 73,8%. Además, alerta que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, por lo que solicita a la Justicia investigar el circuito y destino de esos recursos.

  • Dos muertes en pocos meses: la violencia pone bajo la lupa la seguridad y custodia penitenciaria

    Dos muertes en pocos meses: la violencia pone bajo la lupa la seguridad y custodia penitenciaria

    El homicidio ocurrido este martes en la Unidad Penal N.º 1 de Paraná no es un episodio aislado. En marzo, Martín Luciano Siegfried, de 26 años, también murió luego de sufrir múltiples heridas de arma blanca dentro del mismo establecimiento. Dos muertes en pocos meses vuelven a abrir interrogantes sobre la violencia intramuros, los controles penitenciarios y el deber de cuidado que tiene el Estado sobre las personas privadas de su libertad. La cárcel no puede convertirse en un territorio donde la violencia sea considerada inevitable. El Estado puede privar de libertad a una persona por orden judicial, pero no puede desentenderse de su vida, su integridad ni su seguridad mientras permanece bajo custodia.

    La muerte de Esteban Bernal, de 24 años, ocurrida luego de un enfrentamiento dentro de la Unidad Penal N.º 1 de Paraná, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y convivencia dentro del principal establecimiento penitenciario de la capital entrerriana.
    Según los primeros elementos de la investigación, Bernal habría protagonizado una pelea con otro interno, identificado como Quiroga, de 25 años, luego de salir de la escuela que funciona dentro de la unidad. En medio del enfrentamiento, recibió una herida en el tórax provocada por un elemento punzante.
    El joven fue asistido inicialmente en el área de sanidad del establecimiento y posteriormente trasladado al Hospital San Martín, donde murió pese a los esfuerzos de los profesionales para reanimarlo.
    La Justicia deberá determinar qué originó la pelea, cómo se desarrolló el ataque y, especialmente, cuál fue el origen del elemento utilizado para provocar la herida mortal.
    Un antecedente ocurrido apenas meses atrás
    El caso Bernal adquiere una dimensión todavía más preocupante si se lo observa junto con otro homicidio ocurrido en la misma unidad penitenciaria durante marzo de este año. Justiciay crimen
    El 6 de marzo, Martín Luciano Siegfried, de 26 años, murió después de ser atacado con armas blancas dentro del pabellón N.º 6 de la Unidad Penal N.º 1. Inicialmente se informó que el episodio había ocurrido en el marco de una reyerta entre internos. Posteriormente, la investigación judicial avanzó sobre la hipótesis de un ataque dirigido y fueron imputados los hermanos Raúl Miguel Ángel y Luis Rafael Miño.
    De acuerdo con la información difundida durante la investigación, Siegfried recibió múltiples heridas provocadas con elementos cortopunzantes de fabricación casera, descriptos como chuzas o facas. La Fiscalía investigó además la posibilidad de que el ataque se hubiera producido mientras la víctima dormía.
    La familia de Siegfried cuestionó públicamente la primera versión de los hechos y reclamó el acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento para conocer qué había ocurrido dentro del pabellón.
    La muerte también provocó una protesta de familiares y allegados frente a la Unidad Penal N.º 1, donde reclamaron explicaciones y el esclarecimiento del hecho.
    Dos homicidios, una misma pregunta La sucesión de ambos episodios obliga a formular una pregunta que excede la investigación penal de cada caso: ¿qué está ocurriendo dentro de la Unidad Penal N.º 1 para que dos personas privadas de su libertad hayan muerto violentamente en un período de apenas cinco meses? Justiciay crimen
    No se trata de anticipar responsabilidades ni de atribuir a funcionarios o agentes penitenciarios una conducta que todavía no haya sido determinada judicialmente.
    Pero sí corresponde señalar que la privación de la libertad coloca a las personas detenidas bajo una situación de especial dependencia respecto del Estado. El interno no puede abandonar el establecimiento, elegir dónde vivir, trasladarse por sus propios medios ni procurarse por sí mismo determinadas condiciones de seguridad.
    Por esa razón, el Estado no solamente tiene la obligación de ejecutar las penas conforme a la ley: también tiene un deber de guarda, custodia, vigilancia y protección de la integridad física de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad.
    El origen de las armas, otro interrogante central
    En ambos episodios aparece, además, un elemento que merece especial atención: la presencia de armas blancas o elementos punzantes dentro de un establecimiento penitenciario.
    En el caso Siegfried, la investigación permitió secuestrar elementos cortopunzantes y avanzar sobre la hipótesis de armas de fabricación casera. En el nuevo homicidio, uno de los puntos que deberá esclarecerse es precisamente cómo llegó el elemento utilizado hasta el lugar del enfrentamiento.
    La pregunta resulta inevitable: ¿cómo ingresan, circulan o permanecen dentro de una cárcel elementos capaces de provocar una muerte?
    La respuesta no puede limitarse únicamente a identificar al interno que utilizó el arma. También debe permitir conocer si existieron fallas en los controles, deficiencias en las requisas, problemas de infraestructura, falta de personal o cualquier otra circunstancia que pudiera haber favorecido la circulación de estos elementos.
    La violencia carcelaria no puede naturalizarse Una cárcel es, por definición, un lugar de encierro y conflictividad. Allí conviven personas con diferentes historias, condenas, conflictos y niveles de peligrosidad.
    Pero esa realidad no puede llevar a naturalizar que una pelea, una disputa interna o un ataque termine con la muerte de una persona.
    Quien se encuentra privado de su libertad pierde su libertad ambulatoria como consecuencia de una decisión judicial, pero no pierde su derecho a la vida ni a la integridad física.
    Por el contrario, el encierro aumenta la responsabilidad estatal porque la persona queda sometida a un sistema de custodia que debe contar con mecanismos adecuados para prevenir, detectar y controlar situaciones de violencia. Diccionariosy enciclopedias
    Investigar no solamente quién mató, sino también por qué pudo ocurrir
    La investigación por la muerte de Bernal deberá determinar quién fue el autor de la agresión y cuál fue el motivo del enfrentamiento.
    Pero el análisis institucional debería ir un paso más allá.
    Será necesario determinar si existían antecedentes de conflictos entre los internos, si las autoridades habían recibido advertencias previas, qué controles se realizaron antes y después de la salida de la escuela, cómo se encontraba distribuido el personal penitenciario y qué protocolos se aplicaron ante el inicio de la pelea.
    También deberá establecerse cómo fue detectada la agresión, cuánto tiempo transcurrió hasta la intervención del personal, qué atención recibió inicialmente la víctima y si el traslado sanitario se produjo con la rapidez necesaria.
    Son preguntas que no buscan prejuzgar, sino establecer si el sistema de prevención y custodia funcionó como debía.
    Una responsabilidad que no termina con la investigación penal
    La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales individuales que correspondan. Pero, paralelamente, las autoridades penitenciarias tienen la obligación institucional de revisar qué ocurrió y qué medidas pueden adoptarse para evitar que vuelva a suceder.
    Dos homicidios dentro de una misma unidad penitenciaria en pocos meses constituyen una señal que no debería ser ignorada.
    Porque detrás de cada expediente hay una persona que murió mientras se encontraba bajo custodia estatal y una familia que reclama respuestas.
    Por eso, además de encontrar al responsable directo de cada muerte, la sociedad tiene derecho a conocer si los mecanismos de prevención y control funcionaron, ¿qué falló si algo fallo? y qué medidas se adoptarán para que una nueva pelea dentro de la Unidad Penal N.º 1 no vuelva a terminar en otra muerte. Fuente Maxima

  • El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el expediente completo de la sucesión del padre de Manuel Adorni, mientras se investiga a su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. En este contexto, se comenzó a analizar si existe concordancia entre los valores declarados por el Jefe de Gabinete respecto a la herencia y la documentación oficial.

    Tras la presentación de la declaración jurada rectificada y la correspondiente al período fiscal 2025, que registra un patrimonio de 944 millones de pesos, la justicia federal centra su atención en el análisis de la herencia recibida por Manuel Adorni, que en su última declaración patrimonial consignó un monto de 73 millones de pesos.
    Un dato que ha llamado la atención es la variación en la declaración de la herencia: en la declaración del patrimonio 2024, Manuel Adorni consignó un valor de 10.211.200 pesos en el rubro herencia, al que un año después sumó poco más de 62 millones de pesos.
    El equipo fiscal que investiga al funcionario libertario por presunto enriquecimiento ilícito comenzó a revisar el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del Jefe de Gabinete, fallecido en 2002. Para avanzar en el análisis de las cifras declaradas en las últimas declaraciones rectificadas, Pollicita solicitó las principales medidas adoptadas y “toda referencia no reservada vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo y sucesión de Jorge Adorni”, dado que su par Guillermo Marijuan también tiene bajo la lupa el caso.
    Las dudas respecto a la herencia declarada surgen del expediente sucesorio, que indica que Jorge Adorni falleció con una deuda de 23 mil dólares y un departamento hipotecado en La Plata. Se busca determinar cuándo se levantó la hipoteca y cómo fue declarado el valor del inmueble.
    Además, Manuel Adorni declaró que encontró en la vivienda paterna 200 mil dólares, monto que posteriormente volcó a inversiones en bitcoins, las cuales, con el tiempo, le permitieron declarar una tenencia de 513 mil dólares.
    El fiscal Pollicita analiza atentamente el expediente que posee su par de Comodoro Py, Guillermo Marijuan, quien investiga los bienes de Francisco Adorni. Uno de los interrogantes es si ambos hermanos declararon cifras coincidentes tras haber recibido la misma herencia. “¿Acaso el hermano del Jefe de Gabinete también encontró 200 mil dólares?”, planteó de manera retórica una fuente judicial.
    En una entrevista con LN+, Manuel Adorni comentó: “Mi primer dinero, por así decirlo, lo hice cuando fallece mi papá en 2002, que el dinero que me encontré, el que nos encontramos con mi hermano en el departamento (de La Plata)”. Estos dichos buscan ser corroborados por Pollicita, considerando que el padre dejó un inmueble hipotecado y una deuda en dólares.
    Parte de la documentación indica que el 1° de noviembre de 1996, Jorge Adorni obtuvo un préstamo de 22.500 dólares de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Según las acreedoras, sólo abonó las primeras nueve cuotas de intereses, quedando impagas las cuotas 10 y 11, así como la totalidad del capital.
    En 2002, las prestamistas iniciaron una demanda judicial reclamando el pago de la deuda y la ejecución de la garantía hipotecaria. Ese mismo año, Jorge Adorni falleció y la Justicia civil reconoció la existencia de la deuda, disponiendo el embargo del departamento. Sin embargo, el último impulso procesal registrado por las acreedoras o sus representantes data del 22 de agosto de 2006, tras lo cual cesaron las reclamaciones.
    Al justificar su patrimonio de 944 millones de pesos, Manuel Adorni declaró en el período fiscal anterior la tenencia de 513 mil dólares producto de la venta de activos, una inversión iniciada con los 200 mil dólares encontrados en la casa paterna. Esta cifra fue disminuyendo, y al finalizar el período fiscal 2024, declaró un saldo de 388.961,52 dólares, cifra que se redujo a 209.961 dólares en la última declaración jurada correspondiente al 31 de diciembre de 2025.
    La fiscalía se interroga sobre el destino de esos dólares y la documentación que respalde su aplicación, considerando que el origen de esos fondos en moneda extranjera está vinculado a la herencia paterna, cuyo análisis acaba de iniciarse.