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  • Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    El fiscal general Mario Villar apelará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que ordenó que la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se tramite en la justicia federal de Campana.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que Villar objetará la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de que el máximo tribunal revoque dicho fallo. El fiscal tiene plazo hasta fin de mes para presentar el recurso.
    De esta manera, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti serán determinantes para el futuro judicial de la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, no solo en esta causa sino también en otras dos en trámite.
    La Corte Suprema ya debe resolver otro planteo sobre la jurisdicción para investigar a la empresa TourProdEnter LLC, vinculada con el manejo de fondos en el exterior de la AFA, y también espera recibir la causa relacionada con la mudanza de la sede de la entidad a Pilar.
    Estas tres decisiones serán definitivas para la AFA, ya que no admiten más apelaciones. Además, los jueces del máximo tribunal son conscientes de que sus resoluciones tendrán tanto alcance jurídico como implicancias políticas.
    ### Las causas en juego
    Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña —quien fue presidente hasta diciembre pasado del tribunal de Ética de la AFA— y Mariano Borinsky resolvieron la semana pasada que la causa por la mansión debe tramitar en Campana, dado que esa es la jurisdicción que comprende Pilar, lugar donde se encuentra la propiedad.
    Esta decisión fue requerida por los acusados, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes no poseen capacidad económica declarada para adquirir ese inmueble de 105 mil metros cuadrados, valuado en 20 millones de dólares. Se sospecha que son testaferros de Toviggino, ya que en la mansión se encontraron objetos pertenecientes al tesorero y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA para abonar el telepase de vehículos manejados por familiares de Toviggino.
    El caso investiga un presunto lavado de dinero, y la Cámara afirmó que se trata de un delito bajo la competencia de la justicia federal y no del fuero Penal Económico, donde inicialmente tramita la causa. Todos los fiscales que intervinieron manifestaron que no corresponde que intervenga el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
    Villar mantuvo esta postura durante el proceso y ahora presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga. Insistirá en que el fuero Penal Económico puede investigar el caso, y en caso de corresponder la justicia federal, esta debe ser la de la ciudad de Buenos Aires, ya que la maniobra delictiva es más amplia y no se restringe a la casa de Pilar: se sospecha que para su adquisición se desviaron fondos de la AFA mediante sociedades con sede en la capital.
    La Cámara de Casación debe decidir si acepta la apelación para que el expediente llegue a la Corte. En caso de rechazo, Villar presentará un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal. Fuentes judiciales indican que la Corte no suele intervenir en este tipo de conflictos y, si mantiene esa postura, la causa permanecerá en Campana.
    El máximo tribunal también enfrenta otra disputa judicial sobre la jurisdicción para investigar diversas causas vinculadas a la AFA, en una de las cuales Claudio Tapia y Pablo Toviggino están procesados por retención indebida de impuestos. Ese expediente fue iniciado por el empresario Guillermo Tofoni en la justicia nacional de instrucción, por presunta administración fraudulenta en el manejo de TourProdEnter LLC, empresa propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, relacionada con los fondos de la AFA en el exterior.
    El juez federal de Campana solicitó esa causa para unificarla con una similar en trámite, por lo que la magistrada nacional Paula Petazzi se la remitió. Sin embargo, la Cámara del Crimen rechazó ese pedido y, ante la disputa entre un juzgado federal y otro nacional, envió el expediente a la Corte Suprema para que defina la competencia.
    El tercer expediente que estará bajo la lupa de la Corte, aún no ingresó pero se prevé que lo haga en breve. Se trata de un punto fundamental para la estrategia de la AFA: la ubicación legal de su sede.
    Claudio “Chiqui” Tapia busca trasladar la sede de su histórica sede en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Pilar, donde también se encuentra la mansión vinculada a Toviggino. Este cambio implicaría que la entidad quede bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en lugar de la órbita nacional. Este traslado genera una disputa con el gobierno de Javier Milei.
    La Cámara Civil aprobó el traslado a Pilar, pero el gobierno, a través de la Inspección General de Justicia, apeló ese fallo para que intervenga la Corte Suprema. La Cámara tiene pendiente la resolución de dicha apelación, y si no la acepta, el gobierno podría recurrir al máximo tribunal por otra vía.

  • Corrupción en la AFA: ya pasaron 14 jueces por la causa de la Mansión de Pilar y no hubo ninguna definición de fondo

    Corrupción en la AFA: ya pasaron 14 jueces por la causa de la Mansión de Pilar y no hubo ninguna definición de fondo

    Desde el inicio de la causa por la compra de la mansión de Pilar, en diciembre pasado, han intervenido 14 jueces distintos, entre quienes investigaron el expediente y quienes resolvieron sobre la competencia jurisdiccional. Tras múltiples idas y vueltas, apelaciones y cambios de tribunal, hasta ahora no se ha logrado una definición sobre los responsables ni se ha determinado si existió lavado de dinero.

    A lo largo del proceso se realizaron allanamientos, declaraciones testimoniales y un peritaje contable en curso para establecer si la propiedad pertenece efectivamente a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, se libró una prolongada discusión judicial acerca de qué juzgado debía encargarse del caso. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la causa vuelva al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
    El expediente se abrió tras la denuncia presentada en diciembre pasado por la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, que solicitó investigar la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con 105 metros cuadrados, helipuerto, cancha de pádel, pileta, varios galpones y un depósito para autos.
    La propiedad figura a nombre de Real Central, empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada, quienes no tendrían capacidad económica para adquirirla. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.
    El caso inicialmente quedó a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas, quien remitió la causa al fuero Penal Económico por el tipo de delito investigado. Sin embargo, Javier López Biscayart, a cargo del juzgado 10 Penal Económico, rechazó ese criterio y devolvió el expediente a Rafecas. Posteriormente, Rafecas allanó la propiedad, donde encontró un bolso con identificación de la AFA y una placa del club Barracas Central a nombre de Toviggino. Además, en el galpón había 54 vehículos de lujo y de colección con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.
    La controversia sobre la competencia fue resuelta por Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal, quien determinó que la causa debía seguir en el fuero Penal Económico, retornando al juzgado 10, donde ya se desempeñaba Marcelo Aguinsky. Este juez planteó la hipótesis de que la mansión podría haber sido adquirida con fondos de la AFA provenientes de una gestión fraudulenta. En su investigación determinó que Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la AFA con la que realizaba gastos mensuales por 50 millones de pesos, incluyendo pagos de peajes de los autos vinculados a la mansión, pese a no ser empleado de la asociación.
    En enero, la defensa de Pantano y Conte solicitó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, hacerse cargo del expediente, argumentando que Pilar es su jurisdicción. González Charvay solicitó el expediente a Aguinsky, quien se negó a cederlo. La Cámara Federal de San Martín respaldó a González Charvay, basándose, entre otros argumentos, en que la sede de la AFA, aunque trasladada a Pilar, aún permanecía en un terreno baldío.
    El juez González Charvay realizó un allanamiento en la AFA para obtener documentación y ordenó alrededor de treinta medidas probatorias, incluyendo un peritaje contable para analizar los fondos de la AFA desde 2019 y determinar si se usaron para la compra de la mansión. Sin embargo, los fiscales del caso apelaron esta resolución para que la causa vuelva al fuero Penal Económico. La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, decidió que esa determinación debía ser tomada por la Cámara Penal Económico. Esta última, con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ordenó en junio que la investigación retornara al juzgado 10, ahora bajo la magistratura de Verónica Straccia, quien delegó la pesquisa en el fiscal Claudio Navas Rial.
    La defensa de Pantano y Conte apeló nuevamente para que el expediente regresara a Campana. El fiscal Mario Villar sostuvo que la causa debía continuar en el fuero Penal Económico. La discusión central sigue siendo qué tribunal es competente para investigar un supuesto lavado de dinero.
    Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal intervino nuevamente. Los jueces Diego Barroetaveña —quien fue presidente del tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre, cuando se inició la causa—, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar resolvieron, por mayoría, que el caso debe volver al juzgado de Campana. Slokar votó en disidencia al considerar que no correspondía tratar la apelación.
    Con esta decisión, el expediente tendrá un nuevo regreso a Campana, aunque no necesariamente será definitivo, ya que el fallo de Casación puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría sumar tres jueces más al tratamiento del caso.
    Este complejo entramado judicial refleja las dificultades y dilaciones que enfrenta la investigación, atrapada en un laberinto institucional que, en múltiples ocasiones, ha impedido avanzar hacia una resolución de fondo.

  • Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la Justicia en varias causas por presuntas irregularidades en el manejo del dinero del fútbol argentino, solicitó judicialmente que se elimine de la red social X la cuenta de uno de sus denunciantes, el legislador porteño Facundo Del Gaiso, para impedir que lo mencione nuevamente en esa plataforma.

    A través de un escrito presentado por su abogado defensor, Gregorio Dalbón, Toviggino requirió “la suspensión y/o desactivación de la cuenta identificada como @FacundoDelGaiso en la plataforma X (https://x.com/FacundoDelGaiso)”. En otras palabras, pidió que desconecten al legislador de la red social, antes conocida como Twitter, donde Del Gaiso expone minuto a minuto sus hallazgos sobre manejos irregulares en la conducción del fútbol argentino.
    Dalbón también solicitó la prórroga de la medida cautelar dictada por el Juzgado Criminal y Correccional N°13 el 9 de abril pasado, que impone por tres meses una fuerte restricción de contacto de Del Gaiso con Toviggino. El fallo, firmado por el juez Diego Slupski, prohibió al legislador comunicarse con el tesorero de AFA “por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro formato que permita la interacción directa o indirecta”. Asimismo, incluye la prohibición de contacto digital o tecnológico, incluso la captación y reproducción de imágenes del domicilio, vehículos, actividades o vida cotidiana de cualquier miembro de la familia de Toviggino.
    La sentencia también impuso una prohibición de acercamiento al domicilio familiar de la mano derecha de Tapia, ubicado en Pilar, a pocos kilómetros de la lujosa mansión en Villa Rosa que es el epicentro de la primera denuncia presentada por Del Gaiso, Elisa Carrió y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica, instrumento que puso bajo la lupa judicial a la AFA.
    La restricción incluye también los lugares de trabajo de Toviggino, lo que impide que el legislador se acerque a menos de 500 metros de las oficinas de la entidad.
    El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando Del Gaiso, Carrió y Yofe denunciaron ante la Justicia que Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, figuran como propietarios de una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con helipuerto, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, un garaje con autos de colección e instalaciones deportivas múltiples.
    En la denuncia, plantearon dudas sobre el verdadero rol de Pantano y su madre, solicitando que se investigue si actúan como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA. Como parte de las pruebas, aportaron un mensaje en X de Carlos Tévez que señalaba a Pablo Toviggino y vinculaba al dirigente con la mansión: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Además de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba”, escribió el ícono xeneize el 5 de marzo de 2024.
    La Justicia vinculó estos hechos y comprobó que Tévez adquirió el terreno en julio de 2017 sin construir nada; en 2023 le vendió el predio a la empresa Malte, con nexos societarios y directivos relacionados con el emporio de Toviggino; y que Malte luego vendió la propiedad a Real Central SRL, firma de Pantano y su madre, el 30 de mayo de 2024.
    El avance de la investigación y la aparición de nuevas pruebas llevaron a Del Gaiso y Yofe a ampliar su denuncia, incorporando a Toviggino. A partir de ello, el tesorero, a través de Dalbón, apuntó contra los dirigentes de la Coalición Cívica y varios periodistas, y solicitó medidas cautelares para que no se lo mencione más.
    En abril, logró una cautelar que estableció un “bozal legal” para silenciar a Del Gaiso, medida que fue cuestionada por vulnerar la libertad de expresión al configurar una censura previa. El juez argumentó que “la prohibición de contacto digital o tecnológico no puede interpretarse de manera extensiva como una censura previa ni como una limitación autónoma a la libertad de expresión, pues su alcance se encuentra estrictamente circunscripto a evitar interacciones -directas o indirectas- respecto de las personas protegidas por la medida”.
    Paralelamente, junto con Tapia, consiguieron una medida cautelar otorgada en mayo por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, que impuso prohibición de contacto a Del Gaiso, Yofe y media docena de periodistas, todos denunciados por supuesta extorsión agravada.
    En medio del Mundial 2026, días antes del partido en que Argentina remontó y derrotó 3-2 a Egipto, Dalbón reforzó el pedido de prórroga de la primera cautelar y, además, solicitó judicialmente que se elimine la cuenta de Del Gaiso en X, para impedir que siga hablando de Toviggino en esa red social.
    Este reclamo

  • Uno de los contadores de Martín Insaurralde admitió irregularidades en la contabilidad de la empresa que es dueña de la mansión de San Vicente

    Uno de los contadores de Martín Insaurralde admitió irregularidades en la contabilidad de la empresa que es dueña de la mansión de San Vicente

    Uno de los contadores de Martín Insaurralde admitió irregularidades en la contabilidad de la empresa que es dueña de la mansión de San Vicente

    Walter de la Fuente, contador de Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la residencia de Martín Insaurralde en San Vicente, reveló irregularidades en la contabilidad de la firma. Entre 2020 y 2022, la sociedad no registró movimientos, entre otras anomalías, según su testimonio clave en la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de gabinete de Axel Kicillof.

    De la Fuente admitió haber firmado como auditor los estados contables de la empresa, creada por Insaurralde junto a un familiar, pero aclaró que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas sin su intervención. Señaló que accedió a la sociedad porque otro contador, Ismael Roberto Luna, no podía firmar balances debido a su vínculo laboral con la Municipalidad de Lomas de Zamora.
    La casa en cuestión, ubicada en el country Las Chacras de San Vicente, ocupa 2.000 metros cuadrados y tiene un valor estimado en no menos de un millón de dólares.
    Esta declaración, realizada ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y a la que tuvo acceso Clarín, generó nuevas dudas sobre la gestión administrativa y contable de Sasaxa Libero S.A., titular del inmueble donde residían Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio.
    El contador explicó que no llevaba la contabilidad diaria ni tenía acceso a los registros fiscales de la empresa. Su función se limitaba a revisar y firmar los balances que le remitía otro profesional identificado solo como Martín, encargado de la operatoria cotidiana y la documentación respaldatoria.
    Según su testimonio, en 2012 fue contactado por Luna, a quien conoce desde la década del 90, para firmar balances de una sociedad de confianza, ya que Luna no podía suscribirlos debido a su rol como asesor municipal durante la intendencia de Insaurralde en Lomas de Zamora.
    De la Fuente aclaró: “Él no era el contador de Sasaxa”. Además de Luna, existía otro contador, Martín, responsable de la contabilidad diaria. Asimismo, afirmó que nunca tuvo clave fiscal de la empresa ni presentó declaraciones juradas ante la AFIP. Si existieron presentaciones con su CUIT, sostuvo, fueron realizadas por terceros sin su consentimiento. “Yo no determiné nunca ningún impuesto de la firma”, afirmó.
    Respecto a los balances más recientes, aseguró que los correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no reflejaron movimientos y que la empresa continuó presentando estados contables con ajustes por inflación, manteniendo una composición patrimonial prácticamente idéntica.
    De la Fuente describió que, en sus primeros años, la sociedad desarrolló actividades vinculadas al rubro gastronómico, con un restaurante de pastas en la calle Colombres, Lomas de Zamora, al que incluso asistió profesionalmente y donde identificó personas relacionadas con la firma.
    Sin embargo, dejó de firmar balances a partir de 2022, cuando la empresa comenzó a ser mencionada públicamente tras la difusión de información sobre la propiedad en San Vicente. Señaló que las imágenes de la mansión no correspondían, en su opinión, con el valor que figuraba en los estados contables. “Vi una mansión o una casa que a simple vista parecería de mayor valor al que surge en los papeles”, aclaró, sin ser especialista en valuaciones.
    En ese sentido, indicó que en el balance cerrado al 30 de junio de 2022 la inversión inmobiliaria de Sasaxa Libero S.A., convertida a dólares, rondaba los 160 mil dólares. En balances anteriores, la propiedad figuraba valuada en aproximadamente 800 mil pesos en 2011.
    La declaración también puso en tensión la relación entre los distintos contadores vinculados a la sociedad. De la Fuente afirmó que Luna lo convocó originalmente y mantenía aún una vinculación con Sasaxa, mientras que Martín se encargaba de la operativa diaria. Además, precisó que el domicilio legal de la empresa coincidía con la dirección que Luna tenía en la Ciudad de Buenos Aires.
    El contador agregó que sus honorarios eran abonados por la sociedad y que, cuando cesó su actividad, le solicitaron que dejara de facturar. Como referencia, indicó que en 2014 percibía unos 2.600 pesos anuales por sus servicios profesionales.
    Esta declaración forma parte de la investigación que busca esclarecer el origen del patrimonio de Sasaxa Libero S.A. y la evolución de sus activos, ligados al exintendente de Lomas de Zamora. El testimonio aportó nuevos interrogantes sobre quién controlaba la administración contable de la empresa y quién presentó las declaraciones fiscales ante la AFIP.