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Universidades: sin cumplir la ley de Fondos, el Gobierno convocó este martes a una nueva discusión paritaria

La prolongada pugna de las universidades nacionales por el cumplimiento de la Ley de Fondos, sancionada hace más de un año, tendrá un nuevo episodio este martes, cuando el Ministerio de Capital Humano convoque a una nueva negociación paritaria.

La reunión está programada para las 11 horas en el Palacio Pizzurno y contará con la participación de representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, así como del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.
Al momento de este encuentro, se cumplirán 315 días sin que el Gobierno haya cumplido con la ley de financiamiento, según los conteos que muestran las páginas web de la UBA y otras casas de estudio. “De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen para que el Gobierno no cumpla la medida cautelar judicial de actualización salarial y de becas estudiantiles”, expresó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun, en declaraciones a Clarín.
Cagnacci agregó que tienen “predisposición al diálogo”, pero advirtió que, además de la recomposición que establece la ley conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, docentes y no docentes deberían recibir un retroactivo desde la fecha de promulgación de la norma.
Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó como “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas convocado por su federación la semana pasada y se mostró escéptica respecto a los resultados que pueda arrojar la reunión paritaria del martes. “Si para el 1º de septiembre el Gobierno no salda la deuda con la universidad y sus trabajadores, el conflicto se profundizará”, advirtió.
La Ley de Financiamiento, cuya ejecución fue judicializada ante el incumplimiento gubernamental, ya completó todo el trámite judicial. La cautelar en favor de las universidades fue confirmada luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario del Ejecutivo, en un hecho inédito donde los abogados del Estado litigaron en contra de las universidades públicas.
El 21 de agosto se realizó una audiencia convocada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, interpretada como una mediación. Tras el fallo de la Corte, el CIN solicitó al magistrado, quien otorgó la cautelar y fue avalado por la Cámara de Apelaciones, la imposición de multas a los funcionarios responsables, desde el subsecretario Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, e intimó por el delito de desobediencia.
En esa audiencia, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, alertó sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de créditos previstos en la Ley de Presupuesto 2026.
Las universidades informaron que el Gobierno se comprometió a cumplir, pero se negó a dejar por escrito y firmado ese compromiso en el acta, proponiendo postergar la firma para una audiencia futura dentro de 30 días, lo que los dirigentes interpretan como una maniobra para ganar tiempo y evitar acatar la ley.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien lleva la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores agrupados en el CIN, indicó a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes que esperan un pronunciamiento del juez Cormick respecto a los pedidos de multas diarias y de una causa penal por desobediencia.
Consultado sobre la lentitud judicial tras el fallo de la Corte, Manili señaló que “es difícil para un juez dictar una orden contra el presidente de la Nación y hacer que se cumpla. Por eso, los jueces intentan manejar la causa para que el Gobierno termine cumpliendo sin llegar a un conflicto mayor. Hay que entender la posición de un juez de primera instancia que no es la Corte Suprema”.
En esa misma audiencia, el Gobierno volvió a pedir el levantamiento de la cautelar argumentando que “están pagando” la ley, basándose en el acuerdo paritario de mayo pasado que otorgó un 21% de aumento y otro 3% para octubre. “Ese argumento es absurdo; es como pedir que levanten un embargo porque abonaste un pago parcial. Afortunadamente, el juez Martín Cormick lo rechazó”, afirmó el abogado del CIN.
El incumplimiento de la Ley de Fondos afecta el funcionamiento de las universidades, impactando en salarios, becas y la situación de los hospitales universitarios, todos financiados por el presupuesto nacional. Están involucrados casi 2 millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes. La ley fue sancionada, vetada por Milei y, en un hecho sin precedentes en décadas, ratificada mediante mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Con este contexto, se llega a la paritaria de este martes, con los salarios de agosto ya depositados, pero sin el incremento del 30% que corresponde. Circulan versiones encontradas sobre la posible postura del Gobierno: algunas indican que podría ofrecer saldar la deuda en cuotas durante los próximos meses, mientras que otras señalan que mantendrá su postura actual. Queda por ver si la Justicia tomará nuevas medidas para que su fallo sea acatado.