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  • Jueces federales entrerrianos intervendrán en juicio por megacausa de lavado de dinero – El Miércoles Digital

    Jueces federales entrerrianos intervendrán en juicio por megacausa de lavado de dinero – El Miércoles Digital

    El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal condenada por la denominada operación “Carbón Blanco”, que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, quien falleció en 2019.
    En el debate, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
    El tribunal, integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa, había puesto como fecha de inicio el 7 de agosto pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.
    Los acusados
    Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad. Los dos primeros están acusados de ser miembros de una asociación dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, a través de negocios jurídicos simulados con entidad para conferirles la apariencia de un origen lícito.
    “Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”, se sostiene en el requerimiento realizado por el fiscal Carlos Amad. Allí, les atribuyó a los dos imputados haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell y haber recibido dinero, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man.
    Por su parte, Carrena llega a juicio acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda y con la habitualidad y con la intervención de personas de existencia ideal.
    Según la investigación llevada adelante por el fiscal Amad, dentro de la organización delictiva liderada por Salvatore, el rol de Carrena consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y también en la ingeniería de esas sociedades financieras, por donde la organización canalizaba sus espurias ganancias, mediante la compra y venta de activos.
    Además, se señaló que Carrena, para llevar adelante las maniobras de lavado de activos, constituyó 42 empresas. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, una vez creadas, el hombre ejecutaba la segunda etapa de su trabajo dentro de la organización ilícita, que consistía en utilizar a estas compañías para el blanqueo de los bienes “logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad”. A su vez, concretaba maniobras para simular operaciones inmobiliarias de compra venta con la finalidad de legitimar dichas operaciones.
    “Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados”, se señaló en el requerimiento.
    En abril de 2023 Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral y lo mismo ocurrió con Carrena en mayo de 2024. Finalmente, el tribunal unificó las causas en noviembre de 2024, consignó Ahora.
    Carbón Blanco
    En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa que mediáticamente se conoció como “Carbón Blanco”. Allí se lo consideró como organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores que llevaban carbón vegetal.
    En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba internado en el Hospital Argerich del barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento se dio en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos que llevaba adelante la organización.
    Como consecuencia de ello, en marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, que fueron condenados a 7 años.
    Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, tuvo una pena de 9 años de prisión. Si bien Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, finalmente fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.
    En el juicio oral por lavado intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

     
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  • Anulan una megacausa de lavado narco y sobreseen a la viuda de Pablo Escobar, a su hijo y al ex futbolista de Boca Chicho Serna

    Anulan una megacausa de lavado narco y sobreseen a la viuda de Pablo Escobar, a su hijo y al ex futbolista de Boca Chicho Serna

    En un giro sorprendente, y bastante polémico, el juez federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, hizo polvo un mega expediente de lavado narco en el que Estado argentino había recuperado unos tres millones y medio de dólares. El caso estalló en 2016 y tuvo personajes de altísimo perfil: la viuda del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, su hijo Sebastián Marroquín, el ex futbolista de Boca Mauricio «Chicho» Serna y el empresario Mateo Corvo Dolcet.A ellos los marcó nada menos que el número tres del Cartel de Cali, José Piedrahita Ceballos. Éste declaró como arrepentido ante los fiscales argentinos y el juez federal de Morón Néstor Barral en Estados Unidos. Es su testimonio el que ahora anuló De Giorgi, junto con el juicio abreviado que el propio Piedrahita firmó en esa oportunidad y por el que fue condenado a 5 años de prisión.El argumento del juez: que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Sebastián Basso (que viajaron a Estados Unidos) no podían indagar a Piedrahita, por entonces preso, sino sólo entrevistarlo. De Giorgi anuló todo de un plumazo, aunque ahora vendrán las apelaciones.José Bayron Piedrahita Ceballos (68) siempre fue un personaje central en la investigación: un hombre con un pasado en las filas del Cartel de Cali que se habían reconvertido en su país detrás de la fachada de empresario ganadero.Según la acusación de la Justicia, a la que se sumó la Unidad de Información Financiera (UIF), Piedrahita concretó negocios con Corvo Dolcet (65) gracias a la intermediación que hizo María Isabel Santos Caballero (66) y su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos (47), operación por la cual ambos cobraron una comisión en dólares, según quedó asentado en documentos secuestrados en la causa.Piedrahita explicó al ser detenido en Colombia -y luego extraditado a Estados Unidos- que Serna era el testaferro de otro gran capo colombiano, Carlos Mario Aguilar (alias «Rogelio»), heredero de la Oficina de Envigado, la organización de cobro creada por el propio Pablo Escobar que sus enemigos comenzaron a manejar tras su muerte.Segun Piedrahita, fue él quien pagó los abogados de Rogelio cuando años antes éste decidió entregarse a la DEA ​(las negociaciones se hicieron en Buenos Aires). Y luego, cuando Piedrahita necesitó dinero para invertir en las sociedades argentinas usó el capital de esa esa deuda: Aguilar se la pagó con propiedades que Serna tenía a su nombre en Argentina pero que, en realidad, pertenecían a «Rogelio».Todo esto consta en la elevación a juicio firmada en su momento por el juez Barral y que había sido requerida por los fiscales Santiago Marquevich, de Morón, y Diego Iglesias, de la Procunar. Luego el abogado de Corvo Dolcet, Mariano Cúneo Libarona, logró que el expediente pasara a Comodoro Py.Cada uno de los detalles, la relación de Corvo con los dólares narco, y el papel de los herederos de Escobar en el emprendimiento de una ciudad VIP en Pilar, fueron contados por Piedrahita a mediados de 2019 en Estados Unidos.Hasta allí viajaron los fiscales argentinos para tomarle una declaración que, en primer momento, ocultó la identidad del narco bajo el rótulo «imputado colaborador A». Pero este recaudo fue levantado por propia iniciativa del colombiano de manera que ya quedó completamente claro qué contó y cuándo lo hizo.Su declaración fue fundamental para anclar la acusación contra los otros imputados de la causa y se convirtió en pieza fundamental de un juicio penal abreviado que se firmó a fines el 2019 de manera singular: la audiencia se hizo por videollamada entre Buenos Aires y Estados Unidos.Según los términos de ese juicio abreviado -al que tuvo acceso Clarín-, Piedrahita aceptó su culpa, contó detalles de su vida en el narcotráfico colombiano (llegó a producir 500 kilogramos diarios de cocaína) y brindó precisiones de sus negocios en Argentina.Por este acuerdo judicial, entregó acciones de sus empresas en nuestro país por valor de casi cuatro millones de dolares. Esto, por ejemplo, permitió que un enorme edificio construido por la sociedad Pilar Bicentenario quedara en manos del Estado y fuera dispuesto para la contención del COVID-19 en plena pandemia.