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  • Incautaron 190 mil dólares ocultos en una camioneta que cruzaba el Puente San Martín

    Incautaron 190 mil dólares ocultos en una camioneta que cruzaba el Puente San Martín

    Incautaron 190 mil dólares ocultos en una camioneta que cruzaba el Puente San Martín

    Incautaron 190 mil dólares ocultos en una camioneta que cruzaba el Puente San Martín, durante un procedimiento realizado en el Área de Control Integrado que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos. El conductor era un ciudadano argentino residente en Uruguay que regresaba al vecino país.

    El operativo se concretó durante la tarde del jueves, cuando funcionarios uruguayos del área de Vigilancia efectuaron una inspección de rutina sobre una Ford Explorer con patente uruguaya, que había ingresado al puesto fronterizo proveniente de Argentina.

    Durante la revisión, los agentes detectaron que el hombre transportaba una importante cantidad de dinero sin declarar. Los billetes estaban escondidos debajo del tapizado de los asientos del conductor y del acompañante.
    Según la información difundida sobre el procedimiento, los funcionarios contabilizaron 190.000 dólares estadounidenses, 43.000 pesos uruguayos y 2.030.000 pesos argentinos.

    Ante el hallazgo, las autoridades procedieron a incautar la totalidad del dinero que era trasladado sin declarar. La medida también alcanzó a la camioneta Ford Explorer utilizada por el ciudadano argentino para regresar a territorio uruguayo.
    El vehículo fue valuado en una cifra superior a los 55.000 dólares. De esta manera, al sumar el efectivo encontrado y el valor estimado de la camioneta, el procedimiento involucró bienes por una cifra cercana a los 250.000 dólares.
    Tras el procedimiento tomó intervención la Fiscalía uruguaya a cargo de Ana Martínez, que dispuso mantener incautado el dinero encontrado durante la inspección.
    La medida judicial también comprendió a la camioneta como comiso secundario, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que el dinero intentó ser ingresado a Uruguay, publicó R2820.
    Pese a la incautación del efectivo y del vehículo, la Fiscalía dispuso que el ciudadano argentino recuperara la libertad luego de las actuaciones iniciales. Fuente ONCE

  • Entre Ríos tuvo más de 5 mil millones en agosto, pero los recursos nacionales son menores a 2025 – El Miércoles Digital

    Entre Ríos tuvo más de $315 mil millones en agosto, pero los recursos nacionales son menores a 2025 – El Miércoles Digital

    Entre Ríos tuvo más de $315 mil millones en agosto, pero los recursos nacionales son menores a 2025 – El Miércoles Digital

    Un informe de la Fundación Encuentro, evidenció que las transferencias automáticas nacionales a la provincia mostraron un leve repunte interanual del 0,3% en el octavo mes de 2026, impulsadas por el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses, los recursos coparticipables para Entre Ríos registran una baja del 1,5% en términos reales.
     
    Durante el mes de agosto de 2026, la provincia de Entre Ríos percibió un total de $315.079 millones en concepto de transferencias automáticas de recursos nacionales (Coparticipación Federal, leyes especiales y compensaciones). La cifra ubicó a la provincia en el quinto lugar del ranking nacional de recepción de fondos, solo por detrás de Buenos Aires ($1,55 billones), Santa Fe ($588.690 millones), Córdoba ($573.002 millones) y Chaco ($325.477 millones).

    El dato surge del último informe de la Fundación Encuentro, elaborado sobre la base de cifras del Ministerio de Economía de la Nación. El estudio destaca que, en términos reales (descontando el efecto inflacionario), los giros hacia Entre Ríos experimentaron una suba interanual marginal del 0,3% en comparación con agosto de 2025, ubicándose en línea con el promedio nacional (+0,2%).

    A nivel nacional, la leve recuperación del mes estuvo impulsada fundamentalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias y los recursos de la Coparticipación Federal compensando el menor dinamismo de otros tributos.

    Ingreso por cada entrerriano

    El estudio también analiza la distribución de los giros en relación con la población de cada distrito. En este apartado, Entre Ríos captó en agosto $221.018 por habitante, cifra que supera con holgura el promedio nacional de las 24 jurisdicciones ($149.220 per cápita).

    Si bien el monto per cápita entrerriano la posiciona en la mitad superior del mapa del país, persisten marcadas asimetrías con otras provincias: quedó lejos de los distritos patagónicos como Tierra del Fuego ($428.125 por habitante) o provincias del NOA como Catamarca ($405.954), pero sensiblemente por encima de los grandes centros urbanos como Córdoba ($149.184), Buenos Aires ($88.686) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($48.223).

    A pesar del leve respiro registrado en agosto, el balance de los primeros ocho meses de 2026 continúa reflejando el impacto de la desaceleración de la recaudación tributaria nacional sobre las arcas provinciales.

    En el acumulado anual (enero-agosto 2026), las transferencias automáticas hacia Entre Ríos marcan una caída real del 1,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta baja ubica a la provincia entre las más afectadas por la merma de recursos, solo superada por La Rioja (-1,6%) y CABA (-2,1%), y por debajo del promedio de retracción nacional (-1,2%).

    De acuerdo con el informe de la Fundación Encuentro, de las 24 jurisdicciones del país, únicamente Catamarca (+10,3%) logró cerrar el período enero-agosto en terreno positivo —gracias a la captación de fondos específicos por la Compensación del Consenso Fiscal—, mientras que el resto de las provincias acumula variaciones negativas de entre el -0,6% y el -2,1%.

     
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  • La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

    La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

    Un cruce de las respuestas oficiales que el gobierno nacional y el gobierno de Entre Ríos entregaron en los últimos meses a los pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS permite reconstruir -organismo por organismo-, cuánto le debe el Estado nacional a la provincia y a las empresas entrerrianas.
    La Nación reconoce 4.836,9 millones de pesos. La Provincia contabiliza 15.424,5 millones en deudas y aportes no girados, más dos reclamos judiciales sin sentencia: 154.606 millones por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande.
    Los números que siguen no provienen de estimaciones políticas ni de declaraciones de campaña. Surgen de documentos oficiales: las respuestas que distintos organismos del gobierno de Javier Milei entregaron en el marco de la Ley Nacional N° 27.275 y las que Ministerios y reparticiones del gobierno de Rogelio Frigerio remitieron bajo la Ley Provincial N° 11.191, todas a partir de pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS entre mayo y agosto de 2026.
    Puestas una al lado de la otra, esas respuestas dibujan un mapa de deudas del Estado nacional con Entre Ríos que ninguno de los dos gobiernos había presentado en forma consolidada.
    El cuadro tiene dos caras. La primera es lo que la propia Nación admite deber: hospitales públicos provinciales sin cobrar prestaciones al PAMI y contratistas de obras de agua y cloacas con certificados impagos. La segunda es lo que informan los organismos entrerrianos: internos federales alojados en cárceles provinciales que Nación paga con más de un año de atraso, cápitas del programa SUMAR+ sin girar, aportes de Obras Públicas presupuestados durante tres años y recaudados en cero, y dos juicios ante la Corte Suprema que, según la propia Fiscalía de Estado, todavía no tienen sentencia ni monto reconocido.
    Lo que reconoce la Nación
    De los más de veinte organismos federales consultados, solo dos informaron deudas con montos precisos. El primero es el PAMI. En respuesta a un pedido de ANÁLISIS, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reconoció una deuda de 1.704.123.743 pesos con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos, actualizada al 25 de junio de 2026. La cifra alcanza a prácticamente toda la red hospitalaria provincial, desde el Hospital Fidanza de Paraná hasta el pequeño hospital de Maciá, pasando por los dos hospitales de salud mental, los geriátricos públicos y la sociedad del Estado Salud Entre Ríos S.E. La propia Gerencia Económico Financiera del PAMI admitió que los desembolsos dependen de las partidas que transfiere el Ministerio de Economía y que los plazos de pago quedan atados a las fluctuaciones de la recaudación nacional. Cerca de 1.900 expedientes de facturación continúan abiertos en 2026.
    El segundo es el Ministerio de Economía de la Nación, que absorbió las funciones del disuelto ENOHSA. Mediante nota el ministerio informó el estado de las dos grandes obras de saneamiento con financiamiento nacional en la provincia. En el sistema de agua potable de Concordia, con un contrato de 14.852.130.485 pesos y un avance físico del 88,03 por ciento, la deuda con la contratista asciende a 3.003.882.462 pesos. En la ampliación de los desagües cloacales de Villaguay, con un contrato de 21.912.964.594 pesos y apenas el 22,46 por ciento ejecutado, la deuda reconocida es de 128.898.269 pesos. Entre ambas obras, 3.132.780.731 pesos de certificados impagos a empresas que trabajan en territorio entrerriano.
    Sumadas, las deudas que el Estado nacional admite por escrito con hospitales y contratistas de Entre Ríos alcanzan los 4.836.904.474 pesos. Los demás organismos federales que respondieron -la Auditoría General de la Nación, el ENACOM, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Cultura, el ENRE, el Instituto de Ayuda Financiera, Belgrano Cargas, la CARU y la Cancillería- no informaron deudas con la provincia. Y los que podrían aportar las cifras más pesadas todavía no contestaron: la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Energía por la deuda cruzada entre CAMMESA y ENERSA, y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
    Lo que informa la provincia
    Del lado entrerriano, la deuda nacional aparece repartida en tres Ministerios y una repartición, cada uno con su propia contabilidad. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en el informe firmado por la Dirección General en julio de 2026, consignó que la Nación pagó con más de un año de atraso 183 millones de pesos por el alojamiento de internos federales en cárceles provinciales durante 2023 y 2024, y que ya adeuda otros 271 millones por 2025 y el primer semestre de 2026. Es una deuda que se acumula mientras las unidades penales provinciales alojan 440 internos por encima de su capacidad de diseño, con una sobrepoblación del 16 por ciento.
    El Ministerio de Salud de la provincia informó que el programa nacional SUMAR+, que cubre a 522.796 entrerrianos sin obra social a través de 251 convenios con efectores, arrastra una deuda de 1.510 millones de pesos en cápitas mensuales no giradas entre enero de 2025 y junio de 2026, más 408,5 millones de una cápita semestral adicional: 1.918,5 millones de pesos que la Nación le debe a la red sanitaria provincial. El mismo informe describe el retiro silencioso del financiamiento federal en otros programas que la Provincia terminó sosteniendo con recursos propios: los botiquines del programa REMEDIAR cayeron un 83,5 por ciento respecto de 2024; el programa Incluir Salud y las prestaciones de diálisis se financiaron en un 98 por ciento con fondos provinciales durante 2023 y 2024; y el Tesoro provincial transfirió 1.635,5 millones de pesos entre 2023 y 2026 para comprar drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados, porque los envíos del INCUCAI resultaban insuficientes.
    El dato más voluminoso lo aportó el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. En la nota del 18 de agosto de 2026, el anexo de recursos afectados extraído del Sistema Integrado de Administración Financiera muestra que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación tuvo aportes comprometidos en el presupuesto provincial por 13.235 millones de pesos entre 2023 y 2025, con una recaudación efectiva de cero pesos en cada uno de los tres ejercicios. El mismo patrón se repite en partidas menores para Villa Paranacito, la cuenca Ezpeleta-Victoria, obras hidráulicas y refacciones de escuelas técnicas. Solo el SISTAU para el transporte y el ENOHSA siguieron girando fondos con normalidad.
    Entre el Servicio Penitenciario, Salud y Planeamiento, las deudas y los aportes nacionales no girados que la Provincia tiene documentados suman 15.424,5 millones de pesos: es más de tres veces lo que la Nación reconoce en sus propias respuestas.
     
     Uno de los juicios a gran escala que está pendiente en la Corte Suprema es por Salto Grande. El otro es por la Caja de Jubilaciones.
     
    Los dos juicios ante la Corte
    Por encima de esas cifras hay dos reclamos de otra escala, informados por el Ministerio de Economía de la provincia y la Fiscalía de Estado en el expediente 3.439.186. El primero es el litigio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones contra la ANSES por el déficit previsional no compensado, cuyo reclamo ante la Corte Suprema asciende a 154.606 millones de pesos. La Nación giró 74.000 millones mediante dos convenios de anticipos: uno de 26.000 millones y otro de 48.000 millones, este último pactado en ocho cuotas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, con la última acreditada recién el 14 de agosto, dos meses después del plazo. Pero el informe de Fiscalía de Estado, del 19 de agosto de 2026, es explícito: esos anticipos no cierran el litigio de fondo, no existe sentencia y no hay monto judicialmente reconocido. La Caja de Jubilaciones, en cambio, presenta los convenios como un logro de gestión.
    El segundo es Salto Grande. La Provincia demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema, en el expediente 2400/2024, por la modificación unilateral del régimen de remuneración de la energía generada en el complejo binacional mediante la Resolución 603/2024 de la Secretaría de Energía. El reclamo se estima en 724.174.000 dólares. La medida cautelar innovativa, que pediría suspender la resolución y recomponer preventivamente el 70 por ciento del monto -506.921.800 dólares-, estaba redactada al 19 de agosto de 2026, pero todavía no había sido presentada ante el tribunal.
    Hay al menos un punto en el que la respuesta provincial quedó incompleta. El pedido al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Entre Ríos requería el detalle de los fondos que el Estado nacional debe transferir a la provincia por su adhesión al régimen de desfederalización del narcomenudeo, con montos comprometidos, percibidos y adeudados, además de los convenios con fuerzas federales vinculados al Plan Paraná y al Consejo de Seguridad Interior. La respuesta no consignó cifra alguna sobre esa deuda, que el propio ministro Néstor Roncaglia había reconocido públicamente.
    El balance, con los datos disponibles, es contundente. La Nación admite deber 4.836,9 millones de pesos a hospitales públicos y contratistas de Entre Ríos. La Provincia documenta 15.424,5 millones de pesos en deudas y aportes comprometidos que nunca llegaron, más 154.606 millones de pesos en discusión judicial por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande. Todo ello mientras el gobernador Frigerio celebra en foros nacionales el acuerdo con la ANSES y anuncia junto a Córdoba y Santa Fe medidas de alivio para las industrias frente a la suba de la energía fijada por la propia Nación. Los expedientes, esta vez, hablan por sí mismos.

     
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  • También en Villaguay: Secuestran marihuana compacta y más de 400 mil pesos en el barrio San Camilo

    También en Villaguay: Secuestran marihuana compacta y más de 400 mil pesos en el barrio San Camilo

    El procedimiento fue ejecutado por la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial en horas de la noche del sábado. Identificaron a doce personas y un joven de 22 años quedó supeditado a la causa.

    En horas de la noche de este sábado 22 de agosto, la Policía de Entre Ríos concretó un allanamiento en una vivienda del Barrio San Camilo, en la ciudad de Villaguay, en el marco de una investigación por venta de estupefacientes al menudeo (Ley Provincial N.º 10.566).
    El operativo fue llevado a cabo por personal de la División Drogas Peligrosas Villaguay con el apoyo del Grupo Especial, bajo las directivas del fiscal a cargo de la causa, Dr. Sergio Salisky.
    Elementos incautados y personas identificadas
    Al ingresar al inmueble, las fuerzas de seguridad procedieron a la contención del lugar y a la correcta identificación de doce personas que se hallaban presentes en la finca.
    Tras la inspección del domicilio, los efectivos incautaron:

    91,04 gramos de marihuana compacta, fraccionados en ocho envoltorios listos para su distribución.

    $400.200 en efectivo en billetes de diversa denominación.

    Ocho teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

    Recortes de nylon y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de las dosis.

    Medidas judiciales
    Por disposición del magistrado interviniente, la totalidad del material estupefaciente, el dinero y los dispositivos tecnológicos quedaron resguardados en la sede policial como evidencia del legajo judicial.
    En tanto, un joven de 22 años fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando supeditado de manera formal al avance de las actuaciones judiciales.

  • Serían de Gualeguaychú: Incautan un cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en 60 mil dólares y detienen a tres hombres

    Serían de Gualeguaychú: Incautan un cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en 60 mil dólares y detienen a tres hombres

     

    El procedimiento fue ejecutado por personal de la Armada Uruguaya durante un patrullaje fluvial sobre la costa. Los sospechosos intentaron fugarse tras ser sorprendidos descargando 16 bultos desde una embarcación.
    En la mañana de este sábado 22 de agosto, alrededor de las 11:00 horas, personal del Destacamento de Villa Soriano logró interceptar un millonario cargamento de mercadería en presunta infracción aduanera, en el marco de las tareas de control fronterizo dispuestas por la Ley N.º 19.677.
    Durante una patrullaje de rutina por el cauce fluvial, las autoridades divisaron en la ribera una embarcación tipo tracker junto a varios bultos de color negro acopiados sobre la costa.
    Rastrillaje y detención
    Al aproximarse a la zona para inspeccionar el lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje primario en la vegetación y detectaron la presencia de tres hombres. Al darles la voz de alto, los individuos intentaron darse a la fuga internándose en el monte, pero fueron rápidamente neutralizados y reducidos por el personal actuante.
    En el lugar se procedió al aseguramiento de la zona y al conteo de los elementos abandonados:

    16 bultos negros de gran tamaño conteniendo paquetes de cigarrillos de origen ilegal.
    Una embarcación tipo tracker, la cual habría sido utilizada para el traslado de la mercadería a través del río.

    Avalúo millonario y medidas judiciales
    El hecho fue notificado de inmediato a la fiscal de la ciudad de Dolores, Dra. García, quien dispuso la confección de las actas de interrogatorio y ordenó que los tres implicados permanezcan demorados a disposición de la Justicia, Procediendo que se trata de personas procedentes de la ciudad de Gualeguaychú.
    Por su parte, personal de la Dirección Nacional de Aduanas realizó el recuento y la valoración primaria del cargamento secuestrado siendo unos 209.580 cigarrillos valuados en aproximadamente 60.000 dólares.
    Fuente El Telégrafo

  • Uno de los detenidos por los incidentes tras el debate de la Ley Bases ofreció pagar 250 mil pesos para suspender el juicio: fue rechazado

    Uno de los detenidos por los incidentes tras el debate de la Ley Bases ofreció pagar 250 mil pesos para suspender el juicio: fue rechazado

    Los incidentes ocurridos durante la protesta del 12 de junio de 2024, en el marco del debate por la Ley de Bases, continúan generando repercusiones en la Justicia. Este martes, uno de los detenidos sufrió un revés por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó su intento de suspender el juicio a cambio del pago de 250 mil pesos.

    El acusado, Brian Ezequiel Ortiz, fue detenido durante la violenta jornada en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Está imputado por los delitos de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, acusación que se basa en presuntas agresiones a policías.
    A más de dos años de los hechos, la defensa de Ortiz solicitó la suspensión del juicio a prueba —también conocida como probation— alegando que no posee antecedentes penales, tiene empleo y arraigo, y estaba dispuesto a cumplir tareas comunitarias y a pagar una reparación económica de 250 mil pesos.
    Además, según su defensa, las imágenes disponibles demuestran que Ortiz no agredió a las fuerzas de seguridad. El fallo señala que el acusado «se encontraba simplemente acorralado en una esquina junto a otra persona que ya fue sobreseída por la misma prueba, sin desplegar agresiones ni propinar golpes hacia los efectivos policiales», lo que descartaría la imputación y evidenciaría un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.
    Sin embargo, el pedido de Ortiz fue rechazado por el juez Gustavo Marcelo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado destacó que tanto el fiscal Mario Villar como el Senado de la Nación, querellante en la causa, presentaron argumentos sólidos para oponerse a la probation.
    El juez también enfatizó que deben considerarse las circunstancias específicas y la gravedad de los hechos, subrayando que no se trata de un conflicto entre particulares que pueda resolverse con una reparación económica. Asimismo, afirmó que existe un interés público superior en que este conflicto sea resuelto mediante un debate oral y público, no a través de una salida alternativa.
    ### La violenta jornada en las puertas del Congreso
    El 12 de junio de 2024, durante la sesión en el Senado para tratar el proyecto de la Ley Bases, se registraron graves incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional. Autos y contenedores fueron incendiados, se lanzaron bombas molotov y hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
    Los primeros choques ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso legisladores peronistas resultaron afectados por gas pimienta. La tensión volvió a aumentar por la noche, tras la aprobación en general del proyecto.
    El momento de mayor violencia se dio por la tarde, cuando los manifestantes arrojaron bombas molotov y piedras. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos y uso de carros hidrantes para dispersar la protesta.
    Además de arrojar proyectiles, incendiaron un automóvil perteneciente al medio cordobés Cadena 3 y voltearon al menos otro vehículo que también prendieron fuego. Ante esta situación, los senadores de la oposición solicitaron un cuarto intermedio para pedir el cese del operativo policial.
    Las fuerzas de seguridad informaron que, por estos incidentes, se registraron más de 30 detenidos —13 por la Policía Federal Argentina y 18 por la Policía de la Ciudad— y más de 20 agentes resultaron heridos.
    El Gobierno porteño estimó en más de 278 millones de pesos el costo de la reparación de las zonas afectadas. En ese contexto, Jorge Macri declaró sobre los detenidos: «Son delincuentes, hicieron un desastre y van a tener que pagarlo».

  • Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

    Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

    En los últimos días, el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por un impuesto a los combustibles líquidos, captó la atención pública. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente no destinar esos fondos al arreglo de rutas, su objetivo original, sino para financiar al Tesoro. Este fondo es uno de los aproximadamente 27 fideicomisos que, según Javier Milei, quien afirmó en 2024 que eliminaría estas “cajas de la política”, continúan vigentes y que la oposición afirma son utilizados de forma discrecional por el Ministerio de Economía.

    Los fondos fiduciarios son mecanismos estatales con recursos asignados a un propósito específico —como la reparación de rutas o el subsidio a tarifas de gas— y son administrados mediante fideicomisos gestionados por organismos del Gobierno. Actualmente, todos están supervisados por el Palacio de Hacienda.
    Según el decreto N° 215/2024, la cartera económica fue designada como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos que integren total o parcialmente bienes o fondos estatales, ejerciendo la dirección de dichos fideicomisos. Entre estos se encuentra el fondo fueguino FAMP, que hasta fines de junio estaba bajo la tutela de una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz.
    Aunque en su momento el FAMP manejó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares, el Ejecutivo ahora busca vaciarlo: a principios de este año redujo a cero el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su creación en 2021. Sin embargo, permanecen activos proyectos aprobados por el anterior directorio, como la construcción de un puerto en Río Grande y hoteles. La mesa directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de un mes, ya que “Economía no renovó sus cargos”, según una fuente consultada.
    No obstante, el fondo fueguino no figura en el listado de 20 fideicomisos «en disolución» del último informe de la Secretaría de Hacienda, a diferencia de otros, como el destinado a la “Asistencia Directa a Víctimas de Trata” o el FISU, creado para urbanizar villas de emergencia y que en un comienzo fue administrado por Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la provincia.
    Entre los fondos fiduciarios que continúan operativos están el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Desde la oposición advierten que la mayoría se concentran bajo la supervisión directa del Palacio de Hacienda, cuando anteriormente estaban distribuidos entre diferentes ministerios.
    De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, dirigido por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, el Gobierno acumularía más de 3.000 millones de dólares en estos fondos hasta 2025, con una proyección de alcanzar 4.000 millones para fines de 2026. Rodríguez aportó una estimación para todo 2026, unos 956 millones de dólares, basada en datos oficiales que indican que el resultado financiero acumulado de los fideicomisos en el primer trimestre del año fue de 239 millones de dólares, calculados al valor dólar promedio.
    El uso discrecional de los fondos fiduciarios cobró mayor relevancia tras un informe de La Nación, que reveló que el SisVial no destinaba la mayor parte de su patrimonio al arreglo de rutas. Según la denuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, al 31 de mayo de 2026 el SisVial mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, y otros $37.761 millones inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones permanecían sin aplicarse en obras viales.
    La denuncia, presentada ante la justicia federal, señala que durante los dos años y medio analizados la recaudación asignada al SisVial alcanzó $1,503 billones, pero solo se aplicaron $394.406 millones a su destino específico, lo que implica una subejecución del 73,8%. Además, alerta que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, por lo que solicita a la Justicia investigar el circuito y destino de esos recursos.

  • Allanamiento por microtráfico en Federación: secuestraron cocaína y casi 0 mil en efectivo

    Allanamiento por microtráfico en Federación: secuestraron cocaína y casi $780 mil en efectivo

    Allanamiento por microtráfico en Federación: secuestraron cocaína y casi $780 mil en efectivo

    En horas de la tarde de este viernes 7 de agosto, personal de la División Drogas Peligrosas de la Departamental Federación ejecutó una medida judicial en el marco de una investigación vinculada a la venta de estupefacientes a pequeña escala.

    El procedimiento se desplegó en una vivienda ubicada sobre calle Chaco N.º 226, entre sus pares Córdoba y Santa Fe, en la ciudad de Federación.
    Durante el registro del inmueble, las fuerzas de seguridad lograron incautar dosis de clorhidrato de cocaína acondicionadas en un envoltorio, listas para su comercialización, junto a una suma en efectivo cercana a los $780.000, dinero presuntamente derivado de la actividad ilícita.
    En el lugar se procedió a la identificación de tres hombres, aunque no se dispusieron detenciones en esta instancia.
    La orden de allanamiento fue librada por el Juzgado de Garantías de Federación, bajo la titularidad del Dr. Sergio Rondoni Caffa, con la intervención de la fiscalía conducida por la Dra. Luciana Herman. Desde la fuerza destacaron que el procedimiento se suma a las tareas operativas continuas para desarticular el narcomenudeo en los barrios de la ciudad.

  • Sortearon a los 8 mil entrerrianos que serán jurados populares en 2027 – El Miércoles Digital

    Sortearon a los 8 mil entrerrianos que serán jurados populares en 2027 – El Miércoles Digital

    Sortearon a los 8 mil entrerrianos que serán jurados populares en 2027 – El Miércoles Digital

    Para el departamento Uruguay corresponden a las personas cuyo DNI terminan en: 439, 274, 581, 069, 346,149, 948, 443,517, 102,605.
     
    Se realizó hoy, en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el sorteo público de 8.000 electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia. Se efectuó por jurisdicción y por sexos, con el objeto de confeccionar el listado definitivo de las personas que podrán integrar el Tribunal de Jurados en los juicios penales a realizarse en Entre Ríos en 2027.

     
    De acuerdo con lo dispuesto por la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJER), se eligieron 8.000 electores, discriminados de la siguiente forma: Paraná: 1.420; Concordia: 1.060; Concepción del Uruguay y Gualeguay: 800 en cada localidad; Gualeguaychú: 700; San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria y Colón: 266 en cada localidad; San Salvador, Villaguay y Rosario del Tala, 182 en cada localidad; Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, 140 en cada una.
    El acto fue transmitido, en vivo y en directo, por el Servicio de Información y Comunicación del STJER, vía streaming y a través de su canal de YouTube.
    El contralor del sorteo estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda. La actividad estuvo a cargo del coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, Fermín Bilbao; en tanto que como veedores participaron el fiscal Leandro Dato, por el Ministerio Público Fiscal; el defensor oficial Gaspar Reca Ríos, por el Ministerio Público de la Defensa; y Carla Cussimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia, tal como prevé el artículo 18º de la Ley 10. 746. También estuvo presente el escribano del IAFAS Julio César Saurín.

     
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  • Trabajadores de GTA empezaron a cobrar un subsidio de 200 mil pesos – El Miércoles Digital

    Trabajadores de GTA empezaron a cobrar un subsidio de 200 mil pesos – El Miércoles Digital

    Trabajadores de GTA empezaron a cobrar un subsidio de 200 mil pesos – El Miércoles Digital

    Los primeros 42 trabajadores del frigorífico Tres Arroyos de Concepción del Uruguay comenzaron a cobrar el subsidio provincial de 200 mil pesos, luego de que la acreditación se concretara el pasado viernes. La asistencia económica forma parte de las medidas impulsadas para acompañar a los empleados afectados por la crisis que atraviesa la empresa y continuará en las próximas semanas.
    Desde el Sindicato de la Alimentación informaron que el proceso de acreditación seguirá de manera gradual, con un ritmo estimado de entre 60 y 100 beneficios por semana, hasta alcanzar a la totalidad de los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.
    La organización gremial también señaló que en los próximos días realizará un relevamiento para identificar a los empleados que todavía no completaron la documentación necesaria para acceder al subsidio, con el objetivo de avanzar en la regularización de esos trámites, confirmó Babel Digital.
    En paralelo, el sindicato indicó que mantiene las gestiones para garantizar la provisión de medicamentos recetados y la entrega de módulos alimentarios a los trabajadores. Además, continúa reclamando a la dirección de la empresa la presentación de un plan de pago por los salarios adeudados, en el marco del conflicto que afecta al frigorífico, publicó Apf Digital.

     
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