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  • Dan lugar a un amparo para que Nación gire a la Provincia fondos viales del impuesto a los combustibles – Arriba Noticias

    Dan lugar a un amparo para que Nación gire a la Provincia fondos viales del impuesto a los combustibles – Arriba Noticias

    Dan lugar a un amparo para que Nación gire a la Provincia fondos viales del impuesto a los combustibles – Arriba Noticias

    En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
    El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.
    El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.
    A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.
    “Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.
    Principales rutas nacionales en Entre Ríos
    Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.
    Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.
    Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.
    Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).
    Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo – Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande. (APFDigital)

  • El Centro de Escucha llegó al Senado de la Nación – El Miércoles Digital

    El Centro de Escucha llegó al Senado de la Nación – El Miércoles Digital

    El Centro de Escucha llegó al Senado de la Nación – El Miércoles Digital

    Los jóvenes Blas Morales y Thiago Picazzo, referentes del Centro de Escucha de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, participaron de la Jornada de Escucha a Adolescentes y Jóvenes sobre Derechos y Riesgos en Entornos Digitales, representando a Entre Ríos y la ciudad.
    Fue el martes 8 de septiembre en el Senado de la Nación, donde estuvieron acompañados por la concejal María Isabel Sola, quien propuso la participación de los jóvenes, y Jorge Tallafer, uno de los coordinadores del Centro de Escucha.
    La actividad fue organizada por el Senado en coordinación con la Red por la Infancia en el marco de la iniciativa “ReConectate” y del ciclo de mesas de trabajo legislativas impulsado en el Congreso de la Nación.
    Los chicos pudieron acceder a diversas perspectivas sobre el rol de las juventudes en los espacios legislativos y las opiniones de los jóvenes con respecto a los temas tratados.
    “Durante la jornada presentamos un proyecto para hablar de educación y formación de autoidentidad dentro de las escuelas. Lo que buscamos lograr es que en las escuelas de Entre Ríos y Argentina se enseñe sobre la construcción de la identidad para que no dependa solamente de lo que mostramos en redes sociales, sino que construyamos una identidad que sea real, genuina y sobre todo propia”, contó Blas.
    Por su parte, Thiago contó en el Senado que “hoy en Entre Ríos la tasa de suicidio es muy alta y casi el 90% de los suicidios se producen por redes sociales. Por eso, hoy como jóvenes, lo que nosotros proponemos es que se gestionen políticas de prevención, y confiamos en ustedes, de lo contrario no estaríamos acá”.
    El Centro de Escucha 
    Este espacio fue inaugurado en julio de 2025, impulsado por la Municipalidad en articulación con UNICEF Argentina. Su objetivo es acompañar a las juventudes desde una mirada de contención, cuidado y escucha activa. Configura un punto clave para abordar la salud mental adolescente, con una propuesta que promueve la participación, el acompañamiento y la construcción de entornos más seguros e inclusivos. Ofrece talleres, actividades recreativas y propuestas orientadas a fortalecer la salud emocional de las juventudes locales.
    El Centro funciona en calle Dr. Hugo Baldoni 709.

     
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  • La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

    La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

    Un cruce de las respuestas oficiales que el gobierno nacional y el gobierno de Entre Ríos entregaron en los últimos meses a los pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS permite reconstruir -organismo por organismo-, cuánto le debe el Estado nacional a la provincia y a las empresas entrerrianas.
    La Nación reconoce 4.836,9 millones de pesos. La Provincia contabiliza 15.424,5 millones en deudas y aportes no girados, más dos reclamos judiciales sin sentencia: 154.606 millones por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande.
    Los números que siguen no provienen de estimaciones políticas ni de declaraciones de campaña. Surgen de documentos oficiales: las respuestas que distintos organismos del gobierno de Javier Milei entregaron en el marco de la Ley Nacional N° 27.275 y las que Ministerios y reparticiones del gobierno de Rogelio Frigerio remitieron bajo la Ley Provincial N° 11.191, todas a partir de pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS entre mayo y agosto de 2026.
    Puestas una al lado de la otra, esas respuestas dibujan un mapa de deudas del Estado nacional con Entre Ríos que ninguno de los dos gobiernos había presentado en forma consolidada.
    El cuadro tiene dos caras. La primera es lo que la propia Nación admite deber: hospitales públicos provinciales sin cobrar prestaciones al PAMI y contratistas de obras de agua y cloacas con certificados impagos. La segunda es lo que informan los organismos entrerrianos: internos federales alojados en cárceles provinciales que Nación paga con más de un año de atraso, cápitas del programa SUMAR+ sin girar, aportes de Obras Públicas presupuestados durante tres años y recaudados en cero, y dos juicios ante la Corte Suprema que, según la propia Fiscalía de Estado, todavía no tienen sentencia ni monto reconocido.
    Lo que reconoce la Nación
    De los más de veinte organismos federales consultados, solo dos informaron deudas con montos precisos. El primero es el PAMI. En respuesta a un pedido de ANÁLISIS, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reconoció una deuda de 1.704.123.743 pesos con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos, actualizada al 25 de junio de 2026. La cifra alcanza a prácticamente toda la red hospitalaria provincial, desde el Hospital Fidanza de Paraná hasta el pequeño hospital de Maciá, pasando por los dos hospitales de salud mental, los geriátricos públicos y la sociedad del Estado Salud Entre Ríos S.E. La propia Gerencia Económico Financiera del PAMI admitió que los desembolsos dependen de las partidas que transfiere el Ministerio de Economía y que los plazos de pago quedan atados a las fluctuaciones de la recaudación nacional. Cerca de 1.900 expedientes de facturación continúan abiertos en 2026.
    El segundo es el Ministerio de Economía de la Nación, que absorbió las funciones del disuelto ENOHSA. Mediante nota el ministerio informó el estado de las dos grandes obras de saneamiento con financiamiento nacional en la provincia. En el sistema de agua potable de Concordia, con un contrato de 14.852.130.485 pesos y un avance físico del 88,03 por ciento, la deuda con la contratista asciende a 3.003.882.462 pesos. En la ampliación de los desagües cloacales de Villaguay, con un contrato de 21.912.964.594 pesos y apenas el 22,46 por ciento ejecutado, la deuda reconocida es de 128.898.269 pesos. Entre ambas obras, 3.132.780.731 pesos de certificados impagos a empresas que trabajan en territorio entrerriano.
    Sumadas, las deudas que el Estado nacional admite por escrito con hospitales y contratistas de Entre Ríos alcanzan los 4.836.904.474 pesos. Los demás organismos federales que respondieron -la Auditoría General de la Nación, el ENACOM, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Cultura, el ENRE, el Instituto de Ayuda Financiera, Belgrano Cargas, la CARU y la Cancillería- no informaron deudas con la provincia. Y los que podrían aportar las cifras más pesadas todavía no contestaron: la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Energía por la deuda cruzada entre CAMMESA y ENERSA, y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
    Lo que informa la provincia
    Del lado entrerriano, la deuda nacional aparece repartida en tres Ministerios y una repartición, cada uno con su propia contabilidad. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en el informe firmado por la Dirección General en julio de 2026, consignó que la Nación pagó con más de un año de atraso 183 millones de pesos por el alojamiento de internos federales en cárceles provinciales durante 2023 y 2024, y que ya adeuda otros 271 millones por 2025 y el primer semestre de 2026. Es una deuda que se acumula mientras las unidades penales provinciales alojan 440 internos por encima de su capacidad de diseño, con una sobrepoblación del 16 por ciento.
    El Ministerio de Salud de la provincia informó que el programa nacional SUMAR+, que cubre a 522.796 entrerrianos sin obra social a través de 251 convenios con efectores, arrastra una deuda de 1.510 millones de pesos en cápitas mensuales no giradas entre enero de 2025 y junio de 2026, más 408,5 millones de una cápita semestral adicional: 1.918,5 millones de pesos que la Nación le debe a la red sanitaria provincial. El mismo informe describe el retiro silencioso del financiamiento federal en otros programas que la Provincia terminó sosteniendo con recursos propios: los botiquines del programa REMEDIAR cayeron un 83,5 por ciento respecto de 2024; el programa Incluir Salud y las prestaciones de diálisis se financiaron en un 98 por ciento con fondos provinciales durante 2023 y 2024; y el Tesoro provincial transfirió 1.635,5 millones de pesos entre 2023 y 2026 para comprar drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados, porque los envíos del INCUCAI resultaban insuficientes.
    El dato más voluminoso lo aportó el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. En la nota del 18 de agosto de 2026, el anexo de recursos afectados extraído del Sistema Integrado de Administración Financiera muestra que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación tuvo aportes comprometidos en el presupuesto provincial por 13.235 millones de pesos entre 2023 y 2025, con una recaudación efectiva de cero pesos en cada uno de los tres ejercicios. El mismo patrón se repite en partidas menores para Villa Paranacito, la cuenca Ezpeleta-Victoria, obras hidráulicas y refacciones de escuelas técnicas. Solo el SISTAU para el transporte y el ENOHSA siguieron girando fondos con normalidad.
    Entre el Servicio Penitenciario, Salud y Planeamiento, las deudas y los aportes nacionales no girados que la Provincia tiene documentados suman 15.424,5 millones de pesos: es más de tres veces lo que la Nación reconoce en sus propias respuestas.
     
     Uno de los juicios a gran escala que está pendiente en la Corte Suprema es por Salto Grande. El otro es por la Caja de Jubilaciones.
     
    Los dos juicios ante la Corte
    Por encima de esas cifras hay dos reclamos de otra escala, informados por el Ministerio de Economía de la provincia y la Fiscalía de Estado en el expediente 3.439.186. El primero es el litigio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones contra la ANSES por el déficit previsional no compensado, cuyo reclamo ante la Corte Suprema asciende a 154.606 millones de pesos. La Nación giró 74.000 millones mediante dos convenios de anticipos: uno de 26.000 millones y otro de 48.000 millones, este último pactado en ocho cuotas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, con la última acreditada recién el 14 de agosto, dos meses después del plazo. Pero el informe de Fiscalía de Estado, del 19 de agosto de 2026, es explícito: esos anticipos no cierran el litigio de fondo, no existe sentencia y no hay monto judicialmente reconocido. La Caja de Jubilaciones, en cambio, presenta los convenios como un logro de gestión.
    El segundo es Salto Grande. La Provincia demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema, en el expediente 2400/2024, por la modificación unilateral del régimen de remuneración de la energía generada en el complejo binacional mediante la Resolución 603/2024 de la Secretaría de Energía. El reclamo se estima en 724.174.000 dólares. La medida cautelar innovativa, que pediría suspender la resolución y recomponer preventivamente el 70 por ciento del monto -506.921.800 dólares-, estaba redactada al 19 de agosto de 2026, pero todavía no había sido presentada ante el tribunal.
    Hay al menos un punto en el que la respuesta provincial quedó incompleta. El pedido al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Entre Ríos requería el detalle de los fondos que el Estado nacional debe transferir a la provincia por su adhesión al régimen de desfederalización del narcomenudeo, con montos comprometidos, percibidos y adeudados, además de los convenios con fuerzas federales vinculados al Plan Paraná y al Consejo de Seguridad Interior. La respuesta no consignó cifra alguna sobre esa deuda, que el propio ministro Néstor Roncaglia había reconocido públicamente.
    El balance, con los datos disponibles, es contundente. La Nación admite deber 4.836,9 millones de pesos a hospitales públicos y contratistas de Entre Ríos. La Provincia documenta 15.424,5 millones de pesos en deudas y aportes comprometidos que nunca llegaron, más 154.606 millones de pesos en discusión judicial por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande. Todo ello mientras el gobernador Frigerio celebra en foros nacionales el acuerdo con la ANSES y anuncia junto a Córdoba y Santa Fe medidas de alivio para las industrias frente a la suba de la energía fijada por la propia Nación. Los expedientes, esta vez, hablan por sí mismos.

     
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  • El presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5 veces, mientras Nación dejó de pagar sus propios programas – El Miércoles Digital

    El presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5 veces, mientras Nación dejó de pagar sus propios programas – El Miércoles Digital

    Cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios.
     
    El Ministerio de Salud confirmó a ANÁLISIS una escalada presupuestaria muy fuerte -4,5 veces entre 2023 y 2025- explicada en gran parte por la necesidad de sustituir con fondos provinciales el financiamiento nacional que se retiró de programas estructurales como Remediar (con una caída del 83,5% en los botiquines entregados), Sumar+ (con $1.918 millones de deuda nacional pendiente) e Incluir Salud (financiado en un 98% por la Provincia).
    A la vez, una fragilidad estructural en el recupero de costos hospitalarios, con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) llegando a cobrar apenas el 38% de lo que facturó en 2024, en sintonía con la crisis financiera de esa obra social y una transformación silenciosa en quién usa el sistema público.
    Según los datos proporcionados a este medio periodístico, cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios.
    A todo este panorama se suma una deuda de $774 millones con prestadores privados de salud -concentrada en un 98% en tres proveedores de diálisis y oncología, incluido el centro estatal CEMENER, aunque en el informe se da por “cancelada definitivamente”- y una diferencia de $13.233 millones entre lo que el propio detalle de pagos de Incluir Salud registra para 2024-2026. Y la cifra de $38.200 millones que el texto principal destaca como la inversión total del programa en ese período.
    El Ministerio de Salud de Entre Ríos respondió, a través de una nota firmada personalmente por el ministro Daniel Ulises Blanzaco, un pedido de acceso a la información pública de trece puntos que incluyen presupuesto, compra de medicamentos, campañas de vacunación, salud mental, demanda del sistema público, recupero de costos a obras sociales, derivaciones a prestadores privados, recursos humanos, el Hospital de la Baxada, proyectos de ley y contrataciones de bienes y servicios.
    Ese documento de síntesis narra la gestión 2023-2026 como una transformación integral -”de respuestas fragmentadas a una lógica de red”- con métricas destacadas: más del 90% de los centros de salud con actividad registrada en el sistema SADER, 45 ambulancias nuevas, 440.000 estudios almacenados en el sistema PACS provincial y un crecimiento del 18,9% en la dotación profesional. Sin embargo, cruzando esas mismas cifras con los anexos numéricos -resúmenes de tesorería, planillas de licitaciones, informes de recupero de costos- aparecen datos que el texto principal minimiza o no menciona: la dependencia acuciante de refuerzos presupuestarios frente a partidas nacionales que dejaron de llegar, una salud pública que atiende cada vez más pacientes con cobertura, y un sistema de obras sociales provincial (OSER, exIOSPER) que en 2024 solo logró cobrar el 38% de lo facturado a los hospitales.
    Según el propio informe oficial, el presupuesto total ejecutado por el Ministerio de Salud pasó de $145.902 millones en 2023 a $433.110 millones en 2024 (2,97 veces más), $652.088 millones en 2025 (1,51 veces el año anterior) y $449.268 millones entre enero y julio de 2026, con una proyección oficial de $768.000 millones para el cierre del año. En total, entre 2023 y 2025 el gasto en salud se multiplicó por 4,47, y si se cumple la proyección 2026 el crecimiento acumulado en tres años y medio llegará a 5,3 veces.
    Una desagregación más específica -la de las transferencias de Rentas Generales a hospitales, en la planilla “Resumen transferencias fondos partidas hospitales- muestra un patrón revelador dentro de ese crecimiento: en 2023 el 58% de los $13.984 millones transferidos a hospitales correspondía a una partida fija mensual (“Partida Hospitales”) y el resto a “refuerzos” extraordinarios. En 2024, sobre $63.453 millones transferidos, la relación se invirtió: la partida fija representó apenas el 30% y los refuerzos -montos variables, decididos mes a mes según la coyuntura- treparon al 64% del total, además de $3.554 millones en deuda arrastrada de 2023. En otras palabras, la forma predominante de financiar a los hospitales entrerrianos durante el año de mayor inflación del período no fue el presupuesto planificado, sino la improvisación mes a mes vía refuerzos, un patrón de gestión reactiva más que de planificación.
    En 2025 las transferencias llegaron a $83.095 millones y en el primer semestre de 2026 ya se transfirieron $44.089 millones -una proyección anual de unos $88.178 millones-, lo que confirma una meseta de crecimiento nominal luego de la escalada de 2023-2024. El propio informe aclara que aproximadamente el 80% del concepto “refuerzo general” se destina a medicamentos, insumos, descartables y oxígeno, y el resto a combustible, servicios, racionamiento, refacciones edilicias y equipamiento sanitario.
    Medicamentos y la compra centralizada
    La Dirección de Contrataciones del Nivel Central del Ministerio de Salud adjudicó 43 procedimientos de compra de medicamentos, insumos y equipamiento en 2024 por $5.048,8 millones; 35 procedimientos en 2025 por $6.151,1 millones y, hasta el 7 de agosto de 2026, 18 procedimientos por $20.264 millones. O sea, un salto que el propio informe atribuye a la nueva compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales de mayor complejidad (San Martín, San Roque, Centenario, Masvernat y Justo José de Urquiza), adjudicada con catorce oferentes y acompañada de un centro logístico en Colonia Avellaneda. Hay, además, 22 procedimientos adicionales en trámite por $5.200,1 millones estimados para 2026.
    Un análisis separado, correspondiente a compras específicas de programas nacionales complementados con fondos provinciales (Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, epidemiología), muestra la misma tendencia: de $12,7 millones invertidos en 2023 a $175,4 millones en 2024 (13,8 veces más), $677,5 millones en 2025 y ya $291,9 millones en la primera mitad de 2026. En ese universo más chico de compras, la empresa VI Farma SRL aparece como proveedora recurrente en los cuatro ejercicios, junto con adjudicaciones puntuales muy grandes a proveedores unipersonales, como los $105,69 millones que ganó Alcorta Pharma (a nombre de Marta Liliana Molina) por 1.000 kits de mifepristona en 2025.
    Un capítulo aparte, no incluido en el documento de síntesis, pero sí en un informe técnico específico, es la compra de drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados a través de CUCAIER: la Provincia debió empezar a complementar los envíos de INCUCAI desde junio de 2023 porque esos envíos resultaban insuficientes. Las transferencias del Tesoro Provincial para este fin pasaron de apenas $2 millones en diciembre de 2023 a $606,4 millones en 2024 (303 veces más), $427,1 millones en 2025 y ya $599,9 millones en la primera mitad de 2026, superando en seis meses todo lo gastado en el año anterior completo.
    El total acumulado 2023-2026 es de $1.635,5 millones para sostener un tratamiento que, en teoría, debería cubrir íntegramente el programa nacional de seguimiento pos-trasplante.

     
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  • Gestionarán ante Nación un alivio en las tarifas eléctricas para el sector foresto-industrial – El Miércoles Digital

    Gestionarán ante Nación un alivio en las tarifas eléctricas para el sector foresto-industrial – El Miércoles Digital

    Gestionarán ante Nación un alivio en las tarifas eléctricas para el sector foresto-industrial – El Miércoles Digital

    El gobernador Rogelio Frigerio encabezó un encuentro de trabajo con representantes de la cadena maderera entrerriana para abordar diferentes problemáticas vinculadas al sector. Se priorizó el impacto del costo energético en la actividad, para lo cual la provincia gestionará ante Nación un esquema que morigere el mismo.
     
    El encuentro, que se llevó a cabo este viernes en las instalaciones del Mirador Tec, en Paraná, fue una solicitud de la Cámara de Industriales de la provincia de Entre Ríos y de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).  Autoridades de esas instituciones, plantearon medidas de apoyo urgentes frente a la coyuntura del costo eléctrico que afecta a los establecimientos productivos locales.
    De la mesa de diálogo, coordinada por el gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini; participaron también la coordinadora de Foresto Industria, Lorna Sacks; el presidente de la Cámara de Empresarios Madereros de la provincia, Marco Vago; la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen; y representantes directos del sector, entre ellos Germán Benay, del aserradero Bella Unión de Ubajay.
    Según detallaron los productores en la mesa de trabajo, las industrias madereras han registrado aumentos en la energía eléctrica en los últimos cuatro meses. Este incremento, derivado de cargos extraordinarios de generación aplicados a nivel nacional por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), alteró significativamente la estructura de costos de los aserraderos.
    La propuesta
    El gobierno provincial mediará así ante la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa Cammesa para buscar soluciones que reduzcan el impacto en el sector maderero forestal, como en el resto de los grandes clientes de las distribuidoras de la provincia. La propuesta intenta que los cargos adicionales por mayores precios de generación en el mercado mayorista sea morijerado.
    El ministro Bernaudo señaló que ya se iniciaron gestiones de manera anticipada en Buenos Aires y destacó el rol activo asumido por el mandatario entrerriano. «Tuvimos una reunión con el secretario de Energía a nivel nacional para discutir este tema. Hemos llevado propuestas a Nación y vamos a ver cómo podemos trabajar para que estas se concreten. El gobernador le dedicó muchísimo tiempo a escuchar los problemas y plantear alternativas de solución, en temas que incluso no dependen de nosotros, sino de Nación, pero se ha hecho cargo de plantear estas discusiones», subrayó.
    A su vez, manifestó el respaldo de la provincia al planteo de los industriales, con el objetivo de evitar la pérdida de competitividad y proteger el empleo del sector . «El problema es claro, existe, está a la vista. El reclamo del sector forestal en término de energía es realmente válido», sostuvo.
    Por otra parte, se analizaron herramientas de mediano y largo plazo orientadas al desarrollo de energías renovables. En ese sentido, la provincia viene trabajando junto a los equipos de la Dirección de Forestación y la Secretaría de Energía en normativas destinadas a facilitar el financiamiento para la reconversión tecnológica a base de biomasa forestal (subproductos del sector) y paneles solares.

     
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  • Entre Ríos y Nación acordaron finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas que permanecían inconclusas – El Miércoles Digital

    Entre Ríos y Nación acordaron finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas que permanecían inconclusas – El Miércoles Digital

    Entre Ríos y Nación acordaron finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas que permanecían inconclusas – El Miércoles Digital

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un convenio que permitirá finalizar la construcción de cuatro establecimientos educativos técnicos y agrotécnicos que permanecían inconclusos y que se encontraban en distintas etapas de ejecución. El acuerdo representa un paso importante para destrabar obras largamente esperadas por las comunidades educativas y apunta a fortalecer la infraestructura destinada a la formación técnica en la provincia.
    El convenio comprende la finalización de la Escuela de Educación Técnica N° 3 de Concepción del Uruguay; la Escuela de Educación Técnica N° 15 “de San Carlos”, en el departamento La Paz; la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Gualeguay; y la Escuela de Educación Técnica N° 4 de Larroque. Se trata de instituciones consideradas estratégicas para ampliar la oferta educativa y brindar mejores condiciones de enseñanza en diferentes regiones entrerrianas.
    De acuerdo con la información difundida por el portal oficial del Gobierno de Entre Ríos, las obras podrán ser concluidas e inauguradas durante los próximos meses, una vez retomados los trabajos pendientes en cada uno de los edificios escolares.
    Tras la firma del acuerdo, Frigerio destacó la importancia de la articulación entre la administración provincial y el Gobierno nacional para concretar proyectos de infraestructura que habían quedado paralizados durante años.
    “Fortalecer la calidad educativa de nuestra provincia es una de las prioridades de nuestra gestión, y este trabajo conjunto con el gobierno nacional nos permite seguir avanzando en ese camino, destinando cada peso a obras que mejoran las condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el mandatario.
    El gobernador sostuvo además que la recuperación de estas obras constituye una respuesta concreta a demandas históricas de estudiantes, docentes y familias, quienes aguardaban la finalización de edificios proyectados para acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar los espacios destinados a la educación técnica.
    La modalidad técnica y agrotécnica ocupa un lugar central dentro del sistema educativo entrerriano debido a su estrecha vinculación con las principales actividades productivas de la provincia. La formación en especialidades industriales, agropecuarias y tecnológicas constituye una herramienta clave para generar oportunidades de inserción laboral y responder a las necesidades de sectores estratégicos de la economía regional.
    En ese contexto, la culminación de estos establecimientos permitirá que alumnos y docentes desarrollen sus actividades en edificios especialmente diseñados para este tipo de enseñanza, con talleres, laboratorios y espacios adecuados para la formación práctica, un componente esencial de la educación técnica.
    Desde el Gobierno provincial remarcaron que la continuidad de estas obras forma parte de una política orientada a recuperar proyectos de infraestructura escolar que permanecían inconclusos, priorizando la inversión en establecimientos educativos y garantizando mejores condiciones para enseñar y aprender en todo el territorio entrerriano.
    La firma del convenio también refleja un esquema de cooperación institucional entre la Provincia y la Nación para avanzar en la concreción de obras consideradas prioritarias. En un contexto de restricciones presupuestarias y revisión de proyectos de infraestructura pública, el acuerdo permite asegurar la continuidad de edificios educativos cuya ejecución se encontraba demorada.
    Con la finalización de estas cuatro escuelas, el Gobierno entrerriano busca ampliar la capacidad del sistema educativo, responder a la demanda de formación técnica en distintas localidades y fortalecer una modalidad educativa estrechamente ligada al desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo calificado.

     
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  • Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que frenó en Villa Itapé de Concepción del Uruguay

    Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que frenó en Villa Itapé de Concepción del Uruguay

    Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que frenó en Villa Itapé de Concepción del Uruguay

    La diputada nacional se pone al frente del reclamo y pide que el Ejecutivo Nacional termine las obras que se encuentran en  un 58% de avance.

    La decisión del gobierno nacional de suspender las obras públicas generó un golpe muy fuerte sobre las familias de Villa Itapé, ya que no sólo se trata de viviendas sino de la urbanización completa del barrio. En este sentido, la diputada nacional, Marianela Marclay, cuestionó duramente la decisión de paralizar las acciones de un programa que cambiaba profundamente la realidad de los vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay.
    En este sentido, la legisladora nacional fue contundente y afirmó: “Es una obra fundamental, no sólo para 21 familias, sino para todo un barrio”. “El gobierno nacional -continuó- elige mirar para otro lado y perjudicar directamente a nuestros vecinos”.
    Del mismo modo, pidió la participación del gobierno provincial en el reclamo. “Frigerio debería estar del lado de los uruguayenses y acompañarnos en este reclamo para terminar una obra que tiene un avance del 58%. Dejarla inconclusa es malgastar dinero que el Estado destinó sin beneficio para la gente”, concluyó.

  • Reactivaron las transferencias de Nación: Entre Ríos y otras provincias recibieron ATN y fondos para las Cajas – El Miércoles Digital

    Reactivaron las transferencias de Nación: Entre Ríos y otras provincias recibieron ATN y fondos para las Cajas – El Miércoles Digital

    Reactivaron las transferencias de Nación: Entre Ríos y otras provincias recibieron ATN y fondos para las Cajas – El Miércoles Digital

    La búsqueda de consensos en la que parece estar dispuesta a avanzar la Casa Rosada con los gobernadores no solo se refleja con la designación de Diego Santilli como nexo. También hay una apertura de la billetera por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Es un movimiento relativo, es verdad, pero claramente hay premios para los aliados, y se pusieron en marcha mecanismos para evitar problemas financieros de los distritos comandados por “amigos”.
    En función del estrés financiero que vienen atravesando las provincias, con la pérdida de $2 billones entre transferencias directas e indirectas en el primer semestre. La caída de la recaudación nacional impactó, incluso, en las cuentas libertarias que, aunque cerraron la primera parte del año, en junio registraron un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones (incluyendo $328.049 millones en pagos de intereses).
    Cuando la Rosada tomó la decisión de avanzar a pleno con el proyecto para la reelección del presidente Javier Milei, Santilli planteó en la mesa política que las conversaciones con los gobernadores requerían de acompañamiento de fondos.
    A mediados de abril Caputo autorizó por primera vez adelantos financieros para 12 provincias. Se trata de préstamos “a demanda” de los gobernadores por hasta $400.000 millones a una tasa del 15% real anual a cancelar dentro del año fiscal. Las cuotas se pagan con la coparticipación. En el actual contexto, funcionan como un “salvavidas” importante para las provincias.
    Las primeras beneficiadas fueron Entre Ríos (en diciembre de 2025), Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán en abril. El mes pasado hubo para Santa Fe, Jujuy y, nuevamente, Entre Ríos y en el actual, para Córdoba, recordó La Nación en un informe publicado este martes.
    Estos adelantos actúan como reemplazo de los de coparticipación que, por ejemplo Chaco venía usando intensamente. Una diferencia importante es que son de largo plazo, mientras que los de coparticipación son intrames, se deben cancelar al siguiente de recibirlos.
    La salida de Manuel Adorni del gobierno marcó una nueva etapa en todas las negociaciones de la Casa Rosada. Durante varios meses, ya con Santilli como ministro del Interior, la situación del exjefe de Gabinete se colaba en todas las conversaciones y desde el propio oficialismo admitían que era “muy complejo” salir de ese laberinto.
    En ese clima salió, para complicarlo todavía más, la decisión administrativa 20/2026 que recortó programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales. Solo en “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que está previsto en la ley de coparticipación.
    Líneas activadas
    Este mes regresaron los ATN después de dos sin que se entregaran. Hasta ahora, hay seis provincias que recibieron $5.000 millones cada una; son Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Santa Fe. Entre enero y julio Nación se repartieron $151.000 millones de ATN, casi 50% más que en el mismo período del año pasado. El misionero Hugo Passalaqua, con $20.000 millones, lidera el listado de los que más recibieron.
    Otros giros que se multiplicaron prácticamente por diez respecto de enero-julio del año pasado, son las transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas. Nación sumó más acuerdos con gobernadores y hoy reciben recursos Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Chaco, Chubut y Neuquén.
    El año pasado solo cuatro distritos tenían acuerdos cerrados. Para las finanzas provinciales, aun cuando lo que reciben es mucho menos de lo que deberían porque no están terminados los cálculos de déficit, es dinero que actúa como desahogo.
    También se activaron en esta etapa los giros por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo instrumentado por la Casa Rosada para compensar y cancelar deudas cruzadas entre el Estado Nacional y las provincias.
    Por vía de transferencias no automáticas, según datos de Politikon Chaco, Misiones recibió este año $12.000 millones y Tucumán $2.838 millones. En cambio, a través de giros automáticos, Nación desembolsó $115.663 millones para Salta ($46.000 millones), Catamarca ($20.000 millones), Tucumán ($31.162 millones), Misiones ($3.501 millones) y Córdoba ($15.000 millones).
    Pese a la intención libertaria de lograr un pacto de gobernabilidad con una buena cantidad de gobernadores, hay muchos programas presupuestarios que afectan a las provincias que continúan pisados. En ese contexto, los giros presupuestarios son los que bajan y, en cambio, prima la distribución arbitraria de recursos.

     
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  • Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que se frenaron en Villa Itapé – El Miércoles Digital

    Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que se frenaron en Villa Itapé – El Miércoles Digital

    Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que se frenaron en Villa Itapé – El Miércoles Digital

    La diputada nacional se pone al frente del reclamo y pide que el Ejecutivo Nacional termine las obras que se encuentran en  un 58% de avance
    La decisión del gobierno nacional de suspender las obras públicas generó un golpe muy fuerte sobre las familias de Villa Itapé, ya que no sólo se trata de viviendas sino de la urbanización completa del barrio. En este sentido, la diputada nacional, Marianela Marclay, cuestionó duramente la decisión de paralizar las acciones de un programa que cambiaba profundamente la realidad de los vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay.
    En este sentido, la legisladora nacional fue contundente y afirmó: “Es una obra fundamental, no sólo para 21 familias, sino para todo un barrio”. “El gobierno nacional -continuó- elige mirar para otro lado y perjudicar directamente a nuestros vecinos”.
    Del mismo modo, pidió la participación del gobierno provincial en el reclamo. “Frigerio debería estar del lado de los uruguayenses y acompañarnos en este reclamo para terminar una obra que tiene un avance del 58%. Dejarla inconclusa es malgastar dinero que el Estado destinó sin beneficio para la gente”, concluyó.
     Fuente: Prensa de la Diputada Marclay.

     
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  • Kicillof denuncia que la Nación tiene «pisados» créditos de organismos internacionales por más de U$S 1.000 millones

    Kicillof denuncia que la Nación tiene «pisados» créditos de organismos internacionales por más de U$S 1.000 millones

    Kicillof denuncia que la Nación tiene «pisados» créditos de organismos internacionales por más de U$S 1.000 millones

    El gobernador Axel Kicillof denunció un nuevo mecanismo de asfixia financiera impuesto desde el Gobierno nacional. Desde La Plata aseguran que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, tiene “pisados” permisos para acceder a créditos internacionales por más de 1.000 millones de dólares destinados a obras de infraestructura.

    Según explicaron funcionarios provinciales, se trata de líneas crediticias de organismos internacionales que cuentan con la preaprobación de los directorios correspondientes, pero que requieren el aval de Caputo para la liberación de los fondos.
    Esta demora burocrática se inscribe en la política de “asfixia” hacia el gobierno de Kicillof que impulsa la administración libertaria. Además, integran esta estrategia dentro de las restricciones, suspensiones o eliminaciones de aportes federales de Nación hacia la provincia de Buenos Aires, que, según cálculos oficiales de las oficinas de calle 6 en La Plata, alcanzan los 26,7 billones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
    El contratiempo genera una doble frustración: Kicillof tardó casi un año en la Legislatura bonaerense para lograr la aprobación de la ley de endeudamiento, tras arduas negociaciones con sectores internos del PJ y bloques opositores. Finalmente obtuvo autorización para endeudarse hasta por 3.050 millones de dólares, pero hasta el momento no ha ingresado ningún dinero en las cuentas provinciales por esa vía.
    “Después de obtener esa norma que habilita al Estado provincial a contraer deuda, la Nación obstruye el camino”, se quejan desde el gobierno bonaerense.
    Desde el inicio de la gestión de Milei, la relación entre el Presidente y Kicillof ha sido marcada por una tensión extrema, con posturas antagónicas en todas las políticas públicas. Este enfrentamiento, alimentado por modelos ideológicos opuestos, se ha traducido en disputas por los recursos administrados desde el poder central.
    Las restricciones complican la gestión administrativa. Según un informe presupuestario de 2025 elaborado por el exsenador y actual director del BAPRO, Marcelo Daletto, el gobernador debió recurrir a un endeudamiento significativo no autorizado por la Legislatura, por 2,4 billones de pesos, más 0,88 billones provenientes de la venta de activos financieros, para cubrir un déficit de 2,06 billones y vencimientos de deuda por 1,21 billones el año pasado.
    En La Plata aseguran que esta relación corrosiva con Nación se traduce en una “clara discriminación” hacia la provincia. Señalan además que el ministro Caputo firmó la autorización para créditos internacionales destinados a proyectos en Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Salta, Río Negro, Mendoza y Jujuy, que en los últimos dos ejercicios presupuestarios sumaron más de 1.900 millones de dólares en financiamiento internacional, mientras que Buenos Aires permanece congelada.
    Uno de los proyectos prioritarios congelados es la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales para las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Debido a un litigio por el impacto ambiental causado por la falta de estas obras, el juez federal Alberto Recondo impuso un embargo a la provincia por 157.164 millones de pesos para garantizar los trabajos de saneamiento, destinados a frenar la contaminación del Río de la Plata, el Arroyo El Gato y el Río Santiago.
    Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense sostienen que los fondos para esta obra provienen de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 270 millones de dólares, que permanece “cajoneado” en Economía. “Son créditos solicitados para infraestructura específica, como el vertedero cloacal que está judicializado; los fondos están otorgados, pero no logramos el permiso nacional”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en una entrevista con Infocielo.
    Bianco agregó que estas líneas poseen tasas más favorables y no se destinan a gastos corrientes, y destacó que la Nación no posee argumentos para negar los avales, aunque lo hace sistemáticamente con todas las provincias que los solicitan.
    Si bien la provincia puede ejecutar deuda en el mercado local sin autorización nacional, el acceso a organismos internacionales o mercados externos requiere obligatoriamente la firma del Estado nacional. “El gobierno de Milei utiliza ese recurso como una herramienta de asfixia financiera contra Buenos Aires”, señaló el funcionario.
    Cabe recordar que un mecanismo similar fue denunciado por Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño durante la presidencia de los Kirchner.
    En otro capítulo de tensiones, hace un mes una empresa provincial fue descalificada para participar en licitaciones para el mantenimiento y mejora de rutas nacionales impulsadas por Economía. Mediante el Decreto 411/2026, Aubasa, la compañía vial estatal que opera la Ruta 2 y la autopista La Plata-Buenos Aires, fue excluida de la licitación pública por incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales establecidos en los pliegos.
    Desde la empresa aseguraron que se trató de una decisión arbitraria de Milei, que los desplazó de un negocio que implicaba más de 170 mil millones de pesos en dos años. Las notas con pedidos de autorización continúan acumulándose en el quinto piso del edificio de Economía frente a Plaza de Mayo desde fines de 2024.
    Entre los proyectos con financiamiento aprobado pero trabado, se destacan el tramo V (etapas 1 y 2) de la ampliación del Río Salado, con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por 135,7 millones de dólares; un plan de intervenciones hidráulicas en el