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  • Insólito giro en el caso del concejal peronista acusado de narco: renunció el secretario de Seguridad que hizo la denuncia

    Insólito giro en el caso del concejal peronista acusado de narco: renunció el secretario de Seguridad que hizo la denuncia

    La política en General Rodríguez fue sacudida por un escándalo policial que derivó en un verdadero papelón institucional. El secretario de Seguridad del municipio, perteneciente al peronismo, denunció al concejal del mismo partido, Javier Tarragona, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, ante la falta de pruebas, el fiscal archivó la causa y el funcionario denunciante presentó su renuncia.

    El 11 de agosto, Nicolás Rappazzo Demarchi, secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Ezequiel Freider, para realizar una denuncia. En ella, acusó al concejal Javier Tarragona de integrar una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes en el partido, basándose únicamente en el relato anónimo de un vecino que se negó a proporcionar sus datos por temor a represalias.
    La denuncia causó revuelo, no solo por involucrar a un funcionario y legislador del mismo espacio político que gobierna el municipio, sino también porque Tarragona fue secretario privado del actual intendente Mauro García. En el escrito, Rappazzo afirmaba que la presunta banda operaba desde el country Terravista y aportaba detalles sobre vehículos y líneas telefónicas usadas por el concejal para comunicarse con supuestos “capos narcos”. Además, solicitó diversas medidas urgentes, como el control de ingresos y egresos al country, registros telefónicos y datos patrimoniales de Tarragona.
    Ante la acusación, Tarragona pidió licencia en el Concejo Deliberante y se presentó ante la Justicia. Allí aportó su tarjeta SIM y el código de desbloqueo de su teléfono móvil para colaborar con la investigación. El intendente García, sorprendido por la situación, manifestó públicamente su confianza en el concejal.
    Después de tomarle declaración al denunciante, el fiscal Freider archivó la causa a los 17 días al constatar que “no se aportó nueva ni mayor información” más allá del relato anónimo inicial. En su resolución, el fiscal señaló que ni la denuncia ni su ratificación contenían elementos relevantes que permitieran acreditar los hechos. Además, explicó que la denuncia presentaba graves fallas, como la ausencia de una temporalidad precisa, nombres o datos identificatorios de otros presuntos integrantes de la banda.
    El archivo de la causa y las críticas al secretario de Seguridad, quien proviene de una reconocida familia judicial y trabajó en el Poder Judicial entre 2008 y 2024, marcaron un punto de inflexión. El mismo día en que se decidió el archivo, Rappazzo presentó su renuncia al cargo.
    En el Concejo Deliberante, se espera que Tarragona retome su banca en la próxima sesión, tras no asistir durante todo agosto. En tanto, desde el Ejecutivo municipal descartaron que el episodio haya sido producto de una interna política, aunque cuestionaron fuertemente la presentación realizada sin pruebas concretas.
    Silvia “Chyfu” Figueiras, presidenta del Concejo y esposa del intendente, defendió a Tarragona señalando que es “un compañero conocido desde hace muchos años” y cuestionó al secretario de Seguridad por su falta de fundamentos al hacer la denuncia. “No hay que usar la Justicia tan banalmente. Es algo tan delicado y una herramienta necesaria. Hay que tomárselo con seriedad tanto en el rol de funcionario como en el de Justicia”, afirmó ante la prensa local.

  • Causa narco: Rosatelli estuvo tres horas en la Justicia Federal y se abstuvo de declarar – El Miércoles Digital

    Causa narco: Rosatelli estuvo tres horas en la Justicia Federal y se abstuvo de declarar – El Miércoles Digital

    El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante en actividad de la Policía de Entre Ríos está imputado y regresó a la cárcel luego de comparecer ante el juez ante Leandro Ríos. Damián Petenatt, su abogado defensor, indicó que «es inocente» y adelantó que no tuvieron acceso a las pruebas.
     
    El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante en actividad de la Policía de Entre Ríos, fue trasladado este jueves desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta los tribunales federales de la capital entrerriana, donde estuvo más de tres horas y se absutuvo de declarar.
    Rosatelli está imputado y fue derivado a la cárcel de Paraná luego de ser detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) este jueves en Paraná. Permanece bajo estricta custodia y en una celda individual. El funcionario regresó a la unidad penal luego de comparecer ante el juez Leandro Ríos, con intervención del fiscal Leandro Ardoy. El hermestismo es total y podría haber más detenciones en las próximas horas.
    El abogado defensor, Damián Petenatti, aseguró que el acusado no tiene relación con la causa de narcotráfico e insistió en su inocencia. El letrado indicó que la defensa no tuvo acceso a las pruebas hasta el momento. Adelantó que durante el fin de semana se dedicarán a estudiar el expediente para delinear la estrategia legal. Según las declaraciones del abogado, Rosatelli se encuentra sorprendido y angustiado por el proceso.
    El funcionario policial, hijo del exsubjefe de la Policía de Entre Ríos Juan Ramón Rosatelli, designó como abogados defensores a Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

    La investigación por el cargamento de droga
    La causa se inició a partir de un procedimiento realizado el 13 de febrero en un camino vecinal ubicado en inmediaciones de la localidad de La Paz. Allí fueron detenidas varias personas y se secuestró un cargamento de droga.
    De acuerdo con la investigación, meses de tareas de inteligencia realizadas por la PFA permitieron avanzar sobre la presunta organización vinculada al traslado de la sustancia. La pesquisa puso el foco en un vehículo que habría sido utilizado para transportar el cargamento y que habría pertenecido o sido provisto por Rosatelli.
    El procedimiento tuvo lugar en la zona conocida como Camino del Borello, a unos 200 metros de la intersección con la Ruta Nacional 12. En ese operativo fueron detenidos César Leonel Ramírez, alias “Checho”, un albañil de 34 años domiciliado en La Paz y con antecedentes por robo, y otras dos personas. Un cuarto involucrado permanece prófugo y sería hermano de uno de los detenidos.
    Además, el expediente contempla un conflicto relacionado con la compraventa de la camioneta que habría sido utilizada para el traslado, que incluyó denuncias por presuntas amenazas con un arma de fuego.
    La investigación había comenzado con anterioridad al procedimiento de febrero, aunque el hallazgo del cargamento permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción del presunto entramado.

    Una causa que involucra a un policía en actividad
    La participación de Rosatelli, quien se desempeñaba como funcionario policial en actividad, llevó a que las actuaciones operativas fueran derivadas a la Policía Federal Argentina, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de la investigación.
    Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos respaldaron el procedimiento y ratificaron la colaboración con la Justicia Federal.
    La declaración de Rosatelli será ahora una instancia central para la investigación, mientras el juez y el fiscal avanzan en la determinación de las responsabilidades de cada uno de los involucrados, publicó Ahora. 

     
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  • De traje y en un lujoso hotel de Puerto Madero: así cayó un narco mexicano buscado por los Estados Unidos

    De traje y en un lujoso hotel de Puerto Madero: así cayó un narco mexicano buscado por los Estados Unidos

    De traje y en un lujoso hotel de Puerto Madero: así cayó un narco mexicano buscado por los Estados Unidos

    Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de 38 años y originario de México, fue detenido en el Hotel Hilton de Puerto Madero, uno de los más exclusivos de Buenos Aires. Vestido con traje y preparado para una cena de trabajo con representantes de una empresa multinacional del sector salud, salió de su habitación en el séptimo piso cuando fue interceptado por una brigada de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA). No opuso resistencia.

    Aguirre Covarrubias había llegado a Argentina el miércoles 8 de julio para asistir a una conferencia internacional sobre medicina regenerativa que se desarrollaba ese viernes y sábado en el mismo hotel. Planeaba permanecer en el país hasta el lunes, cuando tenía previsto volar a Cancún con escala en Medellín, Colombia, acompañado de su hijo menor de edad.
    Su detención se produjo tras la emisión de una notificación roja por parte de Interpol Estados Unidos, donde se lo busca por su vinculación a una organización que transportó en diciembre de 2016 diez kilogramos de cocaína, valuados en 285 mil dólares. Aunque fue arrestado inicialmente por la policía del Estado de Illinois, recuperó la libertad tras pagar una fianza y, en 2017, fue formalmente acusado de tráfico internacional de estupefacientes. Posteriormente, incumplió las condiciones judiciales impuestas y huyó, lo que motivó una investigación para capturarlo.
    La captura se logró mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones, las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Washington y Buenos Aires, y la Policía Federal Argentina. La Embajada de Estados Unidos informó a la SIDE sobre la presencia de Aguirre Covarrubias en el país, aunque hasta entonces no existía una alerta roja vigente, por lo que ingresó legalmente por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
    Una vez confirmada la vigencia del proceso penal en su contra por “conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína” en el tribunal de Illinois, Interpol emitió la notificación roja el viernes por la mañana, lo que aceleró la acción policial. Los agentes constataron que el fugitivo se alojaba en el Hilton junto a su hijo y procedieron a detenerlo en el hotel. Al requisarlo, exhibió múltiples tatuajes, incluyendo la frase “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas” en el pecho.
    Tras la detención, el caso fue remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ordenó el traslado de Aguirre Covarrubias a la Alcaidía Cavia de la PFA. La Justicia argentina inició el procedimiento formal de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses. El hijo menor quedó bajo el cuidado de un tutor responsable.
    La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, celebró la captura a través de sus redes sociales, subrayando que “Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan.”

  • Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

    Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

    Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

    Una mujer que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica fue detenida por la Policía tras denuncias vecinales que alertaron sobre “movimientos extraños” en la vivienda donde cumplía su condena.

    El hecho se registró en la localidad de Merlo, en el oeste del Conurbano bonaerense. Rosa Chávez, identificada como líder de una banda narco, fue arrestada junto a cuatro cómplices. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arsenal de armas de grueso calibre.
    La investigación comenzó a raíz de una denuncia realizada por vecinos que señalaban la constante circulación de personas en la casa donde Chávez cumplía su arresto domiciliario, ubicada en calle Peña al 4000. Ante estas sospechas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de drogas y armamento.
    Según informó la Policía Federal, se decomisaron 10 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína y diversas armas de alto poder de fuego, según consignó el sitio Primer Plano. El operativo principal se llevó a cabo en el barrio Cambacita, en Pontevedra, donde detuvieron a cinco integrantes de la banda —dos mujeres y tres hombres— vinculados con el acopio, venta y distribución a gran escala de estupefacientes.
    En total se realizaron siete allanamientos simultáneos, centrados en domicilios cercanos a la vivienda principal. Al momento de su detención, Chávez todavía llevaba puesta la tobillera electrónica y cumplía una condena por venta ilegal de drogas.
    Los cinco arrestados permanecen detenidos e incomunicados a disposición de la Justicia y serán indagados próximamente por el fiscal Santiago Marquevich, titular de la Fiscalía de Hurlingham.
    Vecinos consultados por medios locales afirmaron que en “la casa de Rosa” se comercializaba y distribuía droga, calificándola como “la proveedora del barrio”. Además de la vivienda principal, se allanaron domicilios en calles Nahuel Huapi, Montiel y París, todos ubicados en las proximidades.
    Intervinieron en el procedimiento agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo.
    Un vecino relató que “durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y a pie en busca de su envoltorio. Era mucho el movimiento y a cualquier hora”.
    Dado que no se trataba de narcomenudeo, el caso quedó bajo la órbita de la justicia federal de Morón. El juez Juan Manuel Culotta autorizó los allanamientos pedidos por el fiscal Marquevich, supervisados por la Secretaría N° 11.
    Entre lo secuestrado figuraron 1.000 dosis de cocaína, 10 kilos de marihuana compactada en ladrillos, dinero en efectivo, balanzas de precisión y varias armas —revólveres, pistolas semiautomáticas, escopetas— junto con municiones.
    También se incautó un Volkswagen Fox con pedido de captura por robo ocurrido el mes anterior en San Antonio de Padua, vehículo que era utilizado por la organización delictiva.
    Los detenidos fueron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.

  • El narco apresado en Feliciano integró la lista de los diez más buscados del país – El Miércoles Digital

    El narco apresado en Feliciano integró la lista de los diez más buscados del país – El Miércoles Digital

    El narco apresado en Feliciano integró la lista de los diez más buscados del país – El Miércoles Digital

    Hace una década, cuando fue detenido por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Escobar, era considerado uno de los diez narcos más buscados del país. Desde febrero del año pasado estaba en libertad condicional. Este viernes, Carlos Manuel Fiordelino fue detenido cuando intentaba escapar por un camino rural de ripio en un auto Mercedez Benz que había comprado hace dos meses. En su huida, él y su cómplice, intentaron descartarse de 260 kilos de cocaína, cargamento valuado en 4.000.000 de dólares.
     
    Así lo informaron calificadas fuentes judiciales. Fiordelino fue detenido por personal de la Policía de Entre Ríos y hoy será indagado por la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, y el secretario penal Alan Bergdolt, a cargo de la investigación.
    “Se trata de un pez gordo del narcotráfico”, dijo un investigador. Según pudo reconstruir el diario La Nación, todo ocurrió durante un control preventivo de la Policía de Entre Ríos, que depende del Ministerio Seguridad y Justicia conducido por Néstor Roncaglia, en el Puesto Caminero Puente de Hierro, en el departamento de Feliciano. Ante la presencia de los uniformados, Fiordelino y su acompañante, identificado por fuentes judiciales como Benjamín Maciel, intentaron escapar a toda velocidad.

    «El personal policial inició la persecución del auto Mercedes Benz por la ruta provincial N°28. El vehículo fue interceptado cuando circulaba con una de sus ruedas delanteras sin neumático, apoyada directamente sobre la llanta. En presencia de testigos, se secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, alrededor de 300.000 pesos en efectivo y un teléfono celular“, contaron los voceros consultados.
    Pero a pocos metros del lugar donde fueron detenidos los sospechosos, el personal de la Policía de Entre Ríos encontró varios bolsos y mochilas que habían sido descartados durante el intento de fuga.
    “Dentro de los bolsos y mochilas había 250 ladrillos. El estudio de narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso de 260 kilos, y con un valor de casi cuatro millones de dólares”, sostuvieron las fuentes judiciales consultadas.
    Fiordelino y Maciel quedaron incomunicados y fueron trasladados a una dependencia policial de la ciudad de Paraná. Este sábado serán indagados a las 18. En la causa, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal Francisco Bernhardt.
    “Ahora, la investigación estará dirigida a reconstruir la ruta del cargamento y determinar si detrás del transporte del cargamento de cocaína existía una estructura criminal de mayor alcance”, sostuvieron los voceros consultados.
    Tras el hallazgo de los bolsos y mochilas donde estaba la cocaína, la jueza Ramponi ordenó un rastrillaje.
    “A unos 30 metros de donde fueron hallados los ladrillos de marihuana, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros con balas, cargadores, otro teléfono celular y un cuchillo”, dijeron fuentes del caso.
    Desde marzo de 2025, Fiordelino gozaba del beneficio de la libertad condicional que le había otorgado el Tribunal Oral Federal (TOF) de Rosario N° 1. Había fijado domicilio en la provincia de Corrientes.
    “Sospechamos que el cargamento de cocaína iba a ser sacado del país hacia Europa por un puerto de Santa Fe”, dijo un detective que participa de la investigación.
    Como se dijo, hace diez años, Fiordelino era considerado uno de los diez narcos más buscados del país. En marzo de 2011, fue acusado por tráfico de estupefacientes en una causa iniciada tras el secuestro de un cargamento de 227 kilos de marihuana en Junín. Pero, tres meses más tarde, se fugó, caminando y sin mayores problemas, de una alcaidía de Rosario.
    Fue capturado en Escobar julio de 2016 por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Zárate-Campana de la policía bonaerense en un operativo dirigido por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
    En ese procedimiento, Fiordelino y un cómplice fueron detenidos con 900 gramos de marihuana, casi 300.000 pesos en efectivo, un fusil de asalto táctico M4 con tres cargadores completos y una pistola calibre .380 con silenciador.
    Fuente: La Nación

     
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  • Una sentencia que cierra una era: 17 años y medio de prisión para el narco peruano Fernando «Piti» Estrada Gonzáles

    Una sentencia que cierra una era: 17 años y medio de prisión para el narco peruano Fernando «Piti» Estrada Gonzáles

    Parece mentira que décadas de poder narco en el Bajo Flores se puedan condensar en algo tan corto. Pero así fue: este martes el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 condenó a 17 años y medio de prisión a Fernando «Piti» Estrada Gonzales (59) como líder de una banda dedicada al trafico de estupefacientes. La lectura del veredicto duró unos segundos. Su peso abarcó años de un reinado que parecía no tener fin y abarco numerosas investigaciones en la Procuraduría de Narcocriminalidad.De esta manera, los jueces pusieron fin a un control absoluto sobre un mercado de drogas que abarcó 7 hectáreas y muchos kilos de cocaína, marihuana y paco. Un poder que se prolongo de forma metódica, violenta y exitosa. El fiscal Diego Velasco había pedido una pena de 24 años.El día empezó temprano para «Piti». El Grupo Especial de Intervención (GAI) del Servicio Penitenciario Federal lo levantó a las 5 de la mañana para transportarlo en un camión blindado a los Tribunales de Comodoro Py. Allí, sobre las 12 del mediodía tuvo la oportunidad de decir sus ultimas palabras ante el Tribunal. «Piti» mostró fotos de su vida en Perú, andando en moto y con su familia, para tratar de demostrar que nunca se escondió, que nunca estuvo prófugo.Durante casi 30 años los dos hermanos peruanos, Marco Antonio (63) y Fernando Estrada Gonzales manejaron un inmenso territorio narco en plena Ciudad de Buenos Aires. Primero –a fines de los 90´- coparon el lugar a los tiros desplazando a los punteros paraguayos y luego montaron una maquinaria perfecta para vender al por menor y al por mayor.Tenían tal nivel de recambio de su tropa que la Justicia ya condenó a 180 integrantes de su banda. Sin pisarse el poncho se repartían la venta en turnos de 28 días.Finalmente ellos también cayeron: Marcos recibió una sentencia a 24 años de prisión (unificada en varias causas), fue expulsado de Argentina a Perú en 2022. “Piti”, tras estar 13 años prófugo (entre 2010 y 2023) mandando ordenes desde su país natal, decidió entregarse a la Justicia argentina. Actualmente esta alojado en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz de donde solo sale para ir a los Tribunales de Comodoro Py.Alegando problemas de salud debido aun accidente de tránsito, desde 2023 «Piti» venía pidiendo prisión domiciliaria y pulsera electrónica. Según él, en el accidente perdió el dedo gordo de uno de sus pies y quedó lesionado su brazo izquierdo. Nunca le contestaron y ahora con la condena es difícil que lo dejen salir.“El es la última pieza del rompecabezas”, describió el fiscal Diego Velazco en su alegato ante los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni.“Se trata de la mayor banda que ha operado en Argentina por el gobierno territorial y por el tiempo que permaneció en funciones. Hacían montañas de basura en lugar de lomos de burro, ponían carteles para tapar las cámaras. Todo para evitar que el Estado pudiera ingresar al lugar”, detalló Velasco.Más flaco, con el pelo aclarado y rulos. Totalmente distinto a las fotos que se habían conocido de él. Así se presentó en 2023 en el edificio de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) «Piti» Estrada Gonzáles. Llegó caminando lo mas tranquilo al lugar, en pleno microcentro porteño.Este capo narco que manejaba buena parte del tráfico de drogas del Bajo Flores desde Lima, había avisado -vía su abogado, Juan Sánchez Ortiz- su intención de entregarse a las autoridades argentinas. Y cumplió su promesa, ante la sorpresa de todo el mundo.Ahora, si tan exitosa era su vida y su negocio en la «clandestinidad», ¿por qué se entregó y se expuso a la condena que le llego este martes?Algunos piensan que pudo sentirse cercado luego de las detenciones en Perú de su sobrino John Paul Revilla Estrada, alias «Burro», el 16 de marzo de 2023, y de su socio Raúl Martín Maylli Rivera, apodado «Dumbo» en octubre de 2022.»Piti» Estrada Gonzáles era uno de los prófugos más codiciados. Incluso varias veces una brigada especializada de Drogas Peligrosas de la Policía Federal viajó a Perú para tratar de ubicarlo. La última vez fue poco antes de que se entregara: junto con la policía antinarcóticos peruana (Dirandro) lo rastrearon hasta Arequipa, donde había sufrido un accidente de tránsito.En esa oportunidad se les escapó por poco, pero lograron ubicar y capturar a su sobrino John Paul- hijo de su hermana- conocido por haber sido expulsado dos veces del país. «Burro» se movía en un auto rojo marca Honda, que dejaba en la vereda simulando ser un taxi.El imperio de los hermanos Estrada Gonzales comenzó a forjarse a base de tiros y muertos en los años 90. Creció y se fortaleció sementándose con homicidios.A «Piti» lo detuvieron por uno de esos homicidios y pasó varios años en la cárcel. Tras cumplir la condena por el crimen de Antonio Eusebio Gallardo -ocurrido el 11 de junio de 1998 en inmediaciones del complejo edilicio denominado Barrio Rivadavia II del Bajo Flores– frente a la manzana 24 de la villa 1-11-14- siguió manejando el negocio de la droga en libertad, hasta que quedó prófugo.Hoy la banda parece pasar por su peor momento con sus principales referentes muertos o detenidos. De todos ellos, «Piti» era el pez más gordo que quedaba por caer. ​Con su condena a 17 años y medio terminó un dinastía narco. Pero, se sabe, el negocio de la droga siempre encuentra la manera de imponerse. Ya sea en la frontera de México con Estados Unidos, en los puertos de España o en una modesta manzana del Bajo Flores, en Buenos Aires, Argentina.

  • El ministro mexicano que se convirtió en un fenómeno pop tras liderar el operativo en el que murió el capo narco «Mencho»

    El ministro mexicano que se convirtió en un fenómeno pop tras liderar el operativo en el que murió el capo narco «Mencho»

    El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, rebautizado como Batman, se convirtió en una de las figuras más populares de la política del país y, por extensión, en una de las más demandadas en los puestos callejeros, donde abundan productos personalizados con su rostro como toallas, mantas o almohadas.Imágenes del funcionario en traje o sonriendo e, incluso, fotomontajes sin camiseta y en ropa interior se encuentran en puestos ambulantes en varias ciudades mexicanas, en un fenómeno de mercadotecnia política que ya se vivió anteriormente en el país con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).Ahora los productos estrella son los del jefe de la estrategia de seguridad del país, con una aprobación del 84,4% entre la ciudadanía un mes después del operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según una encuesta de la empresa Territorial de marzo.En un recorrido por el Centro Histórico de la capital mexicana, EFE pudo constatar este lunes la venta de artículos con la imagen estampada de Omar García Harfuch, de 44 años, como toallas o mantas.Vanesa, de Novedades Kabdahy, explica que estos productos personalizados están teniendo éxito porque «la gente lo ve (a Harfuch) como un superhéroe», sobre todo el público femenino de entre 40 a 50 años.Su empresa fabrica distintas mantas del político y está diseñando almohadas personalizadas en las que lo representa como el superhéroe Batman, apodo con el que se conoce a Harfuch en redes sociales.»Empezamos (a vender) desde que pasó lo de El Mencho (…) La verdad es que se está vendiendo muy bien. Aparte de que está guapo, ahora sí que se ha vuelto muy popular. Entonces siento que es por eso», cuenta a EFE Estefany, dependienta de la misma tienda.Además, destaca que los encargos de productos del secretario de Seguridad van «al alza» y que son de los más demandados junto a los de otras personalidades, como el grupo surcoreano de k-pop BTS, en medio de las voces que lo señalan como el candidato favorito del oficialismo para las elecciones de 2030.El fervor comercial que provoca el político va más allá de la venta de toallas o mantas, algunos establecimientos están empezando a vender pan dulce con el rostro del funcionario denominados ‘Harfuchas’.Este éxito de ventas y la creciente popularidad de la figura de García Harfuch es para la consultora en imagen pública Liliana López, un «fenómeno orgánico» de la política mexicana que atribuye a su atractivo físico, su papel estratégico en seguridad y la narrativa colectiva que lo rodea, lo que le confiere un aura «muy potente».Esa combinación, explica a EFE, resulta especialmente atractiva porque «nos encanta sentirnos seguras, buscamos figuras que nos brinden seguridad».En su opinión, también contribuye a su popularidad su «bajo perfil» y episodios de su vida como el atentado en su contra en 2020, del que salió ileso, circunstancias que -añade- fortalecen una narrativa de héroe.»Está en una posición de poder, se puede defender, nos defiende y además es atractivo. Es como el cómic que todos vemos, por eso le dicen el Batman, ¿no? El Batman de hoy», indica.Esta fascinación la enmarca en un contexto en el que la sociedad busca a líderes a los que seguir, como es el caso de Harfuch, un personaje «como nosotros» y «muy carismático».

  • Anulan una megacausa de lavado narco y sobreseen a la viuda de Pablo Escobar, a su hijo y al ex futbolista de Boca Chicho Serna

    Anulan una megacausa de lavado narco y sobreseen a la viuda de Pablo Escobar, a su hijo y al ex futbolista de Boca Chicho Serna

    En un giro sorprendente, y bastante polémico, el juez federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, hizo polvo un mega expediente de lavado narco en el que Estado argentino había recuperado unos tres millones y medio de dólares. El caso estalló en 2016 y tuvo personajes de altísimo perfil: la viuda del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, su hijo Sebastián Marroquín, el ex futbolista de Boca Mauricio «Chicho» Serna y el empresario Mateo Corvo Dolcet.A ellos los marcó nada menos que el número tres del Cartel de Cali, José Piedrahita Ceballos. Éste declaró como arrepentido ante los fiscales argentinos y el juez federal de Morón Néstor Barral en Estados Unidos. Es su testimonio el que ahora anuló De Giorgi, junto con el juicio abreviado que el propio Piedrahita firmó en esa oportunidad y por el que fue condenado a 5 años de prisión.El argumento del juez: que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Sebastián Basso (que viajaron a Estados Unidos) no podían indagar a Piedrahita, por entonces preso, sino sólo entrevistarlo. De Giorgi anuló todo de un plumazo, aunque ahora vendrán las apelaciones.José Bayron Piedrahita Ceballos (68) siempre fue un personaje central en la investigación: un hombre con un pasado en las filas del Cartel de Cali que se habían reconvertido en su país detrás de la fachada de empresario ganadero.Según la acusación de la Justicia, a la que se sumó la Unidad de Información Financiera (UIF), Piedrahita concretó negocios con Corvo Dolcet (65) gracias a la intermediación que hizo María Isabel Santos Caballero (66) y su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos (47), operación por la cual ambos cobraron una comisión en dólares, según quedó asentado en documentos secuestrados en la causa.Piedrahita explicó al ser detenido en Colombia -y luego extraditado a Estados Unidos- que Serna era el testaferro de otro gran capo colombiano, Carlos Mario Aguilar (alias «Rogelio»), heredero de la Oficina de Envigado, la organización de cobro creada por el propio Pablo Escobar que sus enemigos comenzaron a manejar tras su muerte.Segun Piedrahita, fue él quien pagó los abogados de Rogelio cuando años antes éste decidió entregarse a la DEA ​(las negociaciones se hicieron en Buenos Aires). Y luego, cuando Piedrahita necesitó dinero para invertir en las sociedades argentinas usó el capital de esa esa deuda: Aguilar se la pagó con propiedades que Serna tenía a su nombre en Argentina pero que, en realidad, pertenecían a «Rogelio».Todo esto consta en la elevación a juicio firmada en su momento por el juez Barral y que había sido requerida por los fiscales Santiago Marquevich, de Morón, y Diego Iglesias, de la Procunar. Luego el abogado de Corvo Dolcet, Mariano Cúneo Libarona, logró que el expediente pasara a Comodoro Py.Cada uno de los detalles, la relación de Corvo con los dólares narco, y el papel de los herederos de Escobar en el emprendimiento de una ciudad VIP en Pilar, fueron contados por Piedrahita a mediados de 2019 en Estados Unidos.Hasta allí viajaron los fiscales argentinos para tomarle una declaración que, en primer momento, ocultó la identidad del narco bajo el rótulo «imputado colaborador A». Pero este recaudo fue levantado por propia iniciativa del colombiano de manera que ya quedó completamente claro qué contó y cuándo lo hizo.Su declaración fue fundamental para anclar la acusación contra los otros imputados de la causa y se convirtió en pieza fundamental de un juicio penal abreviado que se firmó a fines el 2019 de manera singular: la audiencia se hizo por videollamada entre Buenos Aires y Estados Unidos.Según los términos de ese juicio abreviado -al que tuvo acceso Clarín-, Piedrahita aceptó su culpa, contó detalles de su vida en el narcotráfico colombiano (llegó a producir 500 kilogramos diarios de cocaína) y brindó precisiones de sus negocios en Argentina.Por este acuerdo judicial, entregó acciones de sus empresas en nuestro país por valor de casi cuatro millones de dolares. Esto, por ejemplo, permitió que un enorme edificio construido por la sociedad Pilar Bicentenario quedara en manos del Estado y fuera dispuesto para la contención del COVID-19 en plena pandemia.