Etiqueta: narcos

  • Detienen en Palermo al abogado de capos narcos rosarinos: hacía de nexo entre su cliente, sicarios y traficantes de cocaína

    Detienen en Palermo al abogado de capos narcos rosarinos: hacía de nexo entre su cliente, sicarios y traficantes de cocaína

    Martín Castillo, abogado penalista de reconocidos capos narcos rosarinos, fue detenido en el barrio de Palermo acusado de funcionar como nexo entre sus clientes detenidos y las redes criminales dedicadas al tráfico de cocaína. Castillo aprovechaba la inmunidad relativa que le otorga su condición de abogado para facilitar la comunicación entre presos de alta peligrosidad y sus sicarios y vendedores en la calle.

    Entre sus clientes se encuentran figuras como Fran Riquelme y Javier «El Morocho» Mansilla, quienes se encuentran aislados en el Régimen de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estos presos sólo mantienen contacto fluido e irrestricto con sus abogados, mientras que las visitas familiares son muy restringidas y supervisadas. Así, Castillo cumplía un rol clave al permitir que sus clientes transmitieran órdenes a sus subordinados mediante llamadas trianguladas: el preso habla por teléfono con el abogado, que a su vez utiliza otro dispositivo para comunicarse con terceros, ambos teléfonos en modo altavoz.
    La Justicia de Rosario venía monitoreando a Castillo, pero aceleró su detención tras interceptar el fin de semana pasado una conversación en la que Mansilla ordenaba colocar una bandera amenazante en Villa Gobernador Gálvez y sugería la posible comisión de un homicidio. Ante la gravedad de estos hechos, las fiscales rosarinas Marina Vigo y Mercedes Banchio solicitaron la captura del abogado. El operativo que culminó con su aprehensión contó con la participación de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe.
    Este caso guarda un antecedente directo en septiembre del año pasado, cuando fue detenido Iván Carlos Méndez, un abogado que fungía como “correo” para jefes narco presos. Méndez, con 15 clientes de alto perfil, fue interceptado al salir de una visita pactada con César Morán de la Cruz, alias “El Loco César”, en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. En su domicilio en la villa de Retiro se hallaron un arma ametralladora, municiones y cocaína. La investigación se originó a partir de tareas de inteligencia del SPF, que detectaron la circulación de mensajes mediante esta figura legal.
    En enero de 2025, René Ungaro, condenado a 20 años e internado en Marcos Paz, fue sancionado por entregar anotaciones a su madre para sus subordinados, en las que defendía su poder intacto, junto con un número de teléfono vinculado a Méndez. Desde entonces, se empezó a profundizar el seguimiento sobre el abogado, que mantenía contactos regulares con al menos nueve capos reconocidos, incluidos Uriel Luciano Cantero, procesado por tráfico de drogas y violencia armada.
    El dictamen fiscal sostiene que, ante las restricciones en sus comunicaciones, los internos recurren a sus abogados para reenviar mensajes a familiares y allegados, eludiendo las normas penitenciarias que limitan esos contactos debido al alto riesgo que implican. Estos intercambios no eran saludos o comunicaciones inocuas, sino órdenes que permitían mantener la operatividad del narcotráfico, con consecuencias directas en actos violentos y tráfico de grandes cargas de cocaína.

  • Cayeron tres dealers con antecedentes que vendían droga en el oeste del conurbano: dos de los narcos sacaron armas y amenazaron a la Policía

    Cayeron tres dealers con antecedentes que vendían droga en el oeste del conurbano: dos de los narcos sacaron armas y amenazaron a la Policía

    Cayeron tres dealers con antecedentes que vendían droga en el oeste del conurbano: dos de los narcos sacaron armas y amenazaron a la Policía

    Escuchar esta noticia
    Powered by Evolucion Streaming

    x1

    Tres hombres con antecedentes penales fueron detenidos por vender droga en la zona comprendida entre Francisco Álvarez y General Rodríguez. Uno de ellos había salido de prisión en agosto del año pasado.

    La investigación comenzó en enero tras una denuncia sobre venta de estupefacientes en el barrio Güemes de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Los principales sospechosos eran un hombre identificado como “Omar” o “Pachichi” y una mujer llamada “Claudia”, quienes alternaban días y horarios para comercializar drogas en el área.
    Estos individuos, junto con otros jóvenes vendedores, operaban desde una propiedad que fue allanada por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez, con autorización del Juzgado de Garantías N° 1. El procedimiento se efectuó el pasado martes con apoyo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense y de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, dirigida por Nicolás Rappazzo.
    Al ingresar, los oficiales encontraron a tres jóvenes con varios envoltorios de nylon. Uno de ellos intentó huir, pero fue detenido. Otro sacó un arma y amenazó a la policía, por lo que un efectivo efectuó un disparo intimidatorio; el agresor también lesionó a un oficial en el rostro, pero finalmente fue reducido. El tercer sospechoso también portaba un arma, que fue rápidamente neutralizada.
    Los detenidos fueron identificados como Federico Battellini Oyola (30), Rodolfo Ahumada (23) y Alexis Ayala (26). En el lugar se incautaron más de 240 envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana, tres armas de fuego —entre ellas dos revólveres calibre .32 largo— municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos relevantes para la investigación.
    Entre los arrestados, Ahumada había salido en libertad en agosto de 2025 de la Unidad Penal N° 59 de Merlo, donde estuvo detenido por encubrimiento agravado, delito que también figura como antecedente de Ayala, tramitado en mayo de 2024 por la Fiscalía N° 8 de Moreno.

  • Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del líder narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según fuentes judiciales, Mizzau aportó a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico, actividad que el juez debía investigar. Además, reconoció haber lavado dinero para las empresas controladas por Alvarado. El acuerdo de colaboración se conoció horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si envía a juicio político al juez Gastón Salmain, otro magistrado de Rosario procesado por corrupción.

    La figura de Mizzau es central en la causa. La suerte de Bailaque comenzó a sellarse a mediados de 2024, cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, mientras el magistrado debía investigar al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales denunciaron a Bailaque en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Más adelante se descubrió que Mizzau no solo era contador del narco, sino también del propio juez.
    Según lo trascendido, ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales que, entre 2014 y 2018, prestó asesoramiento contable a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, pertenecientes a Alvarado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, admitió haber manipulado estados financieros para impedir ser detectado. También aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave en la investigación. Según el acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
    Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Se encuentra a un paso del juicio oral, donde los fiscales ya solicitaron una pena de diez años de prisión.
    El exjuez renunció el año pasado para evitar un juicio político; su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, y desde entonces permanece detenido en prisión preventiva. Para ese momento, el equipo fiscal de Rosario, junto con PROCUNAR y PROCELAC, avanzaba en la investigación, que se complicó aún más tras el arrepentimiento de Carlos Vaudagna, exjefe de AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se orquestó en el juzgado de Bailaque la confección de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra donde intervinieron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos procesados.
    Por otro lado, Fernando Whpei también solicitó ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó, a través de Busaniche, que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa, que le permitió acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, a cambio de una coima de 200 mil dólares para el juez. En esa causa, Salmain está procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la detención no se concretó debido a sus fueros como magistrado.
    Mañana a las 10:30, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si vota el dictamen que recomienda enviar a juicio político a Salmain, tras haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. El juez no solo está acusado por esta causa judicial, sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que en 2002 fue separado del Poder Judicial por haber ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros, Salmain manifestó que ese hecho “es parte del pasado” y que la omisión se debió a que no le preguntaron al respecto.
    La Comisión de Acusación está presidida por el consejero Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.