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La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

Un cruce de las respuestas oficiales que el gobierno nacional y el gobierno de Entre Ríos entregaron en los últimos meses a los pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS permite reconstruir -organismo por organismo-, cuánto le debe el Estado nacional a la provincia y a las empresas entrerrianas.
La Nación reconoce 4.836,9 millones de pesos. La Provincia contabiliza 15.424,5 millones en deudas y aportes no girados, más dos reclamos judiciales sin sentencia: 154.606 millones por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande.
Los números que siguen no provienen de estimaciones políticas ni de declaraciones de campaña. Surgen de documentos oficiales: las respuestas que distintos organismos del gobierno de Javier Milei entregaron en el marco de la Ley Nacional N° 27.275 y las que Ministerios y reparticiones del gobierno de Rogelio Frigerio remitieron bajo la Ley Provincial N° 11.191, todas a partir de pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS entre mayo y agosto de 2026.
Puestas una al lado de la otra, esas respuestas dibujan un mapa de deudas del Estado nacional con Entre Ríos que ninguno de los dos gobiernos había presentado en forma consolidada.
El cuadro tiene dos caras. La primera es lo que la propia Nación admite deber: hospitales públicos provinciales sin cobrar prestaciones al PAMI y contratistas de obras de agua y cloacas con certificados impagos. La segunda es lo que informan los organismos entrerrianos: internos federales alojados en cárceles provinciales que Nación paga con más de un año de atraso, cápitas del programa SUMAR+ sin girar, aportes de Obras Públicas presupuestados durante tres años y recaudados en cero, y dos juicios ante la Corte Suprema que, según la propia Fiscalía de Estado, todavía no tienen sentencia ni monto reconocido.
Lo que reconoce la Nación
De los más de veinte organismos federales consultados, solo dos informaron deudas con montos precisos. El primero es el PAMI. En respuesta a un pedido de ANÁLISIS, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reconoció una deuda de 1.704.123.743 pesos con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos, actualizada al 25 de junio de 2026. La cifra alcanza a prácticamente toda la red hospitalaria provincial, desde el Hospital Fidanza de Paraná hasta el pequeño hospital de Maciá, pasando por los dos hospitales de salud mental, los geriátricos públicos y la sociedad del Estado Salud Entre Ríos S.E. La propia Gerencia Económico Financiera del PAMI admitió que los desembolsos dependen de las partidas que transfiere el Ministerio de Economía y que los plazos de pago quedan atados a las fluctuaciones de la recaudación nacional. Cerca de 1.900 expedientes de facturación continúan abiertos en 2026.
El segundo es el Ministerio de Economía de la Nación, que absorbió las funciones del disuelto ENOHSA. Mediante nota el ministerio informó el estado de las dos grandes obras de saneamiento con financiamiento nacional en la provincia. En el sistema de agua potable de Concordia, con un contrato de 14.852.130.485 pesos y un avance físico del 88,03 por ciento, la deuda con la contratista asciende a 3.003.882.462 pesos. En la ampliación de los desagües cloacales de Villaguay, con un contrato de 21.912.964.594 pesos y apenas el 22,46 por ciento ejecutado, la deuda reconocida es de 128.898.269 pesos. Entre ambas obras, 3.132.780.731 pesos de certificados impagos a empresas que trabajan en territorio entrerriano.
Sumadas, las deudas que el Estado nacional admite por escrito con hospitales y contratistas de Entre Ríos alcanzan los 4.836.904.474 pesos. Los demás organismos federales que respondieron -la Auditoría General de la Nación, el ENACOM, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Cultura, el ENRE, el Instituto de Ayuda Financiera, Belgrano Cargas, la CARU y la Cancillería- no informaron deudas con la provincia. Y los que podrían aportar las cifras más pesadas todavía no contestaron: la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Energía por la deuda cruzada entre CAMMESA y ENERSA, y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Lo que informa la provincia
Del lado entrerriano, la deuda nacional aparece repartida en tres Ministerios y una repartición, cada uno con su propia contabilidad. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en el informe firmado por la Dirección General en julio de 2026, consignó que la Nación pagó con más de un año de atraso 183 millones de pesos por el alojamiento de internos federales en cárceles provinciales durante 2023 y 2024, y que ya adeuda otros 271 millones por 2025 y el primer semestre de 2026. Es una deuda que se acumula mientras las unidades penales provinciales alojan 440 internos por encima de su capacidad de diseño, con una sobrepoblación del 16 por ciento.
El Ministerio de Salud de la provincia informó que el programa nacional SUMAR+, que cubre a 522.796 entrerrianos sin obra social a través de 251 convenios con efectores, arrastra una deuda de 1.510 millones de pesos en cápitas mensuales no giradas entre enero de 2025 y junio de 2026, más 408,5 millones de una cápita semestral adicional: 1.918,5 millones de pesos que la Nación le debe a la red sanitaria provincial. El mismo informe describe el retiro silencioso del financiamiento federal en otros programas que la Provincia terminó sosteniendo con recursos propios: los botiquines del programa REMEDIAR cayeron un 83,5 por ciento respecto de 2024; el programa Incluir Salud y las prestaciones de diálisis se financiaron en un 98 por ciento con fondos provinciales durante 2023 y 2024; y el Tesoro provincial transfirió 1.635,5 millones de pesos entre 2023 y 2026 para comprar drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados, porque los envíos del INCUCAI resultaban insuficientes.
El dato más voluminoso lo aportó el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. En la nota del 18 de agosto de 2026, el anexo de recursos afectados extraído del Sistema Integrado de Administración Financiera muestra que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación tuvo aportes comprometidos en el presupuesto provincial por 13.235 millones de pesos entre 2023 y 2025, con una recaudación efectiva de cero pesos en cada uno de los tres ejercicios. El mismo patrón se repite en partidas menores para Villa Paranacito, la cuenca Ezpeleta-Victoria, obras hidráulicas y refacciones de escuelas técnicas. Solo el SISTAU para el transporte y el ENOHSA siguieron girando fondos con normalidad.
Entre el Servicio Penitenciario, Salud y Planeamiento, las deudas y los aportes nacionales no girados que la Provincia tiene documentados suman 15.424,5 millones de pesos: es más de tres veces lo que la Nación reconoce en sus propias respuestas.
 
 Uno de los juicios a gran escala que está pendiente en la Corte Suprema es por Salto Grande. El otro es por la Caja de Jubilaciones.
 
Los dos juicios ante la Corte
Por encima de esas cifras hay dos reclamos de otra escala, informados por el Ministerio de Economía de la provincia y la Fiscalía de Estado en el expediente 3.439.186. El primero es el litigio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones contra la ANSES por el déficit previsional no compensado, cuyo reclamo ante la Corte Suprema asciende a 154.606 millones de pesos. La Nación giró 74.000 millones mediante dos convenios de anticipos: uno de 26.000 millones y otro de 48.000 millones, este último pactado en ocho cuotas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, con la última acreditada recién el 14 de agosto, dos meses después del plazo. Pero el informe de Fiscalía de Estado, del 19 de agosto de 2026, es explícito: esos anticipos no cierran el litigio de fondo, no existe sentencia y no hay monto judicialmente reconocido. La Caja de Jubilaciones, en cambio, presenta los convenios como un logro de gestión.
El segundo es Salto Grande. La Provincia demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema, en el expediente 2400/2024, por la modificación unilateral del régimen de remuneración de la energía generada en el complejo binacional mediante la Resolución 603/2024 de la Secretaría de Energía. El reclamo se estima en 724.174.000 dólares. La medida cautelar innovativa, que pediría suspender la resolución y recomponer preventivamente el 70 por ciento del monto -506.921.800 dólares-, estaba redactada al 19 de agosto de 2026, pero todavía no había sido presentada ante el tribunal.
Hay al menos un punto en el que la respuesta provincial quedó incompleta. El pedido al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Entre Ríos requería el detalle de los fondos que el Estado nacional debe transferir a la provincia por su adhesión al régimen de desfederalización del narcomenudeo, con montos comprometidos, percibidos y adeudados, además de los convenios con fuerzas federales vinculados al Plan Paraná y al Consejo de Seguridad Interior. La respuesta no consignó cifra alguna sobre esa deuda, que el propio ministro Néstor Roncaglia había reconocido públicamente.
El balance, con los datos disponibles, es contundente. La Nación admite deber 4.836,9 millones de pesos a hospitales públicos y contratistas de Entre Ríos. La Provincia documenta 15.424,5 millones de pesos en deudas y aportes comprometidos que nunca llegaron, más 154.606 millones de pesos en discusión judicial por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande. Todo ello mientras el gobernador Frigerio celebra en foros nacionales el acuerdo con la ANSES y anuncia junto a Córdoba y Santa Fe medidas de alivio para las industrias frente a la suba de la energía fijada por la propia Nación. Los expedientes, esta vez, hablan por sí mismos.

 
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