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  • Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    El oficialismo en la Cámara de Diputados negocia modificaciones para poder dictaminar este miércoles dos proyectos económicos clave para el Gobierno: el de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

    Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, encabezadas por los diputados libertarios Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, se reunirán a las 11 para retomar el debate sobre los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. Expondrán primero Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE); y el técnico Oscar Fernández, también de la FACPCE.
    Luego, el oficialismo buscará firmar dictamen, aunque antes confirmará si acepta una modificación clave solicitada por varios aliados: excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de adherir al régimen. En el proyecto original no se contemplaba esta exclusión, y la cuestión tomó relevancia tras el escándalo provocado por el exjefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes se inscribieron en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la ley en junio de 2026, antes de presentar su declaración jurada, lo que suscitó mayores sospechas.
    La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había adelantado el lunes que se exceptuaría a los funcionarios públicos. “No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí podrán hacer un blanqueo quienes durante años ahorraron en dólares en Argentina como forma de resguardo de valor”, declaró durante un desayuno con empresarios organizado por la Fundación Mediterránea.
    En el oficialismo aseguraron que se están retocando las redacciones. Además, los aliados pidieron que se contemplen a los buenos contribuyentes y a las PyMEs.
    El Régimen de Inocencia Fiscal se aprobó hace siete meses, pero el oficialismo propone cambios. Entre ellos, se eliminarían los límites de $1.000 millones en ingresos anuales y $10.000 millones en patrimonio para poder acceder al régimen simplificado de Ganancias. Así, podrían ingresar todos, incluidos los funcionarios, aunque los “grandes contribuyentes” tendrán menos beneficios. También se redefine el concepto de “discrepancia significativa”.
    Por otro lado, a las 15, el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto se reunirá para escuchar a los expositores y dictaminar el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Están convocados los economistas activos en redes Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y el licenciado en empresas Claudio Zuchovicki. Desde la oposición ya expresan preocupación por el perfil de los invitados y sospechan que la intención es generar controversias. Tras las exposiciones, el oficialismo buscará también firmar dictamen.
    La discusión del texto comenzó la semana pasada con la presentación de Santiago Bausili, titular del BCRA. El proyecto plantea varios cambios fundamentales. En primer lugar, devuelve al Central su único objetivo de preservar el valor de la moneda, eliminando los puntos que señalaban “promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, incorporados en la reforma de 2012.
    Además, se prohíbe al Banco Central financiar directa o indirectamente al Tesoro y se modifica la forma de remoción del presidente del organismo: establece que la destitución deberá ser aprobada con dos tercios de los votos en ambas cámaras.
    Este último punto es uno de los que genera mayor debate. Algunos legisladores exigen que se establezca la misma mayoría para la designación y la remoción del presidente, o que se fije un plazo para votar los pliegos de candidatos al directorio, ya que actualmente son designados “en comisión” y permanecen en sus cargos durante años sin pasar por votación.

  • El oficialismo dio media sanción a la Ley de Compre Local con fuertes críticas de la oposición

    El oficialismo dio media sanción a la Ley de Compre Local con fuertes críticas de la oposición

    El oficialismo dio media sanción a la Ley de Compre Local con fuertes críticas de la oposición

    La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto del Régimen General de Compre Provincial impulsado por el poder Ejecutivo. El bloque Más para Entre Ríos no acompañó la iniciativa y advirtió que el texto «es un retroceso de la protección al comercio en la empresa local», registró AIM.

    En la novena sesión ordinaria del 147 período legislativo, el oficialismo consiguió los votos necesarios para «establecer el Régimen General de Compre Provincial, destinado a promover un ecosistema empresarial local competitivo, innovador y sostenible, que fortalezca la actividad productiva, la generación de empleo, el desarrollo territorial y la innovación tecnológica en Entre Ríos».
    El diputado oficialista y presidente de la comisión, Marcelo López, defendió la iniciativa y justificó la necesidad de reemplazar el régimen vigente. «En la actualidad se comprobó que encarecía la efectividad que se buscó al momento de sanción del actual régimen, ya que se encontraban las empresas radicadas en la provincia con distintos obstáculos prácticos», explicó el legislador. Según detalló, el nuevo esquema «pretende promover un ecosistema empresarial local, competitivo, sostenible que fortalezca la actividad productiva, la generación de empleo y el desarrollo de empresas radicadas en Entre Ríos» y apunta a que la contratación pública que realiza el Estado entrerriano «ponga en una mejor situación a las empresas que se encuentran radicadas en la provincia y generan empleo y están integradas con el sistema productivo entrerriano».
    Desde la oposición, sin embargo, el proyecto recibió duros cuestionamientos. La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, ratificó en el recinto la postura que había adelantado en comisión y rechazó de plano el espíritu de la norma. «Lo que nosotros dijimos en comisión y vamos a ratificar también en el recinto es que esto no es una ley de compra provincial, más bien un retroceso de la protección al comercio en la empresa local», disparó la legisladora. Stratta profundizó su crítica al señalar que la iniciativa termina beneficiando a actores externos por sobre la producción entrerriana: «Lo que hacen es alentar a que empresas de otras provincias puedan venir a competir en igualdad de condiciones con las nuestras», sostuvo.
    La titular del bloque contrapuso el proyecto oficialista con una propuesta propia orientada a asistir a las pequeñas y medianas empresas en el actual contexto económico. «Nosotros tenemos un proyecto incluso declarando la emergencia de las pymes, estableciendo en el marco con esa emergencia, políticas públicas que puedan ayudarlas a soportar este tiempo, a atravesar la crisis», remarcó, y calificó de «falta de respeto» que la iniciativa oficialista se presente bajo un rótulo que, a su entender, no se condice con su contenido. «Primero que se titula únicamente Compre Provincial. El articulado en ningún momento fomenta a la industria local», enfatizó a esta Agencia, y concluyó que su bloque «no acompañó porque no es una propuesta de Compre Provincial como lo titulan».
    El rechazo también llegó desde otro sector de la oposición. El diputado Carlos Damasco, de La Libertad Avanza (LLA), fundamentó su voto negativo en lo que consideró una delegación excesiva de atribuciones hacia el Ejecutivo provincial. «Se realiza una excesiva delegación de facultades al Poder Ejecutivo a modificar el puntaje adicional, crear segmentos especiales, establecer diferenciadas y definir criterio según la planificación económica», planteó, y añadió que, «en los hechos, la Legislatura fija un marco muy amplio y deja librado al Ejecutivo determinar quién recibe beneficios y en qué magnitud».
    Para el legislador libertario, una norma de estas características debería garantizar mayor previsibilidad y transparencia en su aplicación. «Debería establecer reglas objetivas, claras y permanentes, no permitir que las preferencias cambien por vías de reglamento», opinó. Damasco cuestionó, además, el impacto fiscal que podría generar el margen de preferencia contemplado para los proveedores locales. «La norma admitirá una diferencia de hasta un cinco por ciento y una instancia de mejora cuando la empresa local esté hasta un diez por ciento por encima de la oferta más económica, lo que implica que el Estado terminaría pagando más una contratación únicamente por el domicilio del proveedor», advirtió, y concluyó que, «en un contexto de restricción presupuestaria, cada precio adicional destinado a una contratación deja de destinarse a salud, seguridad o infraestructura».
    Con el rechazo de Más para Entre Ríos y de LLA, el oficialismo logró de todos modos los votos necesarios para otorgarle media sanción al proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores. Fuente AIM

  • El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El Gobierno formalizó este martes el ingreso del proyecto de ley destinado a regular la actividad de los lobistas, con el objetivo de transparentar las negociaciones que empresas e intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para obtener mejores condiciones de contratación o intervenir en la redacción de leyes.

    La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue remitida a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, ambas bajo control oficialista.
    El oficialismo prevé comenzar la próxima semana el tratamiento en comisión de este proyecto, que establece los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas en el ámbito del Gobierno y el Congreso, con el fin de garantizar su publicidad y transparencia.
    La propuesta crea el Registro Público de Gestores de Intereses, en el que deberán inscribirse las personas o empresas que realicen estas gestiones. Asimismo, se instituye un Registro Público de Gestión de Intereses, que detallará las negociaciones relacionadas con la elaboración de leyes, políticas públicas, contratación pública, concesiones, permisos y autorizaciones, entre otros aspectos.
    El texto dispone que la información contenida en ambos registros será de carácter público y se publicará en formato digital, accesible y gratuito. Los reportes trimestrales presentados por los gestores deberán hacerse públicos dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrega a la autoridad de aplicación, la cual será designada por el Poder Ejecutivo, mientras que en el Congreso esta función corresponderá a las secretarías administrativas respectivas.
    El proyecto también establece que los exfuncionarios no podrán actuar como gestores ante el organismo donde se desempeñaron ni en asuntos en los que hayan intervenido durante un período de dos años desde su egreso.
    Además, incluye un capítulo específico para las empresas extranjeras, señalando que los gestores que las representen deberán presentar una declaración ante el Registro Público de Gestores de Intereses. La omisión, falsedad o reticencia en dicha declaración será considerada una infracción grave.
    Por otra parte, en Diputados se presentó el proyecto denominado Super Rigi, que establece una base de inversión de 1.000 millones de dólares bajo un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa, orientado a atraer proyectos de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
    Este régimen fija un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por un año adicional, y exige la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Además, establece el compromiso de invertir al menos el 20 % del monto base durante los dos primeros años desde la adhesión.

  • Glaciares: el oficialismo presiona a los gobernadores para que defiendan la reforma y apura la sanción en Diputados

    Glaciares: el oficialismo presiona a los gobernadores para que defiendan la reforma y apura la sanción en Diputados

    Con la percepción de que tendrá los votos para imponerse, el oficialismo avanzó con el pedido de una sesión este miércoles para tratar la reforma de la ley de Glaciares en Diputados. Como paso previo deberá emitir dictamen mañana en un plenario de comisiones, en el que La Libertad Avanza también descuenta un panorama favorable para reunir las firmas, aunque de cualquier modo empuja la presencia de gobernadores para darle respaldo a la iniciativa ya aprobada por el Senado.“Los votos están desde hace un mes, no nos quedó otra que hacer el camino más largo”, transmitió confianza un referente del oficialismo en la Cámara baja. El freno a un tratamiento más veloz fue por la necesidad de convocar a audiencias públicas, un requisito que no se había cumplido en el Senado. Los bloques de la oposición cuestionaron el método para definir a los expositores y los consideraron insuficientes.“Si llegan al quórum, logran la aprobación”, reconoció un diputado de Unión por la Patria. El escenario resulta favorable al oficialismo porque sólo con los espacios que respaldaron el llamado a la sesión el número quedaría cerca de las 129 presencias necesarias para abrir el debate.Además de Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giúdici y otros integrantes de La Libertad Avanza, firmaron la nota Javier Sánchez Wrba (PRO), la radical Pamela Verasay y varios legisladores que responden a gobernadores como el misionero Alberto Arrúa, la tucumana Gladys Medina, la sanjuanina Nancy Picón Martínez y el santacruceño José Luis Garrido.También los tres miembros de Elijo Catamarca y parte de Unidos apoyarán la reforma que acota la protección a los glaciares y el ambiente periglacial a los casos en los que se haya verificado una “función hídrica efectiva» y que otorga más poder a las provincias para determinar las zonas prohibidas a las actividades extractivas. Para los ambientalistas se trata de una “regresión ambiental inconstitucional”, por lo que adelantaron que de sancionarse irán a la Justicia con el propósito de impedir la entrada en vigencia.Incluso algunos diputados de Unión por la Patria, como los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica y la catamarqueña Claudia Palladino, avalarían el proyecto. El MID presidido por Oscar Zago se encamina a votar a favor en general, pero intentaría incluir una modificación para dejar explícitamente a salvo de una explotación a la zona de glaciares. En caso de prosperar ese cambio o algún otro, el debate tendrá que regresar al Senado.Desde el oficialismo estimaron que no encontrarán inconvenientes para reunir las firmas y emitir un dictamen de mayoría este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, y de ese modo dejar habilitada la reforma para llevarla al recinto. En la previa metieron presión para que los gobernadores asistan a empujar el proyecto en ese ámbito.“Es un pedido que hicieron ellos, nosotros lo estamos apoyando. Tienen que jugar lo más fuerte que puedan, venir todos y levantar las dos manos, porque beneficia a las provincias. Para que manejen sus recursos y por el federalismo del que siempre hablan”, argumentó un miembro de La Libertad Avanza. Hasta este lunes a la noche lo más probable era que Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) enviaran a los vicegobernadores u otros funcionarios.Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores aprovecharán la sesión para darle resonancia a las dificultades de Manuel Adorni para justificar su crecimiento patrimonial, las revelaciones por el caso $LIBRA y los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores. Lo más probable es que no alcancen los dos tercios para que esas cuestiones incómodas para el Gobierno formen parte del temario, pero harán lo posible para dedicarle tiempo con mociones y cuestiones de privilegio.

  • El oficialismo prepara una simulación de audiencia pública por la Ley de Glaciares

    El oficialismo prepara una simulación de audiencia pública por la Ley de Glaciares

    El gobierno de Javier Milei, a través de los diputados de La Libertad Avanza, organizó una audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares que excluye a más del 90% de las más de 85.000 personas inscriptas, limitando las exposiciones orales a unas 360 personas en dos jornadas (25 y 26 de marzo) y obligando al resto a presentar videos o escritos. Organizaciones ambientalistas y ciudadanos presentaron amparos judiciales denunciando que la modalidad viola la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, aunque la Justicia rechazó las medidas cautelares.

    La resolución de las comisiones de Recursos Naturales (José Peluc) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) estableció que solo los primeros inscriptos de cada jurisdicción podrán exponer presencialmente o por Zoom (cinco minutos por orador). El resto deberá presentar escritos o videos al canal de YouTube de Diputados. Organizaciones como Greenpeace, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Abogados Ambientalistas, FARN y el Círculo de Políticas Ambientales argumentaron en sus presentaciones que el formato restringe la participación ciudadana, selecciona sesgadamente a los oradores y vulnera el derecho a un ambiente sano y a la participación en su protección (arts. 41 y 43 de la Constitución), así como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

    La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó que «esta gente no se va a poder expresar» y que se les dio lugar a menos del 0,4% de los inscriptos. El exdiputado Hernán Pérez Araujo, tras presentar un amparo, fue habilitado para exponer presencialmente. Sin embargo, el juez federal subrogante Enrique Alonso Regueira rechazó la medida cautelar solicitada por las organizaciones, al considerar que no se acreditaban «vicios manifiestos» en la conducta del Congreso.

    Mayoraz celebró en redes: «Participación federal y récord histórico: todas las provincias tienen representación garantizada en las instancias en vivo, de forma presencial y virtual. Más de 28 horas de audiencia y más de 100.000 participantes. Esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso». Las organizaciones sostienen que «si la participación se obstaculiza, no se está organizando una audiencia pública» y que «el proceso es ilegal y antidemocrático». El debate sobre los glaciares se realiza mientras el oficialismo impulsa una reforma que permite a las provincias definir qué áreas periglaciares proteger. La audiencia comenzó este miércoles con un fuerte operativo de seguridad.