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  • Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a trabajadores de su planta en Pilar – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a trabajadores de su planta en Pilar – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a trabajadores de su planta en Pilar – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a los trabajadores de su planta ubicada en La Lonja, partido bonaerense de Pilar. La propuesta surgió en medio de la profunda crisis financiera y productiva que atraviesa el grupo avícola, que también tuvo un fuerte impacto laboral en Entre Ríos.
    La alternativa fue planteada durante las últimas audiencias entre la empresa y los gremios, mientras continúa vigente una conciliación obligatoria. En encuentros anteriores se habían acordado medidas parciales, como la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para empleados afectados por despidos, publicó Infobae.
    La compañía todavía no había alcanzado una solución definitiva sobre la continuidad de los puestos laborales. En la planta de Pilar fueron enviados alrededor de 50 telegramas de despido, aunque las cesantías quedaron suspendidas por la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.
    Cientos de despidos y conciliaciones obligatorias
    A comienzos de septiembre, Granja Tres Arroyos notificó aproximadamente 1.200 cesantías: unas 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
    El conflicto también tuvo consecuencias directas en Entre Ríos. En Granja La China, ubicada en Concepción del Uruguay, se produjeron 480 despidos, en el marco del proceso de reducción aplicado por el grupo empresario.
    En Buenos Aires se dictaron dos conciliaciones obligatorias. Una fue solicitada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la otra por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que representa al personal de las granjas de cría.
    Mientras las medidas permanecieran vigentes, la compañía debía retrotraer las cesantías y mantener a los trabajadores en sus puestos. La negociación otorgó un plazo adicional para intentar encontrar una salida al conflicto.
    Concurso preventivo y una deuda millonaria
    La oferta de pago en especie se conoció pocos días después de que el grupo solicitara ante la Justicia la apertura de su concurso preventivo. El pedido alcanzó a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA).
    Según la información presentada en el expediente, al 31 de diciembre de 2025 el pasivo ascendía a aproximadamente 536.000 millones de pesos, sin contabilizar las obligaciones acumuladas durante 2026.
    Del total informado, unos 199.000 millones correspondían a deudas financieras; 161.000 millones, a proveedores; 52.000 millones, a impuestos; 78.000 millones, a obligaciones laborales y fiscales; y 46.000 millones, a otros compromisos comerciales.
    Además, el grupo acumulaba más de 126.000 millones de pesos en cheques de pago diferido rechazados. La empresa sostuvo ante la Justicia que el concurso preventivo era necesario para reestructurar el pasivo y preservar la continuidad de la actividad. El expediente también alcanzó a las demás sociedades del grupo.
     
    Las causas atribuidas por la compañía
    La conducción empresaria explicó la crisis por el “estrangulamiento del mercado interno” y la “suba desmedida de costos”. También mencionó la caída del poder adquisitivo, el ingreso de carne aviar desde Brasil y el cierre de mercados externos tras el brote de gripe aviar de 2023.
    De acuerdo con su presentación judicial, la pérdida del estatus sanitario cerró destinos como China, Chile y la Unión Europea. Esa situación obligó a volcar una mayor producción al mercado interno, que ya se encontraba saturado.
    Desde 2022, la estadounidense Tyson Foods posee el 34% del capital de Granja Tres Arroyos. En medio de la crisis circularon versiones sobre una eventual adquisición del paquete accionario completo, aunque no existían confirmaciones oficiales.

  • La Corte ordenó a Misiones parar de cobrarle a una empresa adelantos de Ingresos Brutos por el equivalente de 307 años de lo que debe pagar de ese impuesto

    La Corte ordenó a Misiones parar de cobrarle a una empresa adelantos de Ingresos Brutos por el equivalente de 307 años de lo que debe pagar de ese impuesto

    En una decisión fundamental para el futuro del sistema tributario argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restablecer una medida cautelar en el marco de un reclamo contra la Provincia de Misiones. La controversia se centra en la retención, percepción y pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos por un monto equivalente al 30.718 % de la obligación definitiva, es decir, el adelanto de impuesto correspondiente a 307 años.

    El Establecimiento Las Marías presentó una demanda contra la Agencia Tributaria de Misiones, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones generales N° 3/1993, 35/2002, 56/2007 y 1/2010, al considerarlas contrarias a varios artículos de la Constitución Nacional (17, 19, 28, 31, 75, incisos 13 y 18, 122 y 126).
    La empresa explicó que esos regímenes impositivos generan pagos mensuales a cuenta a favor de la provincia por un total de 597.643.467 pesos, que proyectados anualmente alcanzan los 7.171.721.605 pesos. Esta cifra contrasta con una estimación anual definitiva del impuesto sobre los ingresos brutos de apenas 23.347.296 pesos. En otras palabras, el monto retenido representa 307 veces la obligación definitiva anual, lo que equivale a 307 años de impuestos adelantados, superando incluso la duración social prevista para la firma, fijada en 99 años.
    Las Marías ha contado con certificados sucesivos de exclusión de retención o percepción hasta el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, a partir de esa fecha, a pesar de haber realizado oportunamente las gestiones para su renovación y solicitado vistas y despachos, no obtuvo respuesta por parte del organismo recaudador provincial, generando saldos a favor que resultan imposibles de recuperar.
    El 17 de diciembre de 2021, la empresa solicitó su inclusión en el régimen de “Promoción de Inversiones en Emprendimientos Yerbateros” de la Provincia de Corrientes. No obstante, denunció que el irregular régimen de recaudación implementado por Misiones le impide cumplir con las inversiones previstas, por lo que consideró que Corrientes tiene interés legítimo en el juicio y debe ser citada como tercero.
    Además, requirió la intervención del Estado Nacional, argumentando que las resoluciones impugnadas afectan el régimen de ingreso y liquidación de divisas establecido por las comunicaciones “A” 6770 y “A” 8137 del Banco Central, configurando una indebida intromisión de la Provincia de Misiones en facultades exclusivas del poder nacional.
    Ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Las Marías solicitó una medida cautelar para que la Agencia Tributaria de Misiones se abstenga de aplicar las normas cuestionadas o exigir a terceros que actúen como agentes de retención o percepción hasta que se dicte sentencia definitiva. El juez a cargo hizo lugar a esta petición y ordenó suspender la aplicación de las resoluciones impugnadas, además de impedir que se obstaculice el ingreso a la provincia de bienes remitidos por la empresa debido a la falta de pago de los anticipos.
    Posteriormente, el juez de esa jurisdicción determinó que la causa debía tramitarse en instancia originaria ante la Corte Suprema. Ante este tribunal, la empresa demandó directamente a la Provincia de Misiones como parte principal y señaló que el 3 de julio de 2025 el Superior Tribunal de Justicia de Misiones suspendió la medida cautelar dictada por el Juzgado de Paso de los Libres hasta que la Corte Suprema se pronunciara.
    Por su parte, la Provincia de Corrientes se presentó ante la Corte como tercero interesado y manifestó su adhesión al reclamo de Las Marías.
    El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, recordó que su competencia originaria procede únicamente cuando la acción se funda directamente en normas constitucionales nacionales, leyes del Congreso o tratados internacionales, y cuando la cuestión federal es predominante, condiciones que se verifican en este caso.
    La Corte sostuvo que la demanda plantea si la pretensión fiscal basada en las resoluciones impugnadas constituye una extralimitación territorial de la potestad fiscal de la provincia, al imponer anticipos que afectarían ingresos derivados de actividades exportadoras realizadas en otras jurisdicciones, y si vulnera la libre circulación de mercaderías, la regulación del comercio interprovincial y la prohibición de aduanas interiores.
    En consecuencia, la Corte declaró su competencia originaria, corrió traslado de la demanda a la Provincia de Misiones por 60 días, desestimó la incorporación de Corrientes como tercero y confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada el 4 de junio de 2025. Asimismo, ordenó que la Provincia de Misiones o su Agencia Tributaria comuniquen a entidades financieras y agentes de retención y percepción la medida adoptada, a fin de asegurar su cumplimiento efectivo.

  • Bertie dijo que los endeudados son llorones que no quieren pagar la TV que compraron para el Mundial – El Miércoles Digital

    Bertie dijo que los endeudados son llorones que no quieren pagar la TV que compraron para el Mundial – El Miércoles Digital

    Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que los endeudados no pagan porque Argentina no salió campeón.
     
    Bertie Benegas Lynch dijo que los endeudados son llorones que tomaron crédito para comprar un televisor «para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quieren pagar la deuda».
     
    El presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados rechazó los proyectos de la oposición que buscan rescatar a los morosos.
     
    «¿Qué pretenden decir cuando dicen ‘Salgamos a defender a los deudores’? No vas caso por caso viendo el problema. Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero en las estadísticas se agarra todo», dijo Benegas Lynch, que es economista egresado del ESEADE.
     
    Bertie acusó a los diputados opositores de tener un «discurso contra el sistema financiero», pero buscar un rescate de los bancos. «Me parece muy interesante como argumento», aprobó el director de Radio Nacional mientras lo entrevistaba.
    Patricia Vázquez, compañera en la bancada libertaria, también se refirió al tema. «¿Ustedes quieren que salgamos a bancar al acreedor?», planteó. «¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor, porque es el que supuestamente no puede cobrar», analizó la diputada bullrichista.

    Fuente: LPO.

     
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  • Caso Cuadernos: otro alto ex directivo de Techint dijo que él dio la orden para pagar coimas y justificó por qué

    Caso Cuadernos: otro alto ex directivo de Techint dijo que él dio la orden para pagar coimas y justificó por qué

    Durante la jornada del juicio por el caso Cuadernos, dos ex directivos del Grupo Techint confirmaron el pago de un millón de dólares a Roberto Baratta. Luis Betnaza sostuvo que dicho monto representaba “una suerte de mensualidad de unos 100 mil dólares” y explicó que se accedió al reclamo para afrontar una emergencia, en este caso, facilitar la salida del personal de la empresa de Venezuela. Betnaza ratificó haber dado la orden a Héctor Zabaleta, otro directivo de la compañía, para “hacer los pagos a Baratta”.

    El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, investiga un circuito de sobornos ocurrido entre 2003 y 2015. En ese período, ex integrantes del Ministerio de Planificación Federal exigían dinero a empresarios contratistas del Estado para garantizar obras, contratos y concesiones. La principal acusada es Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita, mientras que los ex funcionarios son juzgados como organizadores de la organización criminal. Los empresarios, por su parte, enfrentan cargos por cohecho activo.
    En el debate oral, Héctor Zabaleta, ex gerente administrativo de Techint, declaró que realizó pagos por un total de un millón de dólares a Baratta en seis o siete ocasiones, conforme a las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, registradas en sus cuadernos. La justicia federal sobreseyó a Zabaleta y Betnaza al considerar que el dinero entregado era necesario para retirar al personal de la compañía ante un proceso de nacionalización impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez.
    Luis Betnaza, ex director corporativo institucional del Grupo Techint, explicó que tuvo una intensa actividad en Venezuela debido a la crisis generada por la nacionalización de SIDOR. Detalló que Techint contaba en ese país con tres empresas importantes, entre ellas Ternium, controlante y operadora de SIDOR, y Tenaris, principal accionista de Tabsa. Betnaza indicó que, ante la emergencia, ordenó a Zabaleta ponerse en contacto con Baratta para resolver la situación y disponer los fondos necesarios.
    Zabaleta había declarado previamente que recibió la instrucción de efectuar los pagos directamente de Betnaza. Betnaza, a su vez, afirmó que estos pagos no fueron pedidos puntuales, sino sucesivos, desde principios de 2008 en adelante, y que tenían carácter reservado. Sobre la legalidad de entregar un millón de dólares, sostuvo: “No era un delito, era una emergencia”, y aclaró que el dinero provenía de los accionistas y estaba destinado a este tipo de gastos exteriores a la actividad empresarial.
    En cuanto a la relación con el gobierno venezolano, Betnaza relató que, ante una posible privatización ordenada por Chávez, se recurrió a Néstor y Cristina Kirchner, quienes intercedieron para resolver la crisis y permitir que Techint continuase operando. Sin embargo, la situación empeoró con una actitud más agresiva del gobierno venezolano. Betnaza también recordó un incidente en el que Claudio Uberti le transmitió que Néstor Kirchner estaba molesto por la falta de “colaboración económica” de la compañía, a lo que respondió que Techint no hacía negocios con la política. El presidente Kirchner llegó a retirarse antes de una visita prevista a SIDOR, lo que evidenció el distanciamiento.
    Durante todo el gobierno kirchnerista, Techint tuvo una participación marginal en la obra pública nacional, menor al 1 %, pese a ser la empresa más grande del país. Betnaza enfatizó que siempre dejó en claro que la empresa no hacía pagos para participar en licitaciones ni negocios con la política. Al momento de concretarse la salida de Techint de Venezuela, el gobierno argentino designó a José María Olazagasti como facilitador, dada su relación con el gobierno venezolano.

  • El presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5 veces, mientras Nación dejó de pagar sus propios programas – El Miércoles Digital

    El presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5 veces, mientras Nación dejó de pagar sus propios programas – El Miércoles Digital

    Cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios.
     
    El Ministerio de Salud confirmó a ANÁLISIS una escalada presupuestaria muy fuerte -4,5 veces entre 2023 y 2025- explicada en gran parte por la necesidad de sustituir con fondos provinciales el financiamiento nacional que se retiró de programas estructurales como Remediar (con una caída del 83,5% en los botiquines entregados), Sumar+ (con $1.918 millones de deuda nacional pendiente) e Incluir Salud (financiado en un 98% por la Provincia).
    A la vez, una fragilidad estructural en el recupero de costos hospitalarios, con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) llegando a cobrar apenas el 38% de lo que facturó en 2024, en sintonía con la crisis financiera de esa obra social y una transformación silenciosa en quién usa el sistema público.
    Según los datos proporcionados a este medio periodístico, cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios.
    A todo este panorama se suma una deuda de $774 millones con prestadores privados de salud -concentrada en un 98% en tres proveedores de diálisis y oncología, incluido el centro estatal CEMENER, aunque en el informe se da por “cancelada definitivamente”- y una diferencia de $13.233 millones entre lo que el propio detalle de pagos de Incluir Salud registra para 2024-2026. Y la cifra de $38.200 millones que el texto principal destaca como la inversión total del programa en ese período.
    El Ministerio de Salud de Entre Ríos respondió, a través de una nota firmada personalmente por el ministro Daniel Ulises Blanzaco, un pedido de acceso a la información pública de trece puntos que incluyen presupuesto, compra de medicamentos, campañas de vacunación, salud mental, demanda del sistema público, recupero de costos a obras sociales, derivaciones a prestadores privados, recursos humanos, el Hospital de la Baxada, proyectos de ley y contrataciones de bienes y servicios.
    Ese documento de síntesis narra la gestión 2023-2026 como una transformación integral -”de respuestas fragmentadas a una lógica de red”- con métricas destacadas: más del 90% de los centros de salud con actividad registrada en el sistema SADER, 45 ambulancias nuevas, 440.000 estudios almacenados en el sistema PACS provincial y un crecimiento del 18,9% en la dotación profesional. Sin embargo, cruzando esas mismas cifras con los anexos numéricos -resúmenes de tesorería, planillas de licitaciones, informes de recupero de costos- aparecen datos que el texto principal minimiza o no menciona: la dependencia acuciante de refuerzos presupuestarios frente a partidas nacionales que dejaron de llegar, una salud pública que atiende cada vez más pacientes con cobertura, y un sistema de obras sociales provincial (OSER, exIOSPER) que en 2024 solo logró cobrar el 38% de lo facturado a los hospitales.
    Según el propio informe oficial, el presupuesto total ejecutado por el Ministerio de Salud pasó de $145.902 millones en 2023 a $433.110 millones en 2024 (2,97 veces más), $652.088 millones en 2025 (1,51 veces el año anterior) y $449.268 millones entre enero y julio de 2026, con una proyección oficial de $768.000 millones para el cierre del año. En total, entre 2023 y 2025 el gasto en salud se multiplicó por 4,47, y si se cumple la proyección 2026 el crecimiento acumulado en tres años y medio llegará a 5,3 veces.
    Una desagregación más específica -la de las transferencias de Rentas Generales a hospitales, en la planilla “Resumen transferencias fondos partidas hospitales- muestra un patrón revelador dentro de ese crecimiento: en 2023 el 58% de los $13.984 millones transferidos a hospitales correspondía a una partida fija mensual (“Partida Hospitales”) y el resto a “refuerzos” extraordinarios. En 2024, sobre $63.453 millones transferidos, la relación se invirtió: la partida fija representó apenas el 30% y los refuerzos -montos variables, decididos mes a mes según la coyuntura- treparon al 64% del total, además de $3.554 millones en deuda arrastrada de 2023. En otras palabras, la forma predominante de financiar a los hospitales entrerrianos durante el año de mayor inflación del período no fue el presupuesto planificado, sino la improvisación mes a mes vía refuerzos, un patrón de gestión reactiva más que de planificación.
    En 2025 las transferencias llegaron a $83.095 millones y en el primer semestre de 2026 ya se transfirieron $44.089 millones -una proyección anual de unos $88.178 millones-, lo que confirma una meseta de crecimiento nominal luego de la escalada de 2023-2024. El propio informe aclara que aproximadamente el 80% del concepto “refuerzo general” se destina a medicamentos, insumos, descartables y oxígeno, y el resto a combustible, servicios, racionamiento, refacciones edilicias y equipamiento sanitario.
    Medicamentos y la compra centralizada
    La Dirección de Contrataciones del Nivel Central del Ministerio de Salud adjudicó 43 procedimientos de compra de medicamentos, insumos y equipamiento en 2024 por $5.048,8 millones; 35 procedimientos en 2025 por $6.151,1 millones y, hasta el 7 de agosto de 2026, 18 procedimientos por $20.264 millones. O sea, un salto que el propio informe atribuye a la nueva compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales de mayor complejidad (San Martín, San Roque, Centenario, Masvernat y Justo José de Urquiza), adjudicada con catorce oferentes y acompañada de un centro logístico en Colonia Avellaneda. Hay, además, 22 procedimientos adicionales en trámite por $5.200,1 millones estimados para 2026.
    Un análisis separado, correspondiente a compras específicas de programas nacionales complementados con fondos provinciales (Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, epidemiología), muestra la misma tendencia: de $12,7 millones invertidos en 2023 a $175,4 millones en 2024 (13,8 veces más), $677,5 millones en 2025 y ya $291,9 millones en la primera mitad de 2026. En ese universo más chico de compras, la empresa VI Farma SRL aparece como proveedora recurrente en los cuatro ejercicios, junto con adjudicaciones puntuales muy grandes a proveedores unipersonales, como los $105,69 millones que ganó Alcorta Pharma (a nombre de Marta Liliana Molina) por 1.000 kits de mifepristona en 2025.
    Un capítulo aparte, no incluido en el documento de síntesis, pero sí en un informe técnico específico, es la compra de drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados a través de CUCAIER: la Provincia debió empezar a complementar los envíos de INCUCAI desde junio de 2023 porque esos envíos resultaban insuficientes. Las transferencias del Tesoro Provincial para este fin pasaron de apenas $2 millones en diciembre de 2023 a $606,4 millones en 2024 (303 veces más), $427,1 millones en 2025 y ya $599,9 millones en la primera mitad de 2026, superando en seis meses todo lo gastado en el año anterior completo.
    El total acumulado 2023-2026 es de $1.635,5 millones para sostener un tratamiento que, en teoría, debería cubrir íntegramente el programa nacional de seguimiento pos-trasplante.

     
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  • Uno de los detenidos por los incidentes tras el debate de la Ley Bases ofreció pagar 250 mil pesos para suspender el juicio: fue rechazado

    Uno de los detenidos por los incidentes tras el debate de la Ley Bases ofreció pagar 250 mil pesos para suspender el juicio: fue rechazado

    Los incidentes ocurridos durante la protesta del 12 de junio de 2024, en el marco del debate por la Ley de Bases, continúan generando repercusiones en la Justicia. Este martes, uno de los detenidos sufrió un revés por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó su intento de suspender el juicio a cambio del pago de 250 mil pesos.

    El acusado, Brian Ezequiel Ortiz, fue detenido durante la violenta jornada en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Está imputado por los delitos de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, acusación que se basa en presuntas agresiones a policías.
    A más de dos años de los hechos, la defensa de Ortiz solicitó la suspensión del juicio a prueba —también conocida como probation— alegando que no posee antecedentes penales, tiene empleo y arraigo, y estaba dispuesto a cumplir tareas comunitarias y a pagar una reparación económica de 250 mil pesos.
    Además, según su defensa, las imágenes disponibles demuestran que Ortiz no agredió a las fuerzas de seguridad. El fallo señala que el acusado «se encontraba simplemente acorralado en una esquina junto a otra persona que ya fue sobreseída por la misma prueba, sin desplegar agresiones ni propinar golpes hacia los efectivos policiales», lo que descartaría la imputación y evidenciaría un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.
    Sin embargo, el pedido de Ortiz fue rechazado por el juez Gustavo Marcelo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado destacó que tanto el fiscal Mario Villar como el Senado de la Nación, querellante en la causa, presentaron argumentos sólidos para oponerse a la probation.
    El juez también enfatizó que deben considerarse las circunstancias específicas y la gravedad de los hechos, subrayando que no se trata de un conflicto entre particulares que pueda resolverse con una reparación económica. Asimismo, afirmó que existe un interés público superior en que este conflicto sea resuelto mediante un debate oral y público, no a través de una salida alternativa.
    ### La violenta jornada en las puertas del Congreso
    El 12 de junio de 2024, durante la sesión en el Senado para tratar el proyecto de la Ley Bases, se registraron graves incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional. Autos y contenedores fueron incendiados, se lanzaron bombas molotov y hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
    Los primeros choques ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso legisladores peronistas resultaron afectados por gas pimienta. La tensión volvió a aumentar por la noche, tras la aprobación en general del proyecto.
    El momento de mayor violencia se dio por la tarde, cuando los manifestantes arrojaron bombas molotov y piedras. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos y uso de carros hidrantes para dispersar la protesta.
    Además de arrojar proyectiles, incendiaron un automóvil perteneciente al medio cordobés Cadena 3 y voltearon al menos otro vehículo que también prendieron fuego. Ante esta situación, los senadores de la oposición solicitaron un cuarto intermedio para pedir el cese del operativo policial.
    Las fuerzas de seguridad informaron que, por estos incidentes, se registraron más de 30 detenidos —13 por la Policía Federal Argentina y 18 por la Policía de la Ciudad— y más de 20 agentes resultaron heridos.
    El Gobierno porteño estimó en más de 278 millones de pesos el costo de la reparación de las zonas afectadas. En ese contexto, Jorge Macri declaró sobre los detenidos: «Son delincuentes, hicieron un desastre y van a tener que pagarlo».

  • Agencia deberá pagar millones por viaje de egresados cancelado en Tandil

    Agencia deberá pagar $3 millones por viaje de egresados cancelado en Tandil

    Agencia deberá pagar $3 millones por viaje de egresados cancelado en Tandil

    Un grupo de estudiantes de un colegio de Tandil tenía previsto realizar su viaje de egresados a Brasil, pero la pandemia de COVID-19 obligó a suspenderlo. El conflicto surgió cuando las familias reclamaron la devolución del dinero y, según consta en la causa, la agencia de turismo aplicó retenciones y, en algunos casos, no restituyó los importes comprometidos.

    Ante esta situación, los padres iniciaron una demanda contra la empresa. Tras un fallo de primera instancia y las apelaciones de ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul aumentó las indemnizaciones y confirmó la responsabilidad de la agencia por incumplimiento.
    El tribunal estableció una indemnización de 3 millones de pesos por daño moral para cada egresado y un millón para cada padre afectado. A estos montos se suman el daño punitivo y la restitución del valor del paquete turístico.
    El conflicto comenzó en 2019, cuando los padres contrataron con la agencia el tradicional viaje de egresados a Brasil. Tras diversas acciones promocionales y reuniones informativas, las familias pagaron la totalidad del servicio. Sin embargo, la llegada de la pandemia impidió concretar el viaje, que fue reprogramado en varias ocasiones.
    Ante la imposibilidad de viajar en las nuevas fechas, las familias solicitaron la devolución del dinero. Según la causa, la agencia aplicó retenciones y, en algunos casos, no devolvió los montos prometidos. Debido a esta situación, el caso escaló a la Justicia, donde la empresa no se presentó ni contestó la demanda en el plazo correspondiente, por lo que fue declarada en rebeldía.
    En agosto de 2025, el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Azul reconoció la relación contractual y estableció que la agencia incumplió sus obligaciones. La sentencia ordenó la restitución del valor del viaje, una indemnización por daño moral y otra por daño punitivo, aunque ambas partes impugnaron los montos fijados.
    El expediente llegó a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, que rechazó la defensa de la empresa basada en la pandemia al considerar que no fue presentada en tiempo y forma. Además, los jueces valoraron la situación particular de los adolescentes y la conducta de la agencia frente a los reclamos, especialmente por la falta de información y los problemas para devolver el dinero.
    Por ello, la Cámara resolvió aumentar las indemnizaciones, fijando:
    – 3.000.000 de pesos por daño moral para cada egresado.
    – 1.000.000 de pesos por daño moral para cada padre afectado.
    – Un daño punitivo equivalente a cuatro Canastas Básicas Totales (CBT) por cada grupo familiar, calculado en 6.443.089,92 pesos según el valor tomado en la resolución.
    A estos montos se suma la restitución del valor del viaje frustrado. La sentencia también ordenó publicar la parte resolutiva del fallo en un diario local y estableció que las costas del proceso quedarían a cargo de la empresa demandada.
    Uno de los aspectos centrales del fallo fue el impacto que la frustración del viaje tuvo sobre los estudiantes. El tribunal señaló que un viaje de egresados constituye una experiencia significativa para los adolescentes y consideró su condición al determinar la reparación.
    Los jueces subrayaron que la situación de consumidores vulnerables de los jóvenes no podía ser considerada un dato menor, sino una circunstancia relevante para evaluar la magnitud del daño sufrido. Según la sentencia: “La calificación de consumidores en situación vulnerable y de desventaja que caracterizó a los co-actores egresados involucrados no constituye un dato neutro dentro de la relación de consumo examinada, sino una circunstancia que intensifica la entidad del menoscabo espiritual padecido”.
    De este modo, la Cámara confirmó la responsabilidad de la agencia de turismo y elevó los montos fijados en primera instancia para reparar los perjuicios ocasionados a los estudiantes y sus familias.

  • Autovía del Mercosur incorpora una nueva plataforma para consultar y pagar pasadas de peaje pendientes

    Autovía del Mercosur incorpora una nueva plataforma para consultar y pagar pasadas de peaje pendientes

    Autovía del Mercosur incorpora una nueva plataforma para consultar y pagar pasadas de peaje pendientes

    Como parte de las acciones orientadas a mejorar la atención a los usuarios y facilitar el acceso a sus servicios, Autovía del Mercosur incorporó una nueva plataforma digital para consultar y gestionar el pago de pasadas de peaje pendientes.

    Se trata de PagoPatente, una herramienta que permite conocer, de manera gratuita y sin necesidad de registrarse previamente, el detalle de los tránsitos pendientes correspondientes a las estaciones de peaje administradas por AUMESA. Además, la plataforma reúne información de otras concesionarias viales del país, ofreciendo un único punto de consulta para los usuarios.
    Para acceder al servicio, solo es necesario ingresar la patente del vehículo y completar algunos datos personales: nombre y apellido, DNI o CUIT, teléfono y correo electrónico. Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará el detalle de los tránsitos registrados y permitirá gestionar el pago correspondiente de forma online.
    Es importante tener en cuenta que las pasadas pueden demorar hasta 72 horas hábiles en verse reflejadas en el sistema, por lo que ese es el plazo estimado de actualización de la información.
    La consulta puede realizarse ingresando a www.pagopatente.com.ar, donde los usuarios podrán visualizar el detalle de las pasadas registradas y acceder a las opciones disponibles para regularizar los pagos pendientes.
    Con esta incorporación, AUMESA continúa fortaleciendo sus canales de atención y sumando herramientas que permiten a los usuarios realizar sus gestiones de manera más simple, ágil y desde cualquier lugar.

  • Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    En una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, que investiga la red de sobornos entre exfuncionarios del gobierno kirchnerista (2003-2015) y empresarios contratistas del Estado, declararon esta semana exintegrantes y actuales funcionarios del ARCA. La fiscalización de un conjunto de empresas y el flujo de fondos son el foco principal de la investigación. Este jueves se retomó el análisis de una obra considerada un “emblema de la corrupción” en Santa Cruz: a 18 años de su licitación, nunca fue finalizada.

    Los hechos investigados, que derivaron en el juicio a 60 empresarios, la expresidenta Cristina Kirchner y exmiembros de su gabinete, incluyen cohecho pasivo y activo, es decir, tanto la recepción como el pago de sobornos. En la audiencia se destacó la participación de dos empresas con proyectos licitados en Santa Cruz.
    Una de ellas es Isolux Corsán, firma con sede en España, adjudicataria en 2008 de la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, localidad minera al noroeste de Río Gallegos. La obra nunca se concluyó y estuvo marcada por múltiples denuncias de corrupción. Por el desvío de 256 millones de pesos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) —entidad responsable de abastecer de carbón a la usina para generar 240 MW que se inyectarían al Sistema Interconectado Nacional— Julio De Vido fue detenido en 2017.
    Verónica Iglesias, contadora de ARCA, explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y la fiscal Fabiana León que en 2016 trabajaba como supervisora en fiscalización y fue ascendida en 2017. Durante su labor, recibió el CUIT de la UTE integrada por Isolux Corsán y otras compañías. Al ser consultada sobre el motivo de la fiscalización, relató: “Cuando fui nombrada jefa de división, había sospechas de facturas apócrifas”.
    Iglesias detalló que existía una base de proveedores con facturas consideradas falsas, lo que activaba alertas en el sistema y desencadenaba inspecciones. En el caso de Isolux Corsán, se analizaron facturas que la fiscalización consideró carentes de veracidad, pues algunas facturaban conceptos como horas hombre o maquinaria sin sustento comprobable. La revisión se centró en proveedores ya catalogados como apócrifos, no en el concepto de compra en sí.
    La licitación de la obra se realizó durante el primer mandato de Cristina Kirchner, con el objetivo de corregir los déficits de YCRT y darle un nuevo rumbo a largo plazo al yacimiento. Fue adjudicada a una UTE liderada por Isolux Corsán por 857.341.128 dólares. Sin embargo, debido a variaciones y contrataciones posteriores en el mismo proceso licitatorio, el contrato se elevó a 1.726.251.982 dólares, según una pericia oficial incorporada al expediente que investigó a De Vido, al ex titular de YCRT y a otros involucrados.
    En conclusión, la usina costó entre dos y tres veces más de lo presupuestado inicialmente. Esta obra, tildada por la justicia federal como un “emblema de la corrupción”, fue uno de los proyectos sobre los cuales se cobraron coimas atribuidas en última instancia a Cristina Kirchner.
    Respecto a esta obra, la contadora Iglesias recordó que se le imputaron montos relacionados con facturación apócrifa. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que casos como este —y otros correspondientes a firmas fiscalizadas dentro de la causa Cuadernos— evidencian “salidas no documentadas de dinero provenientes de anticipos financieros de las obras”, es decir, retiros en efectivo.
    La confesión de De Goycochea
    Juan Carlos De Goycochea, una de las máximas autoridades de Isolux Corsán y empresario que declaró ante el TOF 7 como imputado colaborador, relató detalles del pago de sobornos. Contó que en 2008, luego de que la empresa ganara la licitación y se firmara el contrato en un acto público, fue convocado a principios de 2009 a una reunión en el despacho de Roberto Baratta, entonces en el Ministerio de Planificación Federal. Allí, Baratta le manifestó la necesidad de aportar dinero para la campaña electoral.
    Según De Goycochea, desde ese momento recibió instrucciones telefónicas para retirar dólares en casas de cambio del microcentro porteño y entregarlos a Baratta. El empresario explicaba que al presentarse como representante de Isolux lo hacían pasar a un cuarto donde recibía los dólares en bolsas de tela opacas. Las entregas, aproximadamente tres por año, se hacían en Maipú 741, piso 1º B. Baratta recibía la bolsa sin contar el dinero y la guardaba en un portafolios rígido.
    El empresario aclaró que, si bien Baratta pidió dinero para la “campaña electoral”, él lo interpretó como un eufemismo para referirse a coimas o sobornos, aclarando que la empresa nunca tuvo intención de aportar fondos a campañas políticas. Los pagos se realizaban para evitar represalias de funcionarios, ya que existía gran temor a enemistarse con el gobierno y que se suspendieran pagos o se rescindieran contratos. Baratta, según De Goycochea, daba a entender que el no pago implicaría el bloqueo de los certificados de obra, afectando gravemente la empresa, que tenía gastos mensuales de

  • Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de millones

    Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

    Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

    Un concejal de San Isidro, representante de La Libertad Avanza, fue filmado en 2023 acosando a una compañera de trabajo al propinarle una fuerte palmada en la cola. Tras llegar a un acuerdo económico por 12 millones de pesos, ahora enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.

    Se trata de Alberto Montes, quien asumió su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro en diciembre de 2023, en simultáneo con la asunción de Javier Milei como presidente.
    El video, aportado como prueba en la denuncia presentada por la víctima, fue registrado por una cámara de seguridad en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en la dirección de Tránsito de Boulogne, antes de que Montes se convirtiera en edil. En las imágenes difundidas recientemente y publicadas por el canal TN, se observa cómo Montes ingresa a la oficina y realiza el contacto físico sin consentimiento. La reacción de la mujer fue un golpe en la cara y un empujón.
    El caso derivó en dos causas judiciales, una civil y otra penal. En la primera, Montes acordó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos a favor de la víctima, pagadero en ocho cuotas: la primera de 3 millones, dos de 2 millones y cinco cuotas finales de 1 millón cada una. El acuerdo salió a la luz luego de que el juzgado intimara a Montes por retrasos en los pagos.
    En la causa penal, el pedido de sobreseimiento de Montes fue rechazado y el proceso avanza hacia un juicio oral. La causa 6673, caratulada como «Abuso sexual», se tramita en el Juzgado Correccional Número 5 y luego pasó a la Sala 2 tras la apelación interpuesta por Montes. Fuentes judiciales informaron que el 14 de mayo se firmó el acuerdo económico entre las partes y que el juicio oral está programado para octubre.
    Desde la oposición en el Concejo Deliberante sospechan que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local y exigen su destitución, aunque carecen de los votos necesarios para lograrlo. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, señaló Estefanía Rivadulla, concejal de Fuerza Patria.
    Por su parte, Montes minimizó lo ocurrido y en declaraciones a TN calificó el hecho como un “intento de chiste”. Afirmó que la denuncia fue “promovida y difundida por la política” debido a su candidatura en ese momento. “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue”, concluyó.