Cargill paralizó una planta y 30 familias quedaron sin trabajo, luego del reclamo de transportistas – El Miércoles Digital
La suspensión de las operaciones de Cargill en la localidad de Arribeños, provincia de Buenos Aires, impacta de lleno.
La medida dejó sin actividad a 30 trabajadores y repercute sobre comercios, talleres y proveedores, mientras continúa el conflicto con transportistas por una denuncia de presuntas comisiones irregulares.
La decisión de Cargill de paralizar las operaciones de su planta de acopio en Arribeños generó preocupación en el partido de General Arenales, donde la actividad de la empresa representa una fuente de trabajo y movimiento económico para la localidad.
La planta, con más de 25 años de funcionamiento, dejó sin actividad a 30 trabajadores y también afectó a transportistas, talleres mecánicos, estaciones de servicio, comercios y proveedores que dependen del movimiento diario del establecimiento.
La empresa informó que la suspensión rige desde el 3 de julio y continuará hasta que existan «garantías de seguridad».
El conflicto comenzó con una denuncia de los fleteros
El origen de la disputa está en el reclamo de un grupo de transportistas independientes, quienes denunciaron que debían abonar una comisión del 3% por fuera de los canales formales para acceder a los viajes.
Cristian Cardoso, vocero de los fleteros, aseguró: «Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo».
Según los trabajadores, la negativa a aceptar esas condiciones derivó en la interrupción de la asignación de cargas.
La postura de Cargill y de CATAC
Desde la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), su presidente Ramón Jatip rechazó las acusaciones y sostuvo que los transportistas «se fueron voluntariamente».
Cargill, por su parte, remarcó que los reclamantes no son empleados de la compañía sino prestadores independientes y afirmó que la asignación de cargas responde a «criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación».
Además, indicó que la seguridad constituye un aspecto «fundamental e innegociable» para retomar las operaciones.
Fuente:El bonaderense
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