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Ministerio de Capital Humano controlará cobertura del 75% en paro docente

El Gobierno fiscalizará, mediante las agencias territoriales, el cumplimiento del servicio mínimo del 75% durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desplegará sus dependencias en las provincias para relevar la actividad escolar y elaborará un informe nacional sobre el nivel de cobertura del servicio educativo habitual. En caso de detectar incumplimientos, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones correspondientes a las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente de Capital Humano. Desde el Ejecutivo señalaron que “el lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”. Aunque el esquema operativo aún se encuentra en definición, la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información sobre el funcionamiento de los establecimientos escolares y eleven los resultados a la administración central. Estas dependencias actúan como enlace directo con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Capital Humano informó que realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar que los gremios que convocan al paro respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. Sin embargo, no se precisó cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo combinará constataciones propias con datos enviados por las jurisdicciones provinciales.
La base legal para esta intervención es la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 declaró esenciales a las actividades relacionadas con el cuidado de menores y la educación en los niveles inicial, primario, secundario y especial. La ley establece que durante una medida de fuerza la cobertura no puede ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio.
Este porcentaje no implica necesariamente que debe asistir el 75% de los docentes ni abrir tres de cada cuatro escuelas, sino que se refiere a la “prestación normal del servicio”. Por ello, el Gobierno debe definir cómo traducir este concepto en indicadores comprobables, como establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de estos.
Además, la ley establece un procedimiento previo: el sindicato debe notificar la medida con cinco días de anticipación a la autoridad laboral y a la contraparte, y al día siguiente ambas partes deben acordar en Trabajo las modalidades del servicio mínimo, incluyendo personal, horarios, funciones y forma de ejecución. Si no se alcanza acuerdo o la cobertura es insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías, y notificar su decisión a las partes.
También se prevé la obligación de informar a las familias y usuarios, al menos 48 horas antes, sobre el funcionamiento del servicio durante la protesta, la duración de la medida y cómo se garantizará la prestación mínima. Esto podría ser parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
Desde el Gobierno aclararon que una sanción no será automática por el nivel de adhesión al paro. Primero se deberá comprobar el incumplimiento concreto, identificar a la entidad responsable y seguir el procedimiento administrativo con derecho a defensa y revisión judicial.
Los regímenes sancionatorios previstos en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 permiten imponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra sindicatos que desobedezcan resoluciones de la autoridad laboral. La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a la autoridad laboral a exigir la suspensión de medidas que incumplan la normativa y, ante desobediencia persistente, puede solicitar a la Justicia la suspensión, cancelación o intervención del gremio.
Las agencias territoriales serán clave para recabar la información necesaria para eventuales actuaciones posteriores. Aunque las facultades laborales a nivel federal son limitadas, la estructura nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones y coordinar con las provincias, que mantienen competencias autónomas en materia laboral.
Esta coordinación será uno de los aspectos más sensibles, dado que las escuelas y docentes dependen principalmente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA actúa a nivel nacional. Por ello, Nación necesitará la colaboración de las jurisdicciones para reconstruir la situación en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba a nivel nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar la efectividad de la declaración de esencialidad, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos para la educación. El informe que elaboren las agencias territoriales será la base para que Capital Humano decida si concluye la actuación, intimida a las partes o inicia un procedimiento sancionatorio.