Hace un año Cristina Kirchner quedaba presa, y en 1.095 días podrá pedir la libertad condicional
El 10 de junio de 2025 se activó el plazo para que Cristina Kirchner pueda solicitar la libertad condicional, la cual estará disponible en 1.095 días. La ex presidenta cumplió el primer año de una condena de seis años de prisión por corrupción, tras ser hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. De las consecuencias inmediatas de la sentencia, confirmada por la Corte Suprema, sólo resta avanzar en la ejecución patrimonial, aunque hasta la fecha no se ha recuperado ninguna suma de los 685.000 millones de pesos determinados como resultado de la maniobra delictiva.
Cristina Kirchner permanece detenida desde hace un año, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenara su arresto horas después de que la Corte ratificara su condena en el marco del caso Vialidad. Según la acusación, la ex mandataria, en su rol como cabeza del Poder Ejecutivo, priorizó intereses personales y favoreció a Lázaro Báez mediante un circuito irregular de obra pública vial. Esta estructura permitió que Báez obtuviera 51 licitaciones amañadas con sobreprecios promedio del 66%.
Durante el debate oral, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron probados los hechos para sostener la acusación por administración fraudulenta, aunque descartaron la imputación por asociación ilícita, acusación que llegó dividida ante el máximo tribunal. El 10 de junio de 2025, en un fallo unánime, los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la condena, convirtiendo a Cristina Kirchner en la primera expresidenta en afrontar una sentencia firme por corrupción.
Tras la confirmación, se dispuso la detención de la ex presidenta, alojada en un departamento de San José 1111 por orden del TOF 2. Este hecho marcó el inicio del cómputo de la condena, que finalizará el 3 de junio de 2031. La ex mandataria podrá solicitar la libertad condicional cuando cumpla dos tercios de la pena, esto es, en junio de 2029. Por tanto, aún le restan más de mil días de arresto.
Además de la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, otra consecuencia inmediata es el decomiso de bienes, destinado a la recuperación del dinero sustraído mediante la maniobra criminal que se desarrolló durante doce años. Inicialmente, en 2022, el TOF 2 había fijado el daño al Estado en aproximadamente 86.000 millones de pesos, cifra que luego fue actualizada por peritos contables de la Corte a casi 685.000 millones de pesos. Este monto debe ser recuperado solidariamente entre los nueve condenados.
Un año después de la confirmación de la condena, el proceso de recuperación del dinero sigue siendo la deuda pendiente de la justicia. Fuentes judiciales en Comodoro Py coincidieron en señalar que el mensaje más relevante para la sociedad es la restitución de los fondos sustraídos y confirmados por la máxima autoridad judicial.
El avance en la recuperación se ha visto obstaculizado principalmente por los recursos presentados por las defensas. Desde noviembre pasado, cuando el TOF 2 ordenó avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, comenzaron las apelaciones que dificultan la ejecución de esta medida.
En lo que va del año, se adoptaron dos decisiones clave. En febrero, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó el criterio del tribunal de ejecución de que los bienes adquiridos entre 2003 y 2015 pueden ser alcanzados por el decomiso. Para Cristina Kirchner, esto incluye todas las propiedades y empresas que, en junio de 2016, transfirió gratuitamente en partes iguales a sus hijos, Máximo y Florencia.
Posteriormente, el máximo tribunal ratificó que debe iniciarse la ejecución patrimonial para comenzar la recuperación de los casi 685.000 millones de pesos fijados como monto defraudado. Este es el último eslabón pendiente en el proceso judicial. La decisión final recae nuevamente en la Corte Suprema, dado que la ex presidenta planea presentar una queja ante ese tribunal. En Comodoro Py estiman que ese recurso no tiene efecto suspensivo, ya que la sentencia definitiva sobre el decomiso está firme y es consecuencia directa de la condena ya confirmada hace un año.
Asimismo, la Corte es titular de los bienes decomisados, según una acordada firmada días después de ratificar el fallo del caso Vialidad. En su calidad de cabeza del Poder Judicial, tiene la facultad de decidir el destino de estos bienes, ya sea rematarlos, cederlos a organismos del Estado o destinarlos al sistema judicial.
Otra repercusión de la confirmación de la sentencia por parte de la Corte fue el respaldo institucional a los magistrados y fiscales que intervinieron en las distintas instancias durante más de una década. En total, la causa involucró la actuación de 16 jueces y fiscales. En términos políticos e institucionales, el fallo fue considerado un hito para el Poder Judicial por fuentes vinculadas al caso.
Este fallo emblemático corroboró que la maniobra investigada constituye un esquema estructural organizado durante doce años, con la obra pública monopolizada por empresarios ligados al Estado. Cristina Kirchner es la primera expresidenta en cumplir una condena firme confirmada por la Corte. A diferencia de casos anteriores, como el de Carlos Men
