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  • Ahora enfrenta una causa penal: Sancionaron con 55 días de arresto a exjefe de la Departamental Uruguay por un faltante de más de 6 millones de pesos

    Ahora enfrenta una causa penal: Sancionaron con 55 días de arresto a exjefe de la Departamental Uruguay por un faltante de más de 6 millones de pesos

    Ahora enfrenta una causa penal: Sancionaron con 55 días de arresto a exjefe de la Departamental Uruguay por un faltante de más de 6 millones de pesos

    El Gobierno de Entre Ríos oficializó una sanción disciplinaria contra comisario mayor entrerriano por irregularidades en el manejo de dinero del Casino de Oficiales y el Círculo Policial. La investigación penal por presunto peculado continúa.

    El Gobierno de Entre Ríos oficializó una sanción disciplinaria contra el comisario mayor Ramón Alejandro Albornoz, quien se desempeñó como jefe departamental Uruguay, en el marco del sumario administrativo iniciado tras la denuncia por un millonario faltante de dinero en el Casino de Oficiales y el Círculo Policial de esa dependencia.

    La medida quedó establecida mediante el decreto Nº 1905, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. A través de esa norma, el gobernador Rogelio Frigerio le impuso 55 días de arresto, al considerar acreditadas graves irregularidades en el manejo de fondos pertenecientes a la institución policial.
    El expediente administrativo se inició luego de que, el 9 de junio de 2024, trascendiera la existencia de un presunto faltante de 40 millones de pesos en la División Logística de la Jefatura Departamental Uruguay y de 6 millones de pesos correspondientes al Círculo Policial.
    Auditoría y faltante de fondos
    Tras conocerse la denuncia, la Dirección General de Asuntos Internos realizó actuaciones preliminares y posteriormente ordenó la instrucción de un sumario administrativo. Según el decreto, una auditoría interna relevó documentación contable, balances, conciliaciones bancarias y libros de caja de la División Logística.
    Durante la investigación también intervino la comisaria inspectora Etelvina Raquel Piccini, quien asumió posteriormente la presidencia del Círculo Policial y la Subjefatura Departamental Uruguay. Al tomar posesión formal de la administración del Casino de Oficiales dejó asentado en un acta que existía un faltante de 6.391.411,14 pesos.

    La funcionaria comunicó esa situación mediante una nota dirigida a Albornoz para que regularizara la situación contable.
    Los fundamentos de la sanción
    En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la conducta del exjefe departamental vulneró «de manera insoslayable las obligaciones y deberes propios a su antigüedad, jerarquía y cargo policial», al tratarse de la máxima autoridad de la Departamental Uruguay.

    Además, señaló que Albornoz «no guardó la actitud de compromiso profesional que le es exigible» y concluyó que dispuso de parte del dinero proveniente de los descuentos mensuales efectuados a los efectivos policiales asociados al Círculo Policial.
    El decreto precisó que el faltante ascendió a 6.391.411,14 pesos, lo que ocasionó «un grave perjuicio al acervo societario».
    También fue sancionada la subjefa
    La investigación administrativa también alcanzó a la comisaria inspectora Etelvina Piccini. Según el Gobierno, aunque asumió formalmente la presidencia del Círculo Policial el 8 de mayo de 2024 y constató el faltante de dinero, dejó transcurrir casi un mes antes de intimar a Albornoz para regularizar la situación.
    El decreto cuestionó ese accionar al sostener que existió «un injustificado transcurso temporal» y remarcó que la funcionaria no informó oportunamente los hechos a sus superiores ni dio intervención a la Justicia pese a la posible comisión de un delito.
    Por esa conducta, Piccini ya había sido sancionada con 25 días de arresto mediante resoluciones internas que quedaron firmes en enero de este año.
    La causa penal continúa
    Mientras avanzaba el sumario administrativo, el Ministerio Público Fiscal informó que Ramón Albornoz fue citado a declarar en calidad de imputado por el presunto delito de peculado.
    En paralelo, dos pericias contables incorporadas al expediente detectaron numerosas irregularidades en los registros de movimientos de dinero. Sin embargo, los peritos señalaron que la desorganización administrativa existente durante las distintas gestiones impidió emitir un dictamen concluyente sobre la totalidad de las operaciones financieras. Fuente ONCE

  • Trabajadores de GTA empezaron a cobrar un subsidio de 200 mil pesos – El Miércoles Digital

    Trabajadores de GTA empezaron a cobrar un subsidio de 200 mil pesos – El Miércoles Digital

    Trabajadores de GTA empezaron a cobrar un subsidio de 200 mil pesos – El Miércoles Digital

    Los primeros 42 trabajadores del frigorífico Tres Arroyos de Concepción del Uruguay comenzaron a cobrar el subsidio provincial de 200 mil pesos, luego de que la acreditación se concretara el pasado viernes. La asistencia económica forma parte de las medidas impulsadas para acompañar a los empleados afectados por la crisis que atraviesa la empresa y continuará en las próximas semanas.
    Desde el Sindicato de la Alimentación informaron que el proceso de acreditación seguirá de manera gradual, con un ritmo estimado de entre 60 y 100 beneficios por semana, hasta alcanzar a la totalidad de los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.
    La organización gremial también señaló que en los próximos días realizará un relevamiento para identificar a los empleados que todavía no completaron la documentación necesaria para acceder al subsidio, con el objetivo de avanzar en la regularización de esos trámites, confirmó Babel Digital.
    En paralelo, el sindicato indicó que mantiene las gestiones para garantizar la provisión de medicamentos recetados y la entrega de módulos alimentarios a los trabajadores. Además, continúa reclamando a la dirección de la empresa la presentación de un plan de pago por los salarios adeudados, en el marco del conflicto que afecta al frigorífico, publicó Apf Digital.

     
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  • Actualización: los senadores nacionales cobrarán 12 millones de pesos desde agosto – El Miércoles Digital

    Actualización: los senadores nacionales cobrarán 12 millones de pesos desde agosto – El Miércoles Digital

    Actualización: los senadores nacionales cobrarán 12 millones de pesos desde agosto – El Miércoles Digital

    Desde agosto, los senadores nacionales cobrarán casi 12 millones de pesos en bruto gracias al acuerdo paritario que los gremios legislativos acordaron con la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, y Martín Menem, presidente de Diputados.
    Según el diario Clarín, es un incremento acumulativo del 6,7% que alcanza a las dietas de los senadores por la “ley de enganche” votada a mano alzada en abril de 2024. Este aumento será aplicado en tres etapas: un retroactivo de 2,4% que corresponde al mes de junio; más un 2,2% de julio; y un 1,9% finalmente en agosto.
    Los senadores recibirán el incremento a menos que renuncien a él o, como hicieron en 2025 los legisladores del PRO, la Libertad Avanza, la UCR y determinados bloques provinciales, donen ese aumento.
    Los legisladores habían logrado, a comienzos del periodo ordinario, un aumento del 12,5% que les permitió cobrar más de 11 millones de pesos en bruto (sin tener en cuenta los descuentos que se les aplican por Ganancias), consignó el portal de Perfil.
    Gracias a este nuevo acuerdo, alcanzarán un 19% de aumento acumulativo en el mes de agosto. Esto les permitiría estar varios puntos por arriba de la inflación proyectada, algo que pocos gremios han conseguido en el primer semestre de este 2026.
    Cómo cobran los senadores y qué sucede con los diputados
    Los trabajadores legislativos cobran según la cantidad de módulos; en el caso de los senadores, son 2500 módulos por dieta, 1.000 por representación y 500 por desarraigo.
    En Diputados no se aplica la ley de enganche, por ese motivo, las dietas de sus legisladores no aumentan cada vez que se firma una nueva paritaria y los incrementos los define directamente Martín Menem.
    En la actualidad, los diputados cobran poco más de 6 millones de pesos en bruto, y le quedan en mano, hechos los descuentos correspondientes, casi 4 millones de pesos.

     
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  • Obtuvieron un crédito de 540 millones de pesos para las viviendas – El Miércoles Digital

    Obtuvieron un crédito de 540 millones de pesos para las viviendas – El Miércoles Digital

    Obtuvieron un crédito de 540 millones de pesos para las viviendas – El Miércoles Digital

    El proyecto prevé la edificación de 36 dúplex y tres espacios colectivos, en el primer emprendimiento de este tipo en la ciudad. El Concejo aprobó la exención del Derecho de Edificación. Las familias devolverán el préstamo con cuotas equivalentes a un alquiler, unos $450.000 mensuales.
     
    En el barrio Liceo Norte de la capital santafesina, 36 familias comenzarán a construir su propia vivienda. La Cooperativa de Trabajo Alba Iberá Ltda., perteneciente al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), impulsa el primer proyecto de viviendas autogestionarias de la ciudad, un hito que desafía la lógica tradicional del mercado inmobiliario.
    “Nosotros también tenemos derecho a la ciudad”, sentencia el presidente de la Cooperativa, Ariel Falcón, al explicar el espíritu del emprendimiento. “¿Por qué siempre tengo que hacer mi vivienda a un costado, en terraplenes o reservorios? Yo también puedo estar acá, donde mi hija tenga una plaza a dos cuadras, donde haya un centro de salud”.
    El proyecto prevé la construcción de 36 viviendas dúplex y tres espacios colectivos en tierras estatales aportadas por el Municipio. El financiamiento llega a través de un crédito hipotecario de más de $540 millones otorgado por el gobierno provincial, que las familias devolverán en cuotas equivalentes a lo que pagan de alquiler, unos $450.000 mensuales.
    El camino hacia la concreción fue largo. Paz Coniglio, del MOI, relata: “Costó mucho que el Estado se abriera a una experiencia de vivienda autogestionaria. Nos costó muchos años y diferentes gestiones. En 2023 logramos una ordenanza de donación de 17 lotes de tierras estatales en Liceo Norte”. El mes pasado, el Concejo aprobó la exención del pago del Derecho de Edificación y autorizó la ejecución del proyecto.
    “Los planes de vivienda siempre están en los costados. El Estado te arrincona, te lleva a los márgenes y la ciudad se la quedan ellos”, critica Falcón, quien advierte que “la gente se conforma con muy poco”. Para la cooperativa, la vivienda no es un objeto aislado: “Construir viviendas no es producir un objeto, porque en ese objeto hay relaciones, hay ciudad, hay derechos”, explica Coniglio.
    Otro integrante de la Cooperativa, Daniel Deffes, relata su historia de vida: “Nací, crecí y viví toda mi vida en la villa. Nunca tuve casa propia. Vivíamos cinco en una casa 4×4. Eso no es una forma de vivir. La vivienda propia es también el derecho a la belleza de la vivienda”. Leticia Molina, integrante de la cooperativa, cuenta que “siempre me anoté en los planes de vivienda, siempre trabajé, siempre tuve ingresos y nunca salí sorteada”.
    La primera etapa del proyecto incluye cuatro viviendas y un salón para la cooperativa de trabajo, en un plazo de 14 meses a partir de que baje el financiamiento. Sin embargo, el marco legal sigue siendo un obstáculo. “El Estado debería facilitar más las cosas”, considera Molina. “Te dan lo que vas pidiendo, pero no hay un acompañamiento. Siempre estamos pidiendo, llamando, peleándola”.
    Fuente: Periódico Pausa./El Portal de las Cooperativas

     
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  • Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    La abogada de la ANSES informó al juzgado que, a partir del 1 de agosto, se reanudará el pago de la pensión asignada a Cristina Kirchner como ex Jefa de Estado, condenada por corrupción. Según el documento, al que accedió Clarín, el haber mensual bruto ascenderá a 15.683.154,06 pesos, de los cuales se descontarán las cargas legales correspondientes, como obra social e impuesto a las ganancias, cuando aplique. No obstante, el Gobierno aplicará dos descuentos adicionales.

    Cristina Kirchner cumple la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Además, enfrenta un pedido de decomiso por 685.000 millones de pesos en el marco del caso Vialidad.
    Tras judicializar la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspenderle la pensión por su condición de condenada por corrupción, Cristina Kirchner obtuvo una medida cautelar favorable que obligó a la ANSES a restituirle su pensión de más de 15,6 millones de pesos. Para referencia, en julio de este año, la jubilación mínima pagada por el organismo es de 411.898 pesos.
    Desde la Casa Rosada sostienen que a la ex presidenta “no le corresponde la percepción de la pensión de privilegio” al estar condenada por corrupción, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, ante la orden judicial, la ANSES aclaró que “está a derecho” y cumplirá con activar el beneficio para que Cristina Kirchner vuelva a cobrar a partir del 1 de agosto.
    En la nota enviada al juzgado, el organismo previsional precisó que, pese a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, dará cumplimiento a la medida cautelar y en agosto de 2026 restablecerá el beneficio que había sido dado de baja a finales de 2024, tras la confirmación de la condena por la Cámara de Casación.
    El restablecimiento de la pensión incluirá un descuento del 20% sobre el haber mensual, destinado a recuperar los fondos percibidos indebidamente durante la suspensión del beneficio. Además, el Gobierno decidió dos medidas adicionales: primero, la exclusión del pago del adicional por zona austral, dado que Cristina Kirchner cumple la condena en su domicilio porteño y no en dicha región. Segundo, se aplicará un descuento mensual de 3.136.630,81 pesos hasta alcanzar un total de 660.052.338,87 pesos correspondientes a montos pagados de forma indebida durante años.
    Según Clarín, desde finales de 2024, cuando ANSES retiró la pensión de privilegio tras la confirmación judicial de la condena, Cristina Kirchner podría haber accedido a la jubilación mínima, aunque nunca la solicitó.
    **A la espera de la Corte**
    El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ANSES, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema el 6 de mayo pasado, manifestando que agotará todas las instancias judiciales para impedir que la ex presidenta perciba estos beneficios, dado que está condenada por delitos contra la Administración Pública.
    Desde ANSES consideran que existen múltiples fundamentos legales para que la Corte confirme que Cristina Kirchner no debe ser beneficiada con un régimen especial de privilegio. Insisten en que resulta inaceptable que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama también una jubilación honorífica excepcional.
    La controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando el gobierno de Milei suspendió la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner luego de que la justicia ratificara su condena por corrupción. El monto que dejó de percibir en ese momento superaba los 21 millones de pesos mensuales.
    Esta situación desencadenó una batalla legal entre la ex presidenta y la ANSES por la recuperación del beneficio que, según la ley 24.018, se otorga de manera excepcional como reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño durante el ejercicio del cargo.

  • Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    ¿Cuánto dinero deben devolver los condenados en el caso Vialidad? La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó un monto de 685.000 millones de pesos, pero un cálculo extraoficial realizado por el fiscal Diego Luciani eleva esa cifra a 897.851.557.131 pesos. Este aumento responde a una consideración clave: para el Ministerio Público Fiscal, el primer valor se estableció hace un año y debe actualizarse. Por eso, como informó Clarín, se solicitará la actualización del monto fijado como decomiso que Cristina Kirchner y los demás condenados deben afrontar con su patrimonio.

    En junio del año pasado, cuando se confirmó la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, solicitó al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que estableciera el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación al concluir el juicio en 2022 era de 85.000 millones de pesos.
    Así, se determinó que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015, mediante 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez a través de mecanismos irregulares como direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.
    Las defensas impugnaron el mecanismo técnico utilizado para establecer esa cifra, y fue la Corte Suprema la que resolvió el debate hace pocos días: al rechazar las apelaciones, ratificó el monto del decomiso.
    Sin embargo, la fiscalía de Luciani volvió a analizar los valores. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso Clarín, existe un nuevo cálculo extraoficial. Desde la última actualización, realizada en julio de 2023 y fijada en 685.000 millones de pesos, a la fecha se registra una pérdida real de 212.861.206.992 pesos, lo que representa un incremento del 31,08%, es decir, un aumento promedio mensual del 1,49% (34,34% anualizado).
    Este cálculo se efectuó con la misma metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema y que fue avalada recientemente. Por lo tanto, para el Ministerio Público Fiscal ahora correspondería reclamar 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se evalúa solicitar su actualización. Cuantas más dilaciones interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, mayor será el monto del decomiso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
    Será responsabilidad del TOF 2 ordenar, si lo considera pertinente, la actualización una vez que el fiscal Luciani formule el pedido formal.
    El decomiso es la herramienta que tiene el Poder Judicial para recuperar el producto del delito, es decir, para que los condenados restituya lo que se robaron y que pertenecía a las arcas del Estado.
    En presentaciones anteriores, el fiscal Luciani exigió una pronta ejecución patrimonial, ya que Cristina Kirchner y los demás acusados nunca depositaron voluntariamente el monto fijado por el TOF 2. Además, “han recurrido a todo tipo de maniobras procesales, declaradas inadmisibles en reiteradas ocasiones por el tribunal responsable de la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.
    Como consecuencia de esos recursos, Luciani sostiene que se “viene postergando la recuperación de activos que ordenó la sentencia judicial firme. Esta resistencia evidencia la total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
    A juicio del representante del Ministerio Público, “muchos de los condenados cuentan con fortunas de una opulencia irrazonable y desproporcionada como para, por lo menos, iniciar el complicado proceso de recuperación de los activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante doce años”.
    El primer pedido de decomiso, confirmado por la Cámara de Casación, incluye 111 bienes muebles e inmuebles: 20 pertenecientes a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez y el resto repartido entre empresas y demás acusados. Será la Corte Suprema la que defina si la orden de ejecución de bienes emitida en noviembre pasado por el TOF 2 es válida, al resolver la queja presentada por la ex presidenta y los otros condenados.
    Si el máximo tribunal rechaza esos reclamos, asumirá la titularidad de los bienes decomisados en su calidad de cabeza del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deberán determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en este primer conjunto solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Aquellos bienes que no sean funcionales a la tarea judicial podrán ser cedidos a organismos públicos o rematados.
    ### Tres etapas de decomisos
    El TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, presentada en febrero de 2024 por el fiscal Luciani.
    Esta segunda tanda consta de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.
    Junto a un exhaustivo inventario de propiedades, el Ministerio Público también reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Galicia y 53.280,24 pesos.
    La medida que solicitan los fiscales

  • Millonaria estafa ganadera: la Policía recuperó en Córdoba hacienda valuada en 150 millones de pesos

    Millonaria estafa ganadera: la Policía recuperó en Córdoba hacienda valuada en 150 millones de pesos

    Millonaria estafa ganadera: la Policía recuperó en Córdoba hacienda valuada en 150 millones de pesos

    Un megaoperativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de Entre Ríos y la provincia vecina permitió localizar la totalidad de los animales bovinos robados. Los procedimientos se realizaron en establecimientos rurales de Leones y Saira.

    Una exhaustiva investigación que demandó una permanente coordinación interprovincial culminó con el recupero total de un importante rodeo de hacienda bovina que había sido sustraído mediante una millonaria maniobra fraudulenta. El perjuicio económico para la víctima rondaba los 150 millones de pesos.
    La causa, caratulada inicialmente como supuesto delito de estafa, comenzó a investigarse en el Departamento Villaguay tras denunciarse que los animales habían sido trasladados hacia la provincia de Córdoba utilizando documentación de transporte adulterada o mal habida.
    A partir de allí, personal de las Divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay, junto a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y la Brigada Abigeato local, iniciaron un minucioso trabajo de análisis en articulación con la Dirección General de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba.
    Los operativos en suelo cordobés
    El cruce de datos e información de inteligencia permitió rastrear los movimientos de la hacienda y localizar los campos donde habían sido distribuidos los animales:

    Primer procedimiento (Leones, Córdoba): En un establecimiento rural de esta localidad se logró la primera localización y el secuestro de 19 vacas y 34 terneros.

    Segundo procedimiento (Saira, Departamento Marcos Juárez): En continuidad con las tareas y bajo un exhorto judicial librado por el Juzgado de Garantías de Villaguay, este viernes se allanó otro campo. Allí los uniformados hallaron y secuestraron las 47 vacas restantes que faltaban para completar el lote, además de incautar un teléfono celular clave para los peritajes.

    Causa abierta
    Con el último operativo se dio por recuperado el 100% de los rodeos involucrados en la estafa, un resultado calificado como «altamente exitoso» por las autoridades policiales para salvaguardar el patrimonio del productor afectado.
    Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron el profesionalismo y la coordinación de las brigadas entrerrianas y cordobesas. En tanto, la investigación judicial continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para determinar las responsabilidades penales de los autores de la maniobra.

  • Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Un juez federal reclama el pago por una “silla vacía”. El camarista de Mar del Plata, Alejandro Tazza, inició una causa judicial para exigir una remuneración por la “sobrecarga de tareas generada” a raíz de una vacante existente en su tribunal. El monto reclamado asciende a 138 millones de pesos. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el pedido, pero un juez le dio la razón y ordenó que se le abone lo solicitado.

    El caso generó controversia en los tribunales sobre cómo deben considerarse las suplencias realizadas por los jueces ante la elevada cantidad de vacantes en el Poder Judicial, que alcanzan casi un 40%, y que desde hace un mes comenzaron a ser cubiertas por el gobierno de Javier Milei.
    La situación se desarrolla en la Cámara Federal de Mar del Plata, compuesta por dos jueces: Tazza, en funciones desde 1993, y Eduardo Jiménez. El tercer integrante era Jorge Ferro, quien renunció en 2018 tras ser acusado de proteger prostíbulos. Desde entonces, la Cámara funciona con solo dos magistrados.
    Un tribunal puede operar con dos miembros; para emitir resoluciones deben coincidir y, en caso de disidencia, se convoca a un tercer integrante para desempatar. Sin embargo, en esta cámara decidieron que Tazza y Jiménez ocuparan también el lugar de Ferro. Consideraron que los avalaba la ley de subrogancias, y desde 2018 cobraron por ese concepto con la aprobación previa del Consejo de la Magistratura, que supervisa la administración judicial, y de otros magistrados.
    En 2021, el Consejo modificó su criterio y rechazó las liquidaciones que Tazza pidió para el pago de la subrogancia correspondiente a 16 meses hasta mediados de 2024. Según el cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, el monto adeudado asciende a 138.697.670,57 pesos.
    En octubre del año pasado, el plenario del Consejo desestimó por mayoría las solicitudes de pago correspondientes a los períodos de febrero y agosto de 2022, que suman casi 10 millones de pesos. El resto del reclamo corresponde a períodos aún no resueltos.
    El Consejo argumenta que una subrogancia “únicamente puede realizarse con un magistrado o conjuez que no forme parte del tribunal que se pretende completar”. Considera que, de lo contrario, se estaría abonando dos veces por la misma función y que no existe sobrecarga laboral, ya que Tazza examina y resuelve las causas de la vocalía vacante, lo cual forma parte de las tareas propias de un juez.
    Frente a este criterio, Tazza inició un proceso judicial para impugnar el cambio en la interpretación del Consejo. El juez federal sostiene que la ausencia de un tercer integrante en la Cámara genera un “recargo de tareas” y una sobrecarga que excede las funciones habituales y debe ser remunerada.
    El magistrado explica que la ley de subrogancias establece que, ante la ausencia de un integrante, se debe cubrir ese lugar con otro juez del mismo tribunal, como se ha hecho. Sin embargo, el Consejo sostiene que debe intervenir un juez de otra sala del propio tribunal, situación inviable en Mar del Plata, ya que la Cámara cuenta con una única sala.
    En su presentación, Tazza afirmó: “El verdadero enriquecido ha sido el Estado, que ha ahorrado indebidamente un salario completo durante más de siete años al no cubrir la vacante y ahora ni siquiera abonando la remuneración correspondiente que la norma expresamente determina al magistrado que desempeñó simultáneamente funciones en un cargo de igual jerarquía”.
    El reclamo de Tazza fue aceptado. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico ordenó al Consejo que le abone los dos meses de 2022 que habían sido rechazados.
    Lavié Pico sostuvo: “El magistrado no pretende un pago extra, como afirma la parte demandada, de manera arbitraria; más bien, la pretensión está íntimamente relacionada con la sobrecarga de trabajo que implica tener a su cargo dos vocalías en lugar de una, situación agravada por el hecho de que la vocalía en cuestión se encuentra vacante desde hace ocho años”.
    El juez añadió: “El magistrado realizó tareas y asumió responsabilidades adicionales a otro cargo semejante, por lo que resulta justo y necesario el reconocimiento de una compensación —prevista por la norma— ante el incremento en el cúmulo de tareas que tiene a su cargo”.
    En otro tramo del fallo, al que tuvo acceso Clarín, Lavié Pico rechazó el argumento del Consejo de que ello implicaría pagar dos veces por una misma función: “Dicho argumento resulta injusto y poco razonable, ya que, aplicando la lógica contraria, podría sostenerse válidamente que no sería concebible pagar una única remuneración por una tarea que deberían realizar dos magistrados en lugar de uno”.
    La resolución también destaca que un reclamo similar fue pagado al juez por el período 2018-2021 y que el sueldo tiene carácter alimentario. El fallo es de primera instancia y el Consejo de la Magistratura apelará para que sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

  • La provincia invierte más de 24.000 millones de pesos en mejora de caminos y maquinaria vial

    La provincia invierte más de 24.000 millones de pesos en mejora de caminos y maquinaria vial

    La provincia invierte más de 24.000 millones de pesos en mejora de caminos y maquinaria vial

    Vialidad provincial continúa con el desarrollo del programa de mejora de caminos rurales en distintos puntos de Entre Ríos, con obras que favorecen la producción, garantizan el acceso a servicios esenciales y facilitan la conectividad. Estos trabajos, suman a la histórica inversión en maquinaria vial para reforzar la capacidad operativa, demandan 24.000 millones de pesos provenientes del tesoro provincial.

    Con una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, financiada con recursos provenientes del impuesto Inmobiliario Rural, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta obras de recuperación y mejorado de caminos productivos y de uso social, además de la construcción de obras de arte y la provisión y transporte de material.
    Las tareas se desarrollan a través de las 20 zonales distribuidas en la provincia, con el apoyo de dos canteras propias. Asimismo, se ejecutan trabajos mediante consorcios camineros y convenios con municipios y comunas, alcanzando la atención de más de 3.500 kilómetros de caminos secundarios y terciarios.
    Asimismo, por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, se impulsa una inversión histórica en equipamiento vial que supera los 12.000 millones de pesos, y en la que se adquirirán:

    20 acoplados tanque para combustible.
    18 motoniveladoras.
    5 acoplados carretones de tres ejes.
    4 camiones con caja volcadora tri-vuelco.
    4 acoplados volcadores de tres ejes.
    2 camiones regadores.
    1 pala cargadora.
    1 tractor retroexcavador.
    1 semirremolque.

    Cabe señalar que, a principio de mayo, se presentaron 14 propuestas por un monto superior a los 3.000 millones de pesos, para la compra de:

    3 motoniveladoras
    3 rodillos
    3 camiones (con tanque regador)
    2 excavadoras
    6 estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible. Más insumos para señalamiento vial.
    Puentes, alcantarillas, calzadas

    Entre Ríos posee más de 7.000 cursos de agua distribuidos en su territorio. Por eso, la construcción de puentes, alcantarillas y calzadas sumergibles resulta fundamental para garantizar la transitabilidad permanente y sostener la producción, la educación, la salud y la seguridad en las zonas rurales.
    Actualmente se ejecutan cuatro alcantarillas en Crucesita Séptima, departamento Nogoyá, sobre los arroyos Las Piedras, Taperas y De la Aguada; además de otra intervención en el tramo ruta provincial 33 – Comisaría Urquiza. Paralelamente, otras 40 obras de arte se encuentran en distintas instancias administrativas para su ejecución.
    Por otra parte, se prevé continuar con la segunda etapa del programa de provisión y transporte, dividido en seis regiones. De ellas, las regiones 1, 2, 4 y 6 se encuentran en proceso de adjudicación, mientras que las regiones 3 y 5 transitan la etapa licitatoria. En total, se prevé utilizar más de 55.535 m³ de brosa y 59.561 m³ de ripio para mejorar caminos productivos y accesos a establecimientos educativos, centros de salud, comisarías y otros servicios esenciales.
    Estas intervenciones forman parte de una estrategia integral destinada a recuperar la red vial secundaria y terciaria, optimizar la salida de la producción y garantizar mejores condiciones de acceso para estudiantes, docentes, trabajadores rurales y vecinos de toda la provincia.

  • Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Fernando Sebastián Vázquez (45), conocido como «Narigón», fue detenido tras estar prófugo y con una recompensa de 30 millones de pesos por su captura. Vázquez es un sicario buscado por el crimen de Andrés «Pillín» Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, quien sobrevivió a 29 intentos de asesinato y fue asesinado a tiros en noviembre de 2024.

    La detención de Vázquez se registró en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. Sobre él pesaba un pedido de captura por homicidio y se lo vincula como uno de los sicarios del Lisandro «Limón» Contreras, líder de la llamada Banda de los Menores, detenido en diciembre de 2024, poco después del asesinato de Bracamonte.
    Vázquez integraba la lista de los siete prófugos más buscados de Santa Fe, encabezada por Matías Gazzani, capo narco de Los Menores, por quien ofrecen 70 millones de pesos.
    Esta captura representa la tercera detención de destacados delincuentes en los últimos ocho días en la región. En la última semana también fueron arrestados Andrés Raúl «Plin» Acosta, exjefe de la barra de Central aliado a Los Menores, sorprendido en un boliche de San Telmo, y Samuel Elías Reyes, detenido en Córdoba, acusado de un ataque en el que falleció Zamir Torres, un niño de 4 años.
    Por otra parte, Alejandro Vázquez, hermano de Fernando, fue detenido poco después del crimen de Bracamonte. Estaba bajo investigación por narcotráfico y señalado como uno de los ejecutores del homicidio.
    El asesinato de Andrés «Pillín» Bracamonte (53) y de su acompañante Raúl «Rana» Attardo (55) ocurrió la noche del 9 de noviembre, a pocas cuadras del estadio de Rosario Central. Ambos se desplazaban en una camioneta Chevrolet S10 tras un partido contra San Lorenzo cuando fueron emboscados en Boulevard Avellaneda Bis. Recibieron cinco disparos cada uno a corta distancia y fallecieron poco después en el Hospital Centenario.
    Según la investigación fiscal, el ataque fue perpetrado por al menos dos personas a pie, que dispararon al interior del vehículo aprovechando la poca iluminación por falta de alumbrado público. Testigos indicaron la ausencia policial en la zona y relataron que uno de los atacantes introdujo el brazo por la ventanilla para disparar.
    Desde el inicio, la fiscalía analiza el doble crimen como parte de una escalada de violencia vinculada al control de la barra y disputas territoriales, relacionándola con el asesinato previo de Samuel «Gordo Samu» Medina, vinculado a la banda criminal Los Monos.