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  • Marcha de la Bronca en Paraná: reclamaron contra el ajuste y pidieron una huelga general – Arriba Noticias

    Marcha de la Bronca en Paraná: reclamaron contra el ajuste y pidieron una huelga general – Arriba Noticias

    Marcha de la Bronca en Paraná: reclamaron contra el ajuste y pidieron una huelga general – Arriba Noticias

    La Marcha de la Bronca en Paraná reunió a trabajadores, jubilados, integrantes de organizaciones sociales y vecinos que se movilizaron durante la mañana de este sábado desde la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno. La columna recorrió calles del centro para expresar reclamos por los ingresos, las tarifas y las políticas de los gobiernos nacional y provincial. Durante el trayecto, participantes hablaron con Elonce y plantearon la necesidad de continuar las protestas y convocar a una huelga general.
    La movilización comenzó alrededor de las 11 y avanzó por la peatonal San Martín y las calles 25 de Junio y Santa Fe. Cerca del mediodía, la columna se aproximó a Casa de Gobierno, donde estaba previsto el cierre del recorrido. La convocatoria se presentó como parte de una jornada de protestas en distintos puntos del país.
    Una de las manifestantes sostuvo que la marcha expresaba «el hartazgo y de la bronca» por las medidas del presidente Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio. “La gente no tiene plata para pagar el alquiler, la luz, el gas o para comer”, afirmó a Elonce la secretaria General de SITRADU-Alternativa Universitaria, Sofía Cáceres Sforza.
    “Este gobierno no vino a terminar ni con la casta ni con los privilegios, porque les saltan causas de corrupción todo el tiempo, sino que por el contrario vino es hacernos pagar a los trabajadores, al pueblo, la deuda y la crisis de los ricos”, cuestionó.
    Así también, la militante del MST- Nueva Izquierda, Nadia Burgos, reclamó una respuesta de las centrales sindicales: “Tenemos que enfrentar a Milei ahora. Es en las calles, es con la huelga general”, señaló.
    «Nos organizamos desde abajo para enfrentar a Milei ahora porque hay 2026. Tenemos que enfrentarlo en las calles, con la huelga general», agregó.
    Reclamos de vecinos y organizaciones
    Los testimonios recogidos durante la marcha mostraron demandas de distintos sectores. Una representante de una Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná afirmó que los merenderos atravesaban dificultades para sostener la asistencia alimentaria. “No hay comida en los merenderos”, expresó María Luz Piérola, y pidió que las organizaciones y los vecinos se unieran para reclamar cambios en las políticas sociales. «Si no nos unimos y no avanzamos en decirle basta a este modelo nefasto, tenemos que construir otra Argentina, otra Latinoamérica que pueda ser realmente patria liberada», apuntó.
    Marcha de la Bronca en Paraná: testimonios en la manifestaciónOtra mujer contó que se había sumado como vecina autoconvocada. Dijo que participaba por sus preocupaciones sobre la situación del país y mencionó reclamos vinculados con la soberanía, la justicia y los derechos. A su vez, otro manifestante planteó que las protestas sectoriales debían confluir para impulsar una huelga general.
    “Esta marcha, que tiene representantes de todos los sectores, pretende reunir la fuerza para poder llegar a una huelga general que realmente sea considerada y tenida en cuenta, por las condiciones críticas que está pasando la población”, sostuvo.
    También participaron jubiladas, que hablaron sobre el monto de sus haberes y el costo de los servicios. “Los jubilados tenemos que estar porque nuestros sueldos están muy bajos”, sostuvo una de ellas. Otra mencionó los gastos de luz, gas y transporte como parte de las dificultades que, según relató, enfrentaban cada mes.
     
    Ambiente, diversidad y cultura
    Un grupo que se sumó a la movilización cuestionó un fallo judicial vinculado con las fumigaciones en Colonia Ensayo. Una de sus integrantes explicó que continuaban con sus reclamos y que habían decidido participar de la marcha para acompañar otras demandas. “Creemos que hay que apostar a la unidad de la lucha”, manifestó.
    Integrantes de organizaciones de la diversidad también expusieron sus preocupaciones por la discriminación y las condiciones laborales. En tanto, una participante de un espacio cultural barrial contó que realizaban actividades para reunir fondos y mantener sus propuestas. “Se necesita más apoyo”, afirmó, y pidió políticas culturales destinadas a los barrios y las familias.
    La columna completó su recorrido frente a Casa de Gobierno después de reunir esos reclamos en una misma movilización. Entre quienes hablaron con Elonce hubo distintas opiniones sobre las medidas necesarias, aunque varios coincidieron en el pedido de sostener la organización y ampliar las convocatorias.

  • Urribarri y Báez pidieron prisión domiciliaria antes de que el Tribunal ordene sus detenciones – El Miércoles Digital

    Urribarri y Báez pidieron prisión domiciliaria antes de que el Tribunal ordene sus detenciones – El Miércoles Digital

    Las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y de su exministro Pedro Báez se presentaron ante el Tribunal de Juicio de Paraná, apenas conocido el fallo de la Corte Suprema, para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena y cumplirla en sus casas.
    Urribarri invoca un trastorno de estrés postraumático; Báez, un cuadro digestivo severo. El psiquiatra que certifica al exgobernador dejó el Poder Judicial en 2023 en medio de un sumario administrativo, según pudo determinar ANALISIS.
    Las defensas de Sergio Urribarri y de Pedro Báez se adelantaron a la orden de detención esta mañana. Antes de que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná reciba el expediente de la Corte Suprema, que el jueves 3 de septiembre dejó firmes las condenas de la Megacausa, los abogados Leopoldo Cappa (por el exmandatario) y José Velázquez y Ignacio Díaz (por el exministro y exdiputado provincial) presentaron escritos donde solicitaron se suspenda la ejecución de la pena y reclaman cumplirla en prisión domiciliaria. Los dos planteos, a los que accedió ANÁLISIS, se apoyan en razones de salud, en el hacinamiento de la Unidad Penal 1 y en el párrafo del voto de Ricardo Lorenzetti que aclara que el rechazo por el artículo 280 no implica confirmar el acierto de la sentencia.
    Ninguno de los dos alcanza los 70 años que la ley 24.660 fija para la domiciliaria: Urribarri cumple 68 el 7 de octubre y Báez tiene 64. Por eso ambos fueron por el inciso de la enfermedad incompatible con el encierro y, en el caso de Báez, por la Convención Interamericana sobre Personas Mayores, que rige desde los 60 años y que, según admite el propio escrito, no vuelve automático el beneficio.
    El pedido del exgobernador lleva la firma de Leopoldo César Cappa, sin la de Javier Baños, con quien compartió la defensa en la Corte tras la renuncia de Fernando Burlando en octubre de 2025. Cappa admite que se presenta sin haber sido notificado y antes de que el Tribunal reciba el expediente principal, para que resuelva cuando asuma la competencia. Ofrece como lugar de cumplimiento la casa de calle Néstor Garat 291 de Concordia, donde Urribarri vive con su esposa, Ana Lía Aguilera.
    El fundamento central es un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización. Según el escrito, la primera consulta fue el 18 de diciembre de 2025, ya en libertad y con el recurso en trámite en la Corte, y el tratamiento continúa con el psiquiatra Julio Horacio Curotto, matrícula 8999, a base de sertralina, clonazepam y armodafinilo. Cappa agrega que el jueves, al conocerse el fallo, Urribarri fue atendido de urgencia por un episodio depresivo mayor grave y se le reforzó la medicación antipsicótica y antidepresiva. El diagnóstico no figura en ninguna presentación anterior de la defensa y el escrito no menciona los problemas cardíacos que trascendieron en las últimas horas.
    El segundo argumento también es nuevo respecto de noviembre de 2024, cuando Urribarri pasó 50 días en la UP1: Cappa sostiene que la condición de dos veces gobernador lo convierte en una persona de alto riesgo dentro de una cárcel superpoblada, y pide que el Servicio Penitenciario informe si puede garantizar su integridad sin aislarlo. Ofrece a Curotto como perito de parte, pide en subsidio una pericia del Cuerpo Médico Forense y reserva el caso federal.
    Báez: seis kilos menos y prisión nocturna
    Los defensores de Báez, José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz, repitieron el planteo que les dio resultado en la feria de enero de 2025, cuando el Superior Tribunal de Justicia le concedió la domiciliaria con tobillera en su casa quinta de calle Jozami 2135. Pidieron que ese régimen continúe como forma de cumplir los seis años y seis meses, con fianza personal de su expareja, Sonia Riquelme, y de su hermano Fernando Báez, que es el único que reside en Paraná. El informe del doctor José Luis Cittadino describe diarrea crónica, una pérdida de seis kilos en dos meses, deshidratación, taquicardia y una úlcera perianal, sumadas a diabetes e hipotiroidismo; el cuadro digestivo arrastra desde 2008 y no tiene diagnóstico definitivo. El escrito exige que la Unidad Penal informe dónde lo alojaría, cuántos metros cuadrados y baños tiene el pabellón y qué protocolos aplica a adultos mayores.
    La novedad es el pedido subsidiario: si no hay domiciliaria plena, proponen un régimen de semidetención con prisión nocturna, por el cual Báez dormiría en la cárcel y pasaría el día en su casa para cumplir la dieta sin gluten y la medicación. La ley reserva esa alternativa a razones familiares, laborales o educativas; los abogados piden sumarle las razones humanitarias por una interpretación más favorable al condenado.
    El psiquiatra de Urribarri
    El único respaldo médico del planteo de Urribarri es la palabra de Curotto: firma el diagnóstico, prescribe la medicación, certifica la urgencia del jueves y es propuesto como perito. Hasta noviembre de 2023 fue titular del Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial en Concordia, la misma ciudad donde hoy atiende al exgobernador. Dejó el cargo en medio de un sumario administrativo, según el Acuerdo General 30/23 del Superior Tribunal de Justicia, firmado en Alcaraz el 7 de noviembre de 2023.
    El STJ le había abierto un sumario por haber ejercido en el ámbito privado mientras estaba de licencia por enfermedad de largo tratamiento, entre el 10 de mayo y el 13 de septiembre de 2022, conducta encuadrada en el Estatuto del Empleado Judicial y en el artículo 37 de la Constitución provincial sobre ética pública. Los testigos ratificaron la imputación y el farmacéutico Jorge Brignoli, del Departamento de Medicamentos de Salud Pública, aportó los talonarios de recetas de psicotrópicos firmados por Curotto en ese período, prueba que el Alto Cuerpo consideró suficiente. Por Resolución 575/23 se ordenó además otro sumario por abandono de trabajo.
    Con la causa abierta a prueba, Curotto renunció el 23 de agosto de 2023 a través de su defensor, Lisandro Rodríguez Signes, sin ofrecer pruebas. El STJ aceptó la renuncia, dispuso descontarle los días no trabajados, archivó el sumario y ordenó que los antecedentes, que a su juicio hablan por sí mismos de incumplimientos, quedaran en su legajo. Firmaron Susana Medina, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Miguel Giorgio, Martín Carbonell, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Soage.

     
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  • Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    La carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador francés, Romain Nadal, no logró cerrar la polémica generada por los comentarios racistas de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, hacia la Selección de Francia. Este lunes, un sector del radicalismo mendocino presentó un escrito solicitando el juicio político contra Casado, quien acompaña a Cornejo en el gobierno provincial.

    La controversia se desató tras un polémico tuit de la vicegobernadora, en el que calificó al seleccionado francés como un «equipo africano flojo de modales», luego de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial. A pesar de las críticas recibidas, Casado defendió sus dichos, argumentando que se trataba de «folklore futbolero».
    Las declaraciones de Casado motivaron el repudio del embajador francés en Argentina, quien afirmó que «el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina» y declaró a la vicegobernadora como persona no grata, lo que implica que no puede ingresar a la sede diplomática ni participar en actividades oficiales con autoridades francesas a menos que se retracte.
    Aunque representantes de Cornejo entregaron una carta al embajador desligándose de las declaraciones de Casado, el conflicto persiste. Por eso, 15 dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza presentaron ante la Cámara de Diputados provincial un pedido formal de juicio político contra la vicegobernadora.
    El escrito, al que tuvo acceso Clarín, señala que Casado incurrió en causales constitucionales como “mal desempeño de sus funciones” y “conducta impropia”. Además, los firmantes subrayan que la situación se agravó cuando Casado, lejos de rectificarse, criticó al diplomático por “no reconocer el sarcasmo” en sus declaraciones.
    Para fundamentar la denuncia, el texto hace referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y a la Ley Nacional 23.592, conocida como Ley Antidiscriminatoria de Argentina.
    Miguel Mathus Escorihuela, exsenador nacional y expresidente del Comité Provincial de la UCR, sostuvo en diálogo con este diario que «con toda razón la República Francesa lo tomó como un insulto por violar normas internacionales y la posición de nuestro país contra el racismo claramente delictivo». Asimismo, explicó que «el pedido de enjuiciamiento está a consideración de la Cámara legislativa conforme al artículo 109 de la Constitución de Mendoza», que establece las bases para el juicio político a funcionarios de alto rango.
    Por su parte, Juan Fernando Armagnague, exdiputado nacional por la UCR, criticó duramente a Casado: «Es una vergüenza. Estamos ante una cuestión institucional grave. Anda suelta y buscando su espacio». Además, diferenció al grupo de radicales firmantes del sector que responde a Cornejo y remarcó: «Nosotros somos los radicales auténticos. Ahora el gobernador tuvo que pedir disculpas, casi obligado. Este es el peligro de las alianzas políticas. Si sos vice, consultá con tu gobernador».
    Para que el proceso avance hacia un juicio político, primero se requiere la aprobación de dos tercios de los legisladores mendocinos para que el pedido sea tratado en comisión y, de prosperar, se realice el juicio correspondiente. Armagnague también propuso que, en caso de que se lleve adelante el juicio, un diplomático de la Embajada de Francia se presente para exponer la gravedad de las declaraciones de la funcionaria.
    Además de Mathus Escorihuela y Armagnague, firmaron la denuncia Carlos Caballero, Hugo Estrella Tampieri, José Jorge Chade, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo.
    Ahora, la Legislatura mendocina deberá evaluar si la presentación cumple con los requisitos formales para iniciar el proceso de juicio político.

  • Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

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    El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según consta en los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    La petición fue presentada en las últimas horas; Angeletti lo hizo ayer y Adorni esta mañana, justo cuando estaba previsto que el funcionario del gobierno de Milei enviara su esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Con este trámite, Adorni busca esclarecer las dudas surgidas sobre el aumento de su patrimonio durante el último año, periodo en el que compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, propiedades que están bajo la lupa de la Justicia.
    Según la información disponible en el sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad nueva para declarar y pagar impuestos, dirigida a personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desde el organismo explican: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclaran que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
    La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en el Congreso Nacional en diciembre pasado y el oficialismo planteó la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a este régimen, tal como ocurrió este miércoles con Adorni.
    Respecto a si esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por el rápido crecimiento de su patrimonio en los tribunales federales, fuentes judiciales señalaron que el fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación delegada por el juez Ariel Lijo, deberá primero verificar la información declarada por Adorni en ARCA. Posteriormente, analizará la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal para determinar si se cumplen las condiciones objetivas que la norma establece para excluir la investigación penal.
    Durante el debate parlamentario de la ley en diciembre, el diputado opositor y especialista en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó que la norma “no es un blanqueo” y, por lo tanto, no implica beneficios penales para los contribuyentes.