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  • Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    La carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador francés, Romain Nadal, no logró cerrar la polémica generada por los comentarios racistas de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, hacia la Selección de Francia. Este lunes, un sector del radicalismo mendocino presentó un escrito solicitando el juicio político contra Casado, quien acompaña a Cornejo en el gobierno provincial.

    La controversia se desató tras un polémico tuit de la vicegobernadora, en el que calificó al seleccionado francés como un «equipo africano flojo de modales», luego de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial. A pesar de las críticas recibidas, Casado defendió sus dichos, argumentando que se trataba de «folklore futbolero».
    Las declaraciones de Casado motivaron el repudio del embajador francés en Argentina, quien afirmó que «el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina» y declaró a la vicegobernadora como persona no grata, lo que implica que no puede ingresar a la sede diplomática ni participar en actividades oficiales con autoridades francesas a menos que se retracte.
    Aunque representantes de Cornejo entregaron una carta al embajador desligándose de las declaraciones de Casado, el conflicto persiste. Por eso, 15 dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza presentaron ante la Cámara de Diputados provincial un pedido formal de juicio político contra la vicegobernadora.
    El escrito, al que tuvo acceso Clarín, señala que Casado incurrió en causales constitucionales como “mal desempeño de sus funciones” y “conducta impropia”. Además, los firmantes subrayan que la situación se agravó cuando Casado, lejos de rectificarse, criticó al diplomático por “no reconocer el sarcasmo” en sus declaraciones.
    Para fundamentar la denuncia, el texto hace referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y a la Ley Nacional 23.592, conocida como Ley Antidiscriminatoria de Argentina.
    Miguel Mathus Escorihuela, exsenador nacional y expresidente del Comité Provincial de la UCR, sostuvo en diálogo con este diario que «con toda razón la República Francesa lo tomó como un insulto por violar normas internacionales y la posición de nuestro país contra el racismo claramente delictivo». Asimismo, explicó que «el pedido de enjuiciamiento está a consideración de la Cámara legislativa conforme al artículo 109 de la Constitución de Mendoza», que establece las bases para el juicio político a funcionarios de alto rango.
    Por su parte, Juan Fernando Armagnague, exdiputado nacional por la UCR, criticó duramente a Casado: «Es una vergüenza. Estamos ante una cuestión institucional grave. Anda suelta y buscando su espacio». Además, diferenció al grupo de radicales firmantes del sector que responde a Cornejo y remarcó: «Nosotros somos los radicales auténticos. Ahora el gobernador tuvo que pedir disculpas, casi obligado. Este es el peligro de las alianzas políticas. Si sos vice, consultá con tu gobernador».
    Para que el proceso avance hacia un juicio político, primero se requiere la aprobación de dos tercios de los legisladores mendocinos para que el pedido sea tratado en comisión y, de prosperar, se realice el juicio correspondiente. Armagnague también propuso que, en caso de que se lleve adelante el juicio, un diplomático de la Embajada de Francia se presente para exponer la gravedad de las declaraciones de la funcionaria.
    Además de Mathus Escorihuela y Armagnague, firmaron la denuncia Carlos Caballero, Hugo Estrella Tampieri, José Jorge Chade, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo.
    Ahora, la Legislatura mendocina deberá evaluar si la presentación cumple con los requisitos formales para iniciar el proceso de juicio político.

  • Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

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    El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según consta en los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    La petición fue presentada en las últimas horas; Angeletti lo hizo ayer y Adorni esta mañana, justo cuando estaba previsto que el funcionario del gobierno de Milei enviara su esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Con este trámite, Adorni busca esclarecer las dudas surgidas sobre el aumento de su patrimonio durante el último año, periodo en el que compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, propiedades que están bajo la lupa de la Justicia.
    Según la información disponible en el sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad nueva para declarar y pagar impuestos, dirigida a personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desde el organismo explican: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclaran que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
    La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en el Congreso Nacional en diciembre pasado y el oficialismo planteó la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a este régimen, tal como ocurrió este miércoles con Adorni.
    Respecto a si esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por el rápido crecimiento de su patrimonio en los tribunales federales, fuentes judiciales señalaron que el fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación delegada por el juez Ariel Lijo, deberá primero verificar la información declarada por Adorni en ARCA. Posteriormente, analizará la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal para determinar si se cumplen las condiciones objetivas que la norma establece para excluir la investigación penal.
    Durante el debate parlamentario de la ley en diciembre, el diputado opositor y especialista en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó que la norma “no es un blanqueo” y, por lo tanto, no implica beneficios penales para los contribuyentes.