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  • Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores: deudas millonarias y miles de cheques rechazados – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores: deudas millonarias y miles de cheques rechazados – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores: deudas millonarias y miles de cheques rechazados – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos pidió la apertura de un concurso de acreedores en medio de la profunda crisis económica, financiera y productiva que atraviesa el principal grupo avícola del país. La presentación correspondió a Granja Tres Arroyos SA, la compañía de mayor tamaño dentro del entramado empresarial controlado por la familia De Grazia.

    De acuerdo con lo informado, el proceso quedó registrado bajo el expediente COM 018558/2026 y recayó en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, de la Justicia Nacional en lo Comercial. La decisión se produjo pocos días después de que WADE, ex Cresta Roja y también integrante del grupo, avanzara por el mismo camino.

    De acuerdo con registros del Banco Central citados en la información conocida sobre la situación empresarial, Granja Tres Arroyos SA acumula 6.702 cheques rechazados por $114.425 millones y deudas bancarias por otros $41.827 millones. En conjunto, ambos conceptos superan los $156.000 millones.

    Una crisis con impacto en Entre Ríos

    La presentación judicial se produjo después de más de un año de dificultades para sostener la actividad y ante la imposibilidad de reestructurar los compromisos con los acreedores. Estimaciones sobre el pasivo global del grupo lo ubican por encima de los USD$350 millones.

    La crisis también repercutió sobre el empleo. Distintas plantas permanecieron paralizadas o funcionaron por debajo de su capacidad, mientras el grupo avanzó con una reducción de personal. La compañía contaba originalmente con alrededor de 6.500 trabajadores.

    Entre las desvinculaciones informadas se encuentran unas 480 correspondientes a trabajadores de Concepción del Uruguay, además de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.

    En la provincia de Buenos Aires continuaba vigente una conciliación obligatoria que había dispuesto la reincorporación de 1.200 trabajadores. La medida vencía este jueves, cuando estaba prevista una nueva audiencia entre representantes gubernamentales, sindicatos y la empresa, aunque existía la posibilidad de extenderla otros cinco días.

    Las razones que argumentó la compañía

    En el marco del conflicto laboral, la empresa había atribuido su situación a una «grave disminución de trabajo» provocada, según sostuvo, por circunstancias extraordinarias que afectaron el normal funcionamiento de la actividad.

    Entre las causas mencionó la gripe aviar y el cierre de exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el incremento de los costos. Según la compañía, esa combinación generó un profundo deterioro económico, financiero y productivo.

    También señaló que sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos incidieron sobre la producción y los niveles de faena. La firma aseguró que adoptó medidas para intentar preservar la explotación y la mayor cantidad posible de puestos laborales, aunque consideró que resultaron insuficientes.

    El pedido de concurso preventivo busca ahora ordenar el pasivo y negociar judicialmente con los acreedores, mientras permanece abierta la incertidumbre sobre el futuro productivo del grupo y sus trabajadores, incluidos los afectados en Concepción del Uruguay.

  • Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, pidió este miércoles la apertura de su concurso preventivo, una herramienta judicial que utilizará para reorganizar sus pasivos, según pudo confirmar Infobae con más de una fuente al tanto de las negociaciones de la compañía.

    La medida formaliza ante el ámbito judicial una reestructuración que la avícola lleva meses intentando resolver en forma privada. La compañía arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y venía negociando con sus acreedores con la asistencia del banco de inversión VALO un esquema que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de hasta siete años, además de la venta de activos no estratégicos. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos en sus plantas evidenció que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

    La empresa acumula cerca de 1.730 despidos desde el inicio del conflicto

    Desde que comenzó la crisis, a fines de 2024, el total de trabajadores desvinculados en las distintas plantas del grupo se acerca a los 1.730 casos, aunque la cifra todavía no está cerrada porque resta consolidar el detalle por establecimiento, según fuentes cercanas a las compañías.

    La crisis se profundizó a fines de agosto con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas del grupo y el corazón productivo de una ciudad bonaerense de apenas 15.000 habitantes. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos. En los días siguientes llegaron más de 700 telegramas de despido: 554 correspondieron a empleados de Capitán Sarmiento y otros 150 a trabajadores de localidades aledañas.

    La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor”. Muchos de los despedidos llevaban más de 20 años en la compañía.

    El alcance de los últimos despidos también abarcó a 50 empleados de la planta de Pilar y a 450 de la planta de Esteban Echeverría. Otras plantas del grupo habían sido alcanzadas previamente: en julio, la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar con unos 350 trabajadores involucrados; en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se produjeron alrededor de 250 despidos adicionales.

    Ante el avance de los despidos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó la reincorporación de los 1.200 trabajadores desvinculados en los últimos tramos del conflicto. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, busca abrir una instancia de diálogo entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba). Sin embargo, Granja Tres Arroyos no acató la conciliación.

    En la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades provinciales, junto con el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría. Las partes acordaron la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta para la semana siguiente.

    En Capitán Sarmiento, el impacto social del conflicto es difícil de dimensionar. Uno de cada diez empleos en la ciudad dependía de la planta avícola, cuyos salarios —en promedio, unos $3 millones mensuales— generaban un fuerte derrame en comercios y servicios de la zona. Con los despidos masivos, decenas de familias enfrentan dificultades para pagar el alquiler o los servicios básicos. Trabajadores que habían llegado de otras ciudades a emplearse en la planta planean ahora su partida, y algunos chicos deberán cambiar de escuela siguiendo a sus padres en busca de trabajo.

    La comunidad, sin embargo, respondió con una ola de solidaridad. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) lleva meses entregando mercadería a quienes no cobraban sus salarios en tiempo y forma; desde el lunes comenzó además a realizar ollas populares nocturnas en su sede. Los clubes de la ciudad organizaron jornadas deportivas para recolectar alimentos, y hasta un salón de fiestas privado abrió sus puertas para recibir a cualquiera que necesite un plato de comida.
    “Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua”, afirmó Astorino en declaraciones a Infobae. La intendenta, que responde a La Libertad Avanza, indicó que el municipio gestiona también que no se corten los servicios a quienes no pueden pagarlos y que la farmacia del hospital asista con medicación a los despedidos.

    El ingreso al concurso preventivo y la posterior convocatoria de acreedores es el mecanismo por el cual una compañía con dificultades para cumplir sus compromisos busca reorganizar su situación financiera y evitar la quiebra. Para los trabajadores, la principal incógnita continúa siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes —que, en algunos casos, superan los dos meses y medio de atraso—.

    El proceso tiene antecedentes: en diciembre de 2024, Granja Tres Arroyos había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que no llegó a formalizarse en el plano nacional. Desde entonces, la empresa adoptó sucesivas medidas de reducción en sus establecimientos, entre ellas el cierre de la planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones, y el cierre definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay, publica Infobae.

  • El Hospital Urquiza explicó la situación con la asignación de turnos web y pidió colaboración a la comunidad

    El Hospital Urquiza explicó la situación con la asignación de turnos web y pidió colaboración a la comunidad

    El Hospital Urquiza explicó la situación con la asignación de turnos web y pidió colaboración a la comunidad

    Desde la institución informaron que en la última semana gestionaron cerca de 1.400 solicitudes. Además, remarcaron el alto nivel de ausentismo sin aviso previo, lo que bloquea turnos para otros pacientes.

    Ante las reiteradas consultas y reclamos de los usuarios por las dificultades para conseguir turnos a través de la página web, la dirección del Hospital J. J. de Urquiza emitió un comunicado institucional para poner en contexto el nivel de demanda actual que afronta el establecimiento.
    Desde el centro de salud precisaron que, solo durante la última semana, se registraron 1.388 solicitudes de turnos, una cifra atípica para hospitales zonales de la región y que evidencia la alta presión prestacional sobre determinadas especialidades.
    Cifras de la demanda semanalPara transparentar el funcionamiento de la plataforma digital, la institución detalló el estado de las solicitudes procesadas durante el período analizado:
    Turnos confirmados: 836
    Turnos cancelados: 295
    Solicitudes pendientes de asignación: 257
    Llamado a la responsabilidad ciudadanaJunto con el informe de datos, las autoridades del hospital hicieron un fuerte hincapié en la necesidad de que los pacientes cancelen sus citas con anticipación en caso de no poder concurrir, permitiendo que la agenda se libere para otras personas que requieren atención.
    En ese sentido, revelaron un dato crítico: durante una de las jornadas evaluadas, ninguno de los pacientes que había reservado turno en una especialidad específica se presentó a la consulta, provocando que esos espacios de atención profesional se perdieran sin la posibilidad de ser reasignados a tiempo.

  • Escuela 92: la defensoría pidió extender la sentencia para los más de 160 niños

    Escuela 92: la defensoría pidió extender la sentencia para los más de 160 niños

    «Debe hacer lugar al recurso interpuesto ampliando el alcance a todo el alumnado de la Escuela 92», dictaminó el Ministerio Público de la Defensa ante el STJER, en el amparo para que el Gobierno provincial brinde el servicio de colectivo para más de 160 niños y niñas de la escuela Tucumán.

    La defensora pública Carolina Suarez Schumacher presentó su dictamen en nombre del Ministerio Público de la Defensa, sobre si la provincia debe brindarle el colectivo a los más de 160 niños, de nivel inicial y primaria, de la Escuela 92, Tucumán, como solicitó un grupo de madres y padres, o no tiene que hacerlo, como reclamó el Gobierno de Entre Ríos. Sí deben darlo, fue la resolución.
    El escrito se presentó el viernes en el marco de la apelación contra la sentencia de primera instancia que ordenó a la provincia a brindar el servicio, pero limitó el beneficio solo a los hijos de las pocas familias que promovieron el amparo. La apelación fue presentada por el abogado de las madres y padres, Valodia Nichajew, ya que el amparo “fue en representación de los más de 160 niños”, según aclaró.

    La defensoría le dio la razón y se pronunció por extender el beneficios a todos los niños de la escuela Tucumán que necesiten el servicio, ya que de lo contrario se afecta el Derecho a la Educación, entre otros. “Debe hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora ampliando el alcance a todo el alumnado de la Escuela N° 92 «Tucuman» de la Ciudad de Concepción del Uruguay”, sostuvo Schumacher.
    Ahora, el STJER le corrió vista (le pidió su opinión) al Ministerio Público Fiscal. Una vez producido, los jueces y las juezas deberán decidir si amplían el beneficio del colectivo hacia todos los niños y niñas que lo necesiten o si le dan la razón a la provincia, con lo que dejarían a los niños y niñas afectados, entre los 3 y 11 años, sin protección. Fuente Babel

  • Caso Loan: el ex comisario Walter Maciel pidió declarar y romperá el silencio

    Caso Loan: el ex comisario Walter Maciel pidió declarar y romperá el silencio

    El ex comisario Walter Adrián Maciel (45) declarará la próxima semana y será el primero de los siete imputados en hacerlo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5). Su defensa, a cargo de Richard Vallejos, solicitó este miércoles que la declaración se fije para el jueves próximo, lo que implicará la reprogramación de algunas testimoniales por parte del tribunal.

    Al inicio de la audiencia, el presidente del Tribunal, Fermín Amado Ceroleni, se refirió a la reciente recusación presentada por el defensor oficial Enzo Di Tella, quien buscó apartar al magistrado del juicio alegando pérdida de imparcialidad. Ceroleni aseguró estar “muy lejos de tener animosidad con alguna de las partes” y enfatizó que en todo momento se garantizó “el derecho a defensa a rajatabla”. Próximo a jubilarse, el juez dejó claro que “los jueces no venimos a agradar a nadie, venimos a juzgar y lo vamos a seguir haciendo”. Además, se informó que uno de los imputados, Daniel “Fierrito” Ramírez (51), no pudo ser trasladado desde la Unidad Penal de Resistencia por problemas de salud.
    En otro orden, el abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás Gabriel Soria (44), alias “El Americano”, asumió también la representación de Pablo Núñez, otro acusado de entorpecer la investigación. Ponce reemplaza a Martín Fabio Castillo, detenido la semana pasada en Buenos Aires por presuntos vínculos con una organización narcocriminal rosarina.
    Cuatro integrantes de la Prefectura Naval declararon este miércoles como testigos y brindaron detalles sobre la situación en el hotel “Despertar del Iberá”, donde supuestos miembros de la Fundación “Lucio Dupuy” alojaron a testigos clave del caso. Dos de estos prefectos fueron luego asignados a la custodia de la casa de Camila Núñez, quien continuó recibiendo visitas de Soria y de la abogada Elizabeth Cutaia, también imputada.
    José Alfonzo relató que sus superiores lo enviaron a custodiar el perímetro del hotel el 7 de julio para evitar que la prensa registrara a los tres menores alojados allí. Señaló que los ventanales de la planta baja estaban cubiertos y que el primer contacto fue con un hombre que se identificó como médico forense y era conocido como “el tucumano”, en referencia a Federico Rossi Colombo, psicólogo de Tucumán vinculado al grupo denominado “los falsos Dupuy”. También mencionó que supo por otros integrantes de la fuerza que dentro del hotel había una persona que afirmaba ser parte de Interpol, aludiendo a Soria.
    Carlos Javier Cuevas, quien también estuvo de guardia frente al hotel, contó que al comenzar su turno sus compañeros le informaron que adentro había gente de la Fundación Dupuy, aunque no le precisaron el número de menores. Dijo haber visto a un niño jugando y recordó una conversación con Rossi Colombo, quien les preguntó si estaban bien y si necesitaban agua para el mate, pero no quiso revelar quién estaba a cargo del grupo, alegando que debía consultarlo primero. Posteriormente, salió la abogada Cutaia, quien se negó a dar nombres por motivos de seguridad y afirmó que todo estaba bajo conocimiento del Juzgado Federal de Goya.
    Cuevas describió la presencia, en el predio, de una camioneta y un Peugeot 208 negro sin patente, vehículo que, según le indicaron, pertenecía a alguien que decía ser de Interpol. Relató que esa misma noche ambos vehículos salieron rumbo a Goya y que les informaron que Macarena Peña declararía ese día en la Fiscalía, regresando luego en el auto conducido por Soria.
    Matías Ramírez, otro prefecto, custodió durante más de seis meses la casa de Camila Núñez y afirmó que en una ocasión Soria llegó al lugar y conversó brevemente con la joven sin ingresar a la vivienda. Detalló que todo se comunicaba primero al jefe de guardia de la Prefectura de Goya y que se habilitó un libro para registrar las novedades.
    Gonzalo Avendaño, quien custodiaba el hotel el 8 de julio, recordó que los ventanales también estaban tapados y que adentro había una abogada, una persona que decía ser de Interpol y otros. Relató que los ocupantes perdieron las llaves de una puerta lateral y les pidieron que se instalaran dentro por seguridad, lugar donde observaron libros para colorear y un metegol para uso de los menores. Avendaño señaló que Soria se mostró como “una persona muy respetuosa” y semanas después lo vio en la casa de Camila, donde llevó mercadería y caramelos para su hija, identificándose con un carnet y afirmando ser de Interpol.
    Asimismo, el prefecto contó que la joven y su hija fueron visitadas en una ocasión por dos mujeres y un hombre presentados como integrantes del Ministerio Público, cuya identidad fue registrada en el libro de guardia. Estos se entrevistaron cerca de una hora con Camila y le hicieron dibujar a su hija. Este dato motivó que algunas defensas solicitaran al Tribunal requerir ese libro para verificar fechas e identidades concretas.
    En los últimos minutos de la audiencia, el abogado Vallejos pidió que Rodolfo Baqué pueda asumir la defensa temporal de Maciel debido a que Vallejos tiene una audiencia programada en Mercedes que coincide con el horario del juicio. El fiscal Carlos Schaefer se opuso, argumentando la existencia de intereses contrapuestos entre las defensas de Cutaia y

  • El fiscal pidió mandar a juicio oral al financista Elías Piccirillo por delitos que tienen un piso de 13 años de prisión

    El fiscal pidió mandar a juicio oral al financista Elías Piccirillo por delitos que tienen un piso de 13 años de prisión

    El fiscal federal Franco Picardi solicitó este viernes al juez Ariel Lijo la elevación a juicio oral del financista Elías David Piccirillo en la causa por haber plantado droga y un arma a su exsocio Francisco Hauque. Piccirillo, último esposo de Jesica Cirio tras su divorcio del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, está involucrado en un cruce de acusaciones relacionadas con videos de Cirio contando dólares en la mansión de San Vicente de Insaurralde.

    Además, Picardi pidió que sean llevados a juicio oral el ex policía Carlos «el Lobo» Smith, Iván Carlos Helguero, Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos.
    Smith se convirtió en arrepentido y reveló que financieras vinculadas a Piccirillo mantenían negociaciones con funcionarios del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para maniobras con el dólar oficial en el mercado paralelo, aunque esta cuestión corresponde a otra causa. Piccirillo también está investigado por maniobras relacionadas con el cepo cambiario vigente durante ese período.
    Los nueve imputados están acusados de haber participado, con distintos roles, en la organización de un operativo policial falso para detener ilegalmente a Francisco Hauque y a su pareja, Anahí Aquino Laprida, según informaron fuentes judiciales a Clarín.
    Por otro lado, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Martín Insaurralde para excluir los videos de Jesica Cirio contando dólares del expediente. En paralelo, Sofía Clerici, quien estuvo involucrada en el “Yategate” con Insaurralde en 2023, anunció en redes sociales que está embarazada.
    La fiscalía atribuyó distintas figuras penales según la participación de cada implicado. Piccirillo, Smith y Helguero enfrentan cargos como coautores de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada por la intervención de tres o más personas y por el uso de estupefacientes para cometer el delito; tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado. Asimismo, Piccirillo es acusado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
    Piccirillo y Smith también deben responder por cohecho activo; Helguero, en cambio, enfrenta cargos por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, como instigador, falsedad ideológica de documento público agravada y falso testimonio agravado. Ybarra, Tedone, Arias, Alvarenga Duarte, Saavedra y Britos están imputados como coautores de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e incumplimiento de deberes. Ybarra y Tedone enfrentan además cargos por falsedad ideológica agravada y falso testimonio agravado en relación con las actas y declaraciones que sostuvieron la versión del hallazgo casual.
    Con estas calificaciones legales, la pena mínima aplicable a Piccirillo, Helguero y Smith es de 13 años y 4 meses de prisión: los 10 años previstos como mínimo para la privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravada se incrementan en un tercio por el uso de estupefacientes para ejecutar el delito. Este mínimo podría ser reducido para Smith, quien se acogió al régimen de imputado colaborador.
    La fiscalía solicitó correr traslado a las querellas y a las defensas, cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral y público respecto de los nueve procesados. De manera paralela, pidió que continúe una investigación separada sobre la posible participación del subcomisario Ezequiel Querejeta, presente durante el operativo, de Martín Migueles, allegado a Piccirillo con contactos telefónicos con Helguero y Smith, y de otras personas que podrían haber intervenido en la maniobra.
    Según la acusación, la noche del 17 de enero de 2025, Piccirillo colocó en el vehículo que compartía con Hauque una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y dos paquetes de cocaína de altísima pureza (92%), con un peso total de 1,262 kilogramos. Horas después, en la madrugada del 18 de enero, policías vestidos de civil interceptaron el vehículo en la intersección de la avenida Alvear y calle Libertad bajo un falso pretexto, y presentaron el arma y la droga, lo que llevó a la detención de Hauque y Aquino Laprida. La investigación indica que Piccirillo pagó en efectivo más de 51.000 dólares para garantizar el operativo, de los cuales al menos 25.000 dólares fueron sobornos al entonces comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad.
    Piccirillo mantenía con Hauque una deuda de aproximadamente 6.000 millones de pesos. Motivado por este conflicto y por el temor a que se hiciera público, ideó, financió y dirigió el plan para provocar la detención de su exsocio y su pareja. Para ello, recurrió a Carlos Sebastián Smith, señalado por la fiscalía como el organizador operativo. Smith convocó a Helguero, quien incorporó al plan a seis efectivos más: Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor

  • La CGT marchó por las familias endeudadas y le pidió al Gobierno que regule las tasas de interés de los préstamos

    La CGT marchó por las familias endeudadas y le pidió al Gobierno que regule las tasas de interés de los préstamos

    A una semana de la publicación del índice de inflación de julio, que registró un 2,1%, la CGT, junto con las dos CTA, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, marcharon este jueves hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, para exigir “medidas urgentes” frente al nivel récord de endeudamiento que afecta a millones de familias con créditos impagos o con atrasos significativos.

    Durante la protesta, que se desarrolló a pocos metros de una Casa Rosada completamente vallada y con restricciones para el tránsito vehicular, el triunvirato de la CGT entregó a las autoridades de Economía un documento en el que reclamó que el Banco Central cumpla su función reguladora respecto a los niveles de tasa de interés aplicados a préstamos bancarios, aplicaciones financieras y otros medios susceptibles de generar endeudamiento para las personas.
    Además, en el escrito, Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, referentes de la central obrera, plantearon la necesidad de impulsar medidas para aliviar la situación de endeudamiento de las pymes, y solicitaron un programa urgente de refinanciación de deudas para las familias, que contemple el creciente nivel de morosidad.
    “El equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y a la morosidad de familias y pymes, reactivar la producción y el consumo, y poner en marcha la economía real”, advirtió el documento. Asimismo, señaló que “el aumento de la mora financiera formal, ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros, es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, consumo y producción”.
    El texto concluyó con una advertencia clara: “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando caen el consumo y la producción, también se resiente el empleo”.
    Aunque la protesta reunió a diversas centrales sindicales, organizaciones sociales y fuerzas de izquierda, las columnas de la CGT ocuparon el espacio frente al Ministerio de Economía, sobre la avenida Paseo Colón, mientras que el resto de los movimientos se concentraron en la Plaza de Mayo.
    Desde las 14 horas comenzaron a llegar las columnas del Polo Obrero, diversas organizaciones sociales y la CTA, acompañados por bombos, banderas y algunos autoconvocados. A diferencia de manifestaciones anteriores, la presencia de fuerzas de seguridad no fue masiva. Por su parte, la UTEP, otra organización convocante, destacó que la crisis de endeudamiento en los barrios populares exige respuestas urgentes, vinculando el aumento de las deudas con la necesidad de cubrir consumos básicos.
    En tanto, la diputada Myriam Bregman, referente de izquierda presente en la movilización, cuestionó duramente al presidente Javier Milei. “El presidente está desconectado de la realidad. Está del lado de Galperin y los estafadores tienen que pagar”, manifestó con enojo. Además, subrayó: “Es importante esta movilización frente al grave problema que está generando este Gobierno con la mora de las familias. Hay un endeudamiento generalizado. Estamos hablando de usura, de una práctica delincuencial a gran escala. Es un delito. El Poder Judicial debería investigarlo”.
    Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero, consultado por Clarín, ironizó preguntando “¿Y la CGT dónde está?” y expresó gran preocupación por la situación de las familias endeudadas: “Lo que más nos alarma es que hay seis millones de personas en esta situación, y responde a dos motivos: la destrucción de los salarios, porque la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pagar un medicamento, los servicios y la alimentación; y también porque te cobran tasas completamente usurarias con la complicidad del gobierno, que fomenta el endeudamiento familiar”.
    Según adelantó Clarín la semana pasada, la convocatoria a la protesta frente al Ministerio de Economía tomó impulso luego de que el propio presidente Javier Milei descartara cualquier medida gubernamental para atender el endeudamiento familiar.
    La elección del Ministerio de Economía como epicentro de la protesta no fue casual. Los manifestantes dirigieron sus críticas tanto hacia Milei como hacia Caputo. En los días previos, el ministro se refirió a la situación de los morosos y descartó un rescate directo para las personas endeudadas, calificando el problema como un “conflicto entre privados”, coincidiendo con la posición del presidente. Además, señaló que ya comenzó un proceso de desendeudamiento que tardará algunos meses en reflejarse en las estadísticas.
    “Algunos se enojan porque decimos que es un tema entre privados. No hay que confundir empatía con políticas públicas. Nosotros fuimos empáticos desde el día uno, porque previmos este tema y lo seguimos muy de cerca. Pero nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos”, afirmó el ministro Caputo.

  • Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos de GTA – El Miércoles Digital

    Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos de GTA – El Miércoles Digital

    El senador provincial Martín Oliva solicita al Poder Ejecutivo de Entre Ríos que evalúe y adopte medidas paliativas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos de la firma Granja Tres Arroyos (GTA) de Concepción del Uruguay.
     
    La iniciativa surge luego de que la empresa notificara esta semana el despido de 255 trabajadores, una situación que genera preocupación e incertidumbre no solo entre quienes perdieron su fuente laboral, sino también en sus familias y en toda la comunidad del Departamento Uruguay.

    “Estamos frente a una situación que requiere una respuesta del Estado. Sabemos que la Provincia no puede resolver por sí sola el problema laboral, pero sí puede utilizar las herramientas que están dentro de sus facultades para acompañar a las familias que, de un día para otro, quedaron sin su principal ingreso”, señaló Oliva a través de un Proyecto de Comunicación.

    Entre las medidas propuestas se contempla la posibilidad de establecer diferimientos, exenciones, condonaciones o planes especiales de pago de impuestos provinciales, incluyendo el Inmobiliario y Automotor, a través de ATER.

    Asimismo, el proyecto plantea que Enersa evalúe mecanismos para evitar cortes del suministro eléctrico, establecer planes especiales de pago y/o contemplar medidas de alivio sobre la tarifa para los hogares de los trabajadores afectados.

    Oliva también propone implementar un esquema de asistencia social que incluya módulos alimentarios y ayudas económicas de subsistencia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

    Para garantizar que estas herramientas lleguen efectivamente a quienes atraviesan esta situación, el proyecto recomienda que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos valide y certifique el listado de trabajadores despedidos.

    “Son medidas paliativas, de acompañamiento y alivio ante una situación extraordinaria. Lo que estamos planteando es que el Estado provincial esté presente y que ninguna familia tenga que afrontar sola las consecuencias de haber perdido su fuente de trabajo”, sostuvo finalmente el senador.

     
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  • La mano derecha de Kicillof le pidió a una IA que diagnostique a Javier Milei y contó qué le respondió: «Delirio persecutorio»

    La mano derecha de Kicillof le pidió a una IA que diagnostique a Javier Milei y contó qué le respondió: «Delirio persecutorio»

    La mano derecha de Kicillof le pidió a una IA que diagnostique a Javier Milei y contó qué le respondió: «Delirio persecutorio»

    Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, respondió este lunes a la entrevista televisiva en la que Javier Milei afirmó que en las universidades «hay terroristas disfrazados de estudiantes y profesores». En la conferencia de prensa habitual de los lunes, el funcionario, mano derecha de Axel Kicillof, reveló que consultó a una inteligencia artificial sobre un diagnóstico de las declaraciones del presidente, y la respuesta fue «delirio persecutorio».

    “Parece que todos somos terroristas”, señaló Bianco al mostrar un recorte de la entrevista durante su exposición. Ante la consulta de un periodista, explicó: «Anoche, al ver esto, me permití hacer una consulta a una inteligencia artificial y le pregunté qué problema tiene una persona que ve terroristas en todas partes». Agregó: «Me respondió que se trata de un diagnóstico médico: delirio persecutorio. Solamente voy a decir eso».
    Al ser consultado sobre el diálogo entre la provincia y el gobierno nacional respecto al traspaso de recursos, Bianco retomó la ironía y afirmó: «Santilli también me debe considerar un terrorista». El ministro provincial aseguró que el jefe de Gabinete “no respondió las notas formales, las cartas, ni los pedidos de reunión ni los WhatsApp”. “No hemos obtenido respuesta ni positiva ni negativa”, agregó.
    “Lamentablemente no ejerce su función de jefe de Gabinete y ministro del Interior, al menos no con la provincia de Buenos Aires. Sí sabemos que recorre el país ofreciendo recursos a las provincias a cambio de votos para proyectos específicos de interés del gobierno nacional, como la Ley de Tierras y la eliminación de las PASO”, sostuvo. Además, citó la columna de opinión publicada ayer por Axel Kicillof en La Voz, donde el gobernador denuncia que «el Gobierno le quita recursos a las provincias y luego ofrece una parte a cambio de que le voten leyes que le interesan».
    Este domingo por la noche, el canal LN+ difundió una entrevista con el presidente Javier Milei, en la que el mandatario advirtió que “no hay que ser ingenuo” y afirmó que la estrategia de Gramsci para tomar el control de la educación, los medios, la cultura y el Estado ha pasado a una etapa 2.0. “Se infiltran como estudiantes, profesores, investigadores. Eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, que abrió esa puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, periodistas, profesores e investigadores”, aseguró.
    Durante la misma entrevista, Milei volvió a criticar a Axel Kicillof y afirmó que la provincia de Buenos Aires no crece “porque tiene un comunista de gobernador”. Además, reavivó el conflicto diplomático con Brasil al calificar al presidente Lula da Silva como “ladrón” y “corrupto”, reiterando sus acusaciones de que la campaña antiargentina estuvo financiada desde Brasilia.
    También criticó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, por permitir la entrada de inmigrantes a cambio de votos. Consultado sobre las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien expresó preocupación por el estado de Milei y sus “persecuciones imaginarias”, el presidente se limitó a responder: “Lo único que tengo claro es que todos aquellos que cambiaron el mundo antes fueron tildados de locos”.

  • La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías – El Miércoles Digital

    La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías – El Miércoles Digital

    La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías – El Miércoles Digital

    El Comité de Patrimonio Mundial reclamó al Estado argentino que suspenda la construcción de la terminal petrolera en Punta Colorada hasta presentar una evaluación ambiental que despeje las dudas sobre su impacto. Advirtió sobre el riesgo para la Península Valdés y fijó plazo hasta febrero de 2027 para entregar la información pendiente.
     
    La construcción de la terminal del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías volvió a toparse con un nuevo obstáculo. Este viernes, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) le pidió al Estado argentino que suspenda todas las obras en esa zona y que presente “urgentemente” información adeuda sobre el impacto ambiental que el proyecto podría tener.
     
    “Solicita al Estado Parte (Argentina) que suspenda cualquier obra de construcción en curso relacionada con el proyecto hasta que se haya presentado al Centro del Patrimonio Mundial la evaluación solicitada”, dice el documento difundido hoy en la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial que se está desarrollando en Busan, Corea del Sur.
    La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. En diciembre de 2024, YPF inició la construcción del oleoducto de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa patagónica.
     
    El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.
    Ahora la Unesco expreso que “toma nota con preocupación de los altos riesgos que plantea el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que incluiría el transporte de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria, ubicada en el Golfo de San Matías” y le puso fecha al Estado argentino para que envíe la documentación que falta: el 1 de febrero de 2027.
    En el mismo documento, el organismo de Naciones Unidas señala que “observa con preocupación que ya se están realizando las obras preliminares en la terminal portuaria y que, según se informa, la exportación de petróleo comenzará a operar en 2026”.
    En cuatro oportunidades, la Unesco pidió al Estado argentino información complementaria sobre la construcción del oleoducto de Vaca Muerta que tiene una desembocadura en Punta Colorada, en el Golfo San Matías y advirtió sobre el “riesgo potencial de daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) del sitio” .
    Dos delfines nariz de botella en el golfo San Matías, en Río Negro. Reconocida históricamente por su biodiversidad, esta zona también sirve de conexión directa con el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta. Diego Canut / Golfo Azul Para Siempre.
    Recordó también que dicha terminal fue posible por el cambio en la legislación introducido en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, y que no hubo un “proceso participativo adecuado” para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y poder así determinar el impacto en la fauna marina, los riesgos de colisión con cetáceos, la contaminación acústica submarina y los posibles derrames de petróleo.
    A pesar de los reiterados reclamos de información, la respuesta llegó recién el pasado 15 de diciembre de 2025, cuando Argentina envió al Centro del Patrimonio Mundial una evaluación donde se detallan “las medidas de mitigación y gestión ambiental para las fases de planificación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, así como los mecanismos de monitoreo y control”.
    Sin embargo, para la Unesco “no está claro si la EIA (Evaluación de Impacto ambiental) evalúa adecuadamente los posibles impactos del proyecto” y si efectivamente se puede “garantizar que no haya impactos negativos”. El organismo también resalta que “existe información limitada sobre cómo se gestionarían los posibles riesgos durante la fase operativa del proyecto en caso de incidentes accidentales”.
    Por último, también destaca que existe una dificultad “vinculada a la fragmentación de las responsabilidades institucionales entre las jurisdicciones provinciales”, es decir entre Río Negro y Chubut.
    “El Comité del Patrimonio Mundial, Toma nota con preocupación de los altos riesgos que plantea el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur”, sintetiza el documento.
    En octubre del año pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red global ambiental, exhortó al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro a restablecer la protección ambiental del Golfo San Matías y les pidió suspender los proyectos que amenacen su biodiversidad.
    “El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, en su sesión de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos): EXHORTA a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías, incluyendo el restablecimiento de la protección brindada por la Ley 3308, y a garantizar la conservación de la biodiversidad cancelando todo proyecto que pudiera comprometerla”, señaló la resolución votada por la UICN.
    Y agregó que la Ley 3308 “fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022 poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse”.
    Fuente: El Diario Ar
     

     
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