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  • El mensaje de Quintela a los inversores si el peronismo vuelve al poder: «Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar»

    El mensaje de Quintela a los inversores si el peronismo vuelve al poder: «Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar»

    El mensaje de Quintela a los inversores si el peronismo vuelve al poder: «Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar»

    En la antesala del debate en el Senado sobre la Ley de Extranjerización de Tierras, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió que, en caso de un eventual regreso del peronismo al poder, se recuperará todo aquello que se considere perdido.

    “Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar. Vamos a recuperar”, afirmó el mandatario riojano en declaraciones a El Destape 1070.
    En ese sentido, Quintela envió un mensaje a los potenciales inversores y les pidió “no entusiasmarse” con las medidas promovidas por la administración de Javier Milei.
    “No hay provincias que se salven en un país que no se salve”, agregó, en referencia al debate sobre el federalismo y como rechazo a la propuesta que se discutirá el jueves en el Senado. Recalcó que los recursos naturales “deben ser protegidos y utilizados en beneficio de la sociedad argentina”.
    Además, se opuso al argumento oficial de que las provincias deben decidir sobre sus recursos y destacó que las medidas deben contemplar “los intereses conjuntos del país”.
    Frente a la gestión de La Libertad Avanza (LLA), Quintela sostuvo que “es nula” la relación entre su gobierno y la administración central, y puso el foco en el cese de las transferencias de fondos que, aseguró, corresponden a su provincia.
    Desde su mirada, “no hay ninguna provincia que esté bien en estos momentos”, una situación que atribuyó a las políticas implementadas por el gobierno nacional.
    Más allá de la compleja situación que, según él, atraviesan varias jurisdicciones, el gobernador cuestionó a sus pares peronistas que respaldan al Gobierno y opinó que “están actuando de una forma absolutamente incorrecta”.
    Asimismo, evaluó que la administración de Milei “todavía no aplicó ni una sola política en beneficio de la sociedad argentina, ni existe un sector social que se haya beneficiado”, y calificó como “falsos” los indicadores económicos que el oficialismo exhibe como logros.
    **La interna del peronismo**
    De cara al próximo año electoral, Quintela también aludió a la interna del peronismo y enfatizó la necesidad de lograr la unidad. “Lo principal para nosotros es trabajar para unir las partes. Un peronismo que está atomizado, que está dividido, y estamos tratando de unirlo”, afirmó.
    Con ese objetivo, detalló que se busca avanzar en la conformación de una mesa política para delinear el rumbo del partido, integrando a dirigentes como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el exministro de Economía Sergio Massa y los senadores Sergio Uñac y Gerardo Zamora.
    Estas declaraciones llegan tres días después del acto realizado en La Rioja para conmemorar los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli, evento al que asistió el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aunque Kicillof no estuvo presente, alegando problemas de agenda.

  • El Poder Judicial destacó el aporte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCU en su 30° aniversario

    El Poder Judicial destacó el aporte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCU en su 30° aniversario

    El Poder Judicial destacó el aporte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCU en su 30° aniversario

    En el marco de la celebración por los 30 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay , el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Carlos Federico Tepsich, transmitió el saludo institucional del Poder Judicial de la provincia y destacó el rol que la institución ha desempeñado en la formación de profesionales comprometidos con la justicia y el Estado de derecho.Durante su intervención, Tepsich afirmó que estas tres décadas representan «un motor de transformación para Concepción del Uruguay y para toda la provincia», al tiempo que resaltó que la creación de la Facultad respondió a la necesidad de brindar una formación jurídica de excelencia para los entrerrianos y para quienes eligen la provincia como lugar de estudio.El magistrado realizó un recorrido por la tradición educativa de la ciudad, recordando la fundación del Colegio del Uruguay por el General Justo José de Urquiza en 1849, el surgimiento de la Asociación Educacionista «La Fraternidad» y, posteriormente, la creación de la Universidad de Concepción del Uruguay y de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a las que definió como «dignas herederas de esa decisión colectiva de hacer de la educación superior una tarea compartida y permanente».Asimismo, destacó que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCU es la única unidad académica de Derecho con origen y sede auténticamente entrerrianos, condición que le ha permitido consolidarse como un referente académico en la provincia y participar activamente en ámbitos institucionales como el Consejo de la Magistratura.En ese sentido, valoró el aporte de la Facultad a la formación de abogados y abogadas que ejercen su profesión con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, contribuyendo diariamente a la administración de justicia y a la defensa de los derechos de la ciudadanía.En otro tramo de su mensaje, Tepsich evocó una reflexión de San Juan de la Cruz: «Bienaventurado el que, dejando aparte su gusto y su inclinación, mira las cosas en razón y en justicia para hacerlas», vinculando ese pensamiento con la misión educativa de la Universidad y su compromiso con una formación de calidad y con responsabilidad social.Finalmente, en nombre del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, felicitó a las autoridades, docentes, graduados, estudiantes y a toda la comunidad universitaria por este aniversario, expresando el deseo de que la institución continúe fortaleciendo la identidad entrerriana en el ámbito del saber jurídico y profundizando su aporte al fortalecimiento del Estado de derecho.

  • Durante el receso de julio el Poder Judicial iniciará obras en cuatro jurisdicciones

    Durante el receso de julio el Poder Judicial iniciará obras en cuatro jurisdicciones

    Durante el receso de julio el Poder Judicial iniciará obras en cuatro jurisdicciones

    Los trabajos proyectados demandarán una inversión de 242 millones de pesos. Habrá obras de mantenimiento en edificios distribuidos en Concordia, Paraná, Villaguay y Nogoyá.

    Las tareas incluirán la pintura y reparación de una de las fachadas (cara sur) del edificio de Tribunales Mitre 26, y el reemplazo de equipos de aire acondicionado en los Tribunales de Mitre 133, ambos de la ciudad de Concordia. Estarán a cargo de la empresa Cocco Construcciones y serán supervisadas, como el resto de los trabajos, por la Dirección de Arquitectura Judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
    También está prevista la adecuación para la insonorización de la Sala de audiencias del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná y la refuncionalización interna en ámbitos de la Defensoría General. La primera obra fue adjudicada a la firma Orlando Spinelli, mientras que la segunda se encuentra en proceso de adjudicación.
    Además continuará la intervención en la instalación contra incendios en el edificio de Tribunales Paraná, que lleva adelante la empresa Norvial Arg. Y se realizarán reparaciones en cocina, consultorio médico y oficina de la Defensoría en los Tribunales de Villaguay, y el reemplazo del tanque cisterna y otras intervenciones en los Tribunales de Nogoyá, obras adjudicadas a la empresa Covi SAS.
    Con plazos de obra que oscilan entre 7 y 60 días, las tareas se realizarán a partir del receso y en seis diferentes inmuebles.
    En tanto, se avanza en el análisis de ofertas para una obra de intervención en distintos sectores del edificio de Tribunales de Gualeguay, que incluye pinturas de locales de planta baja, restauración de sanitarios e incorporación de baño para discapacitados. Para ello se fijó un presupuesto oficial de 69 millones de pesos y un plazo de ejecución de 55 días.

  • Un delfín de Toviggino le disputaría el poder a Riquelme en Boca en 2027

    Un delfín de Toviggino le disputaría el poder a Riquelme en Boca en 2027

    Un delfín de Toviggino le disputaría el poder a Riquelme en Boca en 2027

    Mientras el foco en Boca Juniors se centra en Rodolfo Arruabarrena, la incorporación de refuerzos y la preparación para los dos primeros grandes desafíos —el duelo por la Copa Argentina frente a Sarmiento y el enfrentamiento con O’Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana—, en las sombras se intensifica la interna política del club.

    De cara a las elecciones de 2027, diversos sectores ligados a dirigentes históricos comienzan a desafiar a Juan Román Riquelme, consciente de que su condición de ídolo ya no basta para garantizar su continuidad. Desde hace varias temporadas, el rendimiento deportivo del equipo ha dejado mucho que desear, lo que obliga al «10» a apoyarse en los resultados futbolísticos para sostenerse en la presidencia.
    En este contexto, además de las tradicionales figuras opositoras, surge un posible candidato respaldado por Pablo Toviggino, estrecho colaborador de Claudio Tapia y controversial tesorero bajo investigación por presuntas irregularidades. Se trata de Leandro Petersen, gerente comercial de la AFA, a quien también intentan convencer para armar fórmula con Claudia Villafañe, ex esposa y viuda de Diego Armando Maradona.
    Petersen, de 40 años y hincha de Boca, trabajó en clubes como Vélez, Banfield y Rosario Central, donde forjó una sólida amistad con Gonzalo Belloso, presidente de Central y aliado tanto de Tapia como de Toviggino. En 2017 asumió la expansión de la marca AFA y, en sus redes sociales, se presenta como “Chief Commercial & Marketing Officer en la Asociación del Fútbol Argentino” y protagonista de un caso de estudio en Harvard Business School.
    En una entrevista, Petersen relató: “Vivía en Rosario y trabajaba en Central cuando me contactó una consultora. Me dijeron que era para una institución deportiva de primer nivel en Argentina; pensé en Boca o River, pero no imaginé que sería la AFA. Fui a la primera entrevista sin saber para quién era. En la segunda me lo confirmaron. Quedamos cinco preseleccionados y fui elegido. Tras eso, me reuní con ‘Chiqui’ [Tapia] y Toviggino. Nunca los había visto antes. Me gusta contar esto para desmitificar que solo con contactos o manejos turbios se llega a estos puestos”.
    Si bien Petersen se enorgullece de su gestión para atraer patrocinadores y fortalecer la marca AFA, algunos aspectos de su labor resultan opacos. Fue quien encabezó la negociación para un amistoso frente a India en Kerala, previsto para octubre de 2025, con un contrato valuado en 15 millones de dólares. La AFA recibió un anticipo de 9 millones mediante TourProdEnter SRL, empresa vinculada a Javier Faroni, propietario de la ticketera oficial de la Selección. Sin embargo, el partido fue postergado en dos ocasiones, con nuevas propuestas de fechas y solicitudes de fondos adicionales. Finalmente, se canceló aduciendo la proximidad del Mundial, situación que en India está siendo evaluada para posibles acciones legales.
    Petersen podría convertirse en el delfín de Toviggino para disputar el poder a Riquelme o bien funcionar como una pieza estratégica en una negociación multipartita. El dirigente radicado en Santiago del Estero muestra preocupación por las múltiples investigaciones sobre su patrimonio, en particular por una lujosa mansión en Pilar situada a nombre de presuntos testaferros, que cuenta con 54 autos de alta gama, pistas ecuestres, caballerizas y helipuerto. El expediente fue reclamado por la Cámara Penal Económica, tras estar bajo análisis del juez federal Adrián González Charvay, cercano a la AFA. En este escenario, se especula si buscará protección en Daniel Angelici, con estrechos vínculos en la Justicia.
    Por su parte, Tapia mantiene una buena relación con el presidente de Boca, mientras que Toviggino manifiesta recelos hacia exfutbolistas devenidos en dirigentes, como Diego Milito (Racing) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes), quienes han enfrentado públicamente a la conducción de Viamonte.
    Además, persisten tensiones originadas en el balotaje nacional de 2023, cuando Toviggino esperaba el apoyo público de Riquelme a Sergio Massa, vinculados desde que el exministro fue intendente de Tigre. Massa fue clave para que Riquelme integrara la lista de Jorge Amor Ameal en 2019, que resultó triunfante. Cuatro años después, el exfutbolista logró imponerse claramente sobre Andrés Ibarra y Mauricio Macri en una elección interna, con más de 14 mil votos de diferencia y el 65,3% de los sufragios.
    Leandro Petersen podría postularse tras el Mundial, aunque no sería el único outsider. Carlos Abriata, ingeniero industrial salteño y proveedor del software de venta de entradas de la FIFA para el Mundial, también aspira a competir y ha cuestionado públicamente a Riquelme: “Boca perdió el rumbo. Riquelme dejó claro que no está capacitado”, declaró a Clarín.
    Al mismo tiempo, otros actores tradicionales se activan desde comienzos de año. Horacio Paolini, exvicepresidente y empresario del sector de grúas, cuenta con el apoyo del conductor televisivo Mario Pergolini y del publicista Jorge Reale; mantiene cercanía con Carlos Tevez y en su última reunión con socios subrayó: “Hay dirigentes que piensan en la próxima elección. Boca necesita gente que piense en la próxima generación. La discusión no debería ser quién manda, sino cómo

  • Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Los pronósticos se confirmaron: actualmente, más de la mitad de los cargos en el Ministerio Público Fiscal se encuentran vacantes. Según datos oficiales, hay 189 vacantes sobre un total de 366 cargos de fiscales nacionales y federales. Mientras tanto, el Gobierno retiene 54 ternas correspondientes a integrantes de la Procuración General de la Nación, y en el Senado solo se aprobaron dos pliegos para cubrir esta importante cantidad de vacantes. Hace una semana, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió 12 pliegos de fiscales, aunque desde su entorno reconocen una “marcada preocupación” por las vacancias récord.

    Desde la gestión de Mauricio Macri, Argentina está atravesando un cambio de paradigma jurídico, con la implementación progresiva del sistema procesal acusatorio, que reemplaza al sistema inquisitivo tradicional regulado por el Código Procesal de 1991. Este nuevo modelo, basado en la oralidad, busca agilizar los procesos penales y revertir la baja tasa de avance y resolución de causas que se acumulaban durante décadas. Una de las modificaciones más significativas es el nuevo rol de los fiscales, quienes ahora son responsables de la investigación desde el inicio hasta la instancia del juicio.
    En aquellas jurisdicciones donde el sistema acusatorio aún no está vigente, los jueces deciden si delegan la investigación al Ministerio Público. Bajo el nuevo Código Procesal, esta facultad será indiscutiblemente del fiscal, y los jueces continuarán actuando como garantes del proceso.
    Las estadísticas son contundentes: el nuevo sistema requiere más fiscales. Sin embargo, esta necesidad, impulsada también por el gobierno actual, contrasta con las decisiones institucionales tomadas, dado que el Poder Ejecutivo priorizó el envío al Senado de pliegos correspondientes a jueces y no a fiscales.
    Recientemente, el presidente Milei firmó el decreto de designación de 46 pliegos aprobados por el Senado; de ellos, solo dos corresponden al Ministerio Público Fiscal. Fuentes judiciales consultadas por Clarín señalaron que el Gobierno aún retiene 54 ternas remitidas por la Procuración General para cubrir cargos vacantes en diversas fiscalías, un número que contrasta con el 51,63% de despachos sin fiscales titulares, lo que genera una sobrecarga en las fiscalías que cubren múltiples causas simultáneamente y afecta la administración eficiente del sistema de justicia.
    Hace diez días, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica los requisitos para la designación de jueces, fiscales, ministros de la Corte y al propio Procurador General. En el texto se reconoce que “la Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacantes en cargos de magistrados en la justicia nacional y federal y la demora en su cobertura”, y se destacan las cifras inéditas de vacancias, con el 37,5% de sillones judiciales vacíos y, de manera aún más grave, más de la mitad de los cargos del Ministerio Público sin cubrir.
    Desde el Ministerio de Justicia indicaron a Clarín que la semana pasada se enviaron 12 pliegos de fiscales a la Cámara Alta, aunque reconocieron que la Procuración “viene muy lento con los concursos y el envío de ternas al Gobierno”. La Procuración General es la encargada de convocar los concursos para cubrir las vacantes, y tras la evaluación de candidatos confecciona las ternas que remite al Ejecutivo, quien selecciona a los candidatos para que sus pliegos sean enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado y luego sometidos a votación en el recinto.
    Desde la Casa Rosada aseguran que este proceso enfrenta retrasos principalmente dentro de la Procuración. En diálogo con Clarín, la conducción del Ministerio Público Fiscal informó que, en lo que va del año, solo se ha sumado una terna y que hay cuatro más en trámite con diferentes niveles de avance, pero aún no enviadas al Ejecutivo.
    “La mayor preocupación es que la implementación del sistema acusatorio requiere la mayor cantidad posible de fiscales, y eso no está ocurriendo”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. En respuesta, el ministro Mahiques solicitó a las autoridades de la Procuración acelerar el proceso de concursos.
    Además, fuentes judiciales agregan que la crisis no se limita a la escasez de fiscales, sino que también incluye un continuo recorte presupuestario por parte del Gobierno nacional. Para este año, el Ministerio Público Fiscal solicitó un presupuesto de 815.000 millones de pesos, pero el Ejecutivo aprobó apenas 539.546 millones, lo que representa una reducción del 26,6%.
    Esta brecha afecta directamente aspectos esenciales como infraestructura e inversiones necesarias para el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. El año pasado, la Procuración proyectó una necesidad presupuestaria de 614.000 millones para 2025, pero el Gobierno autorizó sólo 454.807 millones. Dado que la cobertura salarial exige más de 400.000 millones anuales, queda muy poco margen para inversiones.
    Por un lado, el Gobierno exige mayor celeridad en los concursos; por otro, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, ha solicitado en reiteradas ocasiones al Poder Ejecutivo que envíe al Senado las ternas que se encuentran pendientes desde hace dos años, además de mejorar el financiamiento para la institución, en línea con la progresiva implementación del sistema acusatorio.

  • Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    El escenario político de Concepción del Uruguay ha quedado expuesto ante una de las contradicciones más flagrantes del relato progresista local. La denuncia por violencia de género presentada por la concejal Karina Percara contra el intendente José Eduardo Lauritto no solo desnudó las tensiones dentro del recinto, sino que activó un sofisticado mecanismo de defensa corporativa e institucional que deja en claro una verdad incómoda: para el arco político tradicional, la gravedad de la violencia no se mide por el hecho en sí, sino por la ideología de la víctima y el peso político del denunciado.

    Justicia Express: El privilegio de los poderosos
    Lo primero que llama poderosamente la atención en este caso es la asombrosa celeridad con la que se expidió la justicia en sus primeras instancias. En un país y una provincia donde las víctimas de violencia de género deben esperar meses, peritajes interminables y lidiar con una burocracia que desampara, la causa contra el Intendente pareció correr en una «pista de alta velocidad» judicial para intentar cerrarla en tiempo récord.
     
    Ante esta llamativa premura por archivar o minimizar el conflicto, la concejal Percara se vio obligada a ampliar la denuncia y exigir formalmente que se cite a los testigos presenciales.
    ¿A qué le temen? Si todo fue un malentendido, ¿por qué el apuro judicial en bajar la persiana antes de escuchar a quienes estuvieron allí? En una República de iguales, la justicia debe ser ciega, no veloz según el cargo del acusado.
    La minimización como manual de estilo: El «factor Presas»
    Como si la velocidad judicial no fuera suficiente, el blindaje político no tardó en llegar al plano legislativo. Las declaraciones del concejal Pablo Presas en la última sesión, catalogando la presentación como una denuncia por violencia de género «exagerada», son el vivo ejemplo de la condescendencia patricia con la que el oficialismo digiere las críticas.
    Cuando una mujer de su propio signo político denuncia, se activan protocolos, se leen manifiestos y se exige la inmediata destitución del acusado. Pero si la denunciante es una mujer de ideología liberal o de derecha, el libreto cambia: la denuncia pasa a ser «una exageración», «un intento de aprovechamiento político» o una simple «sensibilidad» desmedida.
    Esa minimización de la palabra de una par es una falta de respeto no solo a la concejal afectada, sino a todas las mujeres que esperan que las instituciones den el ejemplo.
     
    El Colectivo con derecho de admisión: Izquierda vs. Derecha
    Este caso pone sobre la mesa el debate de fondo: la absoluta doble vara de las políticas de género y los colectivos de «sororidad». Durante años nos vendieron que «el colectivo» defendía a las mujeres de manera universal. Hoy vemos que el carnet de víctima tiene derecho de admisión ideológica.
     
    Si la víctima es de izquierda: Cuenta con el aparato estatal a su disposición, marchas en la plaza, comunicados del área de género municipal y solidaridad automática de las bancadas oficialistas.
     
    Si la víctima es liberal o de derecha: El feminismo institucionalizado sufre de amnesia selectiva. Hay un silencio sepulcral en las oficinas de género que nosotros mismos financiamos con nuestros impuestos. La empatía del progresismo local está directamente condicionada por la boleta electoral que la víctima metió en la urna.
     
    Como liberales, no defendemos privilegios de género ni colectivos colectivistas que colectivizan la culpa; defendemos la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a la dignidad del individuo. Si un funcionario público, sea quien sea, abusa de su posición de poder para violentar o amedrentar a un miembro del cuerpo legislativo, debe rendir cuentas con todas las de la ley.
     
    El Ejecutivo local está acostumbrado a actuar «sin pedir permiso» a las autoridades nacionales. Ahora, con este avasallamiento institucional y judicial en el caso Percara, nos demuestran que tampoco tienen intenciones de respetar las normas básicas de convivencia democrática.
     
    Señores concejales del oficialismo, dejen de militar la sororidad de cotillón. La violencia no tiene ideología, y el abuso de poder tampoco. Es hora de que la justicia escuche a los testigos y deje de operar como el escudo de los amigos del poder.

  • “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”

    “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”

    “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”

    El Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, organiza el ciclo de webinars “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”, una propuesta académica destinada a integrantes de los Poderes Judiciales y profesionales de la abogacía.

     
    La actividad será coordinada por Paula Montefiori, defensora pública de la Provincia de Entre Ríos y docente universitaria, y se llevará a cabo mediante la plataforma Zoom.
     
    El ciclo estará conformado por tres encuentros sincrónicos de una hora y media de duración, que se realizarán los días 8, 22 y 29 de junio, de 17 a 18:30.
     
    El primer encuentro, previsto para el lunes 8 de junio, estará a cargo de Luis Ayuso, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde se desempeña como profesor en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, integra espacios académicos vinculados al derecho constitucional en la Universidad Católica Argentina.
     
    La segunda jornada tendrá lugar el lunes 22 de junio y contará con la exposición de Pía Martina, abogada, secretaria del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en la Asesoría de Menores N.º 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y codirectora de la Clínica Jurídica en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos.
     
    Finalmente, el lunes 29 de junio disertará Martha Altabe, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y jueza de la Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral de la Provincia de Corrientes. Altabe es la vicepresidenta honoraria del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y ejerció la vicepresidencia de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) durante 2019 y 2023 y la presidencia de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en el período 2021-2023.
     
    Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/ciclo-de-webinars-desafios-del-poder-judicial-frente-a-la-vulnerabilidad-interseccional/.

  • Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Más controles sobre los sindicatos, mayor competencia por la representación de los trabajadores, limitaciones al financiamiento de las organizaciones gremiales y un fondo de indemnizaciones que, según la CGT, no asegura el pago a los despedidos. Estos puntos, junto con la renegociación obligatoria y masiva de los convenios colectivos, constituyen los principales cuestionamientos de la central obrera a la reglamentación de la reforma laboral oficializada el pasado lunes por el Gobierno.

    Mediante un pronunciamiento y un documento específico, la conducción de la CGT acusó a la administración de Javier Milei de “avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical” en el país. Además, señaló que el decreto reglamentario 407 representa “una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.
    En particular, la CGT rechazó que la reglamentación modifique la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, al incorporar disposiciones que, según la central, alteran el espíritu y alcance de la ley y modifican aspectos que solo pueden definirse por el Poder Legislativo.
    El punto más controversial se vincula con el artículo que fomenta la competencia en la representación sindical, al reducir del 20% al 5% el mínimo porcentaje de afiliados cotizantes requerido para que una organización pueda disputar la personería o la representación mayoritaria dentro de una actividad. Para los líderes cegetistas, esta medida facilitará la creación de nuevos sindicatos y aumentará las disputas por encuadramiento.
    En contraste, el decreto oficial sostiene que dicho cambio busca “fortalecer la transparencia, ampliar la representatividad en los diversos ámbitos, la verificabilidad de la representación y el funcionamiento democrático, en línea con los principios de modernización institucional”.
    ### Mayor control sobre los gremios
    La preocupación sindical crece debido a que el decreto introduce límites y requisitos para la representación gremial dentro de las empresas. Se establece que “los cuerpos directivos de las asociaciones sindicales estarán integrados por un número de miembros que no exceda una razonable proporcionalidad con la cantidad de afiliados cotizantes” en la firma.
    Asimismo, las organizaciones que soliciten su inscripción ante las autoridades laborales deberán presentar una declaración jurada patrimonial. También se incorporaron mecanismos para verificar la cantidad de afiliados a través del cruce de datos del SIPA y otras bases públicas.
    Además, ante convenios colectivos aplicables en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador correspondientes a dichas jurisdicciones, cuando sea necesario para una adecuada integración del ámbito de representación.
    El Gobierno justificó esta medida diciendo que busca reflejar las diferencias de productividad entre regiones. En su interpretación, esto es distinto de la negociación colectiva de carácter seccional y nacional, que establece condiciones uniformes para todos los establecimientos del mismo sector productivo. Sin embargo, las organizaciones sindicales advierten que esta postura favorece la negociación de convenios por empresa por sobre los acuerdos sectoriales.
    ### Reclamos por el fondo para despidos
    Por otra parte, en un informe difundido por la delegación de la CGT presente en la conferencia anual de la OIT en Ginebra, se expresaron diversas críticas hacia el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones y que comenzará a funcionar desde noviembre, con posibilidad de uso por parte de las empresas a partir de abril de 2027.
    Los sindicalistas advirtieron que el empleador tendrá la potestad de decidir si utiliza o no los recursos acumulados en la cuenta habilitada, por lo que no se garantiza el pago de la indemnización a los trabajadores.
    Además, señalaron que los fondos serán considerados inembargables, lo que impedirá a los trabajadores ejecutar esos recursos en caso de falta de pago por parte del empleador.

  • Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

    Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

    Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

    El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con dureza a través de redes sociales al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que este afirmara que el funcionario del gobierno de Milei sería investigado cuando la oposición vuelva al poder. “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia, que es un desastre”, le reprochó Caputo.

    En su contundente mensaje, el ministro recordó: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta”. Esta declaración alude al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y a las denuncias surgidas durante el juicio sobre presuntos vínculos entre la empresa familiar Caputo Construcciones y Jonathan Morel, líder de la agrupación Revolución Federal, quien estuvo bajo investigación y fue detenido temporalmente.
    Caputo redobló la apuesta: “Por no adherir al RIGI, está privando a los riojanos de empleo, recursos y mejores salarios. Mejor que amenazar, dedíquese a gobernar bien su provincia, que por su culpa es un verdadero desastre”.
    El cruce comenzó tras una entrevista concedida por Quintela a Infobae TV, en la que cuestionó al ministro luego de sus críticas a la posible candidatura presidencial de Axel Kicillof. Caputo había afirmado que, “por más que ocurra una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, una frase que generó malestar en el entorno del gobernador bonaerense.
    En respuesta, Quintela advirtió: “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”. Estas palabras fueron interpretadas por Caputo como una amenaza, motivo por el cual respondió públicamente.
    El gobernador riojano acusó además a Caputo y su entorno de desconocer la realidad del país: “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia para fijarse en lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen son políticas para beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”.
    Quintela también cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo proyecto “superRIGI”, señalando que implican “una entrega total, absoluta, de nuestra riqueza”. La Rioja es una de las provincias que no adhirió al RIGI, a diferencia de Catamarca y San Juan, que impulsan proyectos mineros con inversiones que oscilan entre 200 y 2.000 millones de dólares. El gobernador argumentó que no se opone a las inversiones, sino “a un sistema donde ellos se la llevan toda y las provincias quedan con muy poco”.
    Sobre la denuncia aludida por Caputo, cabe recordar que en octubre de 2022, en el marco del proceso judicial por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces a cargo de Agustín Rossi, presentó una denuncia vinculando a integrantes de Revolución Federal, incluido Jonathan Morel, con supuestas amenazas a la vicepresidenta.
    Durante la investigación, se detectaron pagos realizados por la empresa familiar Caputo a Morel por trabajos de carpintería en dos proyectos inmobiliarios de la empresa en Añelo, Neuquén. Flavio Caputo, hermano de Luis y primo de Nicolás Caputo, se presentó ante la justicia y ofreció colaborar para desmentir las acusaciones, señalando que estas contrataciones fueron meramente comerciales y no constituyen “apoyo financiero” a la agrupación.
    Morel fue detenido durante la investigación, aunque luego quedó libre acusado de “incitación a la violencia colectiva”. Frente a la controversia, Caputo reiteró: “Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta”.

  • El Poder Judicial de Entre Ríos impulsa la modernización digital con nuevas mejoras en el Sistema automatizado de procesos sucesorios sin testamentar

    El Poder Judicial de Entre Ríos impulsa la modernización digital con nuevas mejoras en el Sistema automatizado de procesos sucesorios sin testamentar

    El Poder Judicial de Entre Ríos impulsa la modernización digital con nuevas mejoras en el Sistema automatizado de procesos sucesorios sin testamentar

    En la reunión, realizada en los Tribunales de Paraná, participaron los y las integrantes de la Sala Civil N° 2 del STJER, Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Carlos Federico Tepsich; los miembros de la Comisión de Automatización de Procesos Sucesorios, María del Pilar Villa, Mariano Ludueño, Martín Furman, Julio César Marcogiuseppe, Sonia Rondoni, Juan Marcelo Micheloud , Francisco Unamunzaga y Vanesa Selenscig Pimentel; el director del Área de Informática del STJ, Omar Pagliotto; los integrantes de ese organismo, Nicolás Rossi y Federico Caballaro; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel y el vicepresidente segundo, Pablo Tanger. También estuvieron presentes, de manera virtual, las autoridades de las seccionales del CAER y los miembros de la Comisión de las jurisdicciones Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

     
    En esta oportunidad, el objetivo del encuentro fue compartir la actualización realizada de la plataforma, dialogar sobre esto con los representantes del CAER y planificar los pasos a seguir. Desde el STJER se comprometieron, además, a en un plan de capacitaciones previo a la implementación definitiva de este sistema en toda la provincia.
     
    Desde el inicio de la prueba piloto del sistema automatizado, el 3 de noviembre de 2025, se han registrado 369 demandas, consolidando un avance significativo hacia una gestión judicial más ágil, eficiente y accesible.
     
    Durante esta etapa de evaluación, la Comisión de Automatización de Procesos Sucesorios del STJ analizó el funcionamiento del sistema tanto a través de la observación interna como mediante la recepción de comentarios y consultas formuladas por profesionales de la abogacía al área de soporte. Este trabajo permitió identificar oportunidades de mejora que fueron incorporadas por el Área de Informática, dando lugar a un diseño más ordenado, coordinado e intuitivo, que optimiza la experiencia de uso y facilita la labor de las y los profesionales.
     
    Las actualizaciones introducidas no sólo perfeccionan las funcionalidades generales de la plataforma, sino que también constituyen la base para futuros desarrollos propios orientados a la automatización de otros procesos estandarizables, reforzando la previsibilidad y reduciendo los tiempos de tramitación.
     
    Con estas mejoras, el Poder Judicial de Entre Ríos reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, destacando que la construcción de herramientas digitales propias representa un verdadero cambio de paradigma en la gestión judicial.