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  • Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    El escenario político de Concepción del Uruguay ha quedado expuesto ante una de las contradicciones más flagrantes del relato progresista local. La denuncia por violencia de género presentada por la concejal Karina Percara contra el intendente José Eduardo Lauritto no solo desnudó las tensiones dentro del recinto, sino que activó un sofisticado mecanismo de defensa corporativa e institucional que deja en claro una verdad incómoda: para el arco político tradicional, la gravedad de la violencia no se mide por el hecho en sí, sino por la ideología de la víctima y el peso político del denunciado.

    Justicia Express: El privilegio de los poderosos
    Lo primero que llama poderosamente la atención en este caso es la asombrosa celeridad con la que se expidió la justicia en sus primeras instancias. En un país y una provincia donde las víctimas de violencia de género deben esperar meses, peritajes interminables y lidiar con una burocracia que desampara, la causa contra el Intendente pareció correr en una «pista de alta velocidad» judicial para intentar cerrarla en tiempo récord.
     
    Ante esta llamativa premura por archivar o minimizar el conflicto, la concejal Percara se vio obligada a ampliar la denuncia y exigir formalmente que se cite a los testigos presenciales.
    ¿A qué le temen? Si todo fue un malentendido, ¿por qué el apuro judicial en bajar la persiana antes de escuchar a quienes estuvieron allí? En una República de iguales, la justicia debe ser ciega, no veloz según el cargo del acusado.
    La minimización como manual de estilo: El «factor Presas»
    Como si la velocidad judicial no fuera suficiente, el blindaje político no tardó en llegar al plano legislativo. Las declaraciones del concejal Pablo Presas en la última sesión, catalogando la presentación como una denuncia por violencia de género «exagerada», son el vivo ejemplo de la condescendencia patricia con la que el oficialismo digiere las críticas.
    Cuando una mujer de su propio signo político denuncia, se activan protocolos, se leen manifiestos y se exige la inmediata destitución del acusado. Pero si la denunciante es una mujer de ideología liberal o de derecha, el libreto cambia: la denuncia pasa a ser «una exageración», «un intento de aprovechamiento político» o una simple «sensibilidad» desmedida.
    Esa minimización de la palabra de una par es una falta de respeto no solo a la concejal afectada, sino a todas las mujeres que esperan que las instituciones den el ejemplo.
     
    El Colectivo con derecho de admisión: Izquierda vs. Derecha
    Este caso pone sobre la mesa el debate de fondo: la absoluta doble vara de las políticas de género y los colectivos de «sororidad». Durante años nos vendieron que «el colectivo» defendía a las mujeres de manera universal. Hoy vemos que el carnet de víctima tiene derecho de admisión ideológica.
     
    Si la víctima es de izquierda: Cuenta con el aparato estatal a su disposición, marchas en la plaza, comunicados del área de género municipal y solidaridad automática de las bancadas oficialistas.
     
    Si la víctima es liberal o de derecha: El feminismo institucionalizado sufre de amnesia selectiva. Hay un silencio sepulcral en las oficinas de género que nosotros mismos financiamos con nuestros impuestos. La empatía del progresismo local está directamente condicionada por la boleta electoral que la víctima metió en la urna.
     
    Como liberales, no defendemos privilegios de género ni colectivos colectivistas que colectivizan la culpa; defendemos la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a la dignidad del individuo. Si un funcionario público, sea quien sea, abusa de su posición de poder para violentar o amedrentar a un miembro del cuerpo legislativo, debe rendir cuentas con todas las de la ley.
     
    El Ejecutivo local está acostumbrado a actuar «sin pedir permiso» a las autoridades nacionales. Ahora, con este avasallamiento institucional y judicial en el caso Percara, nos demuestran que tampoco tienen intenciones de respetar las normas básicas de convivencia democrática.
     
    Señores concejales del oficialismo, dejen de militar la sororidad de cotillón. La violencia no tiene ideología, y el abuso de poder tampoco. Es hora de que la justicia escuche a los testigos y deje de operar como el escudo de los amigos del poder.

  • “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”

    “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”

    “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”

    El Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, organiza el ciclo de webinars “Desafíos del Poder Judicial frente a la vulnerabilidad interseccional. Análisis de su impacto en la jurisprudencia y en la legislación”, una propuesta académica destinada a integrantes de los Poderes Judiciales y profesionales de la abogacía.

     
    La actividad será coordinada por Paula Montefiori, defensora pública de la Provincia de Entre Ríos y docente universitaria, y se llevará a cabo mediante la plataforma Zoom.
     
    El ciclo estará conformado por tres encuentros sincrónicos de una hora y media de duración, que se realizarán los días 8, 22 y 29 de junio, de 17 a 18:30.
     
    El primer encuentro, previsto para el lunes 8 de junio, estará a cargo de Luis Ayuso, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde se desempeña como profesor en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, integra espacios académicos vinculados al derecho constitucional en la Universidad Católica Argentina.
     
    La segunda jornada tendrá lugar el lunes 22 de junio y contará con la exposición de Pía Martina, abogada, secretaria del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en la Asesoría de Menores N.º 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y codirectora de la Clínica Jurídica en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos.
     
    Finalmente, el lunes 29 de junio disertará Martha Altabe, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y jueza de la Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral de la Provincia de Corrientes. Altabe es la vicepresidenta honoraria del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y ejerció la vicepresidencia de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) durante 2019 y 2023 y la presidencia de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en el período 2021-2023.
     
    Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/ciclo-de-webinars-desafios-del-poder-judicial-frente-a-la-vulnerabilidad-interseccional/.

  • Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Más controles sobre los sindicatos, mayor competencia por la representación de los trabajadores, limitaciones al financiamiento de las organizaciones gremiales y un fondo de indemnizaciones que, según la CGT, no asegura el pago a los despedidos. Estos puntos, junto con la renegociación obligatoria y masiva de los convenios colectivos, constituyen los principales cuestionamientos de la central obrera a la reglamentación de la reforma laboral oficializada el pasado lunes por el Gobierno.

    Mediante un pronunciamiento y un documento específico, la conducción de la CGT acusó a la administración de Javier Milei de “avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical” en el país. Además, señaló que el decreto reglamentario 407 representa “una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.
    En particular, la CGT rechazó que la reglamentación modifique la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, al incorporar disposiciones que, según la central, alteran el espíritu y alcance de la ley y modifican aspectos que solo pueden definirse por el Poder Legislativo.
    El punto más controversial se vincula con el artículo que fomenta la competencia en la representación sindical, al reducir del 20% al 5% el mínimo porcentaje de afiliados cotizantes requerido para que una organización pueda disputar la personería o la representación mayoritaria dentro de una actividad. Para los líderes cegetistas, esta medida facilitará la creación de nuevos sindicatos y aumentará las disputas por encuadramiento.
    En contraste, el decreto oficial sostiene que dicho cambio busca “fortalecer la transparencia, ampliar la representatividad en los diversos ámbitos, la verificabilidad de la representación y el funcionamiento democrático, en línea con los principios de modernización institucional”.
    ### Mayor control sobre los gremios
    La preocupación sindical crece debido a que el decreto introduce límites y requisitos para la representación gremial dentro de las empresas. Se establece que “los cuerpos directivos de las asociaciones sindicales estarán integrados por un número de miembros que no exceda una razonable proporcionalidad con la cantidad de afiliados cotizantes” en la firma.
    Asimismo, las organizaciones que soliciten su inscripción ante las autoridades laborales deberán presentar una declaración jurada patrimonial. También se incorporaron mecanismos para verificar la cantidad de afiliados a través del cruce de datos del SIPA y otras bases públicas.
    Además, ante convenios colectivos aplicables en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador correspondientes a dichas jurisdicciones, cuando sea necesario para una adecuada integración del ámbito de representación.
    El Gobierno justificó esta medida diciendo que busca reflejar las diferencias de productividad entre regiones. En su interpretación, esto es distinto de la negociación colectiva de carácter seccional y nacional, que establece condiciones uniformes para todos los establecimientos del mismo sector productivo. Sin embargo, las organizaciones sindicales advierten que esta postura favorece la negociación de convenios por empresa por sobre los acuerdos sectoriales.
    ### Reclamos por el fondo para despidos
    Por otra parte, en un informe difundido por la delegación de la CGT presente en la conferencia anual de la OIT en Ginebra, se expresaron diversas críticas hacia el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones y que comenzará a funcionar desde noviembre, con posibilidad de uso por parte de las empresas a partir de abril de 2027.
    Los sindicalistas advirtieron que el empleador tendrá la potestad de decidir si utiliza o no los recursos acumulados en la cuenta habilitada, por lo que no se garantiza el pago de la indemnización a los trabajadores.
    Además, señalaron que los fondos serán considerados inembargables, lo que impedirá a los trabajadores ejecutar esos recursos en caso de falta de pago por parte del empleador.

  • Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

    Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

    Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

    El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con dureza a través de redes sociales al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que este afirmara que el funcionario del gobierno de Milei sería investigado cuando la oposición vuelva al poder. “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia, que es un desastre”, le reprochó Caputo.

    En su contundente mensaje, el ministro recordó: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta”. Esta declaración alude al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y a las denuncias surgidas durante el juicio sobre presuntos vínculos entre la empresa familiar Caputo Construcciones y Jonathan Morel, líder de la agrupación Revolución Federal, quien estuvo bajo investigación y fue detenido temporalmente.
    Caputo redobló la apuesta: “Por no adherir al RIGI, está privando a los riojanos de empleo, recursos y mejores salarios. Mejor que amenazar, dedíquese a gobernar bien su provincia, que por su culpa es un verdadero desastre”.
    El cruce comenzó tras una entrevista concedida por Quintela a Infobae TV, en la que cuestionó al ministro luego de sus críticas a la posible candidatura presidencial de Axel Kicillof. Caputo había afirmado que, “por más que ocurra una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, una frase que generó malestar en el entorno del gobernador bonaerense.
    En respuesta, Quintela advirtió: “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”. Estas palabras fueron interpretadas por Caputo como una amenaza, motivo por el cual respondió públicamente.
    El gobernador riojano acusó además a Caputo y su entorno de desconocer la realidad del país: “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia para fijarse en lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen son políticas para beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”.
    Quintela también cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo proyecto “superRIGI”, señalando que implican “una entrega total, absoluta, de nuestra riqueza”. La Rioja es una de las provincias que no adhirió al RIGI, a diferencia de Catamarca y San Juan, que impulsan proyectos mineros con inversiones que oscilan entre 200 y 2.000 millones de dólares. El gobernador argumentó que no se opone a las inversiones, sino “a un sistema donde ellos se la llevan toda y las provincias quedan con muy poco”.
    Sobre la denuncia aludida por Caputo, cabe recordar que en octubre de 2022, en el marco del proceso judicial por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces a cargo de Agustín Rossi, presentó una denuncia vinculando a integrantes de Revolución Federal, incluido Jonathan Morel, con supuestas amenazas a la vicepresidenta.
    Durante la investigación, se detectaron pagos realizados por la empresa familiar Caputo a Morel por trabajos de carpintería en dos proyectos inmobiliarios de la empresa en Añelo, Neuquén. Flavio Caputo, hermano de Luis y primo de Nicolás Caputo, se presentó ante la justicia y ofreció colaborar para desmentir las acusaciones, señalando que estas contrataciones fueron meramente comerciales y no constituyen “apoyo financiero” a la agrupación.
    Morel fue detenido durante la investigación, aunque luego quedó libre acusado de “incitación a la violencia colectiva”. Frente a la controversia, Caputo reiteró: “Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta”.

  • El Poder Judicial de Entre Ríos impulsa la modernización digital con nuevas mejoras en el Sistema automatizado de procesos sucesorios sin testamentar

    El Poder Judicial de Entre Ríos impulsa la modernización digital con nuevas mejoras en el Sistema automatizado de procesos sucesorios sin testamentar

    El Poder Judicial de Entre Ríos impulsa la modernización digital con nuevas mejoras en el Sistema automatizado de procesos sucesorios sin testamentar

    En la reunión, realizada en los Tribunales de Paraná, participaron los y las integrantes de la Sala Civil N° 2 del STJER, Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Carlos Federico Tepsich; los miembros de la Comisión de Automatización de Procesos Sucesorios, María del Pilar Villa, Mariano Ludueño, Martín Furman, Julio César Marcogiuseppe, Sonia Rondoni, Juan Marcelo Micheloud , Francisco Unamunzaga y Vanesa Selenscig Pimentel; el director del Área de Informática del STJ, Omar Pagliotto; los integrantes de ese organismo, Nicolás Rossi y Federico Caballaro; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel y el vicepresidente segundo, Pablo Tanger. También estuvieron presentes, de manera virtual, las autoridades de las seccionales del CAER y los miembros de la Comisión de las jurisdicciones Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

     
    En esta oportunidad, el objetivo del encuentro fue compartir la actualización realizada de la plataforma, dialogar sobre esto con los representantes del CAER y planificar los pasos a seguir. Desde el STJER se comprometieron, además, a en un plan de capacitaciones previo a la implementación definitiva de este sistema en toda la provincia.
     
    Desde el inicio de la prueba piloto del sistema automatizado, el 3 de noviembre de 2025, se han registrado 369 demandas, consolidando un avance significativo hacia una gestión judicial más ágil, eficiente y accesible.
     
    Durante esta etapa de evaluación, la Comisión de Automatización de Procesos Sucesorios del STJ analizó el funcionamiento del sistema tanto a través de la observación interna como mediante la recepción de comentarios y consultas formuladas por profesionales de la abogacía al área de soporte. Este trabajo permitió identificar oportunidades de mejora que fueron incorporadas por el Área de Informática, dando lugar a un diseño más ordenado, coordinado e intuitivo, que optimiza la experiencia de uso y facilita la labor de las y los profesionales.
     
    Las actualizaciones introducidas no sólo perfeccionan las funcionalidades generales de la plataforma, sino que también constituyen la base para futuros desarrollos propios orientados a la automatización de otros procesos estandarizables, reforzando la previsibilidad y reduciendo los tiempos de tramitación.
     
    Con estas mejoras, el Poder Judicial de Entre Ríos reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, destacando que la construcción de herramientas digitales propias representa un verdadero cambio de paradigma en la gestión judicial.
     

  • Polémica en España por un libro que retrata a Felipe VI como un rey dividido entre el poder y un loco deseo por otros hombres

    Polémica en España por un libro que retrata a Felipe VI como un rey dividido entre el poder y un loco deseo por otros hombres

    Resulta difícil imaginar que Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia, más conocido como Felipe VI, es un rey dividido entre el poder y un loco deseo por otros hombres.A diferencia de su padre -el incontenible rey Juan Carlos, quien le dejó el trono en 2014-, los españoles creyeron, hasta ahora, que Felipe nunca se había salteado ni un renglón del libreto que la Casa Real había escrito para él.Y aunque no existen evidencias de lo contrario, la circulación de un libro sobre sus supuestos amoríos secretos con empresarios y artistas famosos acelera las pulsaciones de la charla en los bares.“Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida” es una crónica sin el mínimo rigor científico que consume páginas entre la biografía no autorizada y el morbo de la prensa de chimentos macerada sobre especulaciones. Su autor se llama Joaquín Abad y se presenta como “periodista y editor de decenas de publicaciones digitales”. “Fui director de La Crónica en Almería y de El Caso. En la actualidad soy CEO de Cibeles Group (una empresa de medios y contenidos)”, se define Abad.El catálogo de las amistades íntimas que el libro de Abad le adjudica a Felipe, quien se casó en 2004 -cuando era príncipe de Asturias- con la periodista Letizia Ortiz, perfila a artistas de alta exposición como los cantantes Miguel Bosé o Alejandro Sanz.Los reyes, Felipe VI y Letizia, esperan a los asistentes a la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio Real de Madrid. Foto EFE“Ha tenido una colección de amigos y de amigas. Creo que ha tenido más amor con los amigos que con las amigas. Se siente más a gusto con los hombres”, afirmaba Abad en una charla por YouTube hace ocho meses.Porque su libro no es una novedad editorial. Se publicó en septiembre del año pasado y pasó sin pena ni gloria hasta que, en estos días, despertó la curiosidad morbosa de los españoles.“Los novios de Felipe VI es un retrato íntimo y sutilmente provocador del hombre que creció entre los silencios de Zarzuela, marcado por una madre sola, un padre ausente y una corona que exigía descendencia, no libertad”, lo promociona la cadena de librerías La Casa del Libro, donde un ejemplar cuesta 23,75 euros.“Ha tenido aventuras con chavales más jóvenes que él”, dice Abad sobre Felipe, de 58 años y un metro noventa y siete.Su compañero de bancoEl rey, que habla siete idiomas y participó como deportista en los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, mantiene amistades con compañeros del colegio Santa María de los Rosales, donde estudió. Allí conoció a los hermanos Fuster, Álvaro y Ricky. Álvaro, hoy empresario, fue, además de compañero de banco de Felipe, testigo de su boda con Letizia. Su hijo Álvaro es ahijado del rey.Abad describe a Fuster como un pilar fundamental en la biografía emocional de Felipe VI e insinúa que fue su gran amor.“Siempre estaba contenido -lo define Abad respecto de los presuntos enamoramientos del rey-. Creo que nunca se desmelenó del todo”.El rey Felipe VI llega para reunirse con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto (Bolivia). Foto EFEEl Felipe más vulnerable a quedar prendado de figuras públicas, según Abad, fue el de los años de principado. Por entonces habría tenido relaciones con el diseñador de alta costura Lorenzo Caprile o el empresario Borja Vázquez.El libro apuesta a agrietar la “arquitectura de la ejemplaridad” a la que Felipe VI le dedicó buena parte de su vida pública desde que Juan Carlos abdicó: mientras el rey emérito encarnaba, a ojos de sus súbditos, el desbordamiento y la opacidad, Felipe VI quiso presentarse limpio y honesto.“Se lo estudia todo”, comenta un funcionario que participó en algún viaje con el Felipe jefe de Estado. “Serio, responsable y disciplinado”, son los atributos que mejor definen su tarjeta de presentación.El supuesto amorío con Juliana AwadaNo es la primera vez que el bajo perfil del rey Felipe es detonado por rumores. En febrero de este año, el programa Intrusos, de América, aseguró que mantenía una relación con Juliana Awada, recién separada del ex presidente Mauricio Macri.En España nadie le dio crédito al disparate. “Un romance entre el rey Felipe VI y Juliana Awada: la historia del bulo (mentira) de la televisión argentina”, titulaba la prensa local.El ex cuñado de LetiziaSegún “Los novios de Felipe”, el matrimonio con Letizia Ortiz es pura pantalla detrás de la cual, cada uno lleva una intensa y tormentosa vida sentimental y sexual. En junio de 2024 Clarín conversó en exclusiva con Jaime de Burgo, ex amigo y ex cuñado de Letizia, quien asegura haber sido el gran amor de la reina.“Fue larga la relación que mantuve con Letizia, antes y después de Felipe”, confesó De Burgo a Clarín.“La nuestra no fue una relación de amantes -aseguró-. El amante sería él, en todo caso. Quiero decir Felipe. La nuestra fue una relación de compromiso, duradera, exclusiva, planificamos nuestro futuro juntos y quisimos formar una familia.”Como sucede cada vez que algún miembro de la Corona protagoniza algún escándalo, verdadero o inventado, la Casa Real se cose la boca y permanece en silencio hasta que pase el vendaval. Ni afirma ni desmiente.En la web de Maldita.es, especializada en la verificación de lo que se publica y en la lucha contra la desinformación, sobre la frase que afirma “El escritor Joaquín Abad asegura que el rey Felipe VI es homosexual”, Maldita aclara: “Este contenido no fue aún investigado por nuestro equipo”.

  • Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    El diputado nacional por el PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó hoy un proyecto de ley para restablecer el uso de las “franjas adyacentes” a las rutas nacionales para su explotación agrícola o siembra de pasturas.Según indica el escrito elaborado por Sánchez Wrba y que lleva la firma de 10 legisladores de dicha fuerza política, el objeto de la ley es “habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona de camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad establecidas por la normativa vigente”.En su cuenta oficial de X, el funcionario legislativo, se busca “volver a habilitar el uso productivo de las banquinas ociosas de las rutas nacionales”, a partir de “dejar sin efecto la resolución que el kirchnerismo dictó en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, que de manera arbitraria dio de baja los convenios y prohibió la explotación de estas parcelas”.“Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace”, completó en la red social.El proyecto establece que se otorguen “permisos de uso precario y oneroso para la siembra, cultivo y cosecha de cereales, oleaginosas y pasturas”, en donde los propietarios frentistas, arrendatarios o explotadores de los inmuebles linderos tendrán la prioridad, aunque en caso de no estar interesados, podrán obtener dicho permiso terceros.Por supuesto que el proyecto prohíbe de manera expresa cualquier concesión o explotación que ponga en riesgo la seguridad vial.Para esto, Sánchez Wrba busca que se derogue la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad que prohíbe expresamente el uso de estas tierras para la explotación agrícola y establecer un nuevo marco regulatorio que permita tal actividad.Para el legislador nacional, “esta decisión cercenó la explotación agropecuaria de varias superficies de dominio público, impidiendo su aprovechamiento productivo bajo esquemas regulados, controlado y con contraprestación económica para el Estado”.Como precedente, Sánchez Wrba no solo nombró la resolución 1158/1996 que permitía esta actividad, sino también la Ley 10.342 de la Provincia de Buenos Aires que habilita a los municipios a concesionar estos espacios, como recientemente lo hizo el partido de 9 de Julio.“En definitiva, la presente medida propone reemplazar una prohibición absoluta por un régimen regulado, técnicamente delimitado y jurídicamente sólido. Se trata de de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generar recursos adicionales para el Estado”, concluye el proyecto.

  • Jueces por idoneidad, no por cercanía con el poder

    Jueces por idoneidad, no por cercanía con el poder

    Jueces por idoneidad, no por cercanía con el poder

    La reciente iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de reforma del sistema de selección de magistrados no constituye un mero ajuste procedimental. Por el contrario, representa una señal institucional relevante en un momento en el cual la calidad del Poder Judicial depende, en gran medida, de la credibilidad de los mecanismos mediante los cuales se accede a la magistratura.Cabe precisar que la Corte no ha aprobado un nuevo reglamento, sino que ha presentado ante el Consejo de la Magistratura un proyecto de modificación del régimen vigente de concursos judiciales, respetando así el esquema constitucional de competencias y promoviendo un debate institucional sobre la mejora del sistema.En todo Estado constitucional serio existe una premisa básica: la independencia judicial no comienza cuando el juez asume su cargo, sino cuando se garantiza que su designación responde a criterios de idoneidad y no a factores de oportunidad política, afinidad personal o equilibrios circunstanciales de poder.Desde esta perspectiva, el proyecto impulsado por la Corte debe ser entendido como un intento de reforzar principios que no son nuevos, pero sí muchas veces debilitados en su aplicación práctica: el mérito como regla de acceso, la transparencia como condición de legitimidad y la objetividad como garantía de igualdad.El artículo 16 de la Constitución Nacional establece con claridad que la idoneidad es la única condición para el acceso a los empleos públicos. Esta norma, que constituye uno de los pilares del sistema republicano argentino, sólo adquiere verdadera eficacia cuando se traduce en procedimientos concretos que limiten la discrecionalidad y fortalezcan los criterios técnicos de evaluación.No debe olvidarse que la reforma constitucional de 1994, al crear el Consejo de la Magistratura, tuvo entre sus objetivos centrales precisamente atenuar el componente exclusivamente político, que, históricamente, había sido facultad exclusiva en la designación de los jueces, incorporando mecanismos técnicos de evaluación que privilegiaran la idoneidad profesional por sobre las afinidades políticas.Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el reglamento actualmente vigente otorga márgenes de discrecionalidad significativos a los consejeros, lo que puede derivar en situaciones de arbitrariedad, debilitar la transparencia del sistema y afectar la confianza pública en la Justicia.En este contexto, la revisión del peso de las entrevistas personales, el fortalecimiento del anonimato en las pruebas técnicas, la estructuración más precisa de la evaluación de antecedentes y la búsqueda de procesos más auditables no deben ser vistos como simples reformas administrativas.Se trata, en realidad, de mecanismos destinados a reforzar la legitimidad del sistema judicial desde su punto de partida: la forma en que se elige a quienes deberán impartir justiciaPorque el problema de fondo no es meramente técnico, sino institucional. Cuando los procesos de selección presentan márgenes excesivos de discrecionalidad, inevitablemente se generan dudas. Y en el ámbito judicial, la duda siempre termina afectando la confianza pública, que es el verdadero capital de la Justicia.Esto no implica desconocer que la política tiene un rol en el diseño institucional del Poder Judicial. El propio sistema constitucional prevé equilibrios entre representación democrática y evaluación técnica. Pero justamente por ello, cuanto más sólidos sean los mecanismos objetivos del concurso, menor será la posibilidad de que factores ajenos al mérito desvirtúen el resultado.La verdadera discusión, entonces, no pasa por excluir a la política —algo imposible en un sistema republicano— sino por evitar que la política sustituya al mérito como criterio determinante.También resulta institucionalmente destacable que la Corte haya optado por promover esta discusión mediante la presentación de un proyecto ante el Consejo de la Magistratura, respetando así el esquema de competencias previsto por el orden constitucional. Ese camino revela una comprensión adecuada del funcionamiento institucional: las reformas estructurales deben surgir del diálogo entre órganos y no de decisiones unilaterales.Pero más allá de las reformas técnicas que puedan finalmente adoptarse, el valor más importante de esta iniciativa tal vez resida en el mensaje que transmite hacia el futuro: que el acceso a la magistratura debe volver a ser percibido como el resultado natural de la trayectoria, la formación, la capacidad y la integridad profesional.Las democracias que logran consolidar sistemas judiciales respetados no son aquellas que eliminan la política, sino aquellas que logran impedir que las relaciones personales o los alineamientos circunstanciales pesen más que la preparación y el carácter.Porque cuando la cercanía pesa más que la capacidad, el sistema pierde calidad. Pero cuando la capacidad se convierte en la verdadera regla de acceso, gana la Justicia y se fortalece la República.Tal vez allí resida el verdadero desafío institucional de la Argentina: recuperar la convicción de que las funciones públicas más delicadas deben ser ejercidas por los más preparados y no por los más vinculados.En síntesis, el proyecto representa un avance conceptual importante: pone el mérito en el centro, limita la discrecionalidad y apuesta por la tecnología como herramienta de transparencia. El verdadero test será si el Consejo de la Magistratura lo adopta, lo mejora o simplemente lo archiva.Porque la independencia judicial no se garantiza sólo con normas, sino con instituciones sólidas y con hombres y mujeres que honren la función de impartir justicia con prudencia, saber y coraje.El Consejo de la Magistratura debe ser el custodio de esa independencia, no su rehén. Una República seria no puede darse el lujo de elegir jueces por cercanía con el poder, debe elegirlos por su idoneidad.Jorge R. Enríquez es ex Diputado Nacional, presidente Asociación Civil Justa Causa y miembro de Profesores Republicanos.

  • Masonería y dictadura: un libro revela redes de poder, tensiones y vínculos ocultos en la Argentina

    Masonería y dictadura: un libro revela redes de poder, tensiones y vínculos ocultos en la Argentina

    Masonería y dictadura: un libro revela redes de poder, tensiones y vínculos ocultos en la Argentina

    No es una cita al pasar. Funciona, más bien, como una declaración de principios que sobrevuela todo el encuentro. Y también como un punto de tensión. La escena es la presentación de Masones en dictadura, la investigación de Gabriel Darrigran: historiador con formación archivística en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, investigador en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y colaborador de la revista académica REHMLAC+ de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo se apoya en una base poco frecuente: archivos institucionales desclasificados de la propia masonería argentina.Gabriel Darrigran: historiador con formación archivística en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es autor de Masones en dictadura. Foto: Martín Bonetto.Desde ahí, el libro propone volver sobre las décadas del 60, 70 y comienzos de los 80. Años atravesados por dictaduras, violencia política y, también, por redes de poder que exceden lo local. La masonería –que se reconoce heredera de la tríada libertad, igualdad, fraternidad– aparece en ese recorrido no como un bloque homogéneo, sino como un espacio atravesado por tensiones, negociaciones y zonas grises.El lugar no es neutro. La presentación ocurre en una sede masónica frente a Plaza de Mayo, cargada de una densidad simbólica que no hace falta subrayar. Desde el inicio se instala una idea: “cerrar un círculo”. Hay algo de gesto ritual, pero también de intento historiográfico.A diferencia de lo que ocurrió en varias dictaduras europeas –donde la masonería fue perseguida, clausurada y desmantelada–, en la Argentina del siglo XX su situación fue más ambigua. Hubo momentos de fricción, sobre todo bajo gobiernos de impronta nacionalista o clerical, pero en términos generales logró sostener una existencia legal, casi administrativa, como asociación civil. Su estabilidad, en todo caso, no dependía de una política uniforme sino de algo más volátil: las internas del propio poder militar.Presentación del libro Masones en dictadura, de Gabriel Darrigran, historiador con formación archivística en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Foto: Martín Bonetto.En los años más oscuros, la masonería funcionaba, hacia adentro, con una lógica casi de club: actas, listas de socios, reuniones formales. Circula una anécdota que condensa ese clima: un grupo de masones es detenido en la ruta, bajo sospecha de subversión, hasta que un superior reconoce los símbolos y los deja seguir. No eran clandestinos. Eran, en todo caso, identificables.Redes, dinero y Guerra FríaPara entender el lugar que ocuparon algunos actores masones en la Argentina de los 70, Darrigran propone abrir el foco. La Guerra Fría no fue sólo un enfrentamiento ideológico. Fue también una trama de financiamiento, inteligencia y operaciones encubiertas.En Europa, estructuras clandestinas vinculadas a la OTAN –que se conocerían públicamente años después– canalizaron recursos hacia grupos preparados para una eventual resistencia ante una invasión soviética. En ese entramado, donde circulaban dinero, información y alineamientos políticos, aparece una figura clave: Licio Gelli. No sólo por su pertenencia a la masonería, sino por su capacidad de moverse en distintos niveles de poder.Uno de los momentos en los que esa red asoma con más claridad es el regreso de Juan Domingo Perón al país tras su exilio. «El primer paso que dio en esa dirección fue acercarse al Vaticano. En 1962, Perón solicitó formalmente que se le levantara la excomunión que creía se le había impuesto en junio del 55 –subraya Darrigran en las páginas de Masones en dictadura–. Sin embargo, este gesto de reconciliación no fue suficiente para asegurar su regreso. Necesitaba más apoyos».José López Rega –espiritista, rosacruz y masón– creía que, para asegurar ese retorno, Perón debía contar con el aval de la masonería. “El propio Perón compartía esta creencia, ya que consideraba que la masonería había sido una de las fuerzas conspiradoras que, de alguna forma, habían saboteado su gobierno».La figura que aparece entonces es la de Gelli. “Se trataba de Licio Gelli, un empresario miembro de la entidad masónica Gran Oriente de Italia”, señala Darrigran, mientras proyecta la imagen de Perón junto a quien, desde joven, había adherido al fascismo.»En 1969, el presidente del Gran Oriente de Italia, al verse imposibilitado de gestionar los asuntos administrativos de este grupo encubierto, nombró a Licio Gelli como secretario organizativo de la logia de propaganda masónica –se puede leer en un fragmento–. Así fue como, en 1971, Gelli se le presentó a López Rega en Madrid, como el responsable de la logia Propaganda Due (P2) de Roma».Presentación del libro Masones en dictadura, de Gabriel Darrigran, historiador con formación archivística en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Foto: Martín Bonetto.Un punto de inflexiónEn ese marco, una reunión reservada funciona como punto de inflexión. Perón quiere volver a la presidencia y busca saldar viejas tensiones con los masones argentinos. “Era, por tanto, una oportunidad única para revitalizar la masonería argentina, participando activamente en el gobierno de Cámpora”, escribe Darrigran. La hipótesis se sostiene en testimonios judiciales y en trabajos como Vigilia de armas, de Horacio Verbitsky, y sugiere la existencia de canales de diálogo en los meses previos al retorno definitivo.»Todo cambió repentinamente, el 1 de julio de 1974, cuando falleció el presidente de la Nación, conmocionando profundamente a la sociedad argentina –profundiza Darrigran en Masones en dictadura–. Sin embargo, la muerte del líder peronista no frustró por completo el plan conocido sólo por algunos masones de la logia Panamérica. El vínculo clave con el gobierno seguía siendo José López Rega, el hombre de confianza de María Estela. Su influencia sobre la presidenta era tal que, ese mismo año, la mandataria designó a César De la Vega, médico cirujano y Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones entre 1972 y 1975, embajador en Francia».El golpe del 24 de marzo de 1976 abre otro escenario. El Proceso de Reorganización Nacional –uno de los períodos más violentos de la historia argentina– reconfigura también ese entramado. Los planes previos se desarman.“En ese contexto, una vez más la responsabilidad de proteger los intereses de la Gran Logia recaía sobre personas como Alcibíades Lappas –menciona Darrigran–, quien tenía estrechos vínculos con el liberal Emilio Eduardo Massera, integrante de la nueva junta militar”.Presentación del libro Masones en dictadura, de Gabriel Darrigran, historiador con formación archivística en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Foto: Martín Bonetto.En otro pasaje, el autor señala que durante el Proceso “todo parece ir viento en popa para la masonería y en particular con la platense; coincidiendo con la ‘pacificación’ del país por medios non sanctos. Las correctas relaciones institucionales con personajes como Carlos Suárez Mason, Osvaldo Cacciatore y Emilio Massera habían posibilitado un respeto mutuo, impidiendo que los militares se inmiscuyeran en los asuntos masónicos”.El escándalo P2El hallazgo en Italia –en el marco de la investigación por la desaparición del banquero Michele Sindona– expone documentos, archivos y la lista completa de la logia P2. El impacto en Europa es inmediato. En la Argentina, en cambio, la información tarda más en decantar. Pero hay un dato que resuena: entre los nombres aparecen figuras argentinas de peso, como Emilio Eduardo Massera, López Rega y Raúl Lastiri.La P2 no funciona como una logia convencional. Es una estructura paralela, incluso clandestina para la masonería regular. Sus operaciones incluyen espionaje, intervención política y vínculos con servicios de inteligencia de la OTAN y la CIA. La Argentina aparece ahí como un nodo más dentro de una red mayor.»El escándalo llegó a Argentina en mayo de 1981, cuando el periodismo local se percató de que Licio Gelli había sido parte del servicio diplomático argentino desde 1973″, apunta Darrigran. «Para entonces, ya había mucha más información disponible sobre la logia Propaganda Due y sus objetivos..».Décadas más tarde, en 2006, fiscales italianos entregan a Estela de Carlotto bienes incautados a Gelli. Un gesto simbólico que vuelve a cruzar historias.Uno de los tramos más inquietantes conecta esa red internacional con el corazón del aparato represivo. En la ESMA, además de funcionar como centro clandestino de detención, operaba una imprenta donde se falsificaban documentos. El testimonio de Víctor Basterra vuelve concreta esa dimensión: allí se hicieron pasaportes, entre otros, para Licio Gelli. El vínculo ya no es sólo ideológico. Es operativo.Presentación del libro Masones en dictadura, de Gabriel Darrigran, historiador con formación archivística en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Foto: Martín Bonetto.En 1982, en plena guerra de Malvinas, los masones de La Plata se reúnen cerca del regimiento del que habían partido los soldados. El gesto busca inscribirse –aunque sea de manera simbólica– en ese momento. Ese mismo año, al abrirse la piedra fundacional de la ciudad, aparecen medallas masónicas del siglo XIX. La escena alimenta una narrativa de continuidad histórica.La lista de nombres asociados es amplia y heterogénea: Alfredo Palacios, Raúl Alfonsín, José de San Martín, Hipólito Yrigoyen, José Ingenieros, Arturo Jauretche, Adrián Otero, Alfredo Bravo, Manuel Belgrano, Leandro N. Alem.La dictadura, mientras tanto, impone sus propias reglas. La masonería no confronta: se adapta. Una circular interna lo explicita: respetar las leyes, reconocer a las autoridades. En los hechos, eso implica redefinir perfiles: menos estudiantes –demasiado expuestos– y más integrantes de fuerzas de seguridad.El cierre vuelve a la voz inicial. Ricardo Seen retoma la palabra: “La masonería debería estar con el más débil. No puede estar con una dictadura –apunta–. Lo primero que debe hacer es respetar la Constitución, no podemos ir en contra de la Constitución, pero tampoco las leyes pueden ir en contra del ser humano. La masonería es una institución humanista que no tiene que acompañar los cambios, tiene que ser el cambio”.