wp

Etiqueta: políticas

  • Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    COLAPPIEL y AEPSO presentaron los resultados de una encuesta regional realizada en 14 países de América Latina que expuso las principales barreras de acceso, demoras diagnósticas y el impacto físico, emocional y social de las enfermedades inmunomediadas de la piel. Sociedades científicas internacionales, regionales y organizaciones de pacientes firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar registros, generación de evidencia, diagnóstico temprano y modelos de atención integrados centrados en el paciente.  

    En el marco de la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA), la Coalición Latinoamericana de Pacientes de la Piel (COLAPPIEL), junto con la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), presentaron los resultados de una de las investigaciones más amplias realizadas hasta el momento sobre enfermedades inmunomediadas de la piel en América Latina.
    El simposio “Los datos de Latinoamérica que aún nadie conoce. Evidencia en vida real y trabajo colaborativo en enfermedades inmunomediadas de la piel” reunió a referentes médicos, asociaciones de pacientes y organizaciones internacionales para visibilizar las principales barreras que enfrentan los pacientes de la región en el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías como psoriasis, dermatitis atópica, hidradenitis supurativa, urticaria crónica, vitiligo y alopecia areata.
    COLAPPIEL fue creada hace tres años y actualmente nuclea a organizaciones de pacientes de 14 países de América Latina con el objetivo de generar evidencia regional y visibilizar el impacto real de las enfermedades dermatológicas inmunomediadas, muy subestimadas dentro de los sistemas de salud. Durante la apertura del encuentro, Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO e integrante de la comisión directiva de IFPA (International Federation of Psoriasis Associations), explicó que la iniciativa surgió para “hacer entender a todo el sistema cuál es el impacto de las enfermedades dermatológicas y dejar de pensar que no tiene importancia, sino mostrar realmente cuál es el impacto gigantesco que tienen esas enfermedades en las personas”.
    Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de la encuesta regional desarrollada por COLAPPIEL entre 2023 y 2024. Un relevamiento inédito por su alcance. Incluyó a 3.538 pacientes de 14 países latinoamericanos y fue realizado mediante contacto directo y redes sociales, con colaboración de organizaciones de pacientes de toda la región. Argentina aportó la mayor cantidad de respuestas, seguida por Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay.
    Los resultados expusieron profundas brechas sanitarias y sociales. El 61% de los pacientes manifestó haber consultado entre dos y seis especialistas antes de obtener un diagnóstico correcto y haber esperado entre dos y diez años para arribar al diagnóstico. Además, el 40% reportó ansiedad o depresión, el 53% dijo haberse sentido estigmatizado y casi un tercio reconoció tener dificultades significativas para realizar actividades diarias.
    La investigación también reveló importantes déficits de información y acompañamiento. El 62% de los pacientes aseguró no haber recibido información suficiente al momento del diagnóstico y el 75% indicó no haber contado con apoyo psicológico, aunque la gran mayoría expresó que le hubiera gustado acceder a ese acompañamiento. A esto se suma que más de la mitad de los encuestados señaló que sus familiares o amigos no comprenden plenamente su condición.
    Otro de los datos que más preocupación generó fue la discontinuidad terapéutica y las barreras de acceso al tratamiento. El 13% de los pacientes tardó entre tres meses y un año en acceder efectivamente a la medicación indicada, mientras que un 6% aseguró no haber recibido aún ningún tratamiento al momento de la encuesta. Además, el 74% manifestó haber abandonado tratamientos previamente debido a la falta de efectividad. “La exigencia burocrática de “probar y fallar” retrasa muchas veces la eficacia clínica” explica Martín Petrocco, director ejecutivo de AEPSO y coordinador de COLAPPIEL quien detalló además que casi la mitad de los pacientes reconoció haber recurrido a medicinas alternativas.
    En cuanto a descontinuar la medicación o espaciar, “lo que observamos es que un circuito que debería ser mensual se convierte en uno de 40, 45 o 50 días. El paciente percibe que está bajo tratamiento porque está recibiendo una droga, pero tal vez la dosis o el espaciamiento no es el que necesita”, explicó Petrocco.
    Durante el simposio también se presentaron los resultados de un relevamiento realizado en Argentina a 175 especialistas —dermatólogos, reumatólogos, alergólogos e inmunólogos— sobre barreras de acceso a terapias innovadoras. El 86,4% de los profesionales afirmó haber tenido que apelar decisiones de cobertura para sostener tratamientos indicados y el 56,4% reportó que más del 10% de sus pacientes debieron interrumpir o espaciar dosis por problemas administrativos o de acceso.
    Los especialistas coincidieron en que uno de los principales desafíos de América Latina no es únicamente la disponibilidad de tratamientos innovadores, sino la capacidad real de los sistemas de salud para garantizar acceso oportuno, continuidad terapéutica y atención integral. Petrocco advirtió además sobre el impacto de las demoras administrativas en enfermedades crónicas y progresivas. “La lógica administrativa financiera no puede seguir sustituyendo la urgencia del criterio clínico”, sostuvo.
    Como parte de la estrategia regional, COLAPPIEL también presentó el desarrollo de un scorecard regional de políticas públicas, una herramienta diseñada para medir la existencia y evolución de políticas sanitarias vinculadas con enfermedades dermatológicas inmunomediadas en distintos países de América Latina. Este instrumento analiza variables como existencia de programas nacionales, presupuestos específicos, guías clínicas oficiales, acceso a tecnologías innovadoras, diagnóstico oportuno, cobertura terapéutica y centros de referencia.
    “El objetivo es contar con una herramienta simple y objetiva que permita identificar brechas, monitorear avances y orientar acciones de advocacy y políticas públicas a largo plazo” explicó Petrocco.
    Desde Paraguay, la Dra. Romina Contreras lamentó la ausencia de su país de este relevamiento, pero se mostró muy positiva para el futuro debido a la conformación de la primera organización de pacientes con psoriasis y al y desarrollo de guías nacionales para psoriasis y dermatitis atópica “creo que, para la siguiente ronda de recolección de datos, Paraguay va a estar presente”, afirmó y agregó en relación a lo poblacional “creo que Paraguay y Uruguay deberían aliarse para tratar de seguir un camino similar”.
    Una alianza a favor de los pacientes
    Durante el encuentro se anunció la firma de un acuerdo, realizado en el marco del último Congreso Panamericano de Reumatología (PANLAR), entre representantes del Consejo Internacional de Psoriasis (International Psoriasis Council -IPC-), la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (International Federation of Psoriasis Associations -IFPA-) SOLAPSO (la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis) y PANLAR con el objetivo de colaborar en conjunto con las asociaciones de pacientes latinoamericanas, panamericanas y las asociaciones integrantes de la IPC para darle solución a los problemas de las personas con psoriasis y artritis psoriásica.
    La Dra. Claudia de la Cruz, vicepresidenta y presidenta electa del IPC, explicó que la alianza busca reducir las brechas de acceso y construir una estrategia regional basada en el trabajo estratégico de 5 pilares: concientización, advocacy, investigación, educación y multidisciplinariedad.  “Buscamos mejorar el reconocimiento temprano de síntomas y reducir los años de demora diagnóstica que todavía enfrentan miles de pacientes en la región. Sabemos la importancia de intervenir precozmente”, explicó la especialista y también remarcó la importancia de fortalecer la voz de los pacientes y promover un acceso oportuno y equitativo al diagnóstico y tratamiento. “En Latinoamérica tenemos los medicamentos disponibles, pero ¿estos medicamentos llegan al paciente que lo necesita? Yo creo que la respuesta es un no unánime”.
    En cuanto a la educación médica, resaltó la importancia de focalizarse en aquella dirigida especialmente a atención primaria, para favorecer derivaciones tempranas y evitar progresión de enfermedad.
    La Dra. Paula Luna, dermatóloga pediatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL) también remarcó que “la intervención temprana es fundamental” y que no se necesita ser dermatopediatra para tratar a un paciente con psoriasis, dermatitis o hidradenitis. “Hay especialistas en dermatología pediátrica en Latinoamérica muy buenos, pero no necesariamente tienen que ser sólo ellos quienes traten a estos pacientes. Lo más importante es intervenir tempranamente con un tratamiento adecuado”.
    Sobre la importancia de la multidisciplinariedad, la doctora de la Cruz explicó que debe estar orientada a promover modelos integrados de atención entre dermatología, reumatología, salud mental y otras especialidades vinculadas.
    “Cuando pensamos en el manejo de la enfermedad, tenemos que pensar en un manejo que sea holístico”, señaló la presidenta de SOLAPSO y miembro de la Sociedad Brasileña de Dermatología, la Dra. María Victoria Suárez, quien además remarcó que las enfermedades inmunomediadas requieren una mirada integral y no exclusivamente farmacológica.  Según explicó, patologías como psoriasis o hidradenitis supurativa presentan fuertes asociaciones con obesidad, trastornos metabólicos y enfermedades psiquiátricas, factores que además pueden afectar la respuesta terapéutica y aumentar el riesgo de progresión clínica.
    Los datos relevados por la encuesta realizada por COLAPPIEL muestran claramente las comorbilidades asociadas. El 40% de las personas manifestó sufrir además de ansiedad y depresión, el 16% obesidad, el 14% hipertensión arterial, más del 8% colesterol y cerca de un 6% diabetes. La doctora Suárez destacó los datos generados por COLAPPIEL y afirmó que representan “el inicio de un trabajo que tenemos que hacer en conjunto”.
    La importancia de generar registros
    Uno de los conceptos más repetidos durante toda la jornada fue la necesidad urgente de construir evidencia latinoamericana propia. Sin datos epidemiológicos sólidos resulta extremadamente difícil dimensionar la carga real de enfermedad, proyectar presupuestos sanitarios, desarrollar programas de acceso sostenibles o evaluar resultados clínicos y sociales a largo plazo.
    Tanto organizaciones de pacientes como referentes médicos coincidieron en que la región todavía toma muchas decisiones sanitarias utilizando datos extrapolados de otros contextos, mientras persiste una enorme carencia de registros epidemiológicos y clínicos regionales. “¿Cómo vas a pedir que exista un plan de financiamiento en una determinada patología cuando no tenés la prevalencia de la enfermedad?”, planteó Petrocco. Silvia Fernández Barrio reforzó esa idea al señalar que “si no tenemos un número básico de qué prevalencia tenemos, no se puede hacer una política pública”. “No tenemos registros”, advirtió De la Cruz al remarcar que América Latina aún carece de sistemas robustos y sostenidos de recolección de datos epidemiológicos y clínicos. “Los registros son fundamentales”, sostuvo la Dra. Cristina Echeverría, ex presidente de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO).
    Echeverría insistió en la necesidad de consolidar sistemas regionales de recolección de datos clínicos y epidemiológicos, al tiempo que advirtió sobre las dificultades históricas vinculadas al financiamiento, carga de datos, propiedad de esa información. “Es fundamental entender que estos datos no son de nadie y serán de todos” remarcó la especialista e insistió “Agotamos las instancias para pedir ayuda para poder realizarlos. Quizás si avanzamos con algo simple, básico, para generar la costumbre de la carga y logramos tener algunos datos para mostrar pueda servir de modelo para que finalmente nos apoyen y poder avanzar”
    Durante el cierre del encuentro, los participantes coincidieron en que la articulación entre pacientes, sociedades científicas y organismos internacionales representa una oportunidad inédita para impulsar cambios estructurales en América Latina. Los organizadores adelantaron que los datos obtenidos por COLAPPIEL servirán como base para futuras investigaciones regionales y nuevas acciones orientadas a mejorar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inmunomediadas de la piel.

  • A poco de una nueva cumbre, el Mercosur avanza en comercio, pero se profundizan las tensiones políticas por la relación con Trump

    A poco de una nueva cumbre, el Mercosur avanza en comercio, pero se profundizan las tensiones políticas por la relación con Trump

    A poco de una nueva cumbre, el Mercosur avanza en comercio, pero se profundizan las tensiones políticas por la relación con Trump

    A pocas semanas de la próxima cumbre presidencial del Mercosur, que se realizará en Paraguay, el bloque presenta un balance mixto: avances significativos en acuerdos comerciales internacionales acompañados por una creciente tensión política que afecta su cohesión.

    Mientras el sector privado ya comienza a aprovechar la apertura de nuevos mercados en Europa tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el bloque enfrenta profundas discrepancias estratégicas entre sus principales socios. Esto se enmarca en un contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la reconfiguración de la disputa global entre Washington y China.
    El acontecimiento más relevante del último año fue, precisamente, la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado para contrarrestar la creciente influencia china en América Latina. Este pacto creó una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, reuniendo entre el 20 y el 30 por ciento del PIB global y un mercado potencial de 700 millones de consumidores. Los gobiernos sudamericanos lo presentaron como una oportunidad histórica para ampliar exportaciones e inversiones.
    Entre el 29 y 30 de junio, cancilleres y presidentes del Mercosur —junto con sus coordinadores nacionales, que se reunirán los días 27 y 28— se encontrarán en Asunción para una cumbre que mostrará dos realidades contrapuestas: la integración económica y la divergencia política.
    En el centro de las tensiones políticas se encuentran las diferencias irreconciliables entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, particularmente en relación con la postura hacia Estados Unidos y el expresidente Trump. Las decisiones unilaterales de Milei, sin consultas previas al bloque, generan preocupación dado que compromisos asumidos pueden afectar a todo el Mercosur.
    Uno de los temas más delicados es el acuerdo comercial que Argentina buscó firmar con Estados Unidos en febrero pasado. El gobierno brasileño solicitó explicaciones formales sobre su contenido y alcance, las cuales hasta ahora no han sido respondidas. Además, las fuentes consultadas señalan que el acuerdo no fue sometido a un análisis riguroso por parte de las áreas responsables bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, como la Consejería Legal y la Secretaría de Relaciones Comerciales Internacionales, lo que podría acarrear problemas legales para los funcionarios involucrados.
    Desde Brasilia, se considera que cualquier acuerdo comercial o estratégico con Washington debe respetar las obligaciones asumidas por Argentina dentro del Mercosur y del tratado con la Unión Europea, vigente de manera provisional desde el 1 de mayo. Esta preocupación también se refleja en sectores empresariales, legisladores y en la oposición argentina, dado que el gobierno aún no aclaró públicamente los compromisos adoptados. El acuerdo estadounidense requiere la aprobación rápida de varias leyes, algunas con impacto positivo económico pero otras incompatibles con los socios comerciales, especialmente en lo relativo al trato preferencial a Estados Unidos y sus empresas.
    La situación se complicó con la solicitud formal presentada por el secretario de Finanzas argentino, Pablo Quirno, para la adhesión al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los acuerdos comerciales más grandes y abiertos a nivel mundial, que incluye a países como Australia, Canadá, Japón, México, Reino Unido y Vietnam, entre otros. Uruguay ha realizado un pedido similar.
    El gobierno destaca que la incorporación al CPTPP ampliaría el acceso de productos argentinos a un mercado de 595 millones de consumidores. Según datos oficiales, en 2025 las exportaciones argentinas a esos países alcanzaron los 16.329 millones de dólares, generando un superávit comercial de 8.930 millones.
    No obstante, esta iniciativa generó controversias políticas internas y dentro del Mercosur. En Brasil, una alta funcionaria calificó el movimiento como un gesto “triste”, aunque el gobierno de Lula ha evitado pronunciarse oficialmente. Internamente, la medida impacta también porque Argentina será el primer país del bloque en negociar con el Reino Unido como par dentro de este acuerdo, lo que plantea incertidumbres respecto al reclamo argentino sobre la soberanía de las Malvinas.
    Detrás de estas decisiones se percibe un cambio significativo en la política exterior argentina. Milei ha abandonado la tradicional búsqueda de consensos regionales para adoptar una alineación prácticamente incondicional con Estados Unidos y Trump. En ese contexto, desde el entorno oficial argentino expresan simpatía por una eventual derrota electoral de Lula en su intento por la reelección y ven con buenos ojos un posible triunfo de Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre.
    Este alineamiento con Washington trasciende lo diplomático y comercial, extendiéndose a la cooperación militar, la incorporación de tecnología estadounidense en las fuerzas armadas argentinas, el uso de sistemas de inteligencia artificial desarrollados en EE.UU., y la firma de compromisos conjuntos en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
    Este último es un tema muy sensible. Argentina y Paraguay se sumaron al llamado Escudo de las Américas, una estrategia de seguridad distinta a la inicialmente consensuada en el Mercosur y a la cual no se adhirieron ni Brasil ni Bolivia, este último nuevo miembro pleno del bloque. La administración Trump calificó recientemente a los carteles brasileños Comando Vermelho y Comando Capital como organizaciones terroristas, lo que abre la posibilidad de una intervención militar similar a las que Estados Unidos lleva adelante en el Caribe. Argentina, Bolivia y Paraguay quedan, así, comprometidos en esta nueva etapa.
    Recientemente, el presidente paraguayo Santiago Peña —cuyo país ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur— organizó en Asunción una cumbre sobre crimen organizado. Sin embargo, los ministros de Seguridad y Justicia

  • Nueva reunión por la articulación de políticas para las personas en situación de calle

    Nueva reunión por la articulación de políticas para las personas en situación de calle

    Nueva reunión por la articulación de políticas para las personas en situación de calle

    El MPD volvió a convocar a autoridades con responsabilidad en la temática, tanto de la Provincia como de la Municipalidad de Paraná, y a instituciones de la sociedad civil.

    El Ministerio Público de la Defensa (MPD) volvió a reunir este viernes a representantes de organismos estatales provinciales y municipales, con el objetivo de instar a la articulación de políticas públicas para las personas en situación de calle de Paraná. De esta manera se dio continuidad al encuentro realizado el 12 de mayo, así como a las acciones emprendidas durante los últimos años. En esta oportunidad, también participaron referentes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la problemática.
    Durante la reunión, que fue encabezada por la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí, y el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera, se acordó avanzar con la conformación de una mesa de trabajo para el tratamiento de situaciones particulares y concretas y para la coordinación de las estrategias necesarias para ofrecer respuestas, sobre todo en la urgencia que implica el inicio del invierno.
    Participaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, Jefatura Departamental de Policía, Secretaría de Desarrollo Humano y de Salud de la Municipalidad de Paraná, Defensoría del Pueblo, Defensoría de Personas Mayores, Cáritas, Hogar de Cristo y Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina. También intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión de Salud Mental.
    Desde la Provincia y la Municipalidad dieron cuenta de las acciones que se llevan adelante en materia de alojamiento de personas en situación de calle, asistencia en alimentación y salud y distintos programas de apoyo y acompañamiento.
    Mientras tanto, las organizaciones sociales manifestaron la necesidad de que se implementen políticas específicas y se disponga de presupuesto para hacer frente al agravamiento de la problemática que se evidencia en los últimos años, así como para la estabilidad de recursos humanos profesionales que realicen intervenciones sostenidas.
    Otro de los puntos abordados fue la importancia de contar con un seguimiento de casos que permita conocer los antecedentes que abarquen distintos aspectos de la vida de cada persona, a fin de realizar un seguimiento integral.
    La mesa de trabajo continuará reuniéndose periódicamente, convocada por el Ministerio Público de la Defensa en el marco de su función específica de garante de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

  • Frente al sensacionalismo y la ausencia estatal: Exigimos políticas de cuidado para nuestras escuelas.

    Frente al sensacionalismo y la ausencia estatal: Exigimos políticas de cuidado para nuestras escuelas.

    Frente al sensacionalismo y la ausencia estatal: Exigimos políticas de cuidado para nuestras escuelas.

    La semana pasada, el clima escolar se vio alterado por mensajes que anunciaban tiroteos en escuelas de Concepción del Uruguay, una situación que se replicó en otros departamentos y provincias. Este reto viral coloca a las instituciones educativas en el centro de la agenda pública y mediática, instalando en ocasiones enfoques sesgados o sensacionalistas bajo la etiqueta de “violencia escolar”.

    Desde AGMER Uruguay consideramos imperativo generar espacios de diálogo entre estudiantes y docentes. La «presencialidad cuidada» que establece el protocolo del CGE no podrá alcanzar sus objetivos si estos temas no se abordan colectivamente. Docentes y estudiantes necesitamos instancias de encuentro para tratar ejes fundamentales de la vida escolar: el sentido de pertenencia de nuestros adolescentes, la autoestima, la construcción de identidad y las normas de convivencia. Hoy más que nunca, la labor de escucha y acompañamiento docente es indispensable.
    Victimizar o culpabilizar a los jóvenes por estas situaciones solo desvía la mirada de los problemas sociales de fondo, donde los adultos tenemos la mayor responsabilidad. Nos enfrentamos a un Estado ausente en políticas de salud mental, en la mejora de las condiciones laborales docentes y en el mantenimiento de la infraestructura escolar; un contexto donde la violencia verbal y simbólica parece ser la moneda corriente. La crisis social, política, económica y cultural que estamos atravesando no es un hecho aislado, eclosiona en los establecimientos educativos de múltiples formas, siendo las amenazas de tiroteos una de ellas.
    Como trabajadores de la educación, exigimos a las autoridades un Estado presente y políticas públicas que contemplen la salud mental de todos los actores del sistema, así como instancias de vinculación real con las familias. No se trata de perder días de clase, sino de ganar espacios que prevengan tragedias y brinden sostén a nuestros adolescentes.

  • Políticas de Estado

    Políticas de Estado

    Las políticas de Estado no son decisiones de un gobierno sino la consecuencia de las acciones de varios gobiernos sucesivos a lo largo del tiempo. A veces los gobiernos las acompañan, con mayor o menor entusiasmo y dedicación, a veces lo hacen por sentido de la oportunidad y a veces a regañadientes, porque no encuentran mejor opción.Lo importante es que estas imponen restricciones e incentivos, y así construyen institucionalidad ofreciendo recursos y herramientas a los rumbos coyunturales y las políticas gubernamentales de corto plazo. Y moderan las propensiones decisionistas y los volantazos de los gobernantes. Tuvimos últimamente dos acontecimientos que ejemplifican de manera clara lo que es una política de Estado y por qué es tan necesario contar con ella para lograr objetivos perdurables.El Acuerdo Mercosur-Unión Europea fue posible por una continuidad histórica y un consenso técnico que sobrevivió a giros ideológicos pronunciados. El proceso comenzó en 1999 y atravesó gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas, aunque tuvo impulsos mayores en ciertos períodos, como bajo la presidencia de Macri en 2019 o de Lula en 2023-2024, la estructura del acuerdo fue defendida y trabajada por equipos técnicos que permanecieron en sus cargos bajo distintas gestiones. El anuncio de un texto final en 2024 y la aprobación del Consejo de la UE para su firma en enero de 2026 representan la culminación de un esfuerzo diplomático que trasciende a cualquier mandatario individual y los involucra en su conjunto.En el fallo de la Corte de Nueva York sobre YPF favorable a la Argentina, la estrategia jurídica ante los tribunales de EE. UU. fue consistente durante los sucesivos gobiernos, que sostuvieron el mismo argumento central: que la Ley de Expropiación argentina tiene preeminencia sobre el estatuto privado de la empresa, un concepto de derecho público que la justicia estadounidense finalmente reconoció en esta instancia de apelación. El trabajo técnico de la Procuración del Tesoro de la Nación mantuvo la línea defensiva sin importar el color político del procurador de turno, logrando revertir la sentencia de primera instancia.Ambos casos demuestran que, cuando hay institucionalidad y objetivos de largo plazo, las acciones de un gobierno se suman a las del anterior para lograr resultados que impactan en la soberanía y la economía nacional, más allá de un periodo presidencial. No está de más recordarlo en estas fechas: Malvinas es otro ejemplo de política de Estado y también de las consecuencias de apartarse de ella tomando atajos que terminan alejándonos de los objetivos buscados.

  • Ocho políticas probadas para frenar el derrumbe del mercado interno

    Ocho políticas probadas para frenar el derrumbe del mercado interno

    Por Gustavo Rodolfo Reija (*)
    El programa de estabilización entró en zona de rendimientos decrecientes. Los números del primer bimestre ya no admiten lectura optimista: la economía real se contrae en todos sus indicadores simultáneamente mientras la política económica sigue mirando el tablero nominal.

    Hay un momento en que los datos dejan de ser estadísticas y se convierten en diagnóstico. Ese momento, para la economía argentina, llegó en febrero de 2026.
    El consumo masivo se hundió 6,3% en términos mensuales. Los salarios registrados acumulan una pérdida real del 7,9% desde el inicio de la gestión vigente —y del 21% al 35% medidos contra los picos de 2017, según el segmento—. La mora bancaria en familias trepó al 10,6%, su nivel más alto en más de veinte años. La irregularidad crediticia en entidades no financieras supera el 27%. El desempleo cerró el cuarto trimestre de 2025 en 7,5%, con la informalidad laboral avanzando simultáneamente hasta el 43% de la población ocupada.
    Frente a ese cuadro, el superávit fiscal primario y la desaceleración inflacionaria —logros genuinos del programa— resultan condiciones necesarias pero estructuralmente insuficientes. La economía estabilizó su tablero nominal mientras destruía sus fundamentos reales. Eso tiene nombre técnico: trampa de ajuste recesivo.
    Por qué la trampa se autoalimenta
    El mecanismo es preciso y verificable en tres vectores simultáneos.
    La espiral ingreso-consumo opera a través de la erosión salarial acumulada: con cinco meses consecutivos de pérdida real, la demanda de los hogares retrocedió por debajo del umbral de reposición sectorial. La caída ya no golpea el gasto discrecional: golpea alimentos. Bebidas sin alcohol cayeron 11,2% en el bimestre; perecederos, 8,6%. Esos no son lujos postergados. Son decisiones de subsistencia.
    La espiral empleo-informalidad opera mediante la reconversión sistemática de empleo registrado hacia monotributo, reduciendo la masa salarial agregada con independencia de lo que negocien las paritarias formales. Cuando el 43% de los ocupados trabaja en negro o por cuenta propia precarizada, la recuperación nominal de los convenios colectivos alcanza a una porción decreciente de la fuerza laboral efectiva.
    La espiral crédito-mora es la más peligrosa en términos de inercia institucional. Los hogares que sostuvieron el consumo mediante deuda durante la fase inicial del ajuste llegaron al límite de su capacidad de repago. Con mora en entidades no financieras superando el 27% —un número que históricamente precede entre seis y doce meses el deterioro del segmento bancario regulado—, el sistema crediticio dejó de lubricar el ciclo económico para convertirse en su freno.
    A este cuadro se agrega el atraso cambiario como multiplicador silencioso. El crawling peg con velocidad de deslizamiento inferior a la inflación acumulada genera apreciación real progresiva que encarece la manufactura doméstica en dólares, subsidia implícitamente las importaciones competitivas y erosiona márgenes exportadores en los complejos textil, metalmecánico y de economías regionales. La participación industrial en el PIB cayó a registros históricamente deprimidos. Cada mes de atraso cambiario adicional profundiza una desindustrialización cuya reversión requiere horizontes de inversión que ningún ciclo político de corto plazo puede garantizar.
    Ocho políticas con evidencia internacional verificable
    La buena noticia —relativa, pero real— es que esta trampa tiene salida. Otros países la atravesaron y documentaron con precisión qué funcionó. Aquí, ocho instrumentos con correlato histórico verificable y traducción directa al contexto argentino.
    1  Industrialización digital selectiva Corea del Sur — Ley de Promoción de la Industria Maquinaria, 1973-1995 Seúl combinó zonas industriales especiales con exenciones escalonadas, financiamiento preferencial y transferencia tecnológica obligatoria para sectores estratégicos. El resultado fue la construcción de los grandes complejos industriales tecnológicos coreanos con efecto multiplicador verificado sobre empleo calificado y exportaciones de manufactura avanzada. Para Argentina: zonas de desarrollo tecnológico-industrial con incentivos diferenciados para manufactura avanzada, software embebido e industria de transición energética, con condicionalidades de empleo registrado de verificación trimestral.
    2  Banca de desarrollo con mandato anticíclico Alemania — KfW, operativo desde 1948 Durante 2008-2009, el KfW expandió su cartera en sentido inverso a la banca privada: tasas reales de 1% a 2% anual, plazos de hasta veinte años, financiamiento exclusivo para inversión productiva de pymes. Operó como estabilizador automático del ciclo de inversión con independencia de las condiciones del mercado privado. Para Argentina: reconfiguración del Banco de Inversión y Comercio Exterior con mandato anticíclico explícito, carteras sectoriales de largo plazo y condicionalidades vinculadas a empleo registrado y exportaciones no tradicionales.
    3  Crédito de emergencia con auditoría de destino Brasil — Programa de Sustentação do Investimento, BNDES, 2009 El BNDES canalizó financiamiento subsidiado hacia capital de trabajo exclusivamente para empresas industriales con nómina sostenida, con verificación trimestral del nivel de empleo como condición de continuidad. Resultado documentado: 340.000 despidos evitados en el pico de la crisis internacional. Para Argentina: líneas de emergencia a tasas reales no superiores al 2% para pymes manufactureras, administradas por banca pública con auditoría de destino trimestral.
    4  Concertación salarial desacoplada de la inflación Austria — Sozialpartnerschaft, operativo desde 1957 El mecanismo tripartito entre cámaras empresariales, sindicatos y Estado negocia anualmente aumentos salariales articulados con metas de productividad sectorial verificables, desacoplando la discusión de la mera indexación inflacionaria. Austria combina históricamente conflictividad laboral mínima con salarios reales entre los más altos de Europa Occidental. Para Argentina: marco tripartito supervisado por el Ministerio de Trabajo que articule incrementos salariales reales con compromisos verificables de expansión de empleo registrado y producción sectorial.
    5  Contenido local en compras estatales Estados Unidos — Buy American Act, reforzado en 2021 La orden ejecutiva de 2021 elevó el umbral de contenido nacional exigido en contratos federales del 55% al 75%, con escalonamiento hasta 2029. La Unión Europea replica el instrumento admitiendo preferencia de hasta 20% para proveedores locales en sectores estratégicos. El mecanismo genera demanda pública anticíclica con efecto directo sobre cadenas industriales domésticas sin subsidio fiscal directo. Para Argentina: cláusulas de contenido nacional verificable en licitaciones estatales por encima de umbrales mínimos, con impacto de demanda industrial de implementación inmediata y costo fiscal neutro.
    6  Encadenamientos agroindustriales obligatorios Malasia — política de procesamiento local de aceite de palma, 1986-2000 Las licencias de exportación de aceite de palma en estado primario quedaron condicionadas a la demostración de capacidad instalada de procesamiento local. Resultado: construcción de un complejo oleoquímico exportador que en 2005 representaba el 4,2% del PIB con 127.000 trabajadores industriales formales directos. Para Argentina: retenciones diferenciales que penalicen la exportación de commodities sin procesamiento y bonifiquen mediante desgravaciones verificables la exportación con valor agregado —harinas proteicas, biocombustibles de segunda generación, farmoquímica de origen agropecuario—, induciendo inversión agroindustrial privada sin desembolso fiscal inicial.
    7  Reconversión laboral para la transición tecnológica Dinamarca — flexiseguridad tripartita, operativa desde 1994 Un fondo tripartito financia certificación de competencias y reconversión profesional de trabajadores desplazados por cambio tecnológico. El gasto en políticas activas de empleo representa el 2,1% del PIB danés —el nivel más alto de la OCDE— con tasas de reinserción laboral certificada superiores al 70% en ventanas de dieciocho meses. Para Argentina: fondo financiado con recaudación sobre plataformas digitales transnacionales, orientado a certificación tecnológica de trabajadores en sectores de alta exposición a la automatización antes de que la difusión de inteligencia artificial generativa agrave la destrucción de empleo rutinario prevista para 2026-2030.
    8  Garantías públicas para internacionalización tecnológica Israel — Oficina del Científico Jefe, operativa desde 1993 El instrumento eliminó la barrera financiera —no tecnológica ni comercial— que impedía a las pymes israelíes acceder a contratos internacionales: la incapacidad de constituir garantías reales. Resultado: el ecosistema tecnológico exportador con mayor densidad de empresas por habitante fuera de Silicon Valley. Para Argentina: sistema público-privado de garantías recíprocas con aporte inicial del Tesoro y capitalización progresiva, con potencial verificado de multiplicar entre cuatro y seis veces el volumen de pymes tecnológicas con acceso efectivo a mercados en América Latina, Europa y el sudeste asiático.
    El costo de la demora
    La trampa de ajuste recesivo no es un estado estático. Es un proceso acumulativo con tres tipos de daño de reversión lenta: las expectativas deflacionarias en el consumo desarrollan histéresis documentada en la literatura comparada; las capacidades productivas destruidas por cierres industriales requieren entre tres y siete años de inversión sostenida para reconstruirse; y cada punto porcentual de avance en mora bancaria contrae el multiplicador crediticio entre 0,8 y 1,2 puntos sobre el PIB potencial.
    La estabilización nominal fue un logro real. Pero confundirla con una política de desarrollo es el error más costoso que puede cometer una economía que ya perdió demasiado tiempo. Los ocho instrumentos identificados no son ideología: son ingeniería institucional con evidencia empírica de funcionamiento en contextos comparables. La pregunta no es si se pueden implementar. Es cuánto deterioro adicional habrá acumulado la economía cuando finalmente se decida a intentarlo.
    (*) Ceo Netia Group SAS