Etiqueta: políticas

  • Frente al sensacionalismo y la ausencia estatal: Exigimos políticas de cuidado para nuestras escuelas.

    Frente al sensacionalismo y la ausencia estatal: Exigimos políticas de cuidado para nuestras escuelas.

    Frente al sensacionalismo y la ausencia estatal: Exigimos políticas de cuidado para nuestras escuelas.

    La semana pasada, el clima escolar se vio alterado por mensajes que anunciaban tiroteos en escuelas de Concepción del Uruguay, una situación que se replicó en otros departamentos y provincias. Este reto viral coloca a las instituciones educativas en el centro de la agenda pública y mediática, instalando en ocasiones enfoques sesgados o sensacionalistas bajo la etiqueta de “violencia escolar”.

    Desde AGMER Uruguay consideramos imperativo generar espacios de diálogo entre estudiantes y docentes. La «presencialidad cuidada» que establece el protocolo del CGE no podrá alcanzar sus objetivos si estos temas no se abordan colectivamente. Docentes y estudiantes necesitamos instancias de encuentro para tratar ejes fundamentales de la vida escolar: el sentido de pertenencia de nuestros adolescentes, la autoestima, la construcción de identidad y las normas de convivencia. Hoy más que nunca, la labor de escucha y acompañamiento docente es indispensable.
    Victimizar o culpabilizar a los jóvenes por estas situaciones solo desvía la mirada de los problemas sociales de fondo, donde los adultos tenemos la mayor responsabilidad. Nos enfrentamos a un Estado ausente en políticas de salud mental, en la mejora de las condiciones laborales docentes y en el mantenimiento de la infraestructura escolar; un contexto donde la violencia verbal y simbólica parece ser la moneda corriente. La crisis social, política, económica y cultural que estamos atravesando no es un hecho aislado, eclosiona en los establecimientos educativos de múltiples formas, siendo las amenazas de tiroteos una de ellas.
    Como trabajadores de la educación, exigimos a las autoridades un Estado presente y políticas públicas que contemplen la salud mental de todos los actores del sistema, así como instancias de vinculación real con las familias. No se trata de perder días de clase, sino de ganar espacios que prevengan tragedias y brinden sostén a nuestros adolescentes.

  • Políticas de Estado

    Políticas de Estado

    Las políticas de Estado no son decisiones de un gobierno sino la consecuencia de las acciones de varios gobiernos sucesivos a lo largo del tiempo. A veces los gobiernos las acompañan, con mayor o menor entusiasmo y dedicación, a veces lo hacen por sentido de la oportunidad y a veces a regañadientes, porque no encuentran mejor opción.Lo importante es que estas imponen restricciones e incentivos, y así construyen institucionalidad ofreciendo recursos y herramientas a los rumbos coyunturales y las políticas gubernamentales de corto plazo. Y moderan las propensiones decisionistas y los volantazos de los gobernantes. Tuvimos últimamente dos acontecimientos que ejemplifican de manera clara lo que es una política de Estado y por qué es tan necesario contar con ella para lograr objetivos perdurables.El Acuerdo Mercosur-Unión Europea fue posible por una continuidad histórica y un consenso técnico que sobrevivió a giros ideológicos pronunciados. El proceso comenzó en 1999 y atravesó gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas, aunque tuvo impulsos mayores en ciertos períodos, como bajo la presidencia de Macri en 2019 o de Lula en 2023-2024, la estructura del acuerdo fue defendida y trabajada por equipos técnicos que permanecieron en sus cargos bajo distintas gestiones. El anuncio de un texto final en 2024 y la aprobación del Consejo de la UE para su firma en enero de 2026 representan la culminación de un esfuerzo diplomático que trasciende a cualquier mandatario individual y los involucra en su conjunto.En el fallo de la Corte de Nueva York sobre YPF favorable a la Argentina, la estrategia jurídica ante los tribunales de EE. UU. fue consistente durante los sucesivos gobiernos, que sostuvieron el mismo argumento central: que la Ley de Expropiación argentina tiene preeminencia sobre el estatuto privado de la empresa, un concepto de derecho público que la justicia estadounidense finalmente reconoció en esta instancia de apelación. El trabajo técnico de la Procuración del Tesoro de la Nación mantuvo la línea defensiva sin importar el color político del procurador de turno, logrando revertir la sentencia de primera instancia.Ambos casos demuestran que, cuando hay institucionalidad y objetivos de largo plazo, las acciones de un gobierno se suman a las del anterior para lograr resultados que impactan en la soberanía y la economía nacional, más allá de un periodo presidencial. No está de más recordarlo en estas fechas: Malvinas es otro ejemplo de política de Estado y también de las consecuencias de apartarse de ella tomando atajos que terminan alejándonos de los objetivos buscados.

  • Ocho políticas probadas para frenar el derrumbe del mercado interno

    Ocho políticas probadas para frenar el derrumbe del mercado interno

    Por Gustavo Rodolfo Reija (*)
    El programa de estabilización entró en zona de rendimientos decrecientes. Los números del primer bimestre ya no admiten lectura optimista: la economía real se contrae en todos sus indicadores simultáneamente mientras la política económica sigue mirando el tablero nominal.

    Hay un momento en que los datos dejan de ser estadísticas y se convierten en diagnóstico. Ese momento, para la economía argentina, llegó en febrero de 2026.
    El consumo masivo se hundió 6,3% en términos mensuales. Los salarios registrados acumulan una pérdida real del 7,9% desde el inicio de la gestión vigente —y del 21% al 35% medidos contra los picos de 2017, según el segmento—. La mora bancaria en familias trepó al 10,6%, su nivel más alto en más de veinte años. La irregularidad crediticia en entidades no financieras supera el 27%. El desempleo cerró el cuarto trimestre de 2025 en 7,5%, con la informalidad laboral avanzando simultáneamente hasta el 43% de la población ocupada.
    Frente a ese cuadro, el superávit fiscal primario y la desaceleración inflacionaria —logros genuinos del programa— resultan condiciones necesarias pero estructuralmente insuficientes. La economía estabilizó su tablero nominal mientras destruía sus fundamentos reales. Eso tiene nombre técnico: trampa de ajuste recesivo.
    Por qué la trampa se autoalimenta
    El mecanismo es preciso y verificable en tres vectores simultáneos.
    La espiral ingreso-consumo opera a través de la erosión salarial acumulada: con cinco meses consecutivos de pérdida real, la demanda de los hogares retrocedió por debajo del umbral de reposición sectorial. La caída ya no golpea el gasto discrecional: golpea alimentos. Bebidas sin alcohol cayeron 11,2% en el bimestre; perecederos, 8,6%. Esos no son lujos postergados. Son decisiones de subsistencia.
    La espiral empleo-informalidad opera mediante la reconversión sistemática de empleo registrado hacia monotributo, reduciendo la masa salarial agregada con independencia de lo que negocien las paritarias formales. Cuando el 43% de los ocupados trabaja en negro o por cuenta propia precarizada, la recuperación nominal de los convenios colectivos alcanza a una porción decreciente de la fuerza laboral efectiva.
    La espiral crédito-mora es la más peligrosa en términos de inercia institucional. Los hogares que sostuvieron el consumo mediante deuda durante la fase inicial del ajuste llegaron al límite de su capacidad de repago. Con mora en entidades no financieras superando el 27% —un número que históricamente precede entre seis y doce meses el deterioro del segmento bancario regulado—, el sistema crediticio dejó de lubricar el ciclo económico para convertirse en su freno.
    A este cuadro se agrega el atraso cambiario como multiplicador silencioso. El crawling peg con velocidad de deslizamiento inferior a la inflación acumulada genera apreciación real progresiva que encarece la manufactura doméstica en dólares, subsidia implícitamente las importaciones competitivas y erosiona márgenes exportadores en los complejos textil, metalmecánico y de economías regionales. La participación industrial en el PIB cayó a registros históricamente deprimidos. Cada mes de atraso cambiario adicional profundiza una desindustrialización cuya reversión requiere horizontes de inversión que ningún ciclo político de corto plazo puede garantizar.
    Ocho políticas con evidencia internacional verificable
    La buena noticia —relativa, pero real— es que esta trampa tiene salida. Otros países la atravesaron y documentaron con precisión qué funcionó. Aquí, ocho instrumentos con correlato histórico verificable y traducción directa al contexto argentino.
    1  Industrialización digital selectiva Corea del Sur — Ley de Promoción de la Industria Maquinaria, 1973-1995 Seúl combinó zonas industriales especiales con exenciones escalonadas, financiamiento preferencial y transferencia tecnológica obligatoria para sectores estratégicos. El resultado fue la construcción de los grandes complejos industriales tecnológicos coreanos con efecto multiplicador verificado sobre empleo calificado y exportaciones de manufactura avanzada. Para Argentina: zonas de desarrollo tecnológico-industrial con incentivos diferenciados para manufactura avanzada, software embebido e industria de transición energética, con condicionalidades de empleo registrado de verificación trimestral.
    2  Banca de desarrollo con mandato anticíclico Alemania — KfW, operativo desde 1948 Durante 2008-2009, el KfW expandió su cartera en sentido inverso a la banca privada: tasas reales de 1% a 2% anual, plazos de hasta veinte años, financiamiento exclusivo para inversión productiva de pymes. Operó como estabilizador automático del ciclo de inversión con independencia de las condiciones del mercado privado. Para Argentina: reconfiguración del Banco de Inversión y Comercio Exterior con mandato anticíclico explícito, carteras sectoriales de largo plazo y condicionalidades vinculadas a empleo registrado y exportaciones no tradicionales.
    3  Crédito de emergencia con auditoría de destino Brasil — Programa de Sustentação do Investimento, BNDES, 2009 El BNDES canalizó financiamiento subsidiado hacia capital de trabajo exclusivamente para empresas industriales con nómina sostenida, con verificación trimestral del nivel de empleo como condición de continuidad. Resultado documentado: 340.000 despidos evitados en el pico de la crisis internacional. Para Argentina: líneas de emergencia a tasas reales no superiores al 2% para pymes manufactureras, administradas por banca pública con auditoría de destino trimestral.
    4  Concertación salarial desacoplada de la inflación Austria — Sozialpartnerschaft, operativo desde 1957 El mecanismo tripartito entre cámaras empresariales, sindicatos y Estado negocia anualmente aumentos salariales articulados con metas de productividad sectorial verificables, desacoplando la discusión de la mera indexación inflacionaria. Austria combina históricamente conflictividad laboral mínima con salarios reales entre los más altos de Europa Occidental. Para Argentina: marco tripartito supervisado por el Ministerio de Trabajo que articule incrementos salariales reales con compromisos verificables de expansión de empleo registrado y producción sectorial.
    5  Contenido local en compras estatales Estados Unidos — Buy American Act, reforzado en 2021 La orden ejecutiva de 2021 elevó el umbral de contenido nacional exigido en contratos federales del 55% al 75%, con escalonamiento hasta 2029. La Unión Europea replica el instrumento admitiendo preferencia de hasta 20% para proveedores locales en sectores estratégicos. El mecanismo genera demanda pública anticíclica con efecto directo sobre cadenas industriales domésticas sin subsidio fiscal directo. Para Argentina: cláusulas de contenido nacional verificable en licitaciones estatales por encima de umbrales mínimos, con impacto de demanda industrial de implementación inmediata y costo fiscal neutro.
    6  Encadenamientos agroindustriales obligatorios Malasia — política de procesamiento local de aceite de palma, 1986-2000 Las licencias de exportación de aceite de palma en estado primario quedaron condicionadas a la demostración de capacidad instalada de procesamiento local. Resultado: construcción de un complejo oleoquímico exportador que en 2005 representaba el 4,2% del PIB con 127.000 trabajadores industriales formales directos. Para Argentina: retenciones diferenciales que penalicen la exportación de commodities sin procesamiento y bonifiquen mediante desgravaciones verificables la exportación con valor agregado —harinas proteicas, biocombustibles de segunda generación, farmoquímica de origen agropecuario—, induciendo inversión agroindustrial privada sin desembolso fiscal inicial.
    7  Reconversión laboral para la transición tecnológica Dinamarca — flexiseguridad tripartita, operativa desde 1994 Un fondo tripartito financia certificación de competencias y reconversión profesional de trabajadores desplazados por cambio tecnológico. El gasto en políticas activas de empleo representa el 2,1% del PIB danés —el nivel más alto de la OCDE— con tasas de reinserción laboral certificada superiores al 70% en ventanas de dieciocho meses. Para Argentina: fondo financiado con recaudación sobre plataformas digitales transnacionales, orientado a certificación tecnológica de trabajadores en sectores de alta exposición a la automatización antes de que la difusión de inteligencia artificial generativa agrave la destrucción de empleo rutinario prevista para 2026-2030.
    8  Garantías públicas para internacionalización tecnológica Israel — Oficina del Científico Jefe, operativa desde 1993 El instrumento eliminó la barrera financiera —no tecnológica ni comercial— que impedía a las pymes israelíes acceder a contratos internacionales: la incapacidad de constituir garantías reales. Resultado: el ecosistema tecnológico exportador con mayor densidad de empresas por habitante fuera de Silicon Valley. Para Argentina: sistema público-privado de garantías recíprocas con aporte inicial del Tesoro y capitalización progresiva, con potencial verificado de multiplicar entre cuatro y seis veces el volumen de pymes tecnológicas con acceso efectivo a mercados en América Latina, Europa y el sudeste asiático.
    El costo de la demora
    La trampa de ajuste recesivo no es un estado estático. Es un proceso acumulativo con tres tipos de daño de reversión lenta: las expectativas deflacionarias en el consumo desarrollan histéresis documentada en la literatura comparada; las capacidades productivas destruidas por cierres industriales requieren entre tres y siete años de inversión sostenida para reconstruirse; y cada punto porcentual de avance en mora bancaria contrae el multiplicador crediticio entre 0,8 y 1,2 puntos sobre el PIB potencial.
    La estabilización nominal fue un logro real. Pero confundirla con una política de desarrollo es el error más costoso que puede cometer una economía que ya perdió demasiado tiempo. Los ocho instrumentos identificados no son ideología: son ingeniería institucional con evidencia empírica de funcionamiento en contextos comparables. La pregunta no es si se pueden implementar. Es cuánto deterioro adicional habrá acumulado la economía cuando finalmente se decida a intentarlo.
    (*) Ceo Netia Group SAS