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  • Las escuelas entrerrianas cuentan su realidad: el salario y el presupuesto educativo No Alcanzan

    Las escuelas entrerrianas cuentan su realidad: el salario y el presupuesto educativo No Alcanzan

    Las escuelas entrerrianas cuentan su realidad: el salario y el presupuesto educativo No Alcanzan

    Este martes 22 de septiembre, los edificios de numerosas escuelas del departamento Uruguay fueron empapelados con consignas referidas al salario y las condiciones laborales de las y los docentes de nuestra provincia, iniciativa que fue también replicada por los compañeros y compañeras jubiladas que sufren en igual medida el deterioro de su poder adquisitivo.

    En un contexto donde el gobierno se rehúsa a escuchar el genuino reclamo de miles de trabajadores de la educación, invirtiendo fortunas en las redes para que páginas de dudosa procedencia difundan mentiras insostenibles, las escuelas volvieron a contar la realidad, desnudando la precariedad y vulnerabilidad de nuestro día a día en las aulas y en los hogares.
    La acción fue coordinada por la Seccional Uruguay de AGMER y se viene dando en el marco de una nueva audiencia de negociación paritaria con la patronal, ámbito que ha sido en reiteradas oportunidades bastardeado por el gobernador Frigerio, quien solamente multiplica los argumentos para imponer el plan de ajuste sistemático contra el pueblo entrerriano.
    Como colectivo docente volvemos a agradecer la solidaridad de las comunidades educativas, de las familias y de nuestros estudiantes, quienes también conocen muy bien la realidad que debemos afrontar en el cotidiano porque habitan las mismas escuelas que sus docentes.
     
    Prensa AGMER Uruguay
    Mensaje enviado desde una cuenta institucional de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
    Si considera que su contenido es agresivo, ofensivo o discriminador le pedimos por favor que lo informe.
     

  • El Gobierno busca desactivar la polémica por discapacidad y negocia cambios al Presupuesto 2027 – Arriba Noticias

    El Gobierno busca desactivar la polémica por discapacidad y negocia cambios al Presupuesto 2027 – Arriba Noticias

    El Gobierno busca desactivar la polémica por discapacidad y negocia cambios al Presupuesto 2027 – Arriba Noticias

    El Gobierno nacional inició una negociación contrarreloj para reformular el capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, luego de las fuertes críticas que despertó entre legisladores aliados y organizaciones del sector.
    La controversia se desató cuando trascendió que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo eliminaba mecanismos vigentes de actualización de prestaciones, modificaba los criterios de acceso a pensiones por discapacidad y habilitaba cambios en el sistema de aranceles que perciben los prestadores. La situación impactó de lleno en las conversaciones que el oficialismo mantenía con el Pro, la UCR y bloques provinciales para impulsar una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
    Frente a ese escenario, en la Casa Rosada comenzaron a diseñar una salida negociada. Según las versiones coincidentes, el oficialismo ya les transmitió a sus aliados que los puntos más cuestionados del proyecto original serán revisados y que el objetivo es llegar a un texto consensuado que permita evitar una derrota parlamentaria, precisó Parlamentario.
    La estrategia del Gobierno apunta a reemplazar el esquema de emergencia vigente por un marco normativo permanente. La argumentación oficial sostiene que las prórrogas sucesivas de la emergencia generan reglas transitorias y dificultan una planificación de largo plazo, mientras que una ley de fondo permitiría establecer mecanismos estables de financiamiento, control y actualización de prestaciones.
    En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
    Otro de los puntos centrales de la negociación es el acceso a las pensiones no contributivas. El Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento. La idea es que el Certificado Único de Discapacidad no implique automáticamente el acceso al beneficio y que se evalúe además el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
    No obstante, fuentes parlamentarias señalan que uno de los reclamos de los bloques dialoguistas ya habría sido aceptado: la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto establecía incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto que generó fuertes objeciones.
    Las conversaciones también abarcan la situación de los prestadores de servicios de discapacidad, que reclaman compensaciones por atrasos acumulados durante 2024. Legisladores del Pro y de la UCR vienen exigiendo precisiones sobre la forma en que el Gobierno piensa afrontar esas diferencias y buscan que cualquier acuerdo incorpore mecanismos claros de reconocimiento y pago.
    La polémica produjo además tensiones internas dentro del oficialismo. Con Patricia Bullrich a la cabeza, dirigentes que venían participando de las negociaciones parlamentarias quedaron sorprendidos por el contenido final del capítulo incorporado al Presupuesto y se abrieron cuestionamientos sobre la coordinación entre las áreas políticas y económicas del Gobierno.
    Pese al conflicto, tanto en la Casa Rosada como entre los bloques aliados aseguran que el diálogo continúa y que la intención es arribar a un dictamen común en los próximos días. La premisa que circula en las conversaciones es que el texto definitivo que obtenga consenso parlamentario deberá reflejarse luego en la redacción final del Presupuesto 2027.
    Así, el oficialismo busca cerrar una de las controversias más sensibles que surgieron tras el envío de la ley de leyes al Congreso, en un tema donde hasta sus socios habituales advirtieron que no acompañarán modificaciones que impliquen una reducción de derechos o un deterioro de las prestaciones para las personas con discapacidad. (APFDigital)

  • Presupuesto 2027: proyectan un fuerte recorte para el INTA y 837 cargos menos – Arriba Noticias

    Presupuesto 2027: proyectan un fuerte recorte para el INTA y 837 cargos menos – Arriba Noticias

    Presupuesto 2027: proyectan un fuerte recorte para el INTA y 837 cargos menos – Arriba Noticias

    El recorte al INTA en el Presupuesto 2027 aparece entre los cambios contemplados en el proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria dispondría de $315.538 millones para sus gastos, frente a los $360.124 millones correspondientes a 2026, lo que representa una reducción nominal del 12,4%.
    La disminución sería de $44.586 millones sin considerar el efecto de la inflación. El proyecto presupuestario nacional contempla para 2027 una inflación anual del 18%, por lo que, si esa previsión se cumpliera, la reducción en términos reales sería superior a la que refleja la comparación nominal.
    Otro de los datos relevantes está relacionado con el personal. Para el próximo ejercicio aparecen previstos 6.308 cargos dentro del organismo. El documento correspondiente a 2026 contemplaba 7.145, lo que arroja una diferencia de 837 puestos, equivalente a una reducción del 11,7%. Parte de esa disminución podría reflejar retiros y modificaciones de la estructura que ya fueron concretados.
     

    Menos cargos y actividades previstas
    La reducción de personal se concentraría principalmente en Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural, una de las áreas vinculadas directamente con la llegada del conocimiento y la asistencia técnica del INTA a los productores.

    Según las planillas presupuestarias, ese programa concentrará $238.027 millones durante 2027, mientras que Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas tendrá asignados $51.856 millones.
    Los cambios se producen en el contexto de la reorganización que atravesó el organismo desde 2025, con modificaciones en agencias de extensión, estructuras jerárquicas y programas, además de planes de retiro voluntario.

    Cambios en las metas del organismo
    El proyecto también contempla modificaciones en las metas físicas. La cantidad de actividades correspondientes a proyectos nacionales y regionales pasaría de 3.000 durante 2026 a 1.500 el próximo año, lo que significaría una reducción del 50%.
    También disminuiría la meta correspondiente a la atención de consultas de actores del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. De las 4.933 previstas para este año se pasaría a 3.074 durante 2027, una caída del 37,7%.
    La asistencia técnica, las capacitaciones destinadas a productores y el acceso a sistemas de información también registrarían reducciones en las metas previstas, aunque de menor magnitud.

    Una modificación en el financiamiento
    Otro punto relevante del proyecto está relacionado con las fuentes de recursos del INTA. Para 2027 desaparece de sus ingresos la participación proveniente de los derechos de importación y permanece la Tasa de Estadística, además de los aportes generales previstos para el organismo.
    Según las cifras consignadas en las planillas, los recursos totales pasarían de $905.711 millones a $546.874 millones. La diferencia alcanzaría los $358.837 millones, equivalente a una reducción del 39,6%.
    No todo ese monto quedaría destinado al funcionamiento del instituto. De los $546.874 millones previstos como recursos, $315.538 millones financiarían gastos y aproximadamente $231.337 millones figuran como una “aplicación financiera”.

    Los objetivos planteados para los próximos años
    Pese a la reducción presupuestaria, el proyecto mantiene distintas líneas de investigación y desarrollo para el organismo. Entre ellas aparecen las tecnologías destinadas a mejorar los sistemas agrícolas, las economías regionales, las cadenas hortícolas y frutícolas, los recursos genéticos y la reducción de pérdidas durante la cosecha y poscosecha, destacó La Nación.
    Para el período 2027-2029, además, se plantean objetivos vinculados con la optimización de la administración y los gastos, junto con inversiones en equipamiento e infraestructura destinada a campos experimentales e incubadoras.

    Las cifras forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo, por lo que deberán atravesar el debate legislativo. La iniciativa comenzará su tratamiento parlamentario y sus partidas podrían sufrir modificaciones durante ese proceso.
     
    Con Elonce

  • El presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5 veces, mientras Nación dejó de pagar sus propios programas – El Miércoles Digital

    El presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5 veces, mientras Nación dejó de pagar sus propios programas – El Miércoles Digital

    Cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios.
     
    El Ministerio de Salud confirmó a ANÁLISIS una escalada presupuestaria muy fuerte -4,5 veces entre 2023 y 2025- explicada en gran parte por la necesidad de sustituir con fondos provinciales el financiamiento nacional que se retiró de programas estructurales como Remediar (con una caída del 83,5% en los botiquines entregados), Sumar+ (con $1.918 millones de deuda nacional pendiente) e Incluir Salud (financiado en un 98% por la Provincia).
    A la vez, una fragilidad estructural en el recupero de costos hospitalarios, con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) llegando a cobrar apenas el 38% de lo que facturó en 2024, en sintonía con la crisis financiera de esa obra social y una transformación silenciosa en quién usa el sistema público.
    Según los datos proporcionados a este medio periodístico, cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios.
    A todo este panorama se suma una deuda de $774 millones con prestadores privados de salud -concentrada en un 98% en tres proveedores de diálisis y oncología, incluido el centro estatal CEMENER, aunque en el informe se da por “cancelada definitivamente”- y una diferencia de $13.233 millones entre lo que el propio detalle de pagos de Incluir Salud registra para 2024-2026. Y la cifra de $38.200 millones que el texto principal destaca como la inversión total del programa en ese período.
    El Ministerio de Salud de Entre Ríos respondió, a través de una nota firmada personalmente por el ministro Daniel Ulises Blanzaco, un pedido de acceso a la información pública de trece puntos que incluyen presupuesto, compra de medicamentos, campañas de vacunación, salud mental, demanda del sistema público, recupero de costos a obras sociales, derivaciones a prestadores privados, recursos humanos, el Hospital de la Baxada, proyectos de ley y contrataciones de bienes y servicios.
    Ese documento de síntesis narra la gestión 2023-2026 como una transformación integral -”de respuestas fragmentadas a una lógica de red”- con métricas destacadas: más del 90% de los centros de salud con actividad registrada en el sistema SADER, 45 ambulancias nuevas, 440.000 estudios almacenados en el sistema PACS provincial y un crecimiento del 18,9% en la dotación profesional. Sin embargo, cruzando esas mismas cifras con los anexos numéricos -resúmenes de tesorería, planillas de licitaciones, informes de recupero de costos- aparecen datos que el texto principal minimiza o no menciona: la dependencia acuciante de refuerzos presupuestarios frente a partidas nacionales que dejaron de llegar, una salud pública que atiende cada vez más pacientes con cobertura, y un sistema de obras sociales provincial (OSER, exIOSPER) que en 2024 solo logró cobrar el 38% de lo facturado a los hospitales.
    Según el propio informe oficial, el presupuesto total ejecutado por el Ministerio de Salud pasó de $145.902 millones en 2023 a $433.110 millones en 2024 (2,97 veces más), $652.088 millones en 2025 (1,51 veces el año anterior) y $449.268 millones entre enero y julio de 2026, con una proyección oficial de $768.000 millones para el cierre del año. En total, entre 2023 y 2025 el gasto en salud se multiplicó por 4,47, y si se cumple la proyección 2026 el crecimiento acumulado en tres años y medio llegará a 5,3 veces.
    Una desagregación más específica -la de las transferencias de Rentas Generales a hospitales, en la planilla “Resumen transferencias fondos partidas hospitales- muestra un patrón revelador dentro de ese crecimiento: en 2023 el 58% de los $13.984 millones transferidos a hospitales correspondía a una partida fija mensual (“Partida Hospitales”) y el resto a “refuerzos” extraordinarios. En 2024, sobre $63.453 millones transferidos, la relación se invirtió: la partida fija representó apenas el 30% y los refuerzos -montos variables, decididos mes a mes según la coyuntura- treparon al 64% del total, además de $3.554 millones en deuda arrastrada de 2023. En otras palabras, la forma predominante de financiar a los hospitales entrerrianos durante el año de mayor inflación del período no fue el presupuesto planificado, sino la improvisación mes a mes vía refuerzos, un patrón de gestión reactiva más que de planificación.
    En 2025 las transferencias llegaron a $83.095 millones y en el primer semestre de 2026 ya se transfirieron $44.089 millones -una proyección anual de unos $88.178 millones-, lo que confirma una meseta de crecimiento nominal luego de la escalada de 2023-2024. El propio informe aclara que aproximadamente el 80% del concepto “refuerzo general” se destina a medicamentos, insumos, descartables y oxígeno, y el resto a combustible, servicios, racionamiento, refacciones edilicias y equipamiento sanitario.
    Medicamentos y la compra centralizada
    La Dirección de Contrataciones del Nivel Central del Ministerio de Salud adjudicó 43 procedimientos de compra de medicamentos, insumos y equipamiento en 2024 por $5.048,8 millones; 35 procedimientos en 2025 por $6.151,1 millones y, hasta el 7 de agosto de 2026, 18 procedimientos por $20.264 millones. O sea, un salto que el propio informe atribuye a la nueva compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales de mayor complejidad (San Martín, San Roque, Centenario, Masvernat y Justo José de Urquiza), adjudicada con catorce oferentes y acompañada de un centro logístico en Colonia Avellaneda. Hay, además, 22 procedimientos adicionales en trámite por $5.200,1 millones estimados para 2026.
    Un análisis separado, correspondiente a compras específicas de programas nacionales complementados con fondos provinciales (Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, epidemiología), muestra la misma tendencia: de $12,7 millones invertidos en 2023 a $175,4 millones en 2024 (13,8 veces más), $677,5 millones en 2025 y ya $291,9 millones en la primera mitad de 2026. En ese universo más chico de compras, la empresa VI Farma SRL aparece como proveedora recurrente en los cuatro ejercicios, junto con adjudicaciones puntuales muy grandes a proveedores unipersonales, como los $105,69 millones que ganó Alcorta Pharma (a nombre de Marta Liliana Molina) por 1.000 kits de mifepristona en 2025.
    Un capítulo aparte, no incluido en el documento de síntesis, pero sí en un informe técnico específico, es la compra de drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados a través de CUCAIER: la Provincia debió empezar a complementar los envíos de INCUCAI desde junio de 2023 porque esos envíos resultaban insuficientes. Las transferencias del Tesoro Provincial para este fin pasaron de apenas $2 millones en diciembre de 2023 a $606,4 millones en 2024 (303 veces más), $427,1 millones en 2025 y ya $599,9 millones en la primera mitad de 2026, superando en seis meses todo lo gastado en el año anterior completo.
    El total acumulado 2023-2026 es de $1.635,5 millones para sostener un tratamiento que, en teoría, debería cubrir íntegramente el programa nacional de seguimiento pos-trasplante.

     
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  • Gasto en la mira: en medio de la caída de la recaudación, el Gobierno ordenó a los ministros que ajusten más el presupuesto

    Gasto en la mira: en medio de la caída de la recaudación, el Gobierno ordenó a los ministros que ajusten más el presupuesto

    Gasto en la mira: en medio de la caída de la recaudación, el Gobierno ordenó a los ministros que ajusten más el presupuesto

    El Gobierno nacional bajó la orden a los ministerios de que achiquen el gasto en un contexto de caída constante de la recaudación tributaria en los últimos ocho meses. La Casa Rosada busca asegurarse de que el superávit no corra riesgo, mientras mira la exigente meta fiscal pactada con el FMI. Según trascendió en las últimas horas del domingo y confirmaron fuentes oficiales este lunes por la mañana, habrá una nueva pauta presupuestaria para el gabinete, que incluiría un recorte adicional de 2% del gasto corriente y de 20% del gasto de capital. Desde Balcarce 50 confirmaron la información a Clarín. No hubo precisiones, aún, respecto a cuánto es el ahorro que precisa Hacienda con ese nuevo techo más bajo al gasto de los ministerios. Los datos acumulados hasta marzo, de acuerdo a información oficial que procesó la consultora Analytica, mostraban una poda del gasto de 3,3% en rubros presupuestarios decisivos como obra pública, transferencias a provincias y salarios de la administración pública. El deterioro persistente de los ingresos tributarios —que ya suma ocho meses consecutivos hasta marzo— llevó a la Casa Rosada a avanzar con una nueva ronda de recortes del gasto.El año, además, está atravesado por otros dos factores. Por un lado, una serie de proyectos de ley que podrían implicar mayores erogaciones (como la iniciativa opositora de financiamiento universitario) o bien afectar la recaudación, como en el caso de la reforma laboral. Por otro, el cumplimiento de una exigente meta acordada con el FMI.Según datos oficiales recopilados por Analytica, algunas partidas registraron fuertes ajustes en lo que va del año. Entre ellas, sobresale la de salarios públicos por su peso dentro del presupuesto: en el primer trimestre cayó 6,1%, al pasar de $3,9 billones a $3,7 billones a precios actuales.En montos más bajos, el gasto en Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró una baja de 3,7%, desde $3,2 billones a $3 billones. Más atrás, aunque con recortes proporcionales más profundos, se ubicaron otros Programas Sociales (-29,8%) y las Transferencias a provincias (-50,9%).De forma llamativa, los subsidios económicos —que incluyen el aporte estatal al precio de los servicios públicos— quedaron al margen del ajuste y registraron un fuerte incremento de casi 67% interanual.Esto ocurrió incluso pese a que, desde comienzos de año, la Secretaría de Energía avanzó con una reducción de subsidios. La consultora Outlier señaló que este comportamiento podría explicarse por la cancelación de deudas que el Gobierno mantenía con el sector energético y que fueron saldadas a inicios del año.La meta fiscal acordada con el FMI también condiciona el programa económico. En la última revisión técnica del año pasado, se fijó como objetivo un superávit primario —sin contabilizar intereses de deuda— equivalente al 1,5% del PBI. Hasta febrero, último dato oficial a disposición, el Ministerio de Economía acumulaba un 0,4% del Producto.Hay otra cuenta que suele observar el staff del Fondo Monetario y que viene en crecimiento en los últimos meses. Se trata de lo que conoce como la deuda flotante, es decir los pagos postergados o atrasados del Gobierno nacional. En términos prácticos, es la diferencia entre el gasto devengado (es decir, comprometido) y lo efectivamente pagado. De acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), con datos hasta marzo, ese pasivo creció hasta 3,3 billones de pesos. Casi el 10% del gasto comprometido no fue abonado y registra algún tipo de demora por parte de la administración nacional. Los gastos de capital (típicamente obra pública) registra una deuda flotante equivalente al 41,8% del total comprometido de pago. Otras partidas presupuestarias como Bienes y Servicios y Remuneraciones alcanzan el 29,8% y 11,3%, respectivamente, midió la ASAP.

  • Trump pide un presupuesto de defensa de US$ 1,5 billones en plena guerra con Irán

    Trump pide un presupuesto de defensa de US$ 1,5 billones en plena guerra con Irán

    Trump pide un presupuesto de defensa de US$ 1,5 billones en plena guerra con Irán

    La Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1,5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán.Si el proyecto es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso.Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense.El plan presentado el viernes incrementaría el gasto en defensa del gobierno en más del 40% con respecto al año pasado, fortaleciendo su capacidad para adquirir más municiones y ampliar la flota naval estadounidense, al tiempo que inicia la construcción del sistema de defensa antimisiles «Cúpula Dorada» planeado por Trump.De los 445 mil millones de dólares que la administración pretende añadir al presupuesto de defensa, la Casa Blanca propone que 350 mil millones se aprueben como parte de una próxima legislación que los republicanos planean impulsar mediante una maniobra que solo requiere la mayoría simple en el Senado.Estos niveles históricos de gasto en defensa se producen en un momento en que Estados Unidos se encuentra inmerso en una guerra con Irán y otros conflictos latentes en todo el mundo. Además, evidencian el escaso interés de la Casa Blanca en redirigir su atención y recursos a otros frentes, a pesar de las reiteradas garantías de Trump de que planea poner fin a las hostilidades en Oriente Medio en cuestión de semanas.La propuesta presupuestaria, en cambio, busca recortar el gasto no relacionado con la defensa en un 10%, un recorte de 73 mil millones de dólares que afectaría principalmente a vivienda, servicios sociales, atención médica y otros programas nacionales que la administración ha calificado de «progresistas».El presupuesto anual de la Casa Blanca equivale a una lista de deseos de la administración que rara vez es aprobada en su totalidad por el Congreso, que mantiene el control sobre el gasto público y que en el pasado ha ignorado con frecuencia amplios sectores del plan de la administración.La propuesta presupuestaria de la Casa Blanca también incluye solicitudes de mayor gasto en control migratorio, inversiones en minerales críticos y el embellecimiento de Washington D.C., áreas a las que Trump dedicó considerable atención durante su primer año de regreso al cargo.