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  • Histórica empresa metalúrgica entró en concurso preventivo y peligran 260 puestos de trabajo – Arriba Noticias

    Histórica empresa metalúrgica entró en concurso preventivo y peligran 260 puestos de trabajo – Arriba Noticias

    Histórica empresa metalúrgica entró en concurso preventivo y peligran 260 puestos de trabajo – Arriba Noticias

    Una histórica empresa metalúrgica argentina ingresó en concurso preventivo de acreedores después de acumular deudas por más de $34.000 millones. Se trata de Fundición San Cayetano, una compañía con 70 años de trayectoria, 260 trabajadores y una planta ubicada en Burzaco, provincia de Buenos Aires.
    La firma presentó el pedido judicial el 9 de junio y la apertura formal del proceso fue dispuesta el 24 de ese mes por el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Según consta en el expediente, la compañía fijó el inicio de su cesación de pagos el 18 de diciembre de 2025.
    Fundición San Cayetano fabrica piezas de gran porte destinadas principalmente a las industrias siderúrgica, petrolera, minera y energética. Cerca del 80% de su producción se exporta y entre sus clientes aparecen compañías de Argentina, Estados Unidos, Chile y Brasil.
    Deudas por más de $34.000 millones
    La empresa metalúrgica declaró un pasivo concursal de $34.187 millones. De ese total, $18.512 millones corresponden a deudas comerciales locales, $5.539 millones a compras realizadas en el exterior y otros $7.791 millones a obligaciones financieras, además de compromisos fiscales, sociales y laborales.

    La situación también se refleja en 185 cheques rechazados por más de $1.000 millones y en reclamos de bancos, empresas de servicios y proveedores. La información financiera incluida en la presentación judicial señala una exposición cercana a los $22.355 millones con distintas entidades bancarias.
     

     
    Como contrapartida, la firma informó activos por $83.286 millones al 31 de mayo de 2026. Más de $68.000 millones corresponden a bienes de uso, principalmente maquinaria, instalaciones e infraestructura vinculada directamente con la capacidad productiva de la planta.
    Qué factores explicó la compañía
    En su presentación ante la Justicia, la empresa metalúrgica atribuyó el deterioro financiero a una combinación de menor demanda, pérdida de competitividad, costos financieros elevados y una mayor presión de productos importados. Esas explicaciones corresponden a la posición expresada por la propia compañía dentro del expediente concursal.
    Uno de sus principales clientes redujo los pedidos aproximadamente un 50%, mientras la firma aseguró que debió aceptar menores precios para conservar contratos y sostener los niveles de actividad. También señaló que compite directamente con fabricantes internacionales, especialmente de China, cuyos valores resultan considerablemente inferiores.

    Otro de los factores mencionados fue el costo del financiamiento. La empresa indicó que llegó a enfrentar tasas bancarias de entre 80% y 90% anual, mientras que el margen habitual de rentabilidad de su actividad ronda el 5%, una combinación que habría incrementado rápidamente el peso de las obligaciones financieras.
    Una firma con siete décadas de trayectoria
    Fundición San Cayetano comenzó a operar en 1956 y trasladó su planta a Burzaco en 1979. Durante las décadas siguientes amplió su producción hacia piezas para la industria petrolera, cilindros destinados a trenes de laminación y componentes para sectores vinculados con minería y energía.
    Pese al concurso preventivo, la compañía sostiene que mantiene pedidos suficientes para operar a máxima capacidad durante al menos ocho meses, aun en el caso de que no ingresaran nuevas órdenes. Además, informó que mantiene contratos con clientes cuyos plazos se extienden entre seis meses y tres años.
    El proceso concursal busca permitir que la empresa metalúrgica reorganice sus obligaciones mientras mantiene su actividad productiva y los 260 puestos de trabajo. Ahora deberá avanzar la verificación de créditos y la negociación con los acreedores, mientras la continuidad de la planta dependerá de su capacidad para sostener operaciones y alcanzar un acuerdo sobre la deuda.

  • Una empresa familiar de Gualeguaychú entró en concurso preventivo por deudas millonarias – Arriba Noticias

    Una empresa familiar de Gualeguaychú entró en concurso preventivo por deudas millonarias – Arriba Noticias

    Una empresa familiar de Gualeguaychú entró en concurso preventivo por deudas millonarias – Arriba Noticias

    La empresa familiar Palletizate, radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, pidió su concurso preventivo con una deuda de $2.443.251.075. Ante la Justicia, los representantes de la firma hablaron de una «confluencia de factores macroeconómicos». Los principales fueron la inflación, el incremento de la estructura de costos operativos y la caída de la demanda interna. Según el expediente judicial, la firma informó que cuenta con 80 acreedores y 33 trabajadores en relación de dependencia.
    La empresa se dedicada al recupero, fabricación y comercialización de pallets de madera, además de ofrecer servicios de gestión y recolección de residuos sólidos industriales. Fue fundada en 2007 por Oscar Portela junto a sus hijos Mauro y Vladimir. Antes de la crisis, se había consolidado como un referente regional en sustentabilidad y producción responsable.

    El 7 de octubre del año pasado fueron noticia provincial porque el gobierno aprobó su proyecto para obtener los beneficios del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Aquella vez, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico visitaron la planta.
    Según contaron sus propietarios a Dos Florines en octubre del año pasado, hasta ese momento producían 35.000 pallets por mes y estaban lejos del pico de 75.000, que lograron en 2023. En aquella entrevista, Mauro Portela describía la difícil situación del mercado: “Se ha contraído mucho. El sector logístico está fuerte, pero el industrial ha decaído en general un 20 o 30% de lo normal”.
    Concurso preventivo
    El pedido de apertura del concurso preventivo de la sociedad la formalizaron en la Justicia los socios Oscar Alberto Portela, Vladimir Oscar Portela y Mauro Joaquín Portela, con el patrocinio abogado Leandro Ferrando. Según la presentación a la que accedió Uno, explicaron que «la crisis obedeció a la confluencia de factores macroeconómicos, inflación, incremento de la estructura de costos operativos, caída de la demanda interna y alargamiento de los plazos en la cadena de pagos, sumados a la absorción de recursos por el encarecimiento de líneas de financiamiento a corto plazo y de los descubiertos bancarios».
    La visita de Frigerio a una empresa adherida al RINI (archivo)
    Indicaron que «las inversiones realizadas en 2025 y las medidas de ajuste no lograron revertir el cuadro y que el estado de cesación de pagos se materializó a partir del rechazo de cheques por falta de fondos el 3 de marzo de 2026. Asimismo, impetraron medidas cautelares sobre cuentas corrientes bancarias y la suspensión del cobro de cheques diferidos».

    El 24 de julio de este año, el juzgado civil y comercial N° 3 de Gualeguaychú declaró su incompetencia para continuar entendiendo en el trámite y dispuso la remisión del expediente al juzgado especializado Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay, a cargo de Máximo Agustín Mir. Este declaró abierto el concurso preventivo de Palletizate y dispuso, como medidas cautelares, la suspensión del pago de cheques diferidos librados con anterioridad a la presentación y el mantenimiento operativo de las cuentas corrientes bancarias.
    Atento a la entidad de la deuda, a la complejidad del caso y al número de trabajadores y acreedores, la Justicia asumió la dirección del proceso y fijó las fechas del período concursal, a fin de garantizar la debida publicidad y el derecho de defensa de los acreedores. Además, se integró el Comité de Control, conformado por los tres acreedores de mayor monto denunciados en el expediente: Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Supervielle y un representante de los trabajadores de la empresa.

    En la resolución del juez Mir, se fijó el 9 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la Sindicatura actuante. Asimismo, decretó la inhibición general de bienes de la deudora, librando oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). La Sindicatura deberá presentar los informes finales entre el 26 de noviembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027.
     
    Con Elonce

  • Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, pidió este miércoles la apertura de su concurso preventivo, una herramienta judicial que utilizará para reorganizar sus pasivos, según pudo confirmar Infobae con más de una fuente al tanto de las negociaciones de la compañía.

    La medida formaliza ante el ámbito judicial una reestructuración que la avícola lleva meses intentando resolver en forma privada. La compañía arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y venía negociando con sus acreedores con la asistencia del banco de inversión VALO un esquema que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de hasta siete años, además de la venta de activos no estratégicos. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos en sus plantas evidenció que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

    La empresa acumula cerca de 1.730 despidos desde el inicio del conflicto

    Desde que comenzó la crisis, a fines de 2024, el total de trabajadores desvinculados en las distintas plantas del grupo se acerca a los 1.730 casos, aunque la cifra todavía no está cerrada porque resta consolidar el detalle por establecimiento, según fuentes cercanas a las compañías.

    La crisis se profundizó a fines de agosto con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas del grupo y el corazón productivo de una ciudad bonaerense de apenas 15.000 habitantes. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos. En los días siguientes llegaron más de 700 telegramas de despido: 554 correspondieron a empleados de Capitán Sarmiento y otros 150 a trabajadores de localidades aledañas.

    La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor”. Muchos de los despedidos llevaban más de 20 años en la compañía.

    El alcance de los últimos despidos también abarcó a 50 empleados de la planta de Pilar y a 450 de la planta de Esteban Echeverría. Otras plantas del grupo habían sido alcanzadas previamente: en julio, la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar con unos 350 trabajadores involucrados; en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se produjeron alrededor de 250 despidos adicionales.

    Ante el avance de los despidos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó la reincorporación de los 1.200 trabajadores desvinculados en los últimos tramos del conflicto. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, busca abrir una instancia de diálogo entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba). Sin embargo, Granja Tres Arroyos no acató la conciliación.

    En la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades provinciales, junto con el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría. Las partes acordaron la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta para la semana siguiente.

    En Capitán Sarmiento, el impacto social del conflicto es difícil de dimensionar. Uno de cada diez empleos en la ciudad dependía de la planta avícola, cuyos salarios —en promedio, unos $3 millones mensuales— generaban un fuerte derrame en comercios y servicios de la zona. Con los despidos masivos, decenas de familias enfrentan dificultades para pagar el alquiler o los servicios básicos. Trabajadores que habían llegado de otras ciudades a emplearse en la planta planean ahora su partida, y algunos chicos deberán cambiar de escuela siguiendo a sus padres en busca de trabajo.

    La comunidad, sin embargo, respondió con una ola de solidaridad. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) lleva meses entregando mercadería a quienes no cobraban sus salarios en tiempo y forma; desde el lunes comenzó además a realizar ollas populares nocturnas en su sede. Los clubes de la ciudad organizaron jornadas deportivas para recolectar alimentos, y hasta un salón de fiestas privado abrió sus puertas para recibir a cualquiera que necesite un plato de comida.
    “Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua”, afirmó Astorino en declaraciones a Infobae. La intendenta, que responde a La Libertad Avanza, indicó que el municipio gestiona también que no se corten los servicios a quienes no pueden pagarlos y que la farmacia del hospital asista con medicación a los despedidos.

    El ingreso al concurso preventivo y la posterior convocatoria de acreedores es el mecanismo por el cual una compañía con dificultades para cumplir sus compromisos busca reorganizar su situación financiera y evitar la quiebra. Para los trabajadores, la principal incógnita continúa siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes —que, en algunos casos, superan los dos meses y medio de atraso—.

    El proceso tiene antecedentes: en diciembre de 2024, Granja Tres Arroyos había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que no llegó a formalizarse en el plano nacional. Desde entonces, la empresa adoptó sucesivas medidas de reducción en sus establecimientos, entre ellas el cierre de la planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones, y el cierre definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay, publica Infobae.

  • En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    Los dueños de Frigorífico General Pico S.A., reconocida en la industria nacional por haber sido parte de la fundación de la icónica marca de hamburguesas Paty, confirmaron el inició del proceso de concurso preventivo de acreedores luego de que fracasaran las negociaciones para la venta o alquiler de la compañía.El frigorífico, situado en Trenel, La Pampa, tenía un plantel de 450 empleados, pero a mitad de febrero avanzó con el despido de cerca de 200 trabajadores. A esto se suma una delicada situación financiera, con deudas que ascienden a unos $24.000 millones, además de compromisos con proveedores. En ese marco, tiene 1152 cheques rechazados en los registros de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que asciende a $15.800 millones.A través de una nota firmada por el presidente Ernesto “Tito” Lowenstein y el vicepresidente Alan Lowenstein, la empresa comunicó que las tratativas con un grupo inversor europeo no lograron avanzar hacia un acuerdo que permitiera sostener la operación.En este sentido, los directivos apuntaron directamente a un grupo financiero que actúa como accionista y acreedor, al que acusaron de haber obstaculizado de manera reiterada distintas alternativas para garantizar la continuidad del frigorífico.Según explicaron, entre las opciones presentadas hubo propuestas de terceros con esquemas de explotación a largo plazo, incluida una alternativa cercana a los US$ 40 millones mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago inmediato. Sin embargo, ninguna fue aceptada, y el grupo cuestionado tampoco acercó propuestas superadoras.“Esto fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, sostuvieron los empresarios, quienes remarcaron que dicho acreedor contaba con acceso pleno a la información financiera y participó del análisis de las distintas alternativas.Ante este escenario, indicaron que el concurso preventivo busca “ordenar las obligaciones de la empresa” y generar un marco institucional que permita evaluar nuevas opciones para reactivar la actividad.Desde la compañía destacaron además que se trata de una empresa familiar y que sus socios acompañaron el desarrollo con inversiones propias, particularmente en la planta de Trenel, considerada el principal activo productivo.Pese a la crisis, aseguraron que continuarán trabajando para reactivar la operación en el corto plazo, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y sostener el impacto económico y social que la actividad genera en la región.