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  • Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

    Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

    Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

    El juez federal Sebastián Ramos procesó al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, tras la violenta toma del Instituto Juan Domingo Perón ocurrida el 7 de junio del año pasado. Además, le impuso un embargo de 5 millones de pesos al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien enfrenta otras causas por tomas violentas, como la del campo de la familia Etchebehere en Entre Ríos. Este es el primer procesamiento formal a Grabois relacionado con estas acciones.

    En el mismo fallo, al que tuvo acceso Clarín, el juez también procesó a Valentín Peralta, otro de los protagonistas de la ocupación del Instituto Perón, que terminó con varios policías heridos y daños en las instalaciones. La toma se produjo pocos días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, en un contexto marcado por llamados a protestas de referentes kirchneristas.
    Ramos fundamentó su decisión en testimonios, fotografías y videos que probarían que el 7 de junio de 2025 tanto Grabois como Peralta ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, que se hallaba cerrado y cuya titularidad corresponde al Ministerio de Capital Humano.
    La denuncia contra Grabois fue presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En cuanto a Peralta, el juez detalló que “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar”, entre otros agresores.
    El Hospital Churruca aportó las historias clínicas de varios agentes heridos durante el operativo: el comisario De Cristóbal sufrió un traumatismo encéfalo-craneano y una escoriación sin sangrado activo; el comisario mayor Marcelo Claudio Galarza recibió traumatismos superficiales múltiples en el tórax; el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna presentó una leve inflamación indolora en una mano, y el comisario inspector Amado Rubén Martínez, un edema en el labio superior junto con una herida mucosa secundaria al traumatismo, sin laceraciones.
    Asimismo, el magistrado señaló que Grabois permaneció en el interior del Instituto “durante al menos dos horas, incitando a la permanencia ilegítima y a la agresión contra el personal policial destacado en el lugar”, al que lanzaron objetos causando lesiones. Peralta también fue acusado de agredir con golpes a la policía durante el desalojo.
    La defensa de Grabois sostuvo que el dirigente no participó de la toma sino que estuvo presente “en estricta calidad de abogado de la Cooperativa de Trabajo ‘Lo de Néstor’”, que administra el local contiguo llamado “Un Café con Perón”.
    Según el juez, los oficiales instaron verbalmente a los manifestantes para que desalojaran el edificio —propiedad de Capital Humano— y, ante las agresiones, procedieron a detener a Grabois, quien supuestamente incitaba constantemente a sus seguidores a atacar a los policías.
    Actualmente, la defensa de Grabois presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para evitar la apertura del teléfono secuestrado durante su detención, recurso que será resuelto a partir del 5 de noviembre de 2025.
    El Ministerio de Capital Humano ha solicitado diversas medidas para identificar a los demás participantes en la violenta usurpación del ex Instituto Juan Domingo Perón. Sin embargo, fuentes del ministerio consultadas por Clarín afirmaron que la defensa de Grabois ha planteado nulidades y apelaciones que buscan impedir la investigación de los hechos.
    Antecedentes
    La Cámara Federal porteña había ratificado la causa luego de que Grabois solicitara la nulidad del proceso por usurpación, daño agravado y lesiones, argumentando que su detención fue “ilegal”. También reclamó la devolución de su teléfono celular, que la Justicia pretendía abrir para indagar si la toma estuvo organizada.
    Tras haber sido indagado el año pasado por el juez Ramos y el fiscal Carlos Rívolo, Grabois logró demorar el avance de la investigación durante meses.
    El dirigente social fue detenido en flagrancia el 7 de junio de 2025, en medio de un forcejeo con la Policía Federal, mientras se envolvía con la bandera argentina y exclamaba: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.
    El fiscal Rívolo pretende abrir el celular únicamente para analizar las comunicaciones relacionadas con esos días, resguardando aquellas vinculadas al trabajo de Grabois como abogado, que están protegidas por el secreto profesional.
    Un peritaje sobre imágenes de cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales muestra a Grabois encabezando el grupo que ingresó por la fuerza al edificio del Instituto Perón y al café contiguo, ubicado al lado de la Biblioteca Nacional. Actualmente, la ministra Pettovello planea transformar el establecimiento en un “centro inclusivo” que incluya una biblioteca y un local gastronómico destinado a jóvenes neurodiversos.
    La toma del Instituto Perón fue la primera de una serie de acciones realizadas por grupos afines al kirchnerismo antes y después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Posteriormente se registraron ataques al canal de noticias TN y a la casa del economista José Luis Espert.
    Tras su liberación en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en el barrio de Lugano, Grabois expresó: “Es un orgullo que el

  • Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue citado a indagatoria en la causa por presuntos sobornos relacionados con la contratación directa de una empresa de logística. En sus propiedades se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria a Leal y a otras diez personas por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, entre otros. Las audiencias comenzarán a fines de este mes.
    Además, Leal fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el secuestro de drogas en su departamento de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El procesamiento incluye prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido, y el juez decidió trasladar la causa a los tribunales de Comodoro Py.
    Por otro lado, un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determinó que el equipo de espionaje encontrado en poder de Leal no fue utilizado para espiar. Según fuentes judiciales, «en su interior no hay nada relevante para ninguna causa y se concluyó que no se usó para realizar espionaje».
    Las citaciones a indagatoria, solicitadas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, buscan además establecer el origen del dinero hallado y la trazabilidad del patrimonio de Leal. El juez levantó el secreto fiscal y bancario, ordenó a la Oficina Anticorrupción remitir las declaraciones juradas, y pidió informes al Banco Central de la República Argentina, medidas que también alcanzan a los demás imputados.
    Asimismo, a todos los citados se les prohibió salir del país y se dispuso el embargo e inhibición de bienes, incluyendo las dos propiedades allanadas a Leal.
    A fines de mayo, la justicia realizó allanamientos en busca de pruebas por la presunta corrupción en ARSAT. En las viviendas se incautaron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas extranjeras; una valija con 19 elementos para espionaje; y drogas: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.
    Por la tenencia de drogas, Leal quedó detenido. En su indagatoria sostuvo que el consumo era personal y un informe médico confirmó su uso. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad incautada indicaba fines de comercialización y dictó su procesamiento, trasladando el expediente a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
    Facundo Leal, fundador de la empresa estatal de telecomunicaciones, asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Renunció tras un conflicto con «La Cámpora» y fue designado nuevamente titular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia continuó en el cargo y en 2025 asumió al frente del ORSNA, organismo que dejó en febrero de este año para regresar a ARSAT como empleado de planta permanente.
    La causa que motivó la citación a indagatoria investiga una presunta corrupción vinculada al pago de sobornos por parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios para obtener un contrato de alojamiento de material para el proyecto «Shelter-2» de ARSAT.
    La investigación se inició en 2024 tras un robo. Personal de ARSAT detectó que 17 contenedores del depósito habían sido violentados y se sustrajeron cables de fibra óptica. Las pesquisas judiciales revelaron una trama de corrupción.
    La empresa ALS, contratada desde 2014, no cumplía con las condiciones de seguridad, ya que el predio carecía de cámaras. Además, accedió al contrato mediante una simulación de competencia: una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, con aprobación del director de ARSAT únicamente, en la que solo participaron tres empresas vinculadas a través de sus directivos.
    En el marco de la causa, se secuestraron los celulares de Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT, y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT, quienes también fueron citados a indagatoria junto a directivos de ALS. En sus dispositivos se hallaron conversaciones que, según la justicia, aportan evidencias sobre la maniobra.
    Nueva investigación
    Paralelamente, Leal fue imputado esta semana en otra causa por posible corrupción durante su paso por el ORSNA.
    El fiscal federal Ramiro González lo imputó, junto a otros funcionarios, por presuntos hechos de corrupción. La diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de Libertad Avanza, denunció que en el ORSNA habría un entramado que exigía un 10% de coimas para acceder a negocios.
    Según la denuncia, este esquema habría involucrado a las empresas viales “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y «Centro Construcciones» mediante una serie de designaciones con las que Leal mantendría control sobre el organismo.
    Cuando Leal dejó la titularidad del ORSNA, fue reemplazado por la vicepresidenta Noelia Ruiz. A su vez, en la vicepresidencia quedó Lucila Pagano y Facundo Gaitán fue designado como “controller” con funciones de supervisión sobre las gerencias.
    Todos ellos fueron imputados por el fiscal González, quien solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi iniciar la investigación penal y disponer las primeras