Granja Tres Arroyos: embargan propiedades de los dueños y dictan una inhibición general de bienes
La crisis de Granja Tres Arroyos ya comenzó a afectar el patrimonio de la familia De Grazia, que controla la compañía y está al frente del grupo desde su fundación. Recientemente, la Justicia ordenó embargar inmuebles vinculados a Joaquín y Elba De Grazia y, en una causa separada contra Avex, dispuso además una inhibición general de bienes sobre la sociedad y cinco personas vinculadas al grupo.
Qué bienes fueron embargados
Uno de los expedientes corresponde a una ejecución contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por una deuda de $1.194,95 millones, más otros $600 millones calculados provisoriamente para intereses y costas. En esa causa, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, el juez Gerardo Santicchia ordenó el embargo de los inmuebles denunciados por el acreedor, siempre que registralmente figuren a nombre de Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o Elba Elisa De Grazia.
Avex: embargo e inhibición general
La inhibición general aparece en otro expediente, iniciado contra Avex SA, también por una deuda reclamada por una entidad financiera. Allí el monto asciende a u$s115.000, más otros u$s34.500 estimados provisoriamente para intereses y costas.
El juez Diego Manuel Paz Saravia, del Juzgado Comercial N°16, ordenó también el embargo de las dos unidades ubicadas en Francisco Beiró 4557/4561, en la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que figuren a nombre de Joaquín De Grazia. También dispuso el embargo del usufructo que Elba Elisa De Grazia tiene sobre un inmueble ubicado en Highland Park Country Club, Pilar.
Pero en este caso la resolución fue más amplia: el juzgado decretó la inhibición general de bienes de Avex SA y de cinco personas: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.
La diferencia entre las dos medidas es concreta. El embargo recae sobre bienes determinados, mientras que la inhibición general restringe la posibilidad de disponer de bienes registrables de las personas y sociedades alcanzadas por la medida.
A estos expedientes se suma otra ejecución prendaria contra Granja Tres Arroyos, por $55,78 millones, más $25 millones estimados para intereses y costas. En ese caso, la Justicia ordenó avanzar sobre el bien dado en garantía y también dispuso medidas sobre inmuebles denunciados, sujetas a la titularidad registral.
El otro dato que profundiza la situación es la cantidad de acreedores que ya recurrieron a la Justicia para intentar cobrar sus créditos y, en algunos casos, pedir directamente la quiebra de Granja Tres Arroyos.
Entre los expedientes que aparecen actualmente en el fuero comercial figuran cuatro pedidos de quiebra contra la avícola, impulsados por ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.
A estos se suman distintos juicios ejecutivos iniciados contra la empresa. Entre ellos aparecen los de MAS Protección S.A., Sartore Hermanos SRL, Award Support S.R.L. y Trade Service S.A., además de las dos causas iniciadas por la entidad financiera que derivaron en los embargos mencionados.
El volumen de reclamos da cuenta de una situación que excede una negociación puntual con un acreedor. Mientras la compañía intenta reestructurar sus pasivos, distintos acreedores avanzan por separado en los tribunales para cobrar o reclamar la quiebra.
En el caso de Granja Tres Arroyos, el pasivo bancario supera los $42.400 millones y la empresa acumula 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones. Avex suma 755 cheques rechazados por $7.300 millones, mientras que Wade registra 690 por $7.955 millones.
En conjunto, las tres sociedades acumulan 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.
Lo cierto es que la crisis de la empresa desde hace largo rato se extendió a todas sus unidades productivas. El último episodio ocurrió en Capitán Sarmiento, donde Granja Tres Arroyos suspendió las operaciones desde el 31 de agosto pasado “hasta nuevo aviso” por falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas y productivas.
La compañía comunicó al personal que no debía concurrir a trabajar, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor. La decisión tomó por sorpresa a los trabajadores y generó preocupación por la continuidad de la planta y el eventual pago de indemnizaciones.
Según trascendió, maquinaria concesionada por terceros fue retirada del establecimiento, entre ella zorras, equipos para armado de cajas y otros elementos utilizados en la operación. También fuentes vinculadas a la situación señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas y depósitos.
A su vez, Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres y suspensiones que fueron reduciendo la capacidad operativa del grupo.
Su planta de Tristán Suárez fue cerrada y dejó 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores, mientras que la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, también cerró y sus trabajadores fueron trasladados a La China, que permanece paralizada desde fines de mayo.
En Avex Río Cuarto, una parada que inicialmente había sido anunciada por dos semanas terminó extendiéndose en el tiempo y afectó a unos 350 trabajadores. En agosto también se suspendió a todo el personal de Pinazo, en Pilar. En Wade II, ex Cresta Roja, hubo paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que Wade I, en Ezeiza, funciona con una actividad considerablemente reducida.
A mediados de agosto, además, la compañía desvinculó a 250 trabajadores de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de 900 empleados. Los telegramas atribuyeron las cesantías a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”, mientras que el gremio denunció atrasos de más de cinco quincenas en el pago de salarios.
En medio de este escenario, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, con VALO como asesor financiero.
La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.
Mientras la compañía busca avanzar con ese proceso, los pedidos de quiebra y las ejecuciones se multiplican en la Justicia, al mismo tiempo que crecen los cheques rechazados y las deudas del grupo.
El dato clave y que puede precipitar el desenlace es que la presión, además, dejó de concentrarse exclusivamente sobre las sociedades. Con los nuevos embargos y la inhibición general, las medidas judiciales ya alcanzan directamente a personas vinculadas al control del grupo, mientras la reestructuración continúa sin mostrar avances concretos.
Fuente: Ambito Financiero
