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  • La Dra. Alicia Stolkiner disertó sobre “Políticas Públicas en Salud Mental”

    La Dra. Alicia Stolkiner disertó sobre “Políticas Públicas en Salud Mental”

    La Dra. Alicia Stolkiner disertó sobre “Políticas Públicas en Salud Mental”

    Este miércoles 9 de septiembre, la Dra. Alicia Stolkiner brindó en Concepción del Uruguay la conferencia “Políticas Públicas en Salud Mental”, en el marco de las actividades previstas por el Mes de la Concientización y Prevención del Suicidio.

    La propuesta se desarrolló en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” y fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
    Antes de la conferencia, representantes de las instituciones organizadoras brindaron unas palabras de bienvenida y destacaron la importancia de generar espacios de encuentro, capacitación y reflexión en torno a la salud mental.
    En ese marco, el director de Salud Mental, Dr. Germán Bercovich, distinguió la presencia de Stolkiner y valoró su aporte como referente de la salud mental comunitaria, y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y acompañamiento: “Es importante continuar generando este tipo de espacios de prevención, escucha y acompañamiento, y poner en valor el trabajo que se desarrolla desde el Municipio en los distintos centros de salud de la ciudad”.
    Por su parte, la coordinadora de Extensión y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Magíster Alfonsina Cossani, resaltó la articulación entre la Universidad y el Municipio para acercar a la comunidad espacios de formación y reflexión: “El abordaje de la salud mental requiere una mirada interdisciplinaria y comunitaria, con participación de diferentes actores e instituciones. Por eso, celebro este encuentro”.
    Seguidamente, el intendente José Lauritto destacó la trayectoria de Alicia Stolkiner y su aporte al campo de la salud mental en Argentina. Además, reconoció su presencia en la ciudad y la posibilidad de contar con sus conocimientos y experiencia: “Gracias Alicia, por compartir tus conocimientos en nuestra ciudad. Es muy valioso contar hoy con la presencia de una profesional tan destacada como vos”.
    Durante su exposición, la Dra. Alicia Stolkiner abordó distintos aspectos relacionados con las políticas públicas de salud mental, con una mirada centrada en el enfoque comunitario, los derechos y la necesidad de fortalecer las estrategias de atención y acompañamiento.
    La actividad permitió reflexionar sobre los desafíos actuales en materia de salud mental y sobre la importancia de construir políticas públicas que contemplen las diferentes realidades sociales y territoriales.
    Cronograma de actividades
    Las actividades continuarán durante septiembre con distintas propuestas abiertas a la comunidad.
    Jueves 10 de septiembre – 18 horas: en Plaza Constitución se desarrollará “Salud Mental bajo las estrellas”, una propuesta que contará con las disertaciones de Carolina Joannas, Manuel Borget y Paloma Ratto, integrantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
    Jueves 17 de septiembre – 18 horas: se realizará el cierre del cronograma con el Taller sobre Prevención del Suicidio Juvenil, a cargo de la Dra. Viviana Barrón, del Consejo Pastoral del departamento Uruguay. El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”.
    De esta manera, septiembre se presenta como una oportunidad para hablar sobre salud mental, fortalecer las redes de acompañamiento y promover espacios de escucha, prevención y cuidado en la comunidad. Asimismo, durante los días 8 y 9 de septiembre y también hoy 10, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Pirámide de la Plaza Ramírez se iluminó de color amarillo como parte de las acciones de concientización, prevención y acompañamiento que se llevan adelante durante este mes.

  • Tras adjudicar el Canal de la Ciudad, Jorge Macri relanza la licitación de las dos radios públicas porteñas

    Tras adjudicar el Canal de la Ciudad, Jorge Macri relanza la licitación de las dos radios públicas porteñas

    Después de adjudicar el Canal de la Ciudad a Cale Group, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, relanzó la licitación para concesionar por cinco años el gerenciamiento de las radios públicas La Once Diez AM 1110 y La 2×4 FM 92.7, luego de que el primer llamado quedara desierto por falta de ofertas.

    La nueva convocatoria, publicada en el Boletín Oficial, presenta a las dos emisoras como renglones separados, lo que permite que una empresa pueda presentarse para operar una sola radio o ambas, con la posibilidad de disponer de las antenas y equipos de transmisión de ambas estaciones. El canon base para cada emisora es de $1,53 millón mensual. La apertura de ofertas está prevista para el 28 de septiembre a las 11 horas, a través del sistema Buenos Aires Compras.
    Esta nueva licitación responde al fracaso del proceso anterior, en el que La Once Diez y La 2×4 se ofrecieron en un único renglón y no se recibieron propuestas. En ese primer llamado, el canon base conjunto era de $1,23 millón mensual. En contraste, el Canal de la Ciudad, que formaba parte de otro renglón, recibió dos ofertas y fue adjudicado a Cale Group, empresa del empresario Augusto Marini, propietario de los canales de streaming Carajo y Blender.
    La adjudicación del Canal se concretó en agosto por cinco años, con un canon mensual inicial de $50 millones, y se estima que Cale Group tomará posesión antes de fin de año. Ahora, la Ciudad relanza la licitación para las radios públicas con un nuevo diseño que apunta a atraer operadores interesados en gestionar una sola emisora. Según fuentes consultadas por Clarín, un importante grupo empresario estaría interesado en quedarse con la FM 2×4, la única radio que transmite tango durante las 24 horas.
    El proyecto de Jorge Macri forma parte de una estrategia para reducir el gasto público en la administración porteña. En la apertura de la primera licitación, Macri defendió su postura afirmando: «No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos».
    El nuevo pliego plantea la concesión onerosa del gerenciamiento operacional de ambas radios. El futuro operador deberá encargarse de la administración, operación técnica, programación, comercialización publicitaria y mantenimiento, mientras que la Ciudad mantiene la titularidad de las emisoras y sus frecuencias. La licitación exige la presentación de un plan de trabajo, una propuesta de programación, un plan de inversiones y documentación que acredite la capacidad técnica y económica de los participantes. Las radios continuarán con programación las 24 horas y mantendrán perfiles diferenciados: La Once Diez seguirá orientada a la información, la cultura, la educación y el turismo porteño, mientras que La 2×4 preservará su dedicación exclusiva al tango.
    El relanzamiento del proceso se produjo en medio de una protesta de los trabajadores de ambas radios, quienes se movilizaron frente al teatro Gran Rex durante la final del Mundial de Tango para rechazar la concesión de las emisoras. Denunciaron que, por primera vez en diez años, La 2×4 no transmitió ni cubrió la final de este importante evento tanguero, a pesar de ser el eje central de la identidad de la emisora. La locutora Graciela Rafa, conductora de Café 2×4, manifestó a la agencia Anccom su rechazo a la licitación y a la posible venta de las radios públicas.
    Los empleados también cuestionan que el pliego no aclara el futuro de los 260 trabajadores actuales —entre periodistas, técnicos y personal administrativo— ni de los 150 empleados del Canal de la Ciudad. Un periodista de La Once Diez, que prefirió reservar su identidad, expresó su preocupación por la falta de definiciones, dado que muchos empleados trabajan tanto en la AM como en la FM.
    El Gobierno porteño mantiene reuniones con el personal del Canal para explicar el nuevo escenario que se abrirá con la transferencia, prevista para antes de fin de año. A los empleados de planta permanente se les ofrece la posibilidad de reubicación en otras áreas de la administración, mientras que la mayoría de los contratados no tiene garantizada la continuidad laboral.
    En el plano regulatorio, las radios públicas utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico cuya regulación corresponde al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que se opuso desde el inicio a este proceso impulsado por Macri. Durante la primera licitación, el interventor del ENaCom, Martín Ozores, envió una carta documento alertando que la concesión entraba en conflicto con la normativa nacional, que establece la «indelegabilidad del servicio». Ozores advirtió que un avance en la adjudicación podría constituir una falta grave sancionable con la caducidad de la licencia o registro.
    La Ciudad rechazó esta interpretación, alegando que no transfiere las licencias ni las frecuencias, sino que solo delega el gerenciamiento operativo, cuestión de particular relevancia dado que se trata de frecuencias AM y FM.
    La radio AM, conocida previamente como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez, cumplirá 100 años en mayo de 2027. Su historia incluye un intento de privatización en los años ‘90 que finalizó con un acuerdo para trasladar su frecuencia de AM 710 a AM 1110 MHz. La FM, creada en 1973 como FM Radio Municipal en 92.7 MHz, transmitió en los años ‘90 la programación de FM Tango, que luego fue dada de baja. En octubre de 2000 cambió su denominación a La 2×4,

  • Amparo colectivo por comedores escolares: la Justicia entrerriana convoca a familias de escuelas públicas

    Amparo colectivo por comedores escolares: la Justicia entrerriana convoca a familias de escuelas públicas

    Amparo colectivo por comedores escolares: la Justicia entrerriana convoca a familias de escuelas públicas

    La Justicia de Entre Ríos abrió una convocatoria formal dirigida a familias y tutores que puedan estar alcanzados por una acción de amparo colectivo orientada a regularizar y garantizar el servicio del programa alimentario escolar en la provincia.

    La presentación judicial está centrada en la calidad y cobertura de los desayunos y meriendas que reciben a diario los estudiantes de las escuelas públicas del territorio entrerriano.
    Según lo dispuesto por las autoridades judiciales, las personas interesadas o que consideren que sus representados son beneficiarios directos de la medida contarán con un plazo de siete días hábiles —contados a partir de la última publicación oficial— para presentarse en el expediente y hacer valer sus derechos en el marco de la causa.
    En el marco del expediente Legajo Nº 36.759, caratulado “Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, inscripto definitivamente en el Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; el vocal   de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, dispuso la publicación de una convocatoria dirigida a las personas que puedan considerarse afectadas o tener un interés directo en un proceso de amparo colectivo relacionado con el programa alimentario escolar.
    La resolución judicial establece que la convocatoria se realizará durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.
    Las personas que se consideren alcanzadas podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión.
    El plazo establecido es de 7 días, contados desde la última publicación.
    El objeto del proceso es la tutela del derecho de niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben el programa alimentario escolar. En particular, se plantea la protección de su derecho a no recibir alimentos que resulten aptos para causar un perjuicio a su salud, en relación con los productos industrializados señalados y las previsiones de las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.
    La resolución también identifica como causa fáctica común la implementación provincial de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, mediante productos predeterminados destinados a los niños, niñas y adolescentes incluidos en el programa.
    8 de agosto de 2026

  • Instituciones de la ciudad participaron de las audiencias públicas por el futuro del Mercado «3 de Febrero»

    Instituciones de la ciudad participaron de las audiencias públicas por el futuro del Mercado «3 de Febrero»

    Instituciones de la ciudad participaron de las audiencias públicas por el futuro del Mercado «3 de Febrero»

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    La Comisión Municipal de Iniciativas Privadas avanzó con una nueva etapa del proceso de evaluación de los dos proyectos presentados para la restauración, puesta en valor y explotación del histórico edificio. Las audiencias contaron con la participación de representantes de diversas entidades intermedias de Concepción del Uruguay.
    La Comisión Municipal de Iniciativas Privadas llevó adelante dos audiencias públicas en el marco del proceso de evaluación de las propuestas presentadas para la restauración, puesta en valor y explotación comercial del Mercado Municipal «3 de Febrero», una instancia que tuvo como objetivo ampliar el análisis de los proyectos mediante la participación de instituciones representativas de la comunidad.
    Las audiencias se desarrollaron luego de las exposiciones realizadas por los dos oferentes que participan de la Licitación Pública N.º 18/2026, correspondiente a la recuperación integral de uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.
    En cumplimiento de lo previsto por la propia Comisión, esta instancia permitió que distintas organizaciones expresaran opiniones, realizaran aportes y formularan consultas respecto de las iniciativas presentadas. Participaron representantes del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Concepción del Uruguay, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos, así como de otras instituciones y entidades intermedias vinculadas al desarrollo económico, urbano y patrimonial de la ciudad.
    Desde la Comisión se destacó que estos encuentros forman parte de un proceso orientado a garantizar la transparencia, el acceso a la información y el intercambio institucional, incorporando distintas miradas sobre un proyecto de gran relevancia para el futuro del Mercado «3 de Febrero» y de su entorno urbano.
    Tal como fue establecido oportunamente, las opiniones, sugerencias e informes presentados por las instituciones tendrán carácter no vinculante y serán considerados como elementos complementarios durante la evaluación técnica y administrativa de las propuestas, sin sustituir las competencias propias de la Comisión Municipal de Iniciativas Privadas ni de los organismos que intervienen en el procedimiento.
    Este proceso de Audiencia finaliza hoy por la tarde cuando la Comisión reciba a las instituciones participantes, para una puesta en común de lo desarrollado en los encuentros anteriores, dándole continidad al análisis integral de ambas iniciativas, considerando la documentación presentada, las aclaraciones realizadas por los oferentes y los aportes surgidos durante estas instancias participativas, con el objetivo de elaborar el informe que servirá de base para las etapas posteriores del proceso de selección.
    Cabe recordar que el proyecto que finalmente resulte seleccionado deberá contar, además, con las autorizaciones correspondientes de los organismos provinciales competentes en materia de patrimonio, dado el valor histórico y arquitectónico del Mercado Municipal «3 de Febrero».

  • Instituciones de la ciudad participaron de las audiencias públicas por el futuro del Mercado «3 de Febrero»

    Instituciones de la ciudad participaron de las audiencias públicas por el futuro del Mercado «3 de Febrero»

    Instituciones de la ciudad participaron de las audiencias públicas por el futuro del Mercado «3 de Febrero»

    La Comisión Municipal de Iniciativas Privadas avanzó con una nueva etapa del proceso de evaluación de los dos proyectos presentados para la restauración, puesta en valor y explotación del histórico edificio. Las audiencias contaron con la participación de representantes de diversas entidades intermedias de Concepción del Uruguay.

    La Comisión Municipal de Iniciativas Privadas llevó adelante dos audiencias públicas en el marco del proceso de evaluación de las propuestas presentadas para la restauración, puesta en valor y explotación comercial del Mercado Municipal «3 de Febrero», una instancia que tuvo como objetivo ampliar el análisis de los proyectos mediante la participación de instituciones representativas de la comunidad.
    Las audiencias se desarrollaron luego de las exposiciones realizadas por los dos oferentes que participan de la Licitación Pública N.º 18/2026, correspondiente a la recuperación integral de uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.
    En cumplimiento de lo previsto por la propia Comisión, esta instancia permitió que distintas organizaciones expresaran opiniones, realizaran aportes y formularan consultas respecto de las iniciativas presentadas. Participaron representantes del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Concepción del Uruguay, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos, así como de otras instituciones y entidades intermedias vinculadas al desarrollo económico, urbano y patrimonial de la ciudad.
    Desde la Comisión se destacó que estos encuentros forman parte de un proceso orientado a garantizar la transparencia, el acceso a la información y el intercambio institucional, incorporando distintas miradas sobre un proyecto de gran relevancia para el futuro del Mercado «3 de Febrero» y de su entorno urbano.
    Tal como fue establecido oportunamente, las opiniones, sugerencias e informes presentados por las instituciones tendrán carácter no vinculante y serán considerados como elementos complementarios durante la evaluación técnica y administrativa de las propuestas, sin sustituir las competencias propias de la Comisión Municipal de Iniciativas Privadas ni de los organismos que intervienen en el procedimiento.
    Este proceso de Audiencia finaliza hoy por la tarde cuando la Comisión reciba a las instituciones participantes, para una puesta en común de lo desarrollado en los encuentros anteriores, dándole continidad al análisis integral de ambas iniciativas, considerando la documentación presentada, las aclaraciones realizadas por los oferentes y los aportes surgidos durante estas instancias participativas, con el objetivo de elaborar el informe que servirá de base para las etapas posteriores del proceso de selección.
    Cabe recordar que el proyecto que finalmente resulte seleccionado deberá contar, además, con las autorizaciones correspondientes de los organismos provinciales competentes en materia de patrimonio, dado el valor histórico y arquitectónico del Mercado Municipal «3 de Febrero».

  • La UCR Activa cruzó a Frigerio por Teknofood y la concentración de las compras públicas – El Miércoles Digital

    La UCR Activa cruzó a Frigerio por Teknofood y la concentración de las compras públicas – El Miércoles Digital

    La UCR Activa cruzó a Frigerio por Teknofood y la concentración de las compras públicas – El Miércoles Digital

    A través de un duro comunicado, la línea interna del radicalismo cuestionó la sustitución del comercio y la producción entrerriana por una firma externa, comparando la medida con el impacto histórico del Programa Alimentario Nacional en la industria provincial.
     
    El debate político en Entre Ríos suma un nuevo capítulo crítico en torno a la gestión de los comedores escolares y las contrataciones del Estado provincial. La agrupación UCR Activa, sector interno de la Unión Cívica Radical, emitió un contundente pronunciamiento en el que apunta contra el gobernador Rogelio Frigerio, acusándolo de debilitar el entramado productivo y comercial local al concentrar las compras públicas en la empresa Teknofood S.A.

    En el documento, el espacio político contrapone la actual estrategia gubernamental —basada en regímenes de incentivo a inversiones externas como el RINI— con el impacto que históricamente generó la compra pública distribuida en los municipios, tomando como emblema el rol del Frigorífico Santa Elena durante la década de 1980.

    A continuación, se reproduce de manera textual el comunicado difundido por la UCR Activa: DE SANTA ELENA A TEKNOFOOD

    “Entre Ríos pasó de utilizar la alimentación como motor productivo a concentrar sus compras en una empresa externa.

    La economía entrerriana según Frigerio

    El gobernador Rogelio Frigerio promociona en medios porteños el RINI y ofrece beneficios para atraer capitales externos pero debilita a quienes ya producen en Entre Ríos. Retira compras públicas de los circuitos provinciales y concentra mercados antes distribuidos.

    Cuando alimentar también significaba producir

    Durante el Plan Alimentario Nacional -PAN-, la alimentación fue también una política de desarrollo. Entre 1983 y 1989, el Frigorífico Santa Elena armaba alrededor de 350.000 cajas mensuales y daba trabajo a 500 entrerrianos.

    Una cadena productiva entrerriana

    Las cajas PAN incorporaban carne enlatada de Santa Elena, arroz de arroceras provinciales, leche, harina y fideos elaborados en distintas localidades de la provincia. El frigorífico llegó a proveer aproximadamente el 45 % de la carne enlatada utilizada por el Programa PAN en todo el país. La compra pública dinamizaba la producción primaria, las industrias, las pequeñas empresas y el trabajo entrerriano.

    El comercio local también es parte del Desarrollo

    La alimentación escolar distribuida territorialmente sostiene almacenes, panaderías, supermercados, carnicerías, distribuidores y proveedores de cada pueblo y ciudad. Ese dinero vuelve a circular en salarios, compras, impuestos y consumo local. Con Teknofood, una parte sustancial de ese movimiento económico saldrá de Entre Ríos.

    El impacto llega hasta la producción primaria

    Cuando una industria o un comercio pierde demanda, también compra menos a sus proveedores. Menos actividad en usinas lácteas, molinos, arroceras, fábricas de pastas, galletitas o panificados significa menos mercado para tambos, productores, transportistas y trabajadores entrerrianos. La desindustrialización comienza antes de que cierre una fábrica: empieza cuando el Estado deja de generar demanda para las cadenas productivas de la provincia.

    Sin mercado no hay inversión

    Las empresas entrerrianas ya cuentan con plantas, maquinaria, trabajadores y experiencia productiva. Pero ninguna amplía su capacidad si el propio Estado concentra sus grandes compras fuera de la provincia. Frigerio ofrece beneficios fiscales mediante el RINI, mientras sus decisiones reducen el mercado de quienes ya producen aquí. No se atrae inversión debilitando las inversiones existentes.

    De una red económica a un monopolio
    Frigerio creará concentración y monopolio donde hoy existe una red de productores, industrias y comercios”.

     
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  • San José: Obras Públicas continúa con tareas de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

    San José: Obras Públicas continúa con tareas de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

    San José: Obras Públicas continúa con tareas de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

    Personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José continúa llevando adelante trabajos de mejoramiento y mantenimiento de calles en distintos barrios de la ciudad.

    En esta oportunidad, las tareas se desarrollan sobre calle Los Naranjos, entre Mitre y Brouchoud, donde se realiza la colocación de piedra basáltica con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar una mejor circulación para vecinos y vecinas de la zona. Asimismo, se ejecutan intervenciones similares en calles Buenos Aires y Dr. Antón, como parte de un plan integral de mejoras urbanas.

    Estas acciones forman parte del trabajo permanente que el municipio lleva adelante con recursos propios, buscando fortalecer la infraestructura vial y dar respuesta a las necesidades de cada barrio, mejorando la seguridad y las condiciones de circulación en toda la ciudad.

    La Municipalidad de San José continúa avanzando con obras y tareas de mantenimiento que contribuyen a una mejor calidad de vida para la comunidad y al desarrollo ordenado de la ciudad.

  • Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    COLAPPIEL y AEPSO presentaron los resultados de una encuesta regional realizada en 14 países de América Latina que expuso las principales barreras de acceso, demoras diagnósticas y el impacto físico, emocional y social de las enfermedades inmunomediadas de la piel. Sociedades científicas internacionales, regionales y organizaciones de pacientes firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar registros, generación de evidencia, diagnóstico temprano y modelos de atención integrados centrados en el paciente.  

    En el marco de la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA), la Coalición Latinoamericana de Pacientes de la Piel (COLAPPIEL), junto con la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), presentaron los resultados de una de las investigaciones más amplias realizadas hasta el momento sobre enfermedades inmunomediadas de la piel en América Latina.
    El simposio “Los datos de Latinoamérica que aún nadie conoce. Evidencia en vida real y trabajo colaborativo en enfermedades inmunomediadas de la piel” reunió a referentes médicos, asociaciones de pacientes y organizaciones internacionales para visibilizar las principales barreras que enfrentan los pacientes de la región en el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías como psoriasis, dermatitis atópica, hidradenitis supurativa, urticaria crónica, vitiligo y alopecia areata.
    COLAPPIEL fue creada hace tres años y actualmente nuclea a organizaciones de pacientes de 14 países de América Latina con el objetivo de generar evidencia regional y visibilizar el impacto real de las enfermedades dermatológicas inmunomediadas, muy subestimadas dentro de los sistemas de salud. Durante la apertura del encuentro, Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO e integrante de la comisión directiva de IFPA (International Federation of Psoriasis Associations), explicó que la iniciativa surgió para “hacer entender a todo el sistema cuál es el impacto de las enfermedades dermatológicas y dejar de pensar que no tiene importancia, sino mostrar realmente cuál es el impacto gigantesco que tienen esas enfermedades en las personas”.
    Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de la encuesta regional desarrollada por COLAPPIEL entre 2023 y 2024. Un relevamiento inédito por su alcance. Incluyó a 3.538 pacientes de 14 países latinoamericanos y fue realizado mediante contacto directo y redes sociales, con colaboración de organizaciones de pacientes de toda la región. Argentina aportó la mayor cantidad de respuestas, seguida por Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay.
    Los resultados expusieron profundas brechas sanitarias y sociales. El 61% de los pacientes manifestó haber consultado entre dos y seis especialistas antes de obtener un diagnóstico correcto y haber esperado entre dos y diez años para arribar al diagnóstico. Además, el 40% reportó ansiedad o depresión, el 53% dijo haberse sentido estigmatizado y casi un tercio reconoció tener dificultades significativas para realizar actividades diarias.
    La investigación también reveló importantes déficits de información y acompañamiento. El 62% de los pacientes aseguró no haber recibido información suficiente al momento del diagnóstico y el 75% indicó no haber contado con apoyo psicológico, aunque la gran mayoría expresó que le hubiera gustado acceder a ese acompañamiento. A esto se suma que más de la mitad de los encuestados señaló que sus familiares o amigos no comprenden plenamente su condición.
    Otro de los datos que más preocupación generó fue la discontinuidad terapéutica y las barreras de acceso al tratamiento. El 13% de los pacientes tardó entre tres meses y un año en acceder efectivamente a la medicación indicada, mientras que un 6% aseguró no haber recibido aún ningún tratamiento al momento de la encuesta. Además, el 74% manifestó haber abandonado tratamientos previamente debido a la falta de efectividad. “La exigencia burocrática de “probar y fallar” retrasa muchas veces la eficacia clínica” explica Martín Petrocco, director ejecutivo de AEPSO y coordinador de COLAPPIEL quien detalló además que casi la mitad de los pacientes reconoció haber recurrido a medicinas alternativas.
    En cuanto a descontinuar la medicación o espaciar, “lo que observamos es que un circuito que debería ser mensual se convierte en uno de 40, 45 o 50 días. El paciente percibe que está bajo tratamiento porque está recibiendo una droga, pero tal vez la dosis o el espaciamiento no es el que necesita”, explicó Petrocco.
    Durante el simposio también se presentaron los resultados de un relevamiento realizado en Argentina a 175 especialistas —dermatólogos, reumatólogos, alergólogos e inmunólogos— sobre barreras de acceso a terapias innovadoras. El 86,4% de los profesionales afirmó haber tenido que apelar decisiones de cobertura para sostener tratamientos indicados y el 56,4% reportó que más del 10% de sus pacientes debieron interrumpir o espaciar dosis por problemas administrativos o de acceso.
    Los especialistas coincidieron en que uno de los principales desafíos de América Latina no es únicamente la disponibilidad de tratamientos innovadores, sino la capacidad real de los sistemas de salud para garantizar acceso oportuno, continuidad terapéutica y atención integral. Petrocco advirtió además sobre el impacto de las demoras administrativas en enfermedades crónicas y progresivas. “La lógica administrativa financiera no puede seguir sustituyendo la urgencia del criterio clínico”, sostuvo.
    Como parte de la estrategia regional, COLAPPIEL también presentó el desarrollo de un scorecard regional de políticas públicas, una herramienta diseñada para medir la existencia y evolución de políticas sanitarias vinculadas con enfermedades dermatológicas inmunomediadas en distintos países de América Latina. Este instrumento analiza variables como existencia de programas nacionales, presupuestos específicos, guías clínicas oficiales, acceso a tecnologías innovadoras, diagnóstico oportuno, cobertura terapéutica y centros de referencia.
    “El objetivo es contar con una herramienta simple y objetiva que permita identificar brechas, monitorear avances y orientar acciones de advocacy y políticas públicas a largo plazo” explicó Petrocco.
    Desde Paraguay, la Dra. Romina Contreras lamentó la ausencia de su país de este relevamiento, pero se mostró muy positiva para el futuro debido a la conformación de la primera organización de pacientes con psoriasis y al y desarrollo de guías nacionales para psoriasis y dermatitis atópica “creo que, para la siguiente ronda de recolección de datos, Paraguay va a estar presente”, afirmó y agregó en relación a lo poblacional “creo que Paraguay y Uruguay deberían aliarse para tratar de seguir un camino similar”.
    Una alianza a favor de los pacientes
    Durante el encuentro se anunció la firma de un acuerdo, realizado en el marco del último Congreso Panamericano de Reumatología (PANLAR), entre representantes del Consejo Internacional de Psoriasis (International Psoriasis Council -IPC-), la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (International Federation of Psoriasis Associations -IFPA-) SOLAPSO (la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis) y PANLAR con el objetivo de colaborar en conjunto con las asociaciones de pacientes latinoamericanas, panamericanas y las asociaciones integrantes de la IPC para darle solución a los problemas de las personas con psoriasis y artritis psoriásica.
    La Dra. Claudia de la Cruz, vicepresidenta y presidenta electa del IPC, explicó que la alianza busca reducir las brechas de acceso y construir una estrategia regional basada en el trabajo estratégico de 5 pilares: concientización, advocacy, investigación, educación y multidisciplinariedad.  “Buscamos mejorar el reconocimiento temprano de síntomas y reducir los años de demora diagnóstica que todavía enfrentan miles de pacientes en la región. Sabemos la importancia de intervenir precozmente”, explicó la especialista y también remarcó la importancia de fortalecer la voz de los pacientes y promover un acceso oportuno y equitativo al diagnóstico y tratamiento. “En Latinoamérica tenemos los medicamentos disponibles, pero ¿estos medicamentos llegan al paciente que lo necesita? Yo creo que la respuesta es un no unánime”.
    En cuanto a la educación médica, resaltó la importancia de focalizarse en aquella dirigida especialmente a atención primaria, para favorecer derivaciones tempranas y evitar progresión de enfermedad.
    La Dra. Paula Luna, dermatóloga pediatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL) también remarcó que “la intervención temprana es fundamental” y que no se necesita ser dermatopediatra para tratar a un paciente con psoriasis, dermatitis o hidradenitis. “Hay especialistas en dermatología pediátrica en Latinoamérica muy buenos, pero no necesariamente tienen que ser sólo ellos quienes traten a estos pacientes. Lo más importante es intervenir tempranamente con un tratamiento adecuado”.
    Sobre la importancia de la multidisciplinariedad, la doctora de la Cruz explicó que debe estar orientada a promover modelos integrados de atención entre dermatología, reumatología, salud mental y otras especialidades vinculadas.
    “Cuando pensamos en el manejo de la enfermedad, tenemos que pensar en un manejo que sea holístico”, señaló la presidenta de SOLAPSO y miembro de la Sociedad Brasileña de Dermatología, la Dra. María Victoria Suárez, quien además remarcó que las enfermedades inmunomediadas requieren una mirada integral y no exclusivamente farmacológica.  Según explicó, patologías como psoriasis o hidradenitis supurativa presentan fuertes asociaciones con obesidad, trastornos metabólicos y enfermedades psiquiátricas, factores que además pueden afectar la respuesta terapéutica y aumentar el riesgo de progresión clínica.
    Los datos relevados por la encuesta realizada por COLAPPIEL muestran claramente las comorbilidades asociadas. El 40% de las personas manifestó sufrir además de ansiedad y depresión, el 16% obesidad, el 14% hipertensión arterial, más del 8% colesterol y cerca de un 6% diabetes. La doctora Suárez destacó los datos generados por COLAPPIEL y afirmó que representan “el inicio de un trabajo que tenemos que hacer en conjunto”.
    La importancia de generar registros
    Uno de los conceptos más repetidos durante toda la jornada fue la necesidad urgente de construir evidencia latinoamericana propia. Sin datos epidemiológicos sólidos resulta extremadamente difícil dimensionar la carga real de enfermedad, proyectar presupuestos sanitarios, desarrollar programas de acceso sostenibles o evaluar resultados clínicos y sociales a largo plazo.
    Tanto organizaciones de pacientes como referentes médicos coincidieron en que la región todavía toma muchas decisiones sanitarias utilizando datos extrapolados de otros contextos, mientras persiste una enorme carencia de registros epidemiológicos y clínicos regionales. “¿Cómo vas a pedir que exista un plan de financiamiento en una determinada patología cuando no tenés la prevalencia de la enfermedad?”, planteó Petrocco. Silvia Fernández Barrio reforzó esa idea al señalar que “si no tenemos un número básico de qué prevalencia tenemos, no se puede hacer una política pública”. “No tenemos registros”, advirtió De la Cruz al remarcar que América Latina aún carece de sistemas robustos y sostenidos de recolección de datos epidemiológicos y clínicos. “Los registros son fundamentales”, sostuvo la Dra. Cristina Echeverría, ex presidente de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO).
    Echeverría insistió en la necesidad de consolidar sistemas regionales de recolección de datos clínicos y epidemiológicos, al tiempo que advirtió sobre las dificultades históricas vinculadas al financiamiento, carga de datos, propiedad de esa información. “Es fundamental entender que estos datos no son de nadie y serán de todos” remarcó la especialista e insistió “Agotamos las instancias para pedir ayuda para poder realizarlos. Quizás si avanzamos con algo simple, básico, para generar la costumbre de la carga y logramos tener algunos datos para mostrar pueda servir de modelo para que finalmente nos apoyen y poder avanzar”
    Durante el cierre del encuentro, los participantes coincidieron en que la articulación entre pacientes, sociedades científicas y organismos internacionales representa una oportunidad inédita para impulsar cambios estructurales en América Latina. Los organizadores adelantaron que los datos obtenidos por COLAPPIEL servirán como base para futuras investigaciones regionales y nuevas acciones orientadas a mejorar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inmunomediadas de la piel.

  • Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que autoriza la presencia de guardias armados en las universidades públicas del estado. Esta legislación amplía las medidas de seguridad en las instituciones de educación superior, así como en las escuelas.

    “Hemos logrado avances históricos en la implementación de medidas de seguridad escolar y ahora consolido estos esfuerzos al firmar la ley HB-757, que mejora los requisitos de seguridad en los campus”, declaró el gobernador en un comunicado.
    DeSantis añadió: “Podemos tener los más altos estándares académicos, los programas de capacitación laboral más sólidos y las trayectorias más innovadoras para los estudiantes, pero también debemos seguir priorizando la seguridad de nuestros estudiantes y educadores”.
    Durante la firma de la ley, DeSantis estuvo acompañado por el comisionado de Educación, Anastasios Stasi Kamoutsas, y por Ryan Petty, cuyo hija Alaina fue víctima de la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas, ocurrida en 2018 y que dejó 17 muertos.
    La ley HB-757 amplía el programa estatal conocido como “guardianes escolares”, creado tras la masacre de Parkland y como respuesta al tiroteo de 2025 en la Florida State University (FSU), que causó dos muertos y seis heridos.
    El comisionado Kamoutsas expresó que “al extender el programa a las instituciones de educación superior, estamos dotando a los campus de herramientas adicionales para proteger a estudiantes y profesores. Todo estudiante merece la oportunidad de aprender en un entorno seguro, y esta legislación refuerza el compromiso firme de Florida con la seguridad escolar”.
    Los principales puntos de la HB-757 son:
    – Permitir que empleados y profesores designados porten armas de fuego.– Tipificar como delito grave de segundo grado un disparo efectuado a menos de 300 metros de una escuela, reforzando así la protección en las inmediaciones.– Instar a las universidades a elaborar planes de respuesta ante atacantes activos.– Mejorar los sistemas de alerta y establecer protocolos de reunificación familiar durante emergencias.– Proporcionar capacitación en salud mental para los empleados.
    La medida busca reducir los tiempos de respuesta ante ataques y fortalecer la seguridad en campus con recursos limitados. Sin embargo, algunos críticos advierten que el aumento de personas armadas podría generar confusión durante emergencias y aumentar el riesgo de daños accidentales.
    Por otra parte, el gobierno de Florida informó que destinará 1,600 millones de dólares, mediante el Fondo para Escuelas Seguras, para apoyar a los agentes de seguridad escolar, tutores y otras iniciativas en los campus.

  • La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

    La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

    La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

    Benjamín Domado por Lexx es un nombre registrado oficialmente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), pero en realidad no existe ninguna persona con esa identidad. Una organización de hackers modificó esa identidad, aparentemente como una broma, y además comercializaba el acceso a bases de datos de organismos nacionales. De esta manera, habrían recaudado al menos 130 millones de pesos en el último año, generando un problema de seguridad nacional cuyas dimensiones son difíciles de cuantificar.

    La investigación, que se originó en una causa judicial, derivó esta semana en 11 allanamientos en distintas provincias del país y en la detención de siete personas, según fuentes judiciales consultadas por Clarín. Lejos de concluir el expediente, este avance inaugura una nueva etapa en la que se analizarán los celulares y computadoras secuestrados y se trabajará en la identificación de más involucrados en esta modalidad delictiva: organizaciones criminales digitales cuyos integrantes no se conocen en persona pero poseen gran capacidad de daño.
    Se comprobó que, mediante al menos una docena de cuentas en la red social Telegram, se comercializaba el acceso ilegal a bases de datos de organismos nacionales. Cada acceso, limitado a una sola consulta, tenía un costo que oscilaba entre 8 mil y 14 mil pesos.
    Entre las bases de datos vulneradas se encuentran las del RENAPER; la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA); el Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGEHOS); el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP); la Dirección Nacional de Vialidad (DNVN); el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA); el PAMI; el sistema SUBE; las policías de San Luis y Santa Cruz, y la aplicación “Mi Argentina”, entre otras.
    Esto implicó que información oficial, sensible y confidencial de toda la población argentina quedara disponible para quien pagara por acceder a ella. Datos como la identidad de prófugos de la justicia, domicilios, cuentas bancarias y bienes personales estaban al alcance de la organización. “El acceso era ilimitado y no sabemos qué información se obtuvo y con qué fin: si fue para extorsionar, robar o presentar denuncias”, señaló a este medio uno de los investigadores.
    La causa comenzó en marzo del año pasado, tras una investigación preliminar realizada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), quienes presentaron una denuncia penal. Se detectaron canales de Telegram que ofrecían acceso a bases de datos mediante cuentas con nombres como “CorvusDoxBot”, “AfaArgBot”, “Laburados_BOT”, “ElSobrino_BOT”, “Renacer Bot”/“ExpertoPDF_Bot”, “ArgentinaDataaBot”, “LaxorusBot”, “Dniclub_Bot”, “Movistar_Bot”, “Buscadoss_Bot” y “NoLaVenBot”.
    El fiscal federal Ramiro González quedó a cargo de la investigación, que comenzó con la incorporación de un agente encubierto digital: un oficial de una fuerza de seguridad federal que se infiltró en estos canales de Telegram presentándose como comprador de información. Esto permitió comprender el modus operandi y avanzar en la identificación de los responsables.
    Cada cuenta proporcionaba un enlace para acceder al sistema hackeado solicitado, limitado a la obtención de un solo dato. Por cada acceso se cobraba un monto entre 8 mil y 14 mil pesos. Los hackers usaban una modalidad que dificultaba la detección de la intrusión: se valían de convenios entre organismos públicos y entes descentralizados autorizados a acceder a sus bases. La organización violaba a esos entes, infiltrándose silenciosamente por esa vía.
    Los pagos se realizaban mediante billeteras virtuales y direcciones de criptoactivos desvinculadas directamente de los miembros de la organización. Utilizaban dos métodos para ocultar la identidad: cuentas asociadas a otras para dificultar el rastreo y el uso de “mulas”, es decir, personas reales a quienes se usurpaba la identidad para abrir cuentas a su nombre, donde se recibían los pagos. En algunos casos, estas personas aceptaban colaborar a cambio de sumas de hasta 30 mil pesos.
    Según la Fiscalía, la organización ilegal recaudó más de 130 millones de pesos en un solo año a partir de la venta de accesos a estas bases. “La entidad económica de las maniobras descriptas, un caudal superior a los ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) entre las distintas plataformas relevadas, sin perjuicio de las operaciones cursadas en moneda extranjera y criptoactivos, y la sofisticación con la que los investigados han fragmentado, redistribuido y convertido los flujos económicos producidos por su actividad ilícita”, sostiene la acusación.
    Además de estas actividades, la investigación detectó una alteración específica en la base del RENAPER considerada peligrosa: uno de los integrantes de la organización modificó la identidad de otro involucrado, registrándola bajo el nombre “Benjamín Domado por Lexx”, tal como confirmó el organismo.
    Esta semana, a solicitud del fiscal González, el juez federal Sebastián Ramos ordenó los 11 allanamientos en distintas provincias. Se detuvo a siete personas imputadas por los delitos de violación de secretos, acceso indebido a sistemas de información, sustracción y alteración de registros oficiales, daño informático calificado y asociación ilícita.
    La mayoría de los acusados son menores de 30 años, y dos de ellos son menores de edad. Según los investigadores, probablemente no se conocen personalmente y mantienen vínculos exclusivamente virtuales.
    Durante los