Etiqueta: públicas

  • San José: Obras Públicas continúa con tareas de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

    San José: Obras Públicas continúa con tareas de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

    San José: Obras Públicas continúa con tareas de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

    Personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José continúa llevando adelante trabajos de mejoramiento y mantenimiento de calles en distintos barrios de la ciudad.

    En esta oportunidad, las tareas se desarrollan sobre calle Los Naranjos, entre Mitre y Brouchoud, donde se realiza la colocación de piedra basáltica con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar una mejor circulación para vecinos y vecinas de la zona. Asimismo, se ejecutan intervenciones similares en calles Buenos Aires y Dr. Antón, como parte de un plan integral de mejoras urbanas.

    Estas acciones forman parte del trabajo permanente que el municipio lleva adelante con recursos propios, buscando fortalecer la infraestructura vial y dar respuesta a las necesidades de cada barrio, mejorando la seguridad y las condiciones de circulación en toda la ciudad.

    La Municipalidad de San José continúa avanzando con obras y tareas de mantenimiento que contribuyen a una mejor calidad de vida para la comunidad y al desarrollo ordenado de la ciudad.

  • Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    Sin datos no hay políticas públicas: América Latina avanza en una agenda conjunta para mejorar el abordaje de enfermedades inmunomediadas de la piel

    COLAPPIEL y AEPSO presentaron los resultados de una encuesta regional realizada en 14 países de América Latina que expuso las principales barreras de acceso, demoras diagnósticas y el impacto físico, emocional y social de las enfermedades inmunomediadas de la piel. Sociedades científicas internacionales, regionales y organizaciones de pacientes firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar registros, generación de evidencia, diagnóstico temprano y modelos de atención integrados centrados en el paciente.  

    En el marco de la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA), la Coalición Latinoamericana de Pacientes de la Piel (COLAPPIEL), junto con la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), presentaron los resultados de una de las investigaciones más amplias realizadas hasta el momento sobre enfermedades inmunomediadas de la piel en América Latina.
    El simposio “Los datos de Latinoamérica que aún nadie conoce. Evidencia en vida real y trabajo colaborativo en enfermedades inmunomediadas de la piel” reunió a referentes médicos, asociaciones de pacientes y organizaciones internacionales para visibilizar las principales barreras que enfrentan los pacientes de la región en el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías como psoriasis, dermatitis atópica, hidradenitis supurativa, urticaria crónica, vitiligo y alopecia areata.
    COLAPPIEL fue creada hace tres años y actualmente nuclea a organizaciones de pacientes de 14 países de América Latina con el objetivo de generar evidencia regional y visibilizar el impacto real de las enfermedades dermatológicas inmunomediadas, muy subestimadas dentro de los sistemas de salud. Durante la apertura del encuentro, Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO e integrante de la comisión directiva de IFPA (International Federation of Psoriasis Associations), explicó que la iniciativa surgió para “hacer entender a todo el sistema cuál es el impacto de las enfermedades dermatológicas y dejar de pensar que no tiene importancia, sino mostrar realmente cuál es el impacto gigantesco que tienen esas enfermedades en las personas”.
    Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de la encuesta regional desarrollada por COLAPPIEL entre 2023 y 2024. Un relevamiento inédito por su alcance. Incluyó a 3.538 pacientes de 14 países latinoamericanos y fue realizado mediante contacto directo y redes sociales, con colaboración de organizaciones de pacientes de toda la región. Argentina aportó la mayor cantidad de respuestas, seguida por Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay.
    Los resultados expusieron profundas brechas sanitarias y sociales. El 61% de los pacientes manifestó haber consultado entre dos y seis especialistas antes de obtener un diagnóstico correcto y haber esperado entre dos y diez años para arribar al diagnóstico. Además, el 40% reportó ansiedad o depresión, el 53% dijo haberse sentido estigmatizado y casi un tercio reconoció tener dificultades significativas para realizar actividades diarias.
    La investigación también reveló importantes déficits de información y acompañamiento. El 62% de los pacientes aseguró no haber recibido información suficiente al momento del diagnóstico y el 75% indicó no haber contado con apoyo psicológico, aunque la gran mayoría expresó que le hubiera gustado acceder a ese acompañamiento. A esto se suma que más de la mitad de los encuestados señaló que sus familiares o amigos no comprenden plenamente su condición.
    Otro de los datos que más preocupación generó fue la discontinuidad terapéutica y las barreras de acceso al tratamiento. El 13% de los pacientes tardó entre tres meses y un año en acceder efectivamente a la medicación indicada, mientras que un 6% aseguró no haber recibido aún ningún tratamiento al momento de la encuesta. Además, el 74% manifestó haber abandonado tratamientos previamente debido a la falta de efectividad. “La exigencia burocrática de “probar y fallar” retrasa muchas veces la eficacia clínica” explica Martín Petrocco, director ejecutivo de AEPSO y coordinador de COLAPPIEL quien detalló además que casi la mitad de los pacientes reconoció haber recurrido a medicinas alternativas.
    En cuanto a descontinuar la medicación o espaciar, “lo que observamos es que un circuito que debería ser mensual se convierte en uno de 40, 45 o 50 días. El paciente percibe que está bajo tratamiento porque está recibiendo una droga, pero tal vez la dosis o el espaciamiento no es el que necesita”, explicó Petrocco.
    Durante el simposio también se presentaron los resultados de un relevamiento realizado en Argentina a 175 especialistas —dermatólogos, reumatólogos, alergólogos e inmunólogos— sobre barreras de acceso a terapias innovadoras. El 86,4% de los profesionales afirmó haber tenido que apelar decisiones de cobertura para sostener tratamientos indicados y el 56,4% reportó que más del 10% de sus pacientes debieron interrumpir o espaciar dosis por problemas administrativos o de acceso.
    Los especialistas coincidieron en que uno de los principales desafíos de América Latina no es únicamente la disponibilidad de tratamientos innovadores, sino la capacidad real de los sistemas de salud para garantizar acceso oportuno, continuidad terapéutica y atención integral. Petrocco advirtió además sobre el impacto de las demoras administrativas en enfermedades crónicas y progresivas. “La lógica administrativa financiera no puede seguir sustituyendo la urgencia del criterio clínico”, sostuvo.
    Como parte de la estrategia regional, COLAPPIEL también presentó el desarrollo de un scorecard regional de políticas públicas, una herramienta diseñada para medir la existencia y evolución de políticas sanitarias vinculadas con enfermedades dermatológicas inmunomediadas en distintos países de América Latina. Este instrumento analiza variables como existencia de programas nacionales, presupuestos específicos, guías clínicas oficiales, acceso a tecnologías innovadoras, diagnóstico oportuno, cobertura terapéutica y centros de referencia.
    “El objetivo es contar con una herramienta simple y objetiva que permita identificar brechas, monitorear avances y orientar acciones de advocacy y políticas públicas a largo plazo” explicó Petrocco.
    Desde Paraguay, la Dra. Romina Contreras lamentó la ausencia de su país de este relevamiento, pero se mostró muy positiva para el futuro debido a la conformación de la primera organización de pacientes con psoriasis y al y desarrollo de guías nacionales para psoriasis y dermatitis atópica “creo que, para la siguiente ronda de recolección de datos, Paraguay va a estar presente”, afirmó y agregó en relación a lo poblacional “creo que Paraguay y Uruguay deberían aliarse para tratar de seguir un camino similar”.
    Una alianza a favor de los pacientes
    Durante el encuentro se anunció la firma de un acuerdo, realizado en el marco del último Congreso Panamericano de Reumatología (PANLAR), entre representantes del Consejo Internacional de Psoriasis (International Psoriasis Council -IPC-), la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (International Federation of Psoriasis Associations -IFPA-) SOLAPSO (la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis) y PANLAR con el objetivo de colaborar en conjunto con las asociaciones de pacientes latinoamericanas, panamericanas y las asociaciones integrantes de la IPC para darle solución a los problemas de las personas con psoriasis y artritis psoriásica.
    La Dra. Claudia de la Cruz, vicepresidenta y presidenta electa del IPC, explicó que la alianza busca reducir las brechas de acceso y construir una estrategia regional basada en el trabajo estratégico de 5 pilares: concientización, advocacy, investigación, educación y multidisciplinariedad.  “Buscamos mejorar el reconocimiento temprano de síntomas y reducir los años de demora diagnóstica que todavía enfrentan miles de pacientes en la región. Sabemos la importancia de intervenir precozmente”, explicó la especialista y también remarcó la importancia de fortalecer la voz de los pacientes y promover un acceso oportuno y equitativo al diagnóstico y tratamiento. “En Latinoamérica tenemos los medicamentos disponibles, pero ¿estos medicamentos llegan al paciente que lo necesita? Yo creo que la respuesta es un no unánime”.
    En cuanto a la educación médica, resaltó la importancia de focalizarse en aquella dirigida especialmente a atención primaria, para favorecer derivaciones tempranas y evitar progresión de enfermedad.
    La Dra. Paula Luna, dermatóloga pediatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL) también remarcó que “la intervención temprana es fundamental” y que no se necesita ser dermatopediatra para tratar a un paciente con psoriasis, dermatitis o hidradenitis. “Hay especialistas en dermatología pediátrica en Latinoamérica muy buenos, pero no necesariamente tienen que ser sólo ellos quienes traten a estos pacientes. Lo más importante es intervenir tempranamente con un tratamiento adecuado”.
    Sobre la importancia de la multidisciplinariedad, la doctora de la Cruz explicó que debe estar orientada a promover modelos integrados de atención entre dermatología, reumatología, salud mental y otras especialidades vinculadas.
    “Cuando pensamos en el manejo de la enfermedad, tenemos que pensar en un manejo que sea holístico”, señaló la presidenta de SOLAPSO y miembro de la Sociedad Brasileña de Dermatología, la Dra. María Victoria Suárez, quien además remarcó que las enfermedades inmunomediadas requieren una mirada integral y no exclusivamente farmacológica.  Según explicó, patologías como psoriasis o hidradenitis supurativa presentan fuertes asociaciones con obesidad, trastornos metabólicos y enfermedades psiquiátricas, factores que además pueden afectar la respuesta terapéutica y aumentar el riesgo de progresión clínica.
    Los datos relevados por la encuesta realizada por COLAPPIEL muestran claramente las comorbilidades asociadas. El 40% de las personas manifestó sufrir además de ansiedad y depresión, el 16% obesidad, el 14% hipertensión arterial, más del 8% colesterol y cerca de un 6% diabetes. La doctora Suárez destacó los datos generados por COLAPPIEL y afirmó que representan “el inicio de un trabajo que tenemos que hacer en conjunto”.
    La importancia de generar registros
    Uno de los conceptos más repetidos durante toda la jornada fue la necesidad urgente de construir evidencia latinoamericana propia. Sin datos epidemiológicos sólidos resulta extremadamente difícil dimensionar la carga real de enfermedad, proyectar presupuestos sanitarios, desarrollar programas de acceso sostenibles o evaluar resultados clínicos y sociales a largo plazo.
    Tanto organizaciones de pacientes como referentes médicos coincidieron en que la región todavía toma muchas decisiones sanitarias utilizando datos extrapolados de otros contextos, mientras persiste una enorme carencia de registros epidemiológicos y clínicos regionales. “¿Cómo vas a pedir que exista un plan de financiamiento en una determinada patología cuando no tenés la prevalencia de la enfermedad?”, planteó Petrocco. Silvia Fernández Barrio reforzó esa idea al señalar que “si no tenemos un número básico de qué prevalencia tenemos, no se puede hacer una política pública”. “No tenemos registros”, advirtió De la Cruz al remarcar que América Latina aún carece de sistemas robustos y sostenidos de recolección de datos epidemiológicos y clínicos. “Los registros son fundamentales”, sostuvo la Dra. Cristina Echeverría, ex presidente de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO).
    Echeverría insistió en la necesidad de consolidar sistemas regionales de recolección de datos clínicos y epidemiológicos, al tiempo que advirtió sobre las dificultades históricas vinculadas al financiamiento, carga de datos, propiedad de esa información. “Es fundamental entender que estos datos no son de nadie y serán de todos” remarcó la especialista e insistió “Agotamos las instancias para pedir ayuda para poder realizarlos. Quizás si avanzamos con algo simple, básico, para generar la costumbre de la carga y logramos tener algunos datos para mostrar pueda servir de modelo para que finalmente nos apoyen y poder avanzar”
    Durante el cierre del encuentro, los participantes coincidieron en que la articulación entre pacientes, sociedades científicas y organismos internacionales representa una oportunidad inédita para impulsar cambios estructurales en América Latina. Los organizadores adelantaron que los datos obtenidos por COLAPPIEL servirán como base para futuras investigaciones regionales y nuevas acciones orientadas a mejorar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inmunomediadas de la piel.

  • Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

    En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que autoriza la presencia de guardias armados en las universidades públicas del estado. Esta legislación amplía las medidas de seguridad en las instituciones de educación superior, así como en las escuelas.

    “Hemos logrado avances históricos en la implementación de medidas de seguridad escolar y ahora consolido estos esfuerzos al firmar la ley HB-757, que mejora los requisitos de seguridad en los campus”, declaró el gobernador en un comunicado.
    DeSantis añadió: “Podemos tener los más altos estándares académicos, los programas de capacitación laboral más sólidos y las trayectorias más innovadoras para los estudiantes, pero también debemos seguir priorizando la seguridad de nuestros estudiantes y educadores”.
    Durante la firma de la ley, DeSantis estuvo acompañado por el comisionado de Educación, Anastasios Stasi Kamoutsas, y por Ryan Petty, cuyo hija Alaina fue víctima de la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas, ocurrida en 2018 y que dejó 17 muertos.
    La ley HB-757 amplía el programa estatal conocido como “guardianes escolares”, creado tras la masacre de Parkland y como respuesta al tiroteo de 2025 en la Florida State University (FSU), que causó dos muertos y seis heridos.
    El comisionado Kamoutsas expresó que “al extender el programa a las instituciones de educación superior, estamos dotando a los campus de herramientas adicionales para proteger a estudiantes y profesores. Todo estudiante merece la oportunidad de aprender en un entorno seguro, y esta legislación refuerza el compromiso firme de Florida con la seguridad escolar”.
    Los principales puntos de la HB-757 son:
    – Permitir que empleados y profesores designados porten armas de fuego.– Tipificar como delito grave de segundo grado un disparo efectuado a menos de 300 metros de una escuela, reforzando así la protección en las inmediaciones.– Instar a las universidades a elaborar planes de respuesta ante atacantes activos.– Mejorar los sistemas de alerta y establecer protocolos de reunificación familiar durante emergencias.– Proporcionar capacitación en salud mental para los empleados.
    La medida busca reducir los tiempos de respuesta ante ataques y fortalecer la seguridad en campus con recursos limitados. Sin embargo, algunos críticos advierten que el aumento de personas armadas podría generar confusión durante emergencias y aumentar el riesgo de daños accidentales.
    Por otra parte, el gobierno de Florida informó que destinará 1,600 millones de dólares, mediante el Fondo para Escuelas Seguras, para apoyar a los agentes de seguridad escolar, tutores y otras iniciativas en los campus.

  • La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

    La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

    La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

    Benjamín Domado por Lexx es un nombre registrado oficialmente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), pero en realidad no existe ninguna persona con esa identidad. Una organización de hackers modificó esa identidad, aparentemente como una broma, y además comercializaba el acceso a bases de datos de organismos nacionales. De esta manera, habrían recaudado al menos 130 millones de pesos en el último año, generando un problema de seguridad nacional cuyas dimensiones son difíciles de cuantificar.

    La investigación, que se originó en una causa judicial, derivó esta semana en 11 allanamientos en distintas provincias del país y en la detención de siete personas, según fuentes judiciales consultadas por Clarín. Lejos de concluir el expediente, este avance inaugura una nueva etapa en la que se analizarán los celulares y computadoras secuestrados y se trabajará en la identificación de más involucrados en esta modalidad delictiva: organizaciones criminales digitales cuyos integrantes no se conocen en persona pero poseen gran capacidad de daño.
    Se comprobó que, mediante al menos una docena de cuentas en la red social Telegram, se comercializaba el acceso ilegal a bases de datos de organismos nacionales. Cada acceso, limitado a una sola consulta, tenía un costo que oscilaba entre 8 mil y 14 mil pesos.
    Entre las bases de datos vulneradas se encuentran las del RENAPER; la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA); el Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGEHOS); el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP); la Dirección Nacional de Vialidad (DNVN); el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA); el PAMI; el sistema SUBE; las policías de San Luis y Santa Cruz, y la aplicación “Mi Argentina”, entre otras.
    Esto implicó que información oficial, sensible y confidencial de toda la población argentina quedara disponible para quien pagara por acceder a ella. Datos como la identidad de prófugos de la justicia, domicilios, cuentas bancarias y bienes personales estaban al alcance de la organización. “El acceso era ilimitado y no sabemos qué información se obtuvo y con qué fin: si fue para extorsionar, robar o presentar denuncias”, señaló a este medio uno de los investigadores.
    La causa comenzó en marzo del año pasado, tras una investigación preliminar realizada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), quienes presentaron una denuncia penal. Se detectaron canales de Telegram que ofrecían acceso a bases de datos mediante cuentas con nombres como “CorvusDoxBot”, “AfaArgBot”, “Laburados_BOT”, “ElSobrino_BOT”, “Renacer Bot”/“ExpertoPDF_Bot”, “ArgentinaDataaBot”, “LaxorusBot”, “Dniclub_Bot”, “Movistar_Bot”, “Buscadoss_Bot” y “NoLaVenBot”.
    El fiscal federal Ramiro González quedó a cargo de la investigación, que comenzó con la incorporación de un agente encubierto digital: un oficial de una fuerza de seguridad federal que se infiltró en estos canales de Telegram presentándose como comprador de información. Esto permitió comprender el modus operandi y avanzar en la identificación de los responsables.
    Cada cuenta proporcionaba un enlace para acceder al sistema hackeado solicitado, limitado a la obtención de un solo dato. Por cada acceso se cobraba un monto entre 8 mil y 14 mil pesos. Los hackers usaban una modalidad que dificultaba la detección de la intrusión: se valían de convenios entre organismos públicos y entes descentralizados autorizados a acceder a sus bases. La organización violaba a esos entes, infiltrándose silenciosamente por esa vía.
    Los pagos se realizaban mediante billeteras virtuales y direcciones de criptoactivos desvinculadas directamente de los miembros de la organización. Utilizaban dos métodos para ocultar la identidad: cuentas asociadas a otras para dificultar el rastreo y el uso de “mulas”, es decir, personas reales a quienes se usurpaba la identidad para abrir cuentas a su nombre, donde se recibían los pagos. En algunos casos, estas personas aceptaban colaborar a cambio de sumas de hasta 30 mil pesos.
    Según la Fiscalía, la organización ilegal recaudó más de 130 millones de pesos en un solo año a partir de la venta de accesos a estas bases. “La entidad económica de las maniobras descriptas, un caudal superior a los ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) entre las distintas plataformas relevadas, sin perjuicio de las operaciones cursadas en moneda extranjera y criptoactivos, y la sofisticación con la que los investigados han fragmentado, redistribuido y convertido los flujos económicos producidos por su actividad ilícita”, sostiene la acusación.
    Además de estas actividades, la investigación detectó una alteración específica en la base del RENAPER considerada peligrosa: uno de los integrantes de la organización modificó la identidad de otro involucrado, registrándola bajo el nombre “Benjamín Domado por Lexx”, tal como confirmó el organismo.
    Esta semana, a solicitud del fiscal González, el juez federal Sebastián Ramos ordenó los 11 allanamientos en distintas provincias. Se detuvo a siete personas imputadas por los delitos de violación de secretos, acceso indebido a sistemas de información, sustracción y alteración de registros oficiales, daño informático calificado y asociación ilícita.
    La mayoría de los acusados son menores de 30 años, y dos de ellos son menores de edad. Según los investigadores, probablemente no se conocen personalmente y mantienen vínculos exclusivamente virtuales.
    Durante los

  • A horas de la marcha en todo el país para defender a las universidades públicas – El Miércoles Digital

    A horas de la marcha en todo el país para defender a las universidades públicas – El Miércoles Digital

    A horas de la marcha en todo el país para defender a las universidades públicas – El Miércoles Digital

    La Mesa Interuniversitaria CdelU convocó a la marcha federal en defensa de las universidades  públicas. Será este martes 12 de mayo desde las 18.30 en la Plaza Ramírez.
     
    Este martes 12 de mayo en todo el país se realizará la cuarta Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación.
    En una nueva jornada de paro y movilización, trabajadores y trabajadoras no docentes de UNER realizarán una jornada de visibilización con mateada en defensa de la universidad pública frente al Rectorado a partir de las 10.30.
    Por la tarde, se convocarán a la marcha que se concentrará a partir de las 18.30 en Plaza Ramírez, convocada por la Mesa Interuniversitaria CdelU.
    Las Universidades Nacionales están en una situación crítica. El recorte de fondos del Gobierno Nacional compromete el funcionamiento cotidiano de las universidades ya que las partidas cubren apenas el 40% del valor de enero de 2023. A esto se suma una creciente pérdida salarial de las y los trabajadores universitarios docentes y nodocentes.
    A nivel nacional, se estima que el 80 % de los docentes cobra por debajo de la línea de pobreza y alrededor de 10 mil profesores y profesoras debieron dejar las aulas. Además, en la provincia de Entre Ríos ya alcanzó el 50% la pérdida de poder adquisitivo, con incrementos salariales unilaterales y sin paritarias.
    Por todo esto, la comunidad universitaria de todo el país saldrá nuevamente a las calles –como ya lo hizo en las masivas movilizaciones de abril y octubre de 2024 y octubre de 25– exigiendo:
    Declarar la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.
    Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.
    Reclamo por una urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición del salario de las y los trabajadores de la educación superior.

     
    Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores
    Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.