El gobierno porteño de Jorge Macri licita los medios públicos de la Ciudad el 20 de abril
En una carrera contrarreloj, el gobierno porteño de Jorge Macri pretende llegar al lunes 20 de abril sin contratiempos, para poder abrir ese día los sobres con las propuestas para la licitación de las dos radios y el Canal de la Ciudad.Si todo sale como planifica el gobierno porteño, ese día, a las 11 horas, se abrirán las propuestas técnicas y las ofertas económicas, con un precio base de $1,23 millones de canon mensual para La Once Diez y La 2X4, y de $10,75 millones para el canal de TV.La iniciativa es una medida para “dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales, cuando anunció la licitación. Y agregó: “No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”.Los interesados podrán ofertar por las dos radios juntas y/o por el canal de televisión, a través del portal Buenos Aires Compras. “Deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión”, explicó una fuente oficial.La Resolución Conjunta N°7 está firmada por el jefe de Gabinete de Ministros del gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine. Allí está el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la licitación de los medios públicos, donde se difundieron los requisitos para dar en concesión por cinco años, “a partir del acta de inicio de servicio”.En esa Resolución se establece que «el adjudicatario tendrá a su cargo la gestión operativa conforme a los lineamientos que establezca la autoridad competente, sin que ello implique la cesión, transferencia ni delegación de la titularidad del servicio de comunicación, las cuales permanecerán en todo momento en titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».Además de la gestión operativa de las dos radios y el Canal de la Ciudad, los concesionarios tendrán a su cargo la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de la programación. Y podrán gestionar la comercialización de los espacios publicitarios, supervisados por el gobierno porteño.Rechazo opositorEl peronismo/kirchnerismo y la izquierda acusaron al gobierno porteño de llevar adelante una medida “inconstitucional” y ya anunciaron que van a intentar frenar esta licitación mediante un proyecto en la Legislatura porteña y un pedido en la Justicia para que dicte una medida cautelar.»Leandro (Santoro) presentó con mi acompañamiento una ley prohibiendo la concesión, el día que se hizo el anuncio», hace tres semanas. «Y ahora estamos presentando una propuesta alternativa de reforma integral de los medios públicos», dijo Claudia Neira a Clarín, jefa del bloque de legisladores porteños de Unión por la Patria (UxP). Además, otra legisladora kirchnerista de UxP, Graciana Peñafort, trabaja en una posible judicialización, con los trabajadores de los medios públicos. “Es ilegal. Va contra la Constitución de la Ciudad y la normativa vigente”, dijo en redes sociales Peñafort, quien remitió al artículo 47 de la Constitución porteña, donde se menciona específicamente cómo debe ser la gestión de los servicios “estatales” de radio y televisión.También se oponen los dos legisladores del Frente de Izquierda. El bloque de seis legisladores de Confianza y Desarrollo, que lidera Horacio Rodríguez Larreta, todavía no fijó una posición; mientras tienen una posición similar los cinco legisladores del bloque UCR/Evolución, aunque allí la radical Manuela Thourte ya salió a rechazar la decisión de Jorge Macri.El proyecto oficial cuenta con el respaldo de los 11 legisladores del bloque Vamos por Más (PRO y sus aliados). Pero al no ser una privatización ni una concesión mayor a cinco años, desde el gobierno porteño aseguran que no necesitan una ley específica de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El bloque de 13 legisladores de la Libertad Avanza (LLA) está analizando la Resolución del Gobierno porteño. “A priori, no es un mal primer paso”, destacó a Clarín un funcionario nacional de LLA, en sintonía con el planteo que hizo el año pasado Manuel Adorni, en el debate de candidatos a legisladores porteños, cuando el entonces vocero presidencial planteó que había que «cerrar» el Canal de la Ciudad. Pero otra fuente libertaria de Casa Rosada manifestó sus dudas sobre la licitación de Macri, porque la Constitución de la Ciudad establece que los medios públicos deben ser «estatales» y manejados por «un ente autárquico».»Acompañamos todo lo que sea reducir el peso del Estado. Pero nosotros planteamos achicar los medios públicos de la Ciudad al máximo posible, teniendo en cuenta que tienen 500 empleados. Es que sino habría que modificar la Constitución porteña, algo que todavía no está en discusión», alertó una fuente del gobierno nacional, que teme que se empantane en la Justicia esta iniciativa de Jorge Macri.Una programación centrada en la agenda porteñaLa Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) cumplirá 100 años de existencia en mayo de 2027, siendo la radio pública más antigua de la Argentina, creada incluso antes que Radio Nacional.La Once Diez atravesó una etapa conflictiva en los ’90, durante el gobierno menemista, cuando el intendente peronista Jorge Domínguez quiso privatizar la radio. Pero luego de un largo conflicto judicial, el intendente radical Fernando de la Rúa llegó a un acuerdo con el gobierno nacional y los gremios para transferir la frecuencia de Radio Municipal a la AM 1110 y cederle la poderosa frecuencia de la AM 710 (que era por donde transmitía Radio Municipal) a Daniel Hadad, Marcelo Tinelli y Oscar Salvi para que monten ahí Radio 10, en el marco de un acuerdo que se concretó a principios de 1998.El Canal de la Ciudad surgió en 2003, bajo el nombre de Ciudad Abierta. Al principio hubo incertidumbre sobre su continuidad, ya que pocos años después, el entonces candidato Mauricio Macri, anunció que en caso de ser elegido como jefe de Gobierno porteño iba a cerrarlo. Pero luego de fuertes conflictos resolvió sostenerlo, hasta que fue relanzado con una programación más fuerte, en 2016, cuando cambió su nombre a Canal de la Ciudad, en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.Diez años después de ese conflicto, otra vez los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a estar en el foco del conflicto, pero esta es la primera vez que el gobierno porteño decidió avanzar en una concesión a manos privadas.La Once Diez y La 2X4 están a cargo de Baltazar Jaramillo, mientras que al Canal de la Ciudad lo dirige Eduardo Cura; ambos bajo la órbita del secretario de Medios, Gustavo Gago. En total, unas 500 personas trabajan en los medios públicos porteños, de las cuales 350 están en las radios y otras 150 en el canal, entre conductores, productores, locutores y empleados administrativos.
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El gobierno porteño de Jorge Macri licita los medios públicos de la Ciudad el 20 de abril
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IA en salud mental: críticas de dos colegios profesionales, la UADER y un gremio de empleados públicos – El Miércoles Digital
IA en salud mental: críticas de dos colegios profesionales, la UADER y un gremio de empleados públicos – El Miércoles Digital
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos puso en marcha ORI, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) diseñada para brindar orientación en salud mental.
Sin embargo, la iniciativa cosechó un fuerte rechazo por parte de colegios profesionales, universidades y gremios, quienes cuestionan la falta de consulta previa y advierten sobre los riesgos de automatizar abordajes de alta complejidad subjetiva.
El funcionamiento de ORI según el Gobierno
Desde la Secretaría de Modernización, el titular de la cartera, Emanuel Gainza, aclaró que el sistema «no es una inteligencia artificial genérica ni una herramienta basada en información abierta de internet, sino una solución diseñada específicamente para la realidad entrerriana y entrenada con protocolos institucionales de la provincia».
El funcionario precisó que el dispositivo tiene como fin acompañar a adultos responsables y no interactuar directamente con menores: «Su objetivo es brindar orientación inicial, información confiable y criterios claros de actuación ante situaciones sensibles, para que padres y docentes puedan entender lo que está pasando y saber cómo proceder», señaló. El sistema se divide en dos módulos:
•ORI Familias: para tutores y referentes de cuidado.
•ORI Docentes: para equipos escolares.
El rechazo de los profesionales: «El vínculo humano es irremplazable»
El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos manifestó su sorpresa por no haber sido convocado para el asesoramiento técnico. Si bien admitieron que la IA puede ser un complemento, remarcaron que «en ningún caso puede sustituir el trabajo terapéutico ni el abordaje interdisciplinario llevado adelante por profesionales formados».
En un comunicado, la entidad subrayó: «El vínculo terapéutico integral implica una construcción situada, ética y profundamente humana, basada en la escucha activa, la empatía, la singularidad de cada sujeto y la formación clínica específica. Estas dimensiones resultan irremplazables».
Por su parte, la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) coincidió en la preocupación: «El uso de una herramienta automatizada reduce la consulta a un proceso impersonal y técnico. Y esto nos preocupa porque está demostrado que la IA no evalúa de manera integral la complejidad de los problemas de salud mental, lo que puede llevar a sugerencias inadecuadas».
Preocupación académica y ética en la UADER
Desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), tanto la institución como sus coordinadores de carrera expresaron una profunda inquietud. Marcela de León, cocoordinadora de la carrera de Psicología, cuestionó la responsabilidad detrás del algoritmo: «¿Quién sostiene esta aplicación? ¿De qué manera esto es regulado? ¿Qué se hace con esa información que se va recabando? ¿Quién responde después ante esto que se genera y que se ofrece?».
La profesional fue tajante respecto a las competencias legales: «El trabajo profesional y nuestras actividades como profesionales reservadas específicamente a nuestro título de licenciados en psicología son indelegables, no las puede hacer cualquiera… Eso es algo específico de un rol profesional, no lo puede hacer una inteligencia artificial, ni debe hacerlo».
Pedido de inversión en recursos humanos
Finalmente, gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumaron a las críticas, vinculando el lanzamiento de la App con la falta de inversión en el sistema público. «Consideramos que la brutal crisis en salud mental que atraviesa nuestra provincia debe abordarse con criterios científicos… y con la inversión de recursos humanos y presupuestarios a los equipos de trabajadores que día a día sostienen en cada efector el sistema de salud», sentenciaron.
Las organizaciones profesionales ya adelantaron que solicitarán reuniones formales con las autoridades provinciales para conocer los marcos éticos y los niveles de supervisión de esta nueva tecnología.
Fuente: El Entre Ríos
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