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  • El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

    El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

    El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

    Impulsado por un video en el que Jesica Cirio muestra fajos de dólares, el fiscal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella una serie de nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

    Por un lado, Hugo Wortman Jofré, representante de la organización Poder Ciudadano, pedirá una inspección ocular en la vivienda ubicada en un country de San Vicente para verificar si, en los últimos meses, se cambió el placard del vestidor de Insaurralde. Esta medida es clave para estimar la cantidad de dólares que había almacenada según el volumen de los cajones.
    Los peritos designados por la Corte Suprema solicitaron una prórroga para entregar el informe contable sobre el crecimiento patrimonial del ex intendente, y el juez Armella les concedió un plazo hasta el 17 de julio. Durante el año pasado, Insaurralde intentó incorporar peritos de la Universidad de Buenos Aires, lo que permitió retrasar la causa por un año. Finalmente quedaron los peritos de la Corte, pero ahora se registra esta nueva demora.
    El retraso en la investigación, iniciada en septiembre de 2023 tras el escándalo del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en el yate Bandido rumbo a Puerto Banús, está principalmente vinculado al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Axel Kicillof. Kreplak, al igual que Armella desde este año, subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, actualmente vacante.
    Además, el juez aceptó la recusación presentada por los abogados de la modelo Sofía Clerici contra el perito tasador Ramón Cereijo, debido a que este había asesorado a Poder Ciudadano, querellante en la causa, en otro expediente. Su reemplazo generará una nueva demora en el proceso.
    Mientras tanto, el fiscal solicitó la apertura y análisis de los dispositivos electrónicos incautados el domingo pasado en una de las residencias de Cirio.
    Por otro lado, el juez ordenó continuar la investigación sobre un edificio ubicado en Almirante Brown 2973, en la ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, con el objetivo de identificar a las empresas constructoras involucradas y conocer la venta original de los departamentos.
    Armella también requirió información vinculada a la cuenta comitente N° 32-1210, según un informe de la Caja de Valores, a nombre de Reconquista Valores S.A. Solicitó los movimientos registrados en dicha cuenta a nombre de Insaurralde durante el período comprendido entre su apertura, el 9 de mayo de 2011, y el 31 de diciembre de 2023.
    ### Insaurralde ya no puede justificar 1,5 millones de dólares
    La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, acusó al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde de haber manejado, desde 2006 hasta la actualidad, a través de terceros, dinero no declarado por más de 1,1 millones de dólares, sin contar los montos exhibidos en los videos de Jesica Cirio.
    El informe de la UIF es un documento clave para el peritaje que llevan adelante los expertos de la Corte Suprema. En ese sentido, el organismo solicitó la indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofía Clerici, Rodrigo Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Donadio y los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa.
    Rodrigo es hijo del ex jefe de Gabinete bonaerense; Barrachina, su sobrino; y Donadio, ex esposo de la hermana del influyente dirigente kirchnerista.
    Según la UIF, Insaurralde parece “vivir de prestado”, ya que su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos; los cuatro autos que utilizaba, a nombre de Cirio; las empresas, a nombre de su sobrino y de su ex cuñado; y la mayoría de sus 76 viajes al exterior —inclusive uno a Sudáfrica para el Mundial de 2010— habrían sido costeados por agencias de turismo.
    Insaurralde contrajo su primer matrimonio con Liana Toledo, hija del ex ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde, Hugo Toledo, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. En 2005 se casó con Carolina Álvarez, madre de su hijo menor. Finalmente, en 2014 se unió en matrimonio con la modelo Jesica Cirio en una fastuosa ceremonia, y se divorciaron en 2023.
    El informe de la UIF comienza detallando la compra de dos lotes en Las Fincas de San Vicente, donde se construyó una vivienda de 574,88 metros cuadrados cubiertos, 67,98 semicubiertos y un espejo de agua de 70,7 metros cuadrados, valorada en cerca de 500 mil dólares, mientras la propiedad estaba a nombre de la empresa DOIO, dirigida por el sobrino de Insaurralde.
    Asimismo, se destaca que se gastaron casi 100 mil dólares en automóviles adquiridos “en una fecha cercana a la separación de Insaurralde”, lo que “indica que el dinero utilizado para esa compra provino de su expareja y, por lo tanto, sería de origen ilícito”, según la UIF.
    El organismo también puso bajo la lupa la compra, realizada por Cirio en 2015, de un departamento en Ortega y Gasset al 1600, en

  • Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

    Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

    Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

    El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) rechazó nuevamente el pedido del fiscal general Diego Velasco para acelerar el inicio del juicio que sentará en el banquillo a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros acusados por lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas en los casos unificados Hotesur-Los Sauces. No obstante, los jueces convocaron a una audiencia preliminar para el 4 de septiembre, con el fin de definir los detalles organizativos del debate, cuyo comienzo podría postergarse hasta finales de este año o incluso 2027.

    Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por Cristina Kirchner y otros imputados, Velasco reclamó reiteradamente al TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, que fije una fecha para el inicio del juicio por hechos de corrupción vinculados a la exmandataria. El fiscal sostiene que, aunque se espera la finalización de una pericia contable sobre una de las empresas familiares investigadas, el proceso podría comenzar sin esa prueba aún pendiente. Ante el rechazo inicial del tribunal, Velasco apeló, pero su planteo fue denegado.
    En el decreto, el TOF 5 citó a todos los imputados a una audiencia ordenatoria el 4 de septiembre a las 10:00 horas. En esta reunión, las partes —fiscalía, querellas y defensas— deberán acordar aspectos fundamentales del juicio, como la cantidad de testigos, número de audiencias por semana y horarios, entre otros. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, hay unas 400 personas solicitadas como testigos, y el tribunal definirá cuáles deberán ser citados desde el inicio del juicio.
    En su primer rechazo al pedido del fiscal, el presidente del TOF 5, José Michilini, sostuvo que los argumentos de la fiscalía “no constituyen razones suficientes para alterar las condiciones legales requeridas para la fijación del debate”, especialmente cuando el código procesal busca proteger el derecho a la defensa en juicio. Señaló que las medidas pendientes “pueden influir y determinar la estrategia de defensa, sobre todo en la etapa inicial, cuando se plantean cuestiones preliminares y se realizan las indagatorias”.
    Además, Michilini advirtió que la notoriedad pública del caso, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, “no debe condicionar el proceso decisorio, menoscabando las garantías procesales aplicables”. Acceder al pedido del fiscal “sería contrario a las normas procesales vigentes y podría atentar contra la validez de las actuaciones, exponiéndolas a múltiples impugnaciones de las defensas”, remarcó. Por su parte, el juez Fernando Machado Pelloni, con su voto, enfatizó que la prioridad es el “control estricto de la legalidad del procedimiento”, velando por el cumplimiento riguroso de las formas y garantías previstas.
    El Tribunal decidió esperar la finalización de las medidas de prueba preliminares, tal como ordenó la Corte Suprema a finales de 2024 al disponer la realización del juicio contra los 16 imputados.
    El caso se centra en las empresas familiares Hotesur, dedicada al sector hotelero, y Los Sauces, inmobiliaria, ambas investigaciones por el presunto lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015, mediante simulaciones de contratos de alquiler en esos rubros, según explicó el Ministerio Público Fiscal al solicitar el juicio. Estas compañías nunca operaron con sedes comerciales reales. Un denominador común fue la figura de Lázaro Báez, quien actuó como inquilino en Los Sauces y gestionó la explotación de los hoteles.
    La acusación vincula a Báez como un operador esencial para “devolver” a los exmandatarios parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas adjudicadas a sus empresas en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral tienen condenas firmes. Asimismo, los imputados están acusados de recibir dádivas, dado que Cristina, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, mantuvo más de veinte operaciones comerciales con Báez, empresario contratista del Estado durante el período investigado.
    Aunque en la instrucción los casos fueron investigados por separado, se unificaron al elevar las causas a juicio oral, organismo que estará a cargo del TOF 5. Se solicitaron dos pericias contables; la primera, ya entregada, concluyó que Hotesur funcionaba exclusivamente para recibir fondos de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera con Valle Mitre. Esta última recibía dinero únicamente de Austral Construcciones, a su vez financiada por obras públicas viales del gobierno kirchnerista. La segunda pericia, centrada en la inmobiliaria Los Sauces, aún no fue concluida.