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  • Reclamo laboral en el Hospital Urquiza: trabajadores y ATE entregaron un duro petitorio al ministro de Salud

    Reclamo laboral en el Hospital Urquiza: trabajadores y ATE entregaron un duro petitorio al ministro de Salud

    Reclamo laboral en el Hospital Urquiza: trabajadores y ATE entregaron un duro petitorio al ministro de Salud

    Trabajadores y trabajadoras del Hospital Justo José de Urquiza, acompañados por afiliados y miembros de la Comisión Directiva de la Seccional Uruguay de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entregaron un petitorio formal al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, en el que expusieron la delicada situación que atraviesa el personal del nosocomio local.

    A través del escrito, la representación gremial visibilizó una serie de problemáticas laborales que afectan el funcionamiento diario del centro de salud y exigió respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales.
    Listado de demandas y condiciones de trabajo
    Entre los puntos centrales planteados en el documento entregado al titular de la cartera sanitaria, se destacan los reclamos por:

    Pautas laborales e insumos: Mejora en las condiciones de trabajo y la provisión de elementos de seguridad fundamentales.

    Cargos y personal: Cobertura de cargos vacantes, regularización de licencias, traslados y capacitación para los equipos de salud.

    Aspectos salariales: Regularización del pago de adicionales y viáticos pendientes.

    Asimismo, desde la Seccional Uruguay expresaron una profunda preocupación ante presuntas situaciones de persecución e intimidación dirigidas hacia aquellos trabajadores que visibilizan las carencias o ejercen su derecho al reclamo.
    Pedido de diálogo e intervención provincial
    Ante este escenario, las autoridades de ATE y el personal del hospital solicitaron la inmediata intervención del Ministerio de Salud para la apertura de una mesa de diálogo formal.
    El objetivo de la cúpula sindical y los trabajadores es abordar cada uno de los puntos expuestos y avanzar en soluciones concretas que garanticen tanto los derechos laborales como un servicio de salud pública acorde a las necesidades de Concepción del Uruguay.

  • Suicidios: Entre Ríos encabeza los índices en el país: poca infraestructura, precarización laboral y reclamo social – El Miércoles Digital

    Suicidios: Entre Ríos encabeza los índices en el país: poca infraestructura, precarización laboral y reclamo social – El Miércoles Digital

    Suicidios: Entre Ríos encabeza los índices en el país: poca infraestructura, precarización laboral y reclamo social – El Miércoles Digital

    La provincia registró una tasa de suicidios de 20,8 cada 100.000 habitantes en 2025, posicionándose como la más alta del país. Ante esta realidad, que afecta principalmente a los jóvenes, organizaciones y colegios profesionales exigen partidas presupuestarias reales frente a una respuesta oficial calificada como insuficiente.
    Este jueves 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) para crear conciencia, reducir el estigma y promover el diálogo abierto sobre esta problemática, publicó APF.
    En este marco, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) junto con la Municipalidad de Paraná realizaron a las 10 una presentación de las actividades por la semana de prevención del suicidio, que tendrá su actividad principal este sábado con la Caminata por la vida. Por su parte, la Mesa por la Salud Mental llevó a cabo una jornada pública de sensibilización, concientización y reclamo ante la situación de emergencia que atraviesa la provincia por la mañana en la Plaza 1º de Mayo en Paraná.
    Un panorama estadístico crítico
    Durante el año 2025, Entre Ríos registró 288 suicidios consumados, alcanzando una tasa de 20,8 casos cada 100.000 habitantes. Esta cifra ubica a la jurisdicción a la cabeza del mapa nacional, duplicando casi el promedio del país (11,8) y triplicando la tasa de la provincia con menor incidencia, Río Negro (6,5).
    Según el segundo informe de la serie Juventudes de Entre Ríos, elaborado por la Consultora Eje sobre datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), la provincia experimentó un incremento del 81,1% en los casos entre 2017 y 2025. El estudio advierte, además, que la problemática se consolidó como la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años, superando a los siniestros viales.
    En el nivel de atención primaria, los datos del Ministerio de Salud Provincial revelaron que se atendieron más de 840 intentos de suicidio en el último período. Sin embargo, la infraestructura pública muestra fuertes cuellos de botella: De los 65 hospitales generales, solo 9 cuentan con servicios especializados en salud mental, y apenas 39 de los 150 psiquiatras matriculados en la provincia se desempeñan en el sistema estatal, lo que genera demoras de hasta seis meses para conseguir turnos en el interior.
    El debate de fondo: ¿»Urgencia sanitaria» o «emergencia con presupuesto»?
    Frente a estos indicadores, el Gobierno provincial promulgó en agosto el Decreto 2130, declarando la «Urgencia Sanitaria en Salud Mental» por el término de un año. La figura legal elegida, sin embargo, desencadenó un fuerte contrapunto con los sectores sindicales y territoriales.
    Un dictamen técnico de ATE Entre Ríos y la CTA Autónoma calificó el decreto gubernamental de «meramente declarativo y simbólico», argumentando que la figura de «urgencia» no incluyó partidas presupuestarias específicas ni habilitó mecanismos de contratación directa para la incorporación urgente de profesionales o compra de insumos.
    La Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, conformada por diversas organizaciones e instituciones, exige que se formalice la declaración de emergencia. Sandra Cislaghi, integrante del espacio, contrapuso la posición oficial remarcando la gravedad de la situación en las calles: “Declarar la urgencia reconoce el malestar social, pero hay entrerrianos en peligro inminente. Necesitamos declarar la emergencia con un presupuesto claro, algo que este decreto no contempla”.
    A esta tensión local se suma la preocupación por la política nacional: El programa de «Apoyo y Promoción de la Salud Mental» sufrirá una reducción presupuestaria del 91,6% para 2026, según datos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
     Articulación institucional versus precarización de los profesionales
    La secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Claudia Enrique, valoró el trabajo coordinado con las entidades profesionales para generar espacios de prevención y sensibilización: “Es un problema que nos afecta a todos. Por eso estamos trabajando muy bien con el Colegio de Psicólogos en actividades conjuntas, desde capacitaciones hasta el acompañamiento en la caminata que han propuesto”.
    Frente a este escenario, la postura del CoPER enfatiza la necesidad de un abordaje integral que involucre a diversos estamentos, sin omitir las exigencias hacia el Estado.
    El presidente de la institución, Octavio Filipuzzi, sostuvo que el suicidio constituye un “fenómeno social” que desborda el ámbito estrictamente sanitario: “No alcanza con el servicio sanitario: Salud tiene que hacer su parte, Educación la suya y los colegios profesionales la nuestra. Obviamente, los mayores responsables de las políticas de salud mental son el Estado provincial y los municipios, pero es una temática que exige el compromiso de todos”.
    Filipuzzi subrayó que la articulación preventiva es la única vía para reducir los índices, al tiempo que instó a no perder de vista la dimensión humana detrás de la estadística y manifestó que “la prevención es el único camino para empezar a reducir los números. No debemos deshumanizarnos: hay que entender que detrás de cada muerte hay una persona y una familia”.
    No obstante, el colegio profesional denunció la brecha entre el discurso oficial y la asignación real de recursos, señalando que los trabajadores de la salud mental están “altamente precarizados” y en situaciones muy complejas: “Hay que destinar recursos no solo para mejorar la situación salarial, sino también para cuidar a los que cuidan”.
    Impacto en los barrios y el contexto socioeconómico
    Un docente de la Facultad de Ingeniería de la UNER, que también integra la Mesa, remarcó el impacto del contexto económico en la salud mental: “Existe amplia evidencia científica que relaciona el malestar psicológico con el deterioro socioeconómico. Si bien no es un problema que dependa exclusivamente de los servicios formales del Estado, se requieren recursos y salarios dignos para garantizar la atención”.
    El abordaje territorial del problema suma la perspectiva de las organizaciones que trabajan en los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica, como la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) José Daniel Rodríguez que es un dispositivo de Sedronar ubicado en la zona oeste de Paraná y también la organización Ni Un Pibe Menos por la Droga, que integran la Mesa.
    El dispositivo vinculó las adicciones y el riesgo de suicidio con la falta de empleo y el deterioro de la calidad de vida en los barrios, donde advierten que los jóvenes sufren situaciones límite: “Chicos de 12 o 13 años, o incluso menores, ya empiezan a consumir o a trabajar en el volcadero”.
    A este escenario se suma el desfinanciamiento de los espacios de contención. Desde el dispositivo denunciaron la parálisis de los fondos estatales: “Peleamos por la emergencia en salud mental y por más presupuesto para estos lugares. El nuestro lleva congelado dos años y medio, con un único ajuste que resultó totalmente insuficiente”.
    En esa línea, remarcaron la necesidad imperiosa de garantizar el acceso de los jóvenes a la educación, el deporte y la cultura como factores clave de protección comunitaria para “evitar llegar a estas problemáticas tan graves”.
    Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis o necesita ayuda, podés comunicarte de forma gratuita y confidencial a la Línea 135 o al 0800-345-1435 desde todo el país, disponible las 24 horas.

    Fuente: APF.

     
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  • Cristina Kirchner se alejó de las redes: lleva un mes sin publicar, estudia chino e inglés, y espera que avance su reclamo ante la ONU

    Cristina Kirchner se alejó de las redes: lleva un mes sin publicar, estudia chino e inglés, y espera que avance su reclamo ante la ONU

    Cristina Kirchner lleva un mes sin publicar en redes sociales y dedica sus días al estudio de chino e inglés, mientras aguarda un fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre su reclamo formal. La expresidenta mantiene una rutina estricta que incluye caminatas diarias en la cinta, cuidado alimenticio, lectura constante de noticias políticas y formación en inteligencia artificial, campo que ha despertado su interés recientemente.

    Su último mensaje en la plataforma X data del 29 de julio: un video de una hora con la presentación completa que realizaron sus abogados ante la ONU, acumulando hasta hoy más de 62 mil reproducciones. Ese mismo día compartió un enlace a su página web personal donde figura una carta abierta dirigida al organismo internacional. En este escrito denuncia vulneraciones a garantías procesales durante la causa Vialidad, como la falta de imparcialidad judicial, igualdad ante la ley y la afectación de sus derechos políticos. Asimismo, su defensa solicitó medidas provisionales para suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos, revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y completar la integración de la Corte Suprema.
    Cristina Kirchner espera ahora un pronunciamiento que confirme dichas violaciones, con la intención de usarlo para impulsar la revisión de su condena en Argentina. Durante 2026, su actividad en redes sociales disminuyó considerablemente: solo publicó 11 mensajes en X y tres en Instagram, limitándose en ocasiones a expresar condolencias por fallecimientos destacados, como los de Taty Almeyda, el Indio Solari y Sandra Mendoza. A diferencia de años anteriores, ha evitado manifestarse públicamente sobre temas coyunturales y no otorgó entrevistas a medios.
    Este silencio sorprende a su entorno, que interpreta la decisión como una consecuencia de su encierro y situación personal. A pesar de ello, la exmandataria mantiene contacto telefónico con dirigentes del peronismo y continúa activa políticamente dentro de las restricciones que le impone la Justicia, las cuales limitan sus visitas a seis por semana, por un total de cuatro horas. En este contexto, ha dialogado con figuras como Juan Manuel Olmos, Sergio Massa y Ricardo Quintela. Sus allegados destacan que su objetivo es “unir las partes”, rememorando los encuentros clave del peronismo en 2017 y 2019, y consideran prematuro definir candidaturas presidenciales, priorizando la victoria electoral sobre la proyección de nombres propios.
    Cristina sigue de cerca la situación económica nacional y analiza junto a economistas amigos la evolución del país. Desde diciembre de 2023 sostiene que al presidente Javier Milei le irá mal en ese ámbito, manifestando preocupación por el cierre creciente de comercios y el endeudamiento de la población para cubrir sus gastos. Sin embargo, reconoce que Milei conserva un apoyo popular sólido. También monitorea el avance electoral de la izquierda, particularmente el crecimiento de Myriam Bregman, a quien recuerda con cierta cautela tras la visita que la líder de ese sector le realizó al iniciar su prisión domiciliaria. Aunque Bregman mantiene diálogo parlamentario con Máximo Kirchner y otros peronistas, desde el entorno de Cristina consideran un error limitar su candidatura solo a la imagen pública.
    Fuentes próximas aseguran que, a pesar de su ausencia mediática, la expresidenta influyó en la eliminación del capítulo referido a la “Ley de Tierras” en la agenda legislativa. “Que no tenga escena pública no significa que no esté trabajando para que las cosas salgan”, afirmaron.
    En paralelo, esta semana se conoció que María Soledad Calle, dirigente de la UOM vinculada a La Cámpora, quedó bajo investigación judicial por la compra de un departamento de 252 metros cuadrados ubicado en el piso inferior al de Cristina Kirchner. La propiedad fue escriturada a nombre de Calle el 20 de agosto de 2025 por un monto de 189.000 dólares, cifra que despertó sospechas por ser inferior al valor de mercado en esa zona. La Justicia investiga el origen de los fondos y su posible relación con maniobras vinculadas a USEM SA, empresa relacionada con el manejo de aportes de afiliados del gremio. Calle negó haber adquirido el inmueble y atribuyó las acusaciones a una interna sindical.
    Desde el entorno de la expresidenta aseguraron que no existe vínculo entre ambas más allá de algún encuentro ocasional y negaron que Calle haya visitado su domicilio o informado sobre su mudanza al piso contiguo. Por las condiciones de su prisión domiciliaria, Cristina no puede acercarse al ascensor ubicado a un metro y medio de la entrada, ya que eso activaría la alarma de su tobillera electrónica. Incluso, para acceder a la terraza común del edificio durante el verano tendría que avisar previamente y utilizar un dispositivo que evite alterar el monitoreo constante de su detención.

  • Mientras se vota en Diputados, en la calle crece el reclamo – El Miércoles Digital

    Mientras se vota en Diputados, en la calle crece el reclamo – El Miércoles Digital

    Mientras se vota en Diputados, en la calle crece el reclamo – El Miércoles Digital

    Al igual que ocurrió durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, la concentración tiene como punto central los alrededores de la Cámara de Diputados y su epicentro sobre calle México, en el contrafrente de Casa de Gobierno. En ese sector se dispuso un vallado que cubre toda la cuadra y un operativo integrado por unos 20 efectivos policiales. Concepción del Uruguay tiene representación em la manifestación.
     
    Texto: Análisis
    Video y fotos: MATÍAS DÍAZ de EL MIÉRCOLES
    La movilización está integrada mayoritariamente por delegaciones sindicales y de entidades de distintos departamentos de la provincia, incluso pueden observarse columnas identificadas con bandetas de los departamentos más alejados de Paraná, como Feliciano, Federal e Islas.

    En el lugar se escuchan cánticos, se observan pancartas y carteles, hay megáfonos y pirotecnia y bengalas. Hasta el momento, la protesta se desarrolla con normalidad, sin registrarse incidentes ni situaciones de violencia.

    Los organizadores instalaron un sistema de sonido desde el que está previsto que distintos referentes tomen la palabra durante la jornada. La expectativa está puesta en lo que ocurra una vez que comience la sesión legislativa.
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
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  • Cargill paralizó una planta y 30 familias quedaron sin trabajo, luego del reclamo de transportistas – El Miércoles Digital

    Cargill paralizó una planta y 30 familias quedaron sin trabajo, luego del reclamo de transportistas – El Miércoles Digital

    Cargill paralizó una planta y 30 familias quedaron sin trabajo, luego del reclamo de transportistas – El Miércoles Digital

    La suspensión de las operaciones de Cargill en la localidad de Arribeños, provincia de Buenos Aires, impacta de lleno.
    La medida dejó sin actividad a 30 trabajadores y repercute sobre comercios, talleres y proveedores, mientras continúa el conflicto con transportistas por una denuncia de presuntas comisiones irregulares.
    La decisión de Cargill de paralizar las operaciones de su planta de acopio en Arribeños generó preocupación en el partido de General Arenales, donde la actividad de la empresa representa una fuente de trabajo y movimiento económico para la localidad.
    La planta, con más de 25 años de funcionamiento, dejó sin actividad a 30 trabajadores y también afectó a transportistas, talleres mecánicos, estaciones de servicio, comercios y proveedores que dependen del movimiento diario del establecimiento.
    La empresa informó que la suspensión rige desde el 3 de julio y continuará hasta que existan «garantías de seguridad».
    El conflicto comenzó con una denuncia de los fleteros
    El origen de la disputa está en el reclamo de un grupo de transportistas independientes, quienes denunciaron que debían abonar una comisión del 3% por fuera de los canales formales para acceder a los viajes.
    Cristian Cardoso, vocero de los fleteros, aseguró: «Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo».
    Según los trabajadores, la negativa a aceptar esas condiciones derivó en la interrupción de la asignación de cargas.
    La postura de Cargill y de CATAC
    Desde la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), su presidente Ramón Jatip rechazó las acusaciones y sostuvo que los transportistas «se fueron voluntariamente».
    Cargill, por su parte, remarcó que los reclamantes no son empleados de la compañía sino prestadores independientes y afirmó que la asignación de cargas responde a «criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación».
    Además, indicó que la seguridad constituye un aspecto «fundamental e innegociable» para retomar las operaciones.
    Fuente:El bonaderense 

     
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  • Muy enojados: Reclamo por calles en el Barrio San Isidro

    Muy enojados: Reclamo por calles en el Barrio San Isidro

    Muy enojados: Reclamo por calles en el Barrio San Isidro

    Mientras se realizan obras en calles de la ciudad como mantenimiento o asfaltados, hay muchos puntos en los que las mejoras no llegan y esto genera el reclamo (entendible) de los vecinos.

    Los lectores ven todo y van enviando sus reclamos de manera diaria, como sucede con vecinos del Barrio San Isidro, que aseguran que no se aguanta más el abandono en algunas arterias.
    “Es Imposible transitar, imposible cruzar. Así estamos los vecinos de San Isidro. A pesar de haber presentado notas formalmente para que se acerquen a arreglar, las respuestas no llegan y la situación es cada vez peor. Hoy los mismos vecinos tenemos que andar tirando escombros en baches gigantescos solo para poder salir de nuestras casas”, dijo JCR de lo que están viviendo.
    Finaliza su nota agregando “Hacemos pública esta denuncia porque la paciencia se agotó. ¡Exigimos que el municipio se haga cargo y traiga una respuesta ya!”
    Es de esperar que estos pedidos reciban de una vez por todas las respuestas esperadas y merecidas.

  • Silvia Glas llamó a no perder la memoria y renovar el reclamo de justicia

    Silvia Glas llamó a no perder la memoria y renovar el reclamo de justicia

    Silvia Glas llamó a no perder la memoria y renovar el reclamo de justicia

    La Vicepresidente de la Asociación Israelita de Basavilbaso fue la oradora central del acto conmemorativo por un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la AMIA. En un discurso cargado de reflexión y firmeza, advirtió sobre la vigencia del antisemitismo y reclamó que la memoria esté acompañada por un compromiso permanente con la verdad y la justicia.

    Con motivo del 32º aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, la Vicepresidenta de la Asociación Israelita de Basavilbaso, Dra. Silvia Glas de Rosquin, fue la oradora central del acto conmemorativo realizado este 18 de julio. Bajo el título “Hoy no podemos perder… la memoria”, la dirigente comunitaria invitó a reflexionar sobre una fecha que, sostuvo, “no envejece” y continúa siendo una de las heridas más profundas de la historia argentina.
    En su mensaje, recordó que el atentado del 18 de julio de 1994 ocurrió cuando el país todavía comentaba la final del Mundial de Estados Unidos entre Brasil e Italia, y estableció un fuerte paralelismo con el presente, marcado nuevamente por la atención mundial sobre el fútbol.
    “A las 9.53 de aquella mañana no sólo explotó el edificio de la calle Pasteur. También estalló una parte de la confianza de los argentinos en la verdad y la justicia de nuestro país”, expresó.
    La Dra. Glas de Rosquin recordó que 85 personas fueron asesinadas y que, 32 años después, el mayor atentado terrorista de la historia argentina continúa sin responsables condenados. Como ejemplo del paso del tiempo y de la ausencia de justicia, mencionó que Lionel Messi tenía apenas siete años cuando Sebastián Barreiro, de cinco, murió en el atentado. Mientras el futbolista construyó una carrera extraordinaria y conquistó el mundo, señaló, la vida del pequeño quedó detenida para siempre aquella mañana del 18 de julio de 1994.
    Durante su intervención, también repasó las décadas transcurridas entre actos conmemorativos, promesas oficiales, homenajes y reclamos que, hasta hoy, no lograron traducirse en condenas judiciales. En otro tramo de su discurso, advirtió que este aniversario encuentra al mundo atravesado por un preocupante crecimiento del antisemitismo y por la proliferación de discursos de odio, especialmente tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Sostuvo que en distintos ámbitos —como universidades, redes sociales, medios de comunicación e incluso parlamentos— se han naturalizado expresiones antijudías y alertó sobre el riesgo de relativizar o justificar el terrorismo.
    “La memoria ya no alcanza si no está acompañada por un compromiso activo”, afirmó, al señalar que el antisemitismo no comienza con un atentado, sino cuando el odio es tolerado, relativizado o transformado en una bandera ideológica. La Vicepresidenta de la Asociación Israelita de Basavilbaso remarcó que recordar es indispensable para preservar la identidad colectiva, aunque advirtió que “recordar no reemplaza a la justicia” y que “la justicia tardía también es una forma de injusticia”.
    Finalmente, dejó planteado un contundente interrogante: si después de 32 años el país está realmente más cerca de conocer toda la verdad y obtener justicia para las víctimas.
    Como cierre, dejó una frase que sintetizó el espíritu de su mensaje y que resonó entre los presentes: “La FIFA entregó ocho Copas del Mundo. La Justicia argentina todavía no pudo entregar una sola condena”.
    A comienzos de julio el Intendente Besel participó del Encuentro Federal por la Memoria en la AMIA. Allí el Presidente Municipal de Basavilbaso con medio centenar de colegas de todo el país reafirmó su compromiso con la memoria, la justicia y la lucha contra el antisemitismo.
    Como reconocimiento por su participación recibió una serigrafía original del artista Martín Ron, autor de la obra El Muro de la Memoria, emplazada sobre una de las paredes exteriores del edificio de Pasteur 633, y en la tarde de hoy Besel decidió que la obra debía estar en manos de la Asociación Israelita Local, por lo que la puso en manos de su presidente, el Contador, Miguel Bajaroff. Fuente Riel FM

  • Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

    Un juez federal reclama el pago por una “silla vacía”. El camarista de Mar del Plata, Alejandro Tazza, inició una causa judicial para exigir una remuneración por la “sobrecarga de tareas generada” a raíz de una vacante existente en su tribunal. El monto reclamado asciende a 138 millones de pesos. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el pedido, pero un juez le dio la razón y ordenó que se le abone lo solicitado.

    El caso generó controversia en los tribunales sobre cómo deben considerarse las suplencias realizadas por los jueces ante la elevada cantidad de vacantes en el Poder Judicial, que alcanzan casi un 40%, y que desde hace un mes comenzaron a ser cubiertas por el gobierno de Javier Milei.
    La situación se desarrolla en la Cámara Federal de Mar del Plata, compuesta por dos jueces: Tazza, en funciones desde 1993, y Eduardo Jiménez. El tercer integrante era Jorge Ferro, quien renunció en 2018 tras ser acusado de proteger prostíbulos. Desde entonces, la Cámara funciona con solo dos magistrados.
    Un tribunal puede operar con dos miembros; para emitir resoluciones deben coincidir y, en caso de disidencia, se convoca a un tercer integrante para desempatar. Sin embargo, en esta cámara decidieron que Tazza y Jiménez ocuparan también el lugar de Ferro. Consideraron que los avalaba la ley de subrogancias, y desde 2018 cobraron por ese concepto con la aprobación previa del Consejo de la Magistratura, que supervisa la administración judicial, y de otros magistrados.
    En 2021, el Consejo modificó su criterio y rechazó las liquidaciones que Tazza pidió para el pago de la subrogancia correspondiente a 16 meses hasta mediados de 2024. Según el cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, el monto adeudado asciende a 138.697.670,57 pesos.
    En octubre del año pasado, el plenario del Consejo desestimó por mayoría las solicitudes de pago correspondientes a los períodos de febrero y agosto de 2022, que suman casi 10 millones de pesos. El resto del reclamo corresponde a períodos aún no resueltos.
    El Consejo argumenta que una subrogancia “únicamente puede realizarse con un magistrado o conjuez que no forme parte del tribunal que se pretende completar”. Considera que, de lo contrario, se estaría abonando dos veces por la misma función y que no existe sobrecarga laboral, ya que Tazza examina y resuelve las causas de la vocalía vacante, lo cual forma parte de las tareas propias de un juez.
    Frente a este criterio, Tazza inició un proceso judicial para impugnar el cambio en la interpretación del Consejo. El juez federal sostiene que la ausencia de un tercer integrante en la Cámara genera un “recargo de tareas” y una sobrecarga que excede las funciones habituales y debe ser remunerada.
    El magistrado explica que la ley de subrogancias establece que, ante la ausencia de un integrante, se debe cubrir ese lugar con otro juez del mismo tribunal, como se ha hecho. Sin embargo, el Consejo sostiene que debe intervenir un juez de otra sala del propio tribunal, situación inviable en Mar del Plata, ya que la Cámara cuenta con una única sala.
    En su presentación, Tazza afirmó: “El verdadero enriquecido ha sido el Estado, que ha ahorrado indebidamente un salario completo durante más de siete años al no cubrir la vacante y ahora ni siquiera abonando la remuneración correspondiente que la norma expresamente determina al magistrado que desempeñó simultáneamente funciones en un cargo de igual jerarquía”.
    El reclamo de Tazza fue aceptado. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico ordenó al Consejo que le abone los dos meses de 2022 que habían sido rechazados.
    Lavié Pico sostuvo: “El magistrado no pretende un pago extra, como afirma la parte demandada, de manera arbitraria; más bien, la pretensión está íntimamente relacionada con la sobrecarga de trabajo que implica tener a su cargo dos vocalías en lugar de una, situación agravada por el hecho de que la vocalía en cuestión se encuentra vacante desde hace ocho años”.
    El juez añadió: “El magistrado realizó tareas y asumió responsabilidades adicionales a otro cargo semejante, por lo que resulta justo y necesario el reconocimiento de una compensación —prevista por la norma— ante el incremento en el cúmulo de tareas que tiene a su cargo”.
    En otro tramo del fallo, al que tuvo acceso Clarín, Lavié Pico rechazó el argumento del Consejo de que ello implicaría pagar dos veces por una misma función: “Dicho argumento resulta injusto y poco razonable, ya que, aplicando la lógica contraria, podría sostenerse válidamente que no sería concebible pagar una única remuneración por una tarea que deberían realizar dos magistrados en lugar de uno”.
    La resolución también destaca que un reclamo similar fue pagado al juez por el período 2018-2021 y que el sueldo tiene carácter alimentario. El fallo es de primera instancia y el Consejo de la Magistratura apelará para que sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.