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El FEF advirtió que el allanamiento a Bordet «responde a un claro propósito de desgaste político»

Ante los hechos de público conocimiento, el Frente Entrerriano Federal manifiesta su firme convicción de que la salud democrática de nuestra provincia exige el más absoluto respeto por las garantías constitucionales y la independencia de poderes.

No es novedad para nadie que conoce la vida política de Entre Ríos que Gustavo Bordet ha sido, y es, un dirigente que construyó su carrera con apego a la institucionalidad y plena disposición ante la Justicia. Así lo ha demostrado a lo largo de toda su vida pública. Por eso mismo, cuando observamos la celeridad con la que ciertos operadores judiciales se ocupan de instalar mediáticamente una medida de investigación que no conlleva imputación alguna, la pregunta que corresponde hacerse no es sobre el dirigente, sino sobre quienes actúan con esa llamativa urgencia comunicacional.
 
El exgobernador y actual diputado nacional no tiene cargos en su contra. Hay una investigación en curso, como las hay en infinidad de causas, y él ha colaborado con ella sin poner obstáculo alguno. Ese es el cuadro real de la situación. Lo demás es construcción de relato.
 
Es de una gravedad extrema que se difundan detalles de un procedimiento —como el ocurrido en el domicilio de la hija del exgobernador— antes incluso de que la medida haya finalizado, dejando en evidencia una marcada animosidad y un objetivo que nada tiene que ver con la justicia, sino con el daño reputacional a su familia
 
Desde el Frente Entrerriano Federal entendemos que la ciudadanía entrerriana tiene la madurez suficiente para distinguir entre una acción judicial legítima y la utilización de los andamios institucionales con fines de desgaste político. El ensañamiento mediático sobre una persona que vive abiertamente en su ciudad, que transita la provincia sin ningún tipo de evasión y que ha demostrado siempre buena fe ante los tribunales no tiene otra explicación que el propósito de erosionar una figura de alta valoración pública en Entre Ríos.
 
Solicitamos al fiscal interviniente que ajuste su actuación a los principios de prudencia, reserva y proporcionalidad que el proceso penal exige, y que tenga en cuenta que el uso político de los expedientes judiciales —como sucedió con la lamentable experiencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo del delator de la dictadura, Oscar Mario Rovira en el último gobierno de Sergio Montiel— no queda impune ante la memoria colectiva de los entrerrianos.