Crisis en Granja Tres Arroyos: sindicato rechaza indemnizaciones al 50% y exige responsabilidad a directivos
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Tras la primera audiencia, el gremio rechazó que la firma pague indemnizaciones al 50% y reclamó que los accionistas respondan con sus bienes ante la crisis desatada en la planta La China.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) emitió un comunicado tras la apertura del período de conciliación obligatoria dispuesta por la departamental de trabajo provincial en la ciudad de Paraná, a raíz de los despidos masivos y la paralización de actividades en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay.
Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas y contó con la participación de representantes de la empresa, el gremio de Molineros y el propio STIA, se buscó retrotraer la situación al estado previo a las desvinculaciones para negociar bajo un marco legal regulado.
Uno de los puntos de mayor fricción durante el encuentro fue la intención de la empresa de aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el cual pretende abonar solo la mitad de las indemnizaciones alegando causas de fuerza mayor o falta de trabajo. Este planteo fue rotundamente rechazado por la representación sindical.
Al respecto, argumentaron: “La crisis no es generalizada dentro del sector avícola, sino una situación particular de GTA S.A. derivada de decisiones empresariales desafortunadas cuyas consecuencias no deben ser trasladadas a los trabajadores“.
Frente a este escenario, el STIA presentó un escrito formal para exigir que se evalúe la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de los socios gerentes y accionistas mayoritarios de Granja Tres Arroyos. El objetivo de esta medida es que los directivos respondan “con sus propios bienes”, basando el reclamo en las normativas vigentes de la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Pacto Federal del Trabajo.
Asimismo, los gremios manifestaron su extrema preocupación por la situación de los trabajadores que continúan formalmente vinculados a la compañía pero se encuentran sin tareas asignadas, sin cobrar sus salarios y sin ninguna certeza sobre su futuro laboral. Advirtieron que “la empresa no está colaborando plenamente en la reactivación” y que las demoras atentan contra el reinicio de las actividades.
Por su parte, la compañía sostuvo que se encuentra evaluando alternativas y manteniendo diálogos con acreedores e inversores, aunque lamentaron que “no han presentado aún un plan específico para normalizar el funcionamiento de sus plantas”.
Ante la falta de acuerdos definitivos, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y fijó una segunda audiencia para el próximo viernes 28 de agosto a las 12:00 horas.
Las entidades sindicales adelantaron que en dicho encuentro exigirán definiciones claras, precisiones operativas y un esquema concreto de pagos, poniendo especial énfasis en el grave impacto humanitario que están provocando los incumplimientos económicos y salariales acumulados
