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  • Súper RIGI: el Senado negocia modificaciones y el texto deberá volver a Diputados para su ratificación

    Súper RIGI: el Senado negocia modificaciones y el texto deberá volver a Diputados para su ratificación

    Los aliados del oficialismo imponen condiciones para avanzar con el Súper RIGI en el Senado, lo que obliga a negociar modificaciones al proyecto. Este proceso retrasará su aprobación, ya que el texto deberá volver a la Cámara de Diputados para su ratificación, luego de haber sido votado allí en junio.

    A diferencia del proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzó rápidamente en comisiones pero perdió contenidos clave antes de llegar al recinto, el bloque de La Libertad Avanza se niega a firmar el dictamen de comisión hasta garantizar que todos los acuerdos estén cerrados y los votos, asegurados.
    Tras cuatro reuniones informativas, el oficialismo reconoció la necesidad de introducir cambios en el texto para lograr su avance. Sin el respaldo conjunto de la UCR, el PRO y las bancadas provinciales, La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes. Estos grupos, junto con representantes del sector industrial, como la Unión Industrial Argentina (UIA), han solicitado ajustes durante las audiencias en comisión.
    Uno de los aspectos que seguramente se modificará es la cláusula de “Compre Argentino”, incorporada inicialmente por la Cámara de Diputados para alcanzar mayor apoyo. En el Senado, se busca perfeccionarla mediante una especificación que diferencie los bienes transables —aquellos susceptibles de importación y exportación—, dado que la experiencia previa con el RIGI demuestra que solo se consideraron proveedores locales en servicios o mano de obra.
    Por ejemplo, en el proyecto minero «Vicuña» de San Juan, que ingresó al RIGI con una inversión de 18.000 millones de dólares, las primeras unidades habitacionales serán construidas con materiales provenientes de China.
    Tanto el PRO como la UCR remarcan la necesidad de establecer controles y sanciones en caso de incumplimiento de esta cláusula.
    La UIA planteó en comisión: “Solicitamos que el 20% se destine exclusivamente a bienes producidos en el país. La industria compite globalmente y apoyamos una economía abierta, pero de manera inteligente. Proponemos reformular el artículo 17 para que el plan de proveedores privilegie bienes de producción nacional”, explicó Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA.
    En consonancia, Pablo Cattoni, director institucional de SIDERSA, afirmó: “Creemos firmemente en esta herramienta y aportamos nuestra experiencia para perfeccionarla. Estamos convencidos de que las inversiones pueden realizarse apostando por empresas nacionales como proveedoras”. SIDERSA ingresó al RIGI para construir una planta en San Nicolás de los Arroyos con una inversión de 300 millones de dólares. “Todos nuestros proveedores son argentinos, salvo la maquinaria importada”, manifestó.
    Algunos sectores más exigentes proponen elevar el mínimo del “Compre Argentino” del 20% al 30%.
    Asimismo, legisladores han planteado reservas sobre el consumo energético de ciertos proyectos específicos, como los data centers, y solicitan que estas inversiones garanticen su autoabastecimiento energético como condición para acceder al régimen.
    Otros diputados proponen ampliar el régimen para que no solo sea aplicable a nuevas industrias, sino que también puedan adherir proyectos industriales que generen valor agregado.
    Por otra parte, representantes de gobernadores buscan una mayor participación de las provincias en los estudios previos para la autorización de los proyectos.
    El Súper RIGI tiene como objetivo atraer inversiones por al menos 1.000 millones de dólares en sectores poco desarrollados o en etapas experimentales en el país, incluyendo actividades vinculadas con la inteligencia artificial, la producción de baterías de litio y la fabricación de vehículos eléctricos, entre otros.
    Para incentivar estos proyectos, el régimen ofrece beneficios fiscales como reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, menor carga tributaria sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, y reducciones en las contribuciones patronales.

  • El Gobierno quiere destrabar una obra eléctrica clave de US$ 800 millones y apuesta al RIGI para atraer inversores

    El Gobierno quiere destrabar una obra eléctrica clave de US$ 800 millones y apuesta al RIGI para atraer inversores

    El Gobierno quiere destrabar una obra eléctrica clave de US$ 800 millones y apuesta al RIGI para atraer inversores

    El Gobierno lanzará la licitación pública nacional e internacional de AMBA I, un proyecto de transmisión eléctrica valorado en aproximadamente 800 millones de dólares, que incrementará en cerca de 2.000 megavatios la capacidad de abastecimiento en la región metropolitana. La obra incluye la construcción de 270 kilómetros de nuevas líneas de 500, 220 y 132 kV, una estación transformadora en Plomer (provincia de Buenos Aires), sistemas de compensación y conexiones con las distribuidoras. El trazado principal unirá Atucha II, Plomer y Ezeiza.

    Para atraer capital privado, el adjudicatario podrá solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que el proyecto contará con una garantía en proceso de estructuración otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) realizará un aporte inicial no reembolsable de unos 100 millones de dólares, distribuidos mitad en efectivo y mitad en especie, principalmente transformadores.
    El concesionario recuperará el resto de la inversión a través del costo de la energía que Cammesa traslada a las tarifas eléctricas. Según fuentes de la Secretaría de Energía, la mayor parte de este costo impactará sobre los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, mientras que una proporción menor se distribuirá entre los usuarios del resto del país, dado que la obra también fortalecerá la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
    El repago será progresivo, ya que el adjudicatario comenzará a cobrar conforme avance en la ejecución de los distintos lotes previstos en el contrato, evitando así que el costo total se traslade de manera inmediata a las tarifas y provocando un impacto mínimo para los usuarios.
    La obra se desarrollará mediante una concesión de obra pública, modalidad en la que el sector privado se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de las nuevas instalaciones. AMBA I será la primera experiencia bajo el nuevo marco regulatorio para la ampliación de la red de transporte eléctrico.
    El vocero presidencial, Andrés Ravier, indicó que el financiamiento será con capital privado y destacó que el aporte inicial de Cammesa reduce el alto costo financiero asociado a un proyecto de esta magnitud. En caso de que el adjudicatario debiera financiar la totalidad mediante deuda privada, ese costo adicional se trasladaría al sistema eléctrico en su conjunto.
    Los fondos de 100 millones de dólares provendrán de la Cuenta de Exportaciones de Cammesa, que reúne los ingresos netos generados por las ventas de electricidad a países vecinos. Se trata de recursos extrapresupuestarios y el aporte no deberá ser devuelto por la empresa adjudicataria. “El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra”, afirmó Ravier.
    El proyecto busca aliviar uno de los principales cuellos de botella de la red eléctrica argentina. Según datos oficiales, la demanda residencial creció un 20% en la última década, mientras que la extensión de las líneas de transporte de alta tensión aumentó apenas un 8% en el mismo período.
    Esta primera licitación está dirigida al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional. Su objetivo es evitar los frecuentes cortes de luz durante el verano, la temporada de mayor consumo.
    Desde la Secretaría de Energía advirtieron que la saturación de la red limita la incorporación de nueva demanda y eleva el riesgo de interrupciones cuando el sistema supera sus límites técnicos.
    Se prevé que la presentación de ofertas económicas y la adjudicación ocurran a comienzos de 2027, con la posterior firma del contrato de concesión en los meses siguientes.
    La construcción se dividirá en dos etapas, con un plazo máximo de 52 meses. El esquema por lotes permitirá habilitar y comenzar a remunerar parcialmente la infraestructura antes de la finalización total del proyecto.
    AMBA I será la primera de 16 iniciativas prioritarias dentro del Plan Nacional de Obras de Ampliación de la Red de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones superiores a 6.600 millones de dólares y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV en distintas regiones del país.

  • Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Un amplio bloque transversal de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el «Súper RIGI».
    Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de «dos llaves de la misma cerradura» que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.
    Las ONG denuncian que este esquema configura un «traje a medida» para crear enclaves, apuntando especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el Súper RIGI busca atraer.
    A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos (Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes de trabajo masivas.
    En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo».
    Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que «el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
    En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que la “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Súper RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
    Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata manifestó: «Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable».
    Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
    Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluye el documento.
    De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios:
    1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes (como lagos y ríos).
    2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
    3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.
    Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Greenpeace Argentina, el Equipo Transiciones, Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, Salus Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).

     
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  • ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    El “súper” Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno de Javier Milei y actualmente en discusión en el Congreso, registró su primera inversión millonaria: un proyecto por 1.200 millones de dólares para la construcción de un reactor nuclear modular. La patente de esta tecnología pertenece a la empresa rionegrina Invap, que forma parte de Meitner Energy, la compañía encargada de financiar la iniciativa. El principal accionista de Meitner Energy es el Ansari Group, del magnate Hamid Ansari, de origen iraní y residenciado desde su infancia en Estados Unidos.

    El anuncio se realizó este jueves en el Palacio de Hacienda, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Representando a Meitner Energy asistió su CEO, el argentino Teófilo Lacroze, empresario con amplia experiencia en el sector petrolero, habiendo trabajado en compañías como Raízen y Shell.
    La construcción de estos reactores nucleares forma parte del Plan Nuclear presentado en diciembre de 2024 por el presidente Javier Milei y el asesor presidencial Demian Reidel, quien tuvo un breve paso por Nucleoeléctrica Argentina antes de renunciar en medio de denuncias.
    En la presentación estuvieron también Luis Caputo, Teófilo Lacroze y Federico Ramos Napoli, joven secretario de Asuntos Nucleares vinculado al asesor con despacho en Casa Rosada, Santiago Caputo.
    El reactor modular se construirá en el complejo de Atucha, en Lima, localidad bonaerense de Zárate. La iniciativa será financiada íntegramente con capital privado, sin requerir aportes estatales, según confirmaron desde el Gobierno. Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares enfatizaron que detrás de la inversión está el Grupo Ansari, un inversor internacional que eligió a Argentina como plataforma para producir y eventualmente exportar esta tecnología al mundo.
    Hamid Ansari es un empresario e inversor tecnológico radicado en Estados Unidos desde hace décadas, con una trayectoria en los sectores de telecomunicaciones, tecnología e innovación.
    Meitner Energy buscará aplicar esta inversión al régimen Súper RIGI para acceder a beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros que se están debatiendo en el Congreso. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y permanece a la espera del aval del Senado.
    De concretarse, el proyecto daría lugar a la cuarta central nuclear del país y al primer reactor de este tipo construido en el mundo: un ACR-300 de tecnología argentina y manufactura nacional.
    La noticia surge en un contexto sensible para el sector nuclear, ya que esta semana la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidió a 61 trabajadores en un operativo que incluyó la intervención de Gendarmería.
    El Gobierno busca impulsar una mayor participación del sector privado. Por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina está en proceso de incorporar capital privado, que no podrá superar el 44% de las acciones de la compañía operadora de las tres centrales nucleares en funcionamiento.
    Un comunicado oficial de la Secretaría de Asuntos Nucleares, al que tuvo acceso este medio, confirma este “cambio de paradigma”. En el texto se subraya que el proyecto representa “la materialización de una idea de país” y señala que durante décadas el desarrollo nuclear argentino dependió de fondos públicos, financiamiento externo y decisiones condicionadas por el clima político de cada gestión. En contraste, el nuevo esquema pretende que sea “el capital privado el que arriesgue, invierta y empuje, mientras el Estado se repliega a su función esencial de garantizar reglas estables y previsibilidad”.

  • Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    El oficialismo en Diputados dará inicio al debate de dos proyectos enviados esta semana por el Ejecutivo: la Ley de Lobby y el Súper RIGI comenzarán a analizarse en comisiones el próximo miércoles, con la participación de expositores.

    Desde la Cámara aseguran que el llamado «efecto mundial» no detendrá la actividad legislativa. «Somos libertarios, no prohibimos; quien quiera viajar que lo haga, aunque no será bien visto», afirmaron, anticipando un mes de junio con gran actividad parlamentaria.
    Este viernes, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de un nuevo proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La iniciativa contempla la creación de «sociedades automatizadas» que operen con inteligencia artificial y sin empleados, además de permitir que estas sociedades resuelvan conflictos internos en la justicia extranjera.
    En cuanto a la agenda del miércoles, a las 14 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, para tratar el proyecto de «Régimen de Gestión de Intereses» enviado por la Casa Rosada. Además, se considerarán otras propuestas presentadas por legisladores, como las de Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño. La iniciativa tiene como objetivo «garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales». Para ello, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas físicas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
    Una hora más tarde, a las 15, se reunirán las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva —que preside el libertario Bertie Benegas Lynch— para tratar el Súper RIGI, la prioridad fijada por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
    El proyecto busca incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores poco desarrollados o en fase experimental en el país, como inteligencia artificial, producción de baterías de litio y fabricación de autos eléctricos, entre otros. El régimen estaría vigente por cinco años y exigiría que al menos el 20% del monto invertido se ejecute durante los primeros dos años.
    Como incentivos, se contemplan una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, menor carga impositiva sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, y rebajas en las contribuciones patronales. Sin embargo, varias bancadas observan con atención el impacto de los beneficios fiscales, que podrían afectar las finanzas de provincias y municipios.
    En el Senado, La Libertad Avanza convocó a un plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, para avanzar en el tratamiento de la llamada ley de «Hojarasca», que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta norma busca derogar un conjunto de disposiciones consideradas obsoletas.

  • El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El Gobierno formalizó este martes el ingreso del proyecto de ley destinado a regular la actividad de los lobistas, con el objetivo de transparentar las negociaciones que empresas e intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para obtener mejores condiciones de contratación o intervenir en la redacción de leyes.

    La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue remitida a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, ambas bajo control oficialista.
    El oficialismo prevé comenzar la próxima semana el tratamiento en comisión de este proyecto, que establece los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas en el ámbito del Gobierno y el Congreso, con el fin de garantizar su publicidad y transparencia.
    La propuesta crea el Registro Público de Gestores de Intereses, en el que deberán inscribirse las personas o empresas que realicen estas gestiones. Asimismo, se instituye un Registro Público de Gestión de Intereses, que detallará las negociaciones relacionadas con la elaboración de leyes, políticas públicas, contratación pública, concesiones, permisos y autorizaciones, entre otros aspectos.
    El texto dispone que la información contenida en ambos registros será de carácter público y se publicará en formato digital, accesible y gratuito. Los reportes trimestrales presentados por los gestores deberán hacerse públicos dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrega a la autoridad de aplicación, la cual será designada por el Poder Ejecutivo, mientras que en el Congreso esta función corresponderá a las secretarías administrativas respectivas.
    El proyecto también establece que los exfuncionarios no podrán actuar como gestores ante el organismo donde se desempeñaron ni en asuntos en los que hayan intervenido durante un período de dos años desde su egreso.
    Además, incluye un capítulo específico para las empresas extranjeras, señalando que los gestores que las representen deberán presentar una declaración ante el Registro Público de Gestores de Intereses. La omisión, falsedad o reticencia en dicha declaración será considerada una infracción grave.
    Por otra parte, en Diputados se presentó el proyecto denominado Super Rigi, que establece una base de inversión de 1.000 millones de dólares bajo un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa, orientado a atraer proyectos de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
    Este régimen fija un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por un año adicional, y exige la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Además, establece el compromiso de invertir al menos el 20 % del monto base durante los dos primeros años desde la adhesión.

  • «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una modalidad similar a un “mini RIGI” destinada a impulsar proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas con desembolsos que van desde los US$150.000 hasta los US$9 millones.

    La iniciativa, oficializada este martes por ARCA junto con las secretarías de Agricultura y de Energía, contempla beneficios fiscales relacionados con la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de saldos técnicos de IVA.
    Este esquema fue incorporado en la ley 27.802 de Modernización Laboral y busca extender a las pymes incentivos tributarios comparables a los previstos en el RIGI para grandes inversiones.
    Según explicó ARCA, el régimen pretende “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de diversos sectores, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones”.
    El beneficio está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones, fundaciones, mutuales y otras entidades civiles. Para acceder, deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y estar registradas ante ARCA en las categorías habilitadas.
    Uno de los principales incentivos es la posibilidad de amortizar inversiones de manera acelerada en el Impuesto a las Ganancias. En el caso de bienes muebles amortizables, las empresas podrán deducir la inversión en dos cuotas anuales consecutivas, mientras que ciertas categorías especiales —como sistemas de riego, bienes de eficiencia energética o mallas antigranizo— podrán amortizarse íntegramente en un solo ejercicio.
    Asimismo, el régimen incluye la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA vinculados a inversiones productivas. De acuerdo con el tributarista Sebastián Domínguez, el sistema permitirá solicitar la devolución de esos saldos a favor luego de tres períodos fiscales mensuales desde que sea procedente su cómputo, mejorando el flujo de caja de las empresas y reduciendo el costo financiero de invertir.
    Los montos mínimos de inversión varían según el tamaño de la empresa: para microempresas, el piso será de US$150.000; para pequeñas empresas, US$600.000; para medianas tramo 1, US$3,5 millones; y para medianas tramo 2, US$9 millones. El plazo para concretar las inversiones será de dos años.
    Domínguez destacó que la publicación de la resolución conjunta “completa parte de la reglamentación” y deja al régimen “formalmente en condiciones de comenzar a operar”. Sin embargo, advirtió que aún faltan definiciones clave para que el esquema funcione plenamente.
    Entre los aspectos pendientes mencionó que ARCA no ha implementado el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma web mediante la cual las empresas deberán registrar proyectos, seleccionar beneficios y tramitar su adhesión. Tampoco se publicaron las normas que determinarán qué bienes específicos integrarán las categorías exceptuadas de los montos mínimos de inversión.
    El especialista también señaló que persisten dudas sobre el mecanismo de devolución del IVA y advirtió que los umbrales mínimos podrían excluir a una parte importante de las micro y pequeñas empresas. “US$150.000 para microempresas y US$600.000 para pequeñas empresas dejarán fuera a una porción significativa de las MiPyMEs, especialmente a las más pequeñas”, afirmó.
    A pesar de estas limitaciones, desde el sector empresario consideran que el RIMI representa un intento del Gobierno por generar un esquema de incentivos focalizado en inversiones productivas de menor escala, en un contexto de caída de la actividad económica y restricciones de financiamiento para las pymes.