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Etiqueta: RIGI

  • ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    El “súper” Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno de Javier Milei y actualmente en discusión en el Congreso, registró su primera inversión millonaria: un proyecto por 1.200 millones de dólares para la construcción de un reactor nuclear modular. La patente de esta tecnología pertenece a la empresa rionegrina Invap, que forma parte de Meitner Energy, la compañía encargada de financiar la iniciativa. El principal accionista de Meitner Energy es el Ansari Group, del magnate Hamid Ansari, de origen iraní y residenciado desde su infancia en Estados Unidos.

    El anuncio se realizó este jueves en el Palacio de Hacienda, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Representando a Meitner Energy asistió su CEO, el argentino Teófilo Lacroze, empresario con amplia experiencia en el sector petrolero, habiendo trabajado en compañías como Raízen y Shell.
    La construcción de estos reactores nucleares forma parte del Plan Nuclear presentado en diciembre de 2024 por el presidente Javier Milei y el asesor presidencial Demian Reidel, quien tuvo un breve paso por Nucleoeléctrica Argentina antes de renunciar en medio de denuncias.
    En la presentación estuvieron también Luis Caputo, Teófilo Lacroze y Federico Ramos Napoli, joven secretario de Asuntos Nucleares vinculado al asesor con despacho en Casa Rosada, Santiago Caputo.
    El reactor modular se construirá en el complejo de Atucha, en Lima, localidad bonaerense de Zárate. La iniciativa será financiada íntegramente con capital privado, sin requerir aportes estatales, según confirmaron desde el Gobierno. Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares enfatizaron que detrás de la inversión está el Grupo Ansari, un inversor internacional que eligió a Argentina como plataforma para producir y eventualmente exportar esta tecnología al mundo.
    Hamid Ansari es un empresario e inversor tecnológico radicado en Estados Unidos desde hace décadas, con una trayectoria en los sectores de telecomunicaciones, tecnología e innovación.
    Meitner Energy buscará aplicar esta inversión al régimen Súper RIGI para acceder a beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros que se están debatiendo en el Congreso. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y permanece a la espera del aval del Senado.
    De concretarse, el proyecto daría lugar a la cuarta central nuclear del país y al primer reactor de este tipo construido en el mundo: un ACR-300 de tecnología argentina y manufactura nacional.
    La noticia surge en un contexto sensible para el sector nuclear, ya que esta semana la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidió a 61 trabajadores en un operativo que incluyó la intervención de Gendarmería.
    El Gobierno busca impulsar una mayor participación del sector privado. Por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina está en proceso de incorporar capital privado, que no podrá superar el 44% de las acciones de la compañía operadora de las tres centrales nucleares en funcionamiento.
    Un comunicado oficial de la Secretaría de Asuntos Nucleares, al que tuvo acceso este medio, confirma este “cambio de paradigma”. En el texto se subraya que el proyecto representa “la materialización de una idea de país” y señala que durante décadas el desarrollo nuclear argentino dependió de fondos públicos, financiamiento externo y decisiones condicionadas por el clima político de cada gestión. En contraste, el nuevo esquema pretende que sea “el capital privado el que arriesgue, invierta y empuje, mientras el Estado se repliega a su función esencial de garantizar reglas estables y previsibilidad”.

  • Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

    El oficialismo en Diputados dará inicio al debate de dos proyectos enviados esta semana por el Ejecutivo: la Ley de Lobby y el Súper RIGI comenzarán a analizarse en comisiones el próximo miércoles, con la participación de expositores.

    Desde la Cámara aseguran que el llamado «efecto mundial» no detendrá la actividad legislativa. «Somos libertarios, no prohibimos; quien quiera viajar que lo haga, aunque no será bien visto», afirmaron, anticipando un mes de junio con gran actividad parlamentaria.
    Este viernes, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de un nuevo proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La iniciativa contempla la creación de «sociedades automatizadas» que operen con inteligencia artificial y sin empleados, además de permitir que estas sociedades resuelvan conflictos internos en la justicia extranjera.
    En cuanto a la agenda del miércoles, a las 14 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, para tratar el proyecto de «Régimen de Gestión de Intereses» enviado por la Casa Rosada. Además, se considerarán otras propuestas presentadas por legisladores, como las de Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño. La iniciativa tiene como objetivo «garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales». Para ello, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas físicas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
    Una hora más tarde, a las 15, se reunirán las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva —que preside el libertario Bertie Benegas Lynch— para tratar el Súper RIGI, la prioridad fijada por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
    El proyecto busca incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores poco desarrollados o en fase experimental en el país, como inteligencia artificial, producción de baterías de litio y fabricación de autos eléctricos, entre otros. El régimen estaría vigente por cinco años y exigiría que al menos el 20% del monto invertido se ejecute durante los primeros dos años.
    Como incentivos, se contemplan una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, menor carga impositiva sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, y rebajas en las contribuciones patronales. Sin embargo, varias bancadas observan con atención el impacto de los beneficios fiscales, que podrían afectar las finanzas de provincias y municipios.
    En el Senado, La Libertad Avanza convocó a un plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, para avanzar en el tratamiento de la llamada ley de «Hojarasca», que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta norma busca derogar un conjunto de disposiciones consideradas obsoletas.

  • El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El Gobierno formalizó este martes el ingreso del proyecto de ley destinado a regular la actividad de los lobistas, con el objetivo de transparentar las negociaciones que empresas e intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para obtener mejores condiciones de contratación o intervenir en la redacción de leyes.

    La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue remitida a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, ambas bajo control oficialista.
    El oficialismo prevé comenzar la próxima semana el tratamiento en comisión de este proyecto, que establece los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas en el ámbito del Gobierno y el Congreso, con el fin de garantizar su publicidad y transparencia.
    La propuesta crea el Registro Público de Gestores de Intereses, en el que deberán inscribirse las personas o empresas que realicen estas gestiones. Asimismo, se instituye un Registro Público de Gestión de Intereses, que detallará las negociaciones relacionadas con la elaboración de leyes, políticas públicas, contratación pública, concesiones, permisos y autorizaciones, entre otros aspectos.
    El texto dispone que la información contenida en ambos registros será de carácter público y se publicará en formato digital, accesible y gratuito. Los reportes trimestrales presentados por los gestores deberán hacerse públicos dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrega a la autoridad de aplicación, la cual será designada por el Poder Ejecutivo, mientras que en el Congreso esta función corresponderá a las secretarías administrativas respectivas.
    El proyecto también establece que los exfuncionarios no podrán actuar como gestores ante el organismo donde se desempeñaron ni en asuntos en los que hayan intervenido durante un período de dos años desde su egreso.
    Además, incluye un capítulo específico para las empresas extranjeras, señalando que los gestores que las representen deberán presentar una declaración ante el Registro Público de Gestores de Intereses. La omisión, falsedad o reticencia en dicha declaración será considerada una infracción grave.
    Por otra parte, en Diputados se presentó el proyecto denominado Super Rigi, que establece una base de inversión de 1.000 millones de dólares bajo un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa, orientado a atraer proyectos de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
    Este régimen fija un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por un año adicional, y exige la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Además, establece el compromiso de invertir al menos el 20 % del monto base durante los dos primeros años desde la adhesión.

  • «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una modalidad similar a un “mini RIGI” destinada a impulsar proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas con desembolsos que van desde los US$150.000 hasta los US$9 millones.

    La iniciativa, oficializada este martes por ARCA junto con las secretarías de Agricultura y de Energía, contempla beneficios fiscales relacionados con la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de saldos técnicos de IVA.
    Este esquema fue incorporado en la ley 27.802 de Modernización Laboral y busca extender a las pymes incentivos tributarios comparables a los previstos en el RIGI para grandes inversiones.
    Según explicó ARCA, el régimen pretende “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de diversos sectores, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones”.
    El beneficio está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones, fundaciones, mutuales y otras entidades civiles. Para acceder, deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y estar registradas ante ARCA en las categorías habilitadas.
    Uno de los principales incentivos es la posibilidad de amortizar inversiones de manera acelerada en el Impuesto a las Ganancias. En el caso de bienes muebles amortizables, las empresas podrán deducir la inversión en dos cuotas anuales consecutivas, mientras que ciertas categorías especiales —como sistemas de riego, bienes de eficiencia energética o mallas antigranizo— podrán amortizarse íntegramente en un solo ejercicio.
    Asimismo, el régimen incluye la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA vinculados a inversiones productivas. De acuerdo con el tributarista Sebastián Domínguez, el sistema permitirá solicitar la devolución de esos saldos a favor luego de tres períodos fiscales mensuales desde que sea procedente su cómputo, mejorando el flujo de caja de las empresas y reduciendo el costo financiero de invertir.
    Los montos mínimos de inversión varían según el tamaño de la empresa: para microempresas, el piso será de US$150.000; para pequeñas empresas, US$600.000; para medianas tramo 1, US$3,5 millones; y para medianas tramo 2, US$9 millones. El plazo para concretar las inversiones será de dos años.
    Domínguez destacó que la publicación de la resolución conjunta “completa parte de la reglamentación” y deja al régimen “formalmente en condiciones de comenzar a operar”. Sin embargo, advirtió que aún faltan definiciones clave para que el esquema funcione plenamente.
    Entre los aspectos pendientes mencionó que ARCA no ha implementado el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma web mediante la cual las empresas deberán registrar proyectos, seleccionar beneficios y tramitar su adhesión. Tampoco se publicaron las normas que determinarán qué bienes específicos integrarán las categorías exceptuadas de los montos mínimos de inversión.
    El especialista también señaló que persisten dudas sobre el mecanismo de devolución del IVA y advirtió que los umbrales mínimos podrían excluir a una parte importante de las micro y pequeñas empresas. “US$150.000 para microempresas y US$600.000 para pequeñas empresas dejarán fuera a una porción significativa de las MiPyMEs, especialmente a las más pequeñas”, afirmó.
    A pesar de estas limitaciones, desde el sector empresario consideran que el RIMI representa un intento del Gobierno por generar un esquema de incentivos focalizado en inversiones productivas de menor escala, en un contexto de caída de la actividad económica y restricciones de financiamiento para las pymes.