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  • Detienen en Palermo al abogado de capos narcos rosarinos: hacía de nexo entre su cliente, sicarios y traficantes de cocaína

    Detienen en Palermo al abogado de capos narcos rosarinos: hacía de nexo entre su cliente, sicarios y traficantes de cocaína

    Martín Castillo, abogado penalista de reconocidos capos narcos rosarinos, fue detenido en el barrio de Palermo acusado de funcionar como nexo entre sus clientes detenidos y las redes criminales dedicadas al tráfico de cocaína. Castillo aprovechaba la inmunidad relativa que le otorga su condición de abogado para facilitar la comunicación entre presos de alta peligrosidad y sus sicarios y vendedores en la calle.

    Entre sus clientes se encuentran figuras como Fran Riquelme y Javier «El Morocho» Mansilla, quienes se encuentran aislados en el Régimen de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estos presos sólo mantienen contacto fluido e irrestricto con sus abogados, mientras que las visitas familiares son muy restringidas y supervisadas. Así, Castillo cumplía un rol clave al permitir que sus clientes transmitieran órdenes a sus subordinados mediante llamadas trianguladas: el preso habla por teléfono con el abogado, que a su vez utiliza otro dispositivo para comunicarse con terceros, ambos teléfonos en modo altavoz.
    La Justicia de Rosario venía monitoreando a Castillo, pero aceleró su detención tras interceptar el fin de semana pasado una conversación en la que Mansilla ordenaba colocar una bandera amenazante en Villa Gobernador Gálvez y sugería la posible comisión de un homicidio. Ante la gravedad de estos hechos, las fiscales rosarinas Marina Vigo y Mercedes Banchio solicitaron la captura del abogado. El operativo que culminó con su aprehensión contó con la participación de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe.
    Este caso guarda un antecedente directo en septiembre del año pasado, cuando fue detenido Iván Carlos Méndez, un abogado que fungía como “correo” para jefes narco presos. Méndez, con 15 clientes de alto perfil, fue interceptado al salir de una visita pactada con César Morán de la Cruz, alias “El Loco César”, en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. En su domicilio en la villa de Retiro se hallaron un arma ametralladora, municiones y cocaína. La investigación se originó a partir de tareas de inteligencia del SPF, que detectaron la circulación de mensajes mediante esta figura legal.
    En enero de 2025, René Ungaro, condenado a 20 años e internado en Marcos Paz, fue sancionado por entregar anotaciones a su madre para sus subordinados, en las que defendía su poder intacto, junto con un número de teléfono vinculado a Méndez. Desde entonces, se empezó a profundizar el seguimiento sobre el abogado, que mantenía contactos regulares con al menos nueve capos reconocidos, incluidos Uriel Luciano Cantero, procesado por tráfico de drogas y violencia armada.
    El dictamen fiscal sostiene que, ante las restricciones en sus comunicaciones, los internos recurren a sus abogados para reenviar mensajes a familiares y allegados, eludiendo las normas penitenciarias que limitan esos contactos debido al alto riesgo que implican. Estos intercambios no eran saludos o comunicaciones inocuas, sino órdenes que permitían mantener la operatividad del narcotráfico, con consecuencias directas en actos violentos y tráfico de grandes cargas de cocaína.

  • Perpetua para dos sicarios de la banda brasileña «Bala na cara»: mataron a un kiosquero al que acusaban de revelar donde escondían drogas

    Perpetua para dos sicarios de la banda brasileña «Bala na cara»: mataron a un kiosquero al que acusaban de revelar donde escondían drogas

    Dos miembros de la organización criminal brasileña “Bala na cara”, con sede en Porto Alegre, fueron condenados este viernes a prisión perpetua por el asesinato de un comerciante de Posadas en 2022. La víctima, Cristian Javier Díaz, fue atacada con seis disparos tras ser acusado por la banda de haber revelado la ubicación donde ocultaban un cargamento de 150 kilos de marihuana.

    El Tribunal Penal 2, integrado por César Yaya, Augusto Gregorio Busse y Martín Rau, dictó la sentencia contra David Wesley De Oliveira Silva (26) y Gabriel Guimaraes Da Silva (24), quienes se abstuvieron de declarar durante el juicio, a pesar de contar con traductores. Los magistrados consideraron probados su vínculo con el ataque ocurrido en la madrugada del 8 de mayo de 2022 en un kiosco del barrio Yacyretá.
    Entre las pruebas presentadas, se hallaron vestigios de pólvora en las prendas de los acusados, además de que ambos reconocieron haber estado en el lugar del hecho, aunque negaron relación directa con el crimen. El fiscal Vladimir Glinka solicitó su condena como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de más de dos personas.
    De Oliveira Silva ofreció una versión alternativa que no pudo corroborar. Manifestó que durante sus vacaciones en las playas de Santa Catarina conoció a una mujer argentina con quien inició una relación, pese a que ella estaba casada. Según su relato, acordaron que viajaría a Posadas para visitarla, y ese viaje llevó a que él y su amigo arribaran a la ciudad el 3 de mayo de 2022.
    Al llegar a la terminal de ómnibus intentaron sin éxito contactar a la mujer y, en busca de alojamiento, se dirigieron a un bar cercano, donde conocieron a Héctor “Leche” Rodríguez, quien les solicitó ayuda para encender su automóvil. Rodríguez les ofreció alojamiento sin costo y, durante los días siguientes, visitaron la ciudad y compraron bebidas en el kiosco de Díaz. Según el testimonio de De Oliveira Silva, la noche del crimen un encapuchado llegó al lugar y disparó al comerciante, por lo que ellos huyeron rumbo al vehículo de Rodríguez, que ya estaba encendido.
    En los alegatos finales, el fiscal Glinka afirmó que existió un acuerdo previo entre “Leche” y los imputados para quitarle la vida a Díaz, cada uno con un rol definido. Señaló que el asesinato fue un plan cuidadosamente pensado pero mal ejecutado, y que Rodrigues, quien permanece prófugo, tenía algún vínculo con la víctima, probablemente relacionado con la venta de drogas.
    Asimismo, destacó que los brasileños actuaron con seguridad pues sabían que Díaz no estaba armado. Precisó que fue Wesley quien disparó primero con una pistola calibre 9 milímetros; el primer disparo impactó en un mueble, avasallando a Díaz, quien cayó al suelo, y posteriormente efectuó seis disparos más, todos dirigidos al cuerpo del comerciante.
    La defensa, a cargo de la abogada Ramona Gómez, solicitó la absolución por duda razonable, señalando que no se pudo comprobar el acuerdo previo para el asesinato y enfatizando que toda la responsabilidad recaía en el prófugo Rodríguez. Gómez sostuvo que sus defendidos simplemente fueron “parte de un error de lugar y tiempo”.
    Durante el juicio, se mantuvo como principal hipótesis que Díaz fue asesinado porque la organización perdió meses antes 150 kilos de marihuana incautados por Gendarmería, y lo responsabilizaban de haber facilitado la información que permitió la operación.
    Por seguridad, el Tribunal ordenó reforzar la vigilancia en el edificio donde se desarrolló el proceso, temiendo posibles represalias por parte de miembros de la organización criminal que, además de operar en Río Grande do Sul, extiende su influencia hacia Argentina.