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  • Elecciones en la CTA Autónoma: Muntes anticipó una agenda de unidad sindical – El Miércoles Digital

    Elecciones en la CTA Autónoma: Muntes anticipó una agenda de unidad sindical – El Miércoles Digital

    Más de 20.000 trabajadores y trabajadoras están habilitados para votar este jueves en las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma en Entre Ríos. Oscar Muntes encabeza la lista única provincial y planteó como principales desafíos la articulación con otras centrales sindicales, la defensa del empleo y la construcción de un proyecto de país que incluya a los trabajadores.
     
    La elección se desarrollará de 8 a 18 y contará con mesas distribuidas en los 17 departamentos de la provincia. Al tratarse de una elección voluntaria, no habrá sanciones para quienes no concurran a votar, aunque desde la central remarcaron la importancia de la participación para fortalecer la democracia interna de la organización.

    En diálogo con APF, Muntes destacó que el padrón provincial está integrado principalmente por trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), además de organizaciones de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) y otros sectores y afiliados independientes que se incorporaron a la central.

    El dirigente explicó que su decisión de encabezar la lista responde a la necesidad de consolidar la organización en un contexto que definió como “complejo y difícil”. “Necesitamos cada uno de los militantes, los trabajadores y trabajadoras poner el cuerpo, poner la fuerza y la sapiencia que tenemos para colaborar y aportar”, sostuvo.

    En ese sentido, planteó que el desafío no se limita a la elección, sino que se extiende al trabajo posterior al 21 de agosto, con el objetivo de fortalecer la presencia de la CTA Autónoma en toda la provincia.

    Entre los objetivos mencionó evitar que avancen las políticas que, según consideró, perjudican a los trabajadores, participar de un “gran frente electoral” y reafirmar un proyecto de país que incluya a todos los argentinos y argentinas, manteniendo la independencia política de la central.

    Críticas al Gobierno provincial

    Durante la entrevista, Muntes cuestionó la relación de la CTA Autónoma con la gestión de Rogelio Frigerio y consideró que actualmente el diálogo con el Gobierno provincial es “muy difícil”.

    “Siguen cerrando pymes constantemente en la provincia de Entre Ríos, seguimos perdiendo puestos de trabajo y las perspectivas de nuestra provincia no son las mejores”, afirmó.

    También cuestionó la ausencia, a su entender, de un plan económico y de desarrollo provincial que permita generar perspectivas de futuro para los trabajadores. “Hasta ahora, para el sector privado y el sector estatal, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos no está gobernando”, sostuvo Muntes.

    Uno de los ejes planteados por el candidato es profundizar la articulación con otras organizaciones sindicales. En particular, señaló que la CTA Autónoma buscará trabajar coordinadamente con la CTA de los Trabajadores y avanzar en acciones conjuntas con la CGT.

    Muntes también destacó los 10 puntos elaborados en conjunto por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores como una propuesta para “sacar de la urgencia y la emergencia” al país.

    Dos listas a nivel nacional

    A diferencia de Entre Ríos, donde se presenta una lista única, a nivel nacional competirán dos listas.

    Muntes expresó su respaldo a la Lista 1 “Germán Abdala”, encabezada a nivel nacional por Hugo “Cachorro” Godoy. También mencionó a los candidatos que lo acompañan en la conducción nacional, entre ellos la dirigente cordobesa Anda Madakovic y Pablo Spataro, de Capital Federal.

    Según explicó, la elección nacional será parte de una definición sobre el rumbo de la central en un escenario que consideró “crucial” para el país.

    En Entre Ríos, Muntes estará acompañado en la conducción provincial por Iris Patterer como secretaria general adjunta junto a Esteban Olarán, como secretario adjunto.

     
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  • Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Una por una, las quejas de la CGT contra la reglamentación de la reforma laboral y su impacto en el poder sindical

    Más controles sobre los sindicatos, mayor competencia por la representación de los trabajadores, limitaciones al financiamiento de las organizaciones gremiales y un fondo de indemnizaciones que, según la CGT, no asegura el pago a los despedidos. Estos puntos, junto con la renegociación obligatoria y masiva de los convenios colectivos, constituyen los principales cuestionamientos de la central obrera a la reglamentación de la reforma laboral oficializada el pasado lunes por el Gobierno.

    Mediante un pronunciamiento y un documento específico, la conducción de la CGT acusó a la administración de Javier Milei de “avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical” en el país. Además, señaló que el decreto reglamentario 407 representa “una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.
    En particular, la CGT rechazó que la reglamentación modifique la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, al incorporar disposiciones que, según la central, alteran el espíritu y alcance de la ley y modifican aspectos que solo pueden definirse por el Poder Legislativo.
    El punto más controversial se vincula con el artículo que fomenta la competencia en la representación sindical, al reducir del 20% al 5% el mínimo porcentaje de afiliados cotizantes requerido para que una organización pueda disputar la personería o la representación mayoritaria dentro de una actividad. Para los líderes cegetistas, esta medida facilitará la creación de nuevos sindicatos y aumentará las disputas por encuadramiento.
    En contraste, el decreto oficial sostiene que dicho cambio busca “fortalecer la transparencia, ampliar la representatividad en los diversos ámbitos, la verificabilidad de la representación y el funcionamiento democrático, en línea con los principios de modernización institucional”.
    ### Mayor control sobre los gremios
    La preocupación sindical crece debido a que el decreto introduce límites y requisitos para la representación gremial dentro de las empresas. Se establece que “los cuerpos directivos de las asociaciones sindicales estarán integrados por un número de miembros que no exceda una razonable proporcionalidad con la cantidad de afiliados cotizantes” en la firma.
    Asimismo, las organizaciones que soliciten su inscripción ante las autoridades laborales deberán presentar una declaración jurada patrimonial. También se incorporaron mecanismos para verificar la cantidad de afiliados a través del cruce de datos del SIPA y otras bases públicas.
    Además, ante convenios colectivos aplicables en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador correspondientes a dichas jurisdicciones, cuando sea necesario para una adecuada integración del ámbito de representación.
    El Gobierno justificó esta medida diciendo que busca reflejar las diferencias de productividad entre regiones. En su interpretación, esto es distinto de la negociación colectiva de carácter seccional y nacional, que establece condiciones uniformes para todos los establecimientos del mismo sector productivo. Sin embargo, las organizaciones sindicales advierten que esta postura favorece la negociación de convenios por empresa por sobre los acuerdos sectoriales.
    ### Reclamos por el fondo para despidos
    Por otra parte, en un informe difundido por la delegación de la CGT presente en la conferencia anual de la OIT en Ginebra, se expresaron diversas críticas hacia el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones y que comenzará a funcionar desde noviembre, con posibilidad de uso por parte de las empresas a partir de abril de 2027.
    Los sindicalistas advirtieron que el empleador tendrá la potestad de decidir si utiliza o no los recursos acumulados en la cuenta habilitada, por lo que no se garantiza el pago de la indemnización a los trabajadores.
    Además, señalaron que los fondos serán considerados inembargables, lo que impedirá a los trabajadores ejecutar esos recursos en caso de falta de pago por parte del empleador.