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  • Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y dijo que Argentina es «un socio indispensable»

    Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y dijo que Argentina es «un socio indispensable»

    Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y dijo que Argentina es «un socio indispensable»

    El gobierno de Donald Trump felicitó este jueves al pueblo argentino con motivo del 210º aniversario de la Independencia y señaló que Argentina “se ha convertido en un socio indispensable” en el hemisferio.

    En un comunicado firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos emitió los saludos tradicionales que habitualmente dirige a los países en sus principales celebraciones patrias. Más allá del protocolo, estos mensajes suelen reflejar la importancia estratégica que una nación tiene para Washington.
    “En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia”, expresó Rubio.
    El comunicado continúa afirmando: “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio”, reforzando así la noción de una alianza estratégica con el gobierno de Milei.
    Además, Rubio destacó que “Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”, sectores en los que ambos países han trabajado recientemente y en los que pretenden fortalecer su asociación.
    Durante la gestión de Trump, se firmó un acuerdo comercial y de inversión con Argentina, convirtiéndolo en uno de los primeros países en suscribir un pacto tras la aplicación de aranceles recíprocos a nivel mundial. También se concretaron acuerdos relacionados con minerales críticos para tecnología e inteligencia artificial, orientados a crear una zona segura ante posibles problemas en las cadenas de suministro.
    El comunicado agregó que “juntos estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región. El liderazgo basado en principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía es un ejemplo poderoso”. Este pasaje subraya la afinidad ideológica y las expectativas respecto al rol de Argentina en el continente.
    Finalmente, Rubio expresó: “De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá produciendo resultados significativos para ambas naciones y para nuestro hemisferio en su conjunto”.
    Desde el inicio de su mandato, el presidente Javier Milei ha establecido una alianza explícita con Estados Unidos, que considera su “principal socio”, junto con Israel. Si bien esta relación comenzó durante la administración de Joe Biden, se estrechó aún más con la llegada de Trump a la Casa Blanca, con múltiples viajes del mandatario argentino a Estados Unidos, apoyo en diversos foros internacionales, apertura de inversiones y otros gestos de colaboración.
    Asimismo, Trump ha respaldado a Argentina en sus gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, con un swap de divisas que contribuyó a estabilizar la economía antes de las elecciones de octubre pasado, además de brindar apoyo explícito a los candidatos de Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

  • Reabren una causa contra el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por el intento de compra de un hotel

    Reabren una causa contra el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por el intento de compra de un hotel

    Reabren una causa contra el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por el intento de compra de un hotel

    La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice, histórico socio de Máximo Kirchner, en la causa que investiga la compra del hotel Waldorf, bajo la sospecha de que actuó como supuesto testaferro del ex presidente Néstor Kirchner para blanquear dinero de origen ilícito.

    La decisión fue adoptada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y consideraron que el cierre de la investigación había sido «prematuro», por lo que ordenaron continuar con la pesquisa.
    Sanfelice, considerado una pieza clave en el crecimiento patrimonial de los Kirchner durante la expansión de sus negocios inmobiliarios y hoteleros, permanece hoy procesado únicamente en la causa Hotesur-Los Sauces, elevada a juicio oral junto a Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, y otros empresarios. También estuvo procesado en una causa por supuesto lavado de dinero a través de su empresa Agosto, e investigado en otras, aunque hasta el momento no ha sufrido mayores consecuencias dentro del entorno kirchnerista.
    La investigación por la compra del hotel Waldorf apunta a determinar si Sanfelice adquirió el establecimiento ubicado en Paraguay 450, en el centro porteño, para darle apariencia de legalidad a fondos provenientes de presuntos hechos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y reinsertarlos en el circuito económico. Previamente, Kirchner había comprado los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y La Aldea.
    El expediente se inició hace más de una década. Durante la instrucción se investigaron tanto la compra del hotel como su funcionamiento posterior. Una de las hipótesis planteaba que, tras la adquisición, el establecimiento habría servido para canalizar dinero mediante facturación por hospedajes inexistentes a empresas supuestamente vinculadas con maniobras de corrupción.
    Sin embargo, un peritaje contable realizado por la Prefectura Naval e incorporado a fines de 2024 descartó esta última hipótesis. El juez federal Daniel Rafecas, entonces, entendió que no existían elementos suficientes para sostener que Sanfelice no hubiera podido justificar la compra con fondos propios y préstamos declarados, entre ellos un crédito otorgado por el empresario de medios Fabián De Sousa, por lo que dictó su sobreseimiento.
    No obstante, la Cámara sostuvo que persisten interrogantes centrales sin resolver. En su voto, el juez Irurzun advirtió que el peritaje nunca pudo determinar si el dinero prestado por De Sousa fue efectivamente utilizado para la compra del hotel. Además, señaló que no se investigó el origen de esos fondos, aspecto que consideró indispensable antes de cerrar definitivamente la causa.
    «Debe proseguirse la pesquisa respecto de los fondos utilizados por Sanfelice para la adquisición del paquete accionario del Hotel Waldorf», afirmó el camarista.
    El fallo recuerda que Sanfelice entregó en diciembre de 2008 una seña de 100.000 dólares para la compra del hotel. En abril de 2009 firmó el boleto de compraventa correspondiente al 88% de las acciones, por un total de 1.750.000 dólares; la operación fue inicialmente realizada «en comisión», es decir, en representación de un tercero cuya identidad nunca fue aclarada.
    Posteriormente, Sanfelice adquirió el establecimiento para sí mismo y, entre 2010 y 2014, elevó su participación hasta controlar el 97,74% de las acciones de la sociedad propietaria.
    Para el juez de primera instancia, esta circunstancia permitía concluir que la supuesta maniobra para ocultar a los verdaderos compradores no se concretó. Sin embargo, la Cámara consideró que esta explicación no resulta suficiente para descartar la hipótesis de lavado de activos.
    «La circunstancia de que Sanfelice haya actuado inicialmente en representación de terceras personas para luego terminar adquiriendo el hotel por sí mismo no descarta la posible configuración de una maniobra de lavado de activos», sostuvo el tribunal al aceptar el principal argumento de la UIF.
    Irurzun también vinculó este expediente con el juicio oral por Hotesur-Los Sauces, donde Sanfelice y De Sousa están acusados de integrar una asociación ilícita destinada a reciclar fondos públicos mediante actividades hoteleras e inmobiliarias. En ese contexto, aseguró que no puede descartarse la sospecha sobre el origen del dinero utilizado para la compra del Waldorf.
    «La falta de certeza negativa es incompatible con el temperamento adoptado», concluyó al revocar el sobreseimiento.
    El juez Farah acompañó la decisión, aunque expresó su preocupación por la demora en la investigación. Señaló que la causa lleva diez años en trámite sin que se haya indagado a ningún imputado y cuestionó la escasa actividad impulsada por la propia UIF durante buena parte del proceso.
    No obstante, coincidió en la necesidad de profundizar la investigación sobre el origen de los fondos que utilizó Sanfelice y de confrontar esa información con las declaraciones de De Sousa.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juzgado federal para continuar la pesquisa y llevar adelante las medidas de prueba pendientes, antes de resolver nuevamente la situación procesal del empresario santacruceño.

  • Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    No se trata de Libra, Andis ni Adorni. El caso judicial que más avances presenta respecto al poder libertario en investigaciones vinculadas a imputados es el de OSPRERA, la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina, creada para atender a los afiliados del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La Justicia investiga la intervención de esta entidad, decretada durante la gestión presidencial de Javier Milei.

    La hipótesis es que, bajo esa administración temporal, se cometieron varios delitos de corrupción. Fondos multimillonarios fueron desviados desde la obra social para beneficiar a una empresa sospechada de ser una cáscara vacía. El principal accionista de dicha empresa es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
    Aguirre deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 13 de agosto a las 12 del mediodía en los tribunales. Según la Justicia, los interventores de OSPRERA desviaron al menos 260 millones de pesos a cuentas de la firma HTech Innovation, perteneciente a Aguirre, en coordinación con Eduardo «Lule» Menem, primo de Martín Menem y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dirección de Karina Milei.
    El juez Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Aguirre. El fiscal a cargo de la investigación es Guillermo Marijuán, quien en abril pasado solicitó la indagatoria junto a otros involucrados. Marijuán señaló que «Lule» Menem tuvo un rol crucial en la designación de los interventores que firmaron y renovaron el contrato mediante el cual HTech Innovation facturó más de 260 millones de pesos a OSPRERA. La empresa fue inscripta en abril de 2024 y emitió su primera factura en noviembre del mismo año.
    La primera interventora que autorizó dicha contratación fue Virginia Montero, quien asumió en agosto de 2024 y renunció el 28 de noviembre. Su reemplazo, Marcelo Petroni, renovó el contrato con HTech Innovation. Esta firma facturó exclusivamente a OSPRERA, acumulando un total de 262 millones de pesos.
    Aguirre es socio de Martín Menem desde el 1 de agosto de 2018 en TR Nutrition SRL, dedicada a la fabricación y comercialización de complementos nutricionales. Aunque esta empresa tuvo un crecimiento exitoso pero no fuera de lo común, la llegada de los Menem al poder habría facilitado el notable y cuestionado éxito de Aguirre con HTech Innovation, cuyo otro socio es Stefano Zanetti.
    El viernes pasado, el juez Casanello dispuso la declaración indagatoria del socio de Martín Menem, los interventores de OSPRERA y otros imputados, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Además, ordenó un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los acusados.
    En el fallo, Casanello señaló que «el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros». Desde abril, el juzgado llevó a cabo medidas propias para consolidar los argumentos presentados por el fiscal, corroborando la gravedad de la documentación probatoria. La convocatoria a indagatoria refleja la seriedad de la investigación.
    Marijuán demostró que los dos interventores de OSPRERA mantuvieron comunicaciones y encuentros en sus despachos con Eduardo «Lule» Menem y también con Martín Menem. En un mensaje de WhatsApp fechado el 18 de diciembre de 2024, el exinterventor Petroni escribió: «Hola, Edu. Me tengo que reunir con Martín y Lule a las 9:30». Otro chat del 9 de enero de 2025 menciona una reunión en Casa Rosada con Martín Menem. Petroni estaba agendado en el teléfono del presidente de la Cámara de Diputados con nombre y apellido.
    Asimismo, Petroni le envió mensajes a Aguirre el 20 de enero de 2025 pidiéndole avisar a «Lule» y destacando que «eso lo tienen que saber Martín y Lule». Aguirre mantenía además un vínculo fluido con Martín Menem, su socio en TR Nutrition.
    El primo de Martín Menem, «Lule», recibió en su despacho tanto a Aguirre como a los exinterventores de la obra social que le generaron millonarias ganancias al socio de su primo. Incluso, Aguirre se reunió en Casa Rosada con «Lule» y la exinterventora Virginia Montero el 5 de julio de 2024, antes de que HTech Innovation fuera contratada por OSPRERA. Para la Justicia, esta coincidencia no fue casual.
    En el dictamen, Marijuán describe a HTech Innovation como «esta sociedad» vinculada con Martín Menem. Casanello avaló esta visión y ordenó las indagatorias. Ningún otro expediente por corrupción ha avanzado tanto hasta formalizar la indagatoria de un hombre que, aunque no ocupa un cargo público, integra el poder libertario a través de sus vínculos financieros y personales, como Sergio Aguirre.
    El fiscal subrayó que el nexo común entre los interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni y el beneficiario del contrato millonario es «Lule» Menem, quien reunió a todas las partes en su despacho en la Casa de Gobierno. Sin embargo, por ahora ninguno de los Menem está imputado en esta causa. Los

  • El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, avanzó significativamente en el proceso de licitación del Canal de la Ciudad. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolvió que corresponde adjudicar la concesión de la señal porteña a Cale Group, la empresa del joven empresario Augusto Marini, propietario de los canales de streaming Blender y Carajo, este último en sociedad con Daniel “Gordo Dan” Parisini.

    El dictamen favorece a la compañía que, el mes pasado, presentó la oferta económica más alta para obtener el gerenciamiento operativo del canal de televisión pública de la Ciudad. Cale Group propuso un canon mensual de 50 millones de pesos, frente a los 15 millones ofrecidos por Argentinos Media, empresa del empresario Marcelo González, dueño de la radio AM 950.
    Con esta resolución, el proceso para conceder el Canal de la Ciudad por cinco años entra en su etapa final. Se abrió un breve período para presentar impugnaciones y, de no surgir objeciones, el Gobierno porteño estaría en condiciones de adjudicar formalmente la concesión en los próximos días.
    La decisión tiene un fuerte impacto político y empresarial, dado que el Canal de la Ciudad es el principal medio público audiovisual de la administración porteña y porque el grupo mejor posicionado para su operación está encabezado por Marini, quien en los últimos años ha construido un holding con amplia presencia en el sector del streaming y mantiene vínculos con referentes de distintos espacios políticos.
    El Canal de la Ciudad, señal pública del Gobierno porteño, cuenta actualmente con unos 150 empleados entre personal periodístico, técnico y administrativo. Fue creado en 2003 bajo el nombre Ciudad Abierta y relanzado en 2016 con su denominación actual durante la gestión del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces, se consolidó como uno de los medios públicos más relevantes de la Ciudad, con una programación orientada a la información, la cultura y la cobertura de eventos de interés general.
    La licitación original también contemplaba un concurso para conceder la gerencia de las radios públicas La Once Diez y FM 2×4, aunque ninguna empresa presentó ofertas para gestionarlas, por lo que estos procesos deberán ser redefinidos en el futuro.
    ### Enfrentamiento entre Macri y el Gobierno nacional
    El avance en la licitación del Canal de la Ciudad ocurrió a pesar de la fuerte oposición del Gobierno nacional. En las semanas previas, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, intimó en varias ocasiones a la administración porteña para que suspendiera el proceso, argumentando que la concesión podría vulnerar el principio de “indelegabilidad” del canal, previsto en la normativa vigente para servicios de comunicación audiovisual.
    Ozores advirtió a Macri mediante carta documento que, de concretarse la adjudicación a una empresa privada, ello constituiría una falta grave, sancionada con la caducidad de la licencia o registro. Desde el Gobierno porteño calificaron en ese momento la oposición del Ejecutivo nacional como “llamativa, insistente e inexplicable” frente a la intención de avanzar con la licitación.
    Ante esta situación, Jorge Macri decidió continuar con el proceso, señalando que el objetivo es lograr una gestión más eficiente de los medios públicos, reduciendo costos para el Estado sin perder el control sobre la señal.
    La licitación impulsada por la gestión de Macri no implica la venta del canal, sino la concesión por cinco años de su gerenciamiento operativo, manteniendo la propiedad en manos del Estado porteño.
    “Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, afirmó Macri el día que se abrieron las propuestas económicas.
    Desde el inicio, Cale Group se posicionó como el principal candidato para quedarse con el Canal de la Ciudad. Su oferta económica, de 50 millones de pesos mensuales, prácticamente quintuplicó el precio base previsto para la concesión y superó con creces la propuesta de Argentinos Media.
    Para llevar adelante el proyecto vinculado al canal porteño, Marini incorporó a Liliana Parodi, exgerenta de Programación del Grupo América y figura de amplia trayectoria en la televisión abierta, quien lidera el equipo preparado para conducir la operación en caso de concretarse la adjudicación.
    El desembarco de Cale Group en el Canal de la Ciudad marca un nuevo paso en la expansión de Augusto Marini en el sector de medios. Con poco más de 30 años, logró consolidar un conglomerado que reúne proyectos audiovisuales con perfiles editoriales muy diversos.
    Marini es un empresario bonaerense oriundo de General Las Heras, con vínculos estrechos con líderes del gobierno de Misiones, donde mantiene relaciones con el hijo del exgobernador Carlos Rovira y desarrolla negocios que van desde el sector agropecuario a una plataforma de salud operativa en el sistema público provincial.
    Además, estableció una relación de confianza con el gobierno de Javier Milei, especialmente con “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Santiago Caputo, a través de Daniel “Gordo Dan”, a quien cedió el 35% de Carajo. Este canal libertario, lanzado en 2024, tiene como programa emblemático La Misa, conducido por el propio Gordo Dan.
    En mayo del año pasado, Carajo alcanzó uno de sus picos de audiencia con la visita de Javier Milei y su entonces vocero Manuel Adorni al programa La Misa, donde Gordo Dan mantuvo una extensa entrevista de seis horas con ambos funcionarios, estableciendo un récord como la entrevista más larga a un

  • Por primera vez desde la Guerra de Malvinas, Argentina integra un acuerdo comercial en el que es socio del Reino Unido

    Por primera vez desde la Guerra de Malvinas, Argentina integra un acuerdo comercial en el que es socio del Reino Unido

    Por primera vez desde la Guerra de Malvinas, Argentina integra un acuerdo comercial en el que es socio del Reino Unido

    Con su estilo habitual de anunciar hechos de gran alcance mediante un tuit y una sonrisa contenida, el canciller Pablo Quirno informó esta semana durante su gira europea que el gobierno argentino formalizó su intención de integrarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

    Aún poco conocido en Argentina, el CPTPP (por sus siglas en inglés, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) es uno de los acuerdos comerciales más relevantes en la actualidad. Se caracteriza por ser uno de los pactos más exigentes, con eliminación gradual de aranceles en un cronograma progresivo que puede extenderse entre 10 y 15 años para productos considerados sensibles, además de incluir reducciones inmediatas en bienes y servicios desde la entrada en vigor en cada país.
    Este acuerdo reviste para Argentina una importancia histórica: el CPTPP será el primer tratado comercial internacional en el que el país tendrá como socio al Reino Unido desde la guerra de las Islas Malvinas en 1982, lo que implica profundas implicancias, especialmente por la disputa de soberanía sobre las islas.
    El Reino Unido fue el último en solicitar su incorporación al bloque, que actualmente está integrado por doce países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Reino Unido y, ahora en proceso, Argentina y Uruguay.
    El CPTPP funciona como un mecanismo de integración, no como una organización formal, y representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, abarcando a unos 595 millones de personas. Constituye una de las mayores zonas de libre comercio a nivel global, comparable en magnitud con el reciente acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que incluye a unos 700 millones de personas.
    Argentina y el Reino Unido comparten espacios en diversas instancias internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20, de donde Londres intentó excluir a Argentina por las disputas sobre las Malvinas. Sin embargo, tras la salida británica de la Unión Europea, el CPTPP representa la primera instancia real de un acuerdo comercial que involucra a ambos países, con cláusulas políticas en las que la cuestión Malvinas tendrá un peso significativo. Esto genera incertidumbre respecto a la condición de las islas como Territorio de Ultramar británico.
    El auge global del CPTPP, que motivó el interés argentino, surge también como una alternativa frente a la política arancelaria proteccionista impulsada por Donald Trump en Estados Unidos. Esta realidad incluso ha acelerado las negociaciones entre la Unión Europea y el CPTPP para conformar una red comercial más integrada y menos dependiente del mercado estadounidense.
    El presidente Javier Milei, con una fuerte dependencia política y financiera de Estados Unidos, tiene asimismo una impronta económica pragmática, como queda en evidencia en su complicada relación con China a pesar de las presiones de Washington. También se reflejan esta postura en la firma del tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, así como en la aspiración de Argentina para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
    De este modo, el acercamiento argentino al CPTPP y las negociaciones entre este bloque y la Unión Europea evidencian que este acuerdo no se percibe únicamente como un pacto transpacífico, sino como una plataforma estratégica para reconfigurar el comercio internacional frente a la incertidumbre generada por la política económica estadounidense.
    Sin embargo, en Argentina persisten importantes interrogantes que el gobierno aún no ha aclarado públicamente. En primer lugar, queda pendiente cómo se abordará la cuestión Malvinas y el reclamo de soberanía ante los demás miembros del CPTPP, incluido el Reino Unido. Se sabe que Taiwán y China buscan sumarse, mientras que Estados Unidos se retiró y no ratificó el acuerdo, factores que podrían generar tensiones políticas en un tratado principalmente comercial.
    En la red social X, Quirno señaló: «Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo».
    Fuentes gubernamentales y parlamentarias consultadas por Clarín indicaron que persisten dudas sobre el alcance del acuerdo, que responde a una postura aperturista y liberal, pero cuyo proceso de adhesión demandará varios años. Además, a diferencia de procesos anteriores, no hubo información clara sobre si la adhesión al CPTPP recibió las aprobaciones formales necesarias. La Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, a cargo del diplomático Fernando Brun, y la Consejería Legal, dirigida por el embajador Mario Oyarzabal, no brindaron detalles sobre este aspecto.
    En comparación, durante la gestión de Mauricio Macri, tanto él como su Secretario Económico Internacional Horacio Reyser, y la ex canciller Diana Mondino junto con su coordinador nacional Marcelo Cima, ofrecieron explicaciones a empresarios y legisladores sobre los acuerdos internacionales en ciernes. Actualmente, ni Quirno ni Brun han hecho presentaciones similares respecto al acuerdo con Estados Unidos o la posible incorporación al CPTPP, lo que evidencia una falta de comunicación clara hacia el Congreso y el sector empresario.
    En relación con la disputa por las Malvinas, el gobierno explora la posibilidad de un acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido o a través del Mercosur. Un artículo del CPTPP establece que el tratado puede extenderse a otros territorios bajo administración británica si todos los miembros aceptan mediante intercambios diplomáticos. Actualmente, se mencionan Gibraltar, Guernsey, Jersey e Isla de Man, pero no las Islas Falkland (Malvinas).
    Antes del Brexit, las Malvinas