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  • El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    La audiencia se realizó este miércoles ante los vocales Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. La defensa de Ruiz Orrico está representada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez. El ex funcionario no estuvo presente en la sala.

    El siniestro ocurrió el 20 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. Como consecuencia del impacto murieron Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada, quienes viajaban en el otro vehículo involucrado.

    La discusión se concentra en el monto de la condena

    El abogado querellante Mario Arcusin, representante de familiares de las víctimas, explicó que la defensa no cuestionó en esta instancia la responsabilidad penal de Ruiz Orrico, sino la determinación de la pena.

    El letrado sostuvo que el tribunal debe establecer si los cinco años y ocho meses de prisión resultan adecuados teniendo en cuenta las circunstancias particulares del hecho. En ese análisis, la querella defendió el criterio utilizado por los magistrados que intervinieron previamente.

    Entre los elementos considerados en las instancias anteriores, Arcusin mencionó la utilización de un vehículo oficial para fines privados, la condición de funcionario público de Ruiz Orrico y la conducción bajo los efectos del alcohol.

    Según planteó el abogado, estos aspectos se encuentran contemplados dentro de las circunstancias agravantes previstas por el artículo 84 bis del Código Penal para los homicidios culposos cometidos mediante la conducción de un vehículo.

    La querella cuestionó un cálculo proporcional de la pena

    Durante la audiencia, Arcusin rechazó que la determinación de la condena pueda resolverse mediante una operación matemática vinculada con la cantidad de víctimas.

    El representante de las familias sostuvo que corresponde analizar la gravedad concreta del hecho y las circunstancias que lo rodearon, en lugar de establecer una proporción entre el número de personas fallecidas y el máximo de pena previsto por la legislación.

    La postura de la querella apunta, de esta manera, a sostener la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva que ya fue dictada y posteriormente revisada en las instancias correspondientes.

    La intervención del Ministerio Público Fiscal

    Durante la audiencia también expuso el procurador general Jorge Amílcar García.

    Al finalizar, Lorena Dubini, madre de Lucas y Brian Izaguirre, destacó ante Arriba Noticias algunos de los conceptos expresados por el funcionario judicial. En particular, mencionó que García señaló que Ruiz Orrico reconoció lo ocurrido durante una segunda audiencia, cuando ya se habían incorporado las pruebas en su contra. Dubini resaltó que el Procurador lo hizo como respuesta a la defensa del ex funcionario provincial, que como atenuante a la pena, expresó que su patrocinado reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

    La familia también cuestionó el tiempo que lleva el proceso. Dubini expresó que regresaba a Basavilbaso con la expectativa de que se haga justicia, pero también con la sensación de que los plazos se extienden y de que las familias deben atravesar nuevas demoras.

    Las familias de las víctimas reclaman justicia, que se mantenga la pena y Orrico quede detenido.
    Cuándo se conocerá el fallo

    De acuerdo con lo informado tras la audiencia, el pronunciamiento podría conocerse en un plazo estimado de entre 10 y 20 días. Las familias de las víctimas esperan que la resolución sea comunicada antes de ese período.

    El fallo definirá si se mantiene la condena de cinco años y ocho meses de prisión o si el monto de la pena es modificado. La resolución del Superior Tribunal agotará, en principio, la instancia judicial provincial, sin perjuicio de las vías que eventualmente pueda utilizar la defensa ante la Justicia federal.

    El pedido de cumplimiento efectivo

    La querella anticipó que, si se mantiene la pena de prisión efectiva, solicitará que se concrete su cumplimiento y que se comunique la resolución al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

    Arcusin señaló que hasta el momento la defensa no había solicitado una modalidad alternativa de cumplimiento, como el arresto domiciliario. La eventual ejecución de la condena y los efectos de una posible presentación ante la Corte Suprema dependerán de las decisiones que adopte el tribunal y de los planteos posteriores que puedan formular las partes.

    Ruiz Orrico fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado a raíz del choque de la ruta provincial 39. La sentencia también estableció una inhabilitación para conducir.

    Ahora, la Sala Penal del STJ deberá resolver la impugnación extraordinaria y determinar si confirma la pena impuesta o si corresponde modificarla.

  • Caso Ruiz Orrico: el STJ analizará el pedido de la defensa para reducir la condena – Arriba Noticias

    Caso Ruiz Orrico: el STJ analizará el pedido de la defensa para reducir la condena – Arriba Noticias

    Caso Ruiz Orrico: el STJ analizará el pedido de la defensa para reducir la condena – Arriba Noticias

    El expediente por la tragedia vial ocurrida en la Ruta Provincial 39 tendrá una nueva instancia judicial el próximo 23 de septiembre, a las 10, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analice el recurso extraordinario presentado por la defensa de Juan Ruiz Orrico.

    El ex funcionario provincial fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por su responsabilidad penal en el siniestro en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso.

    Según se desprende del planteo presentado por sus abogados, Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, la estrategia no apunta a revertir la declaración de culpabilidad. El objetivo concreto es lograr una reducción de la pena que ya fue impuesta y posteriormente confirmada en una instancia superior.

    Una audiencia clave

    La audiencia ante el máximo tribunal provincial constituirá una nueva etapa en el recorrido judicial del caso. Allí se expondrán los argumentos vinculados con el monto de la condena, mientras que la responsabilidad penal por el hecho no forma parte del cuestionamiento central planteado por la defensa.

    Ruiz Orrico fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, a raíz del choque frontal ocurrido durante la madrugada del 20 de junio de 2024.

    Mientras continúa el trámite de las distintas instancias judiciales, el condenado permanece bajo una modalidad de libertad morigerada y con restricciones.

    La tragedia que conmocionó a Basavilbaso

    El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo ubicado entre Caseros y Herrera. De acuerdo con las pericias incorporadas durante el juicio, Ruiz Orrico circulaba al mando de un vehículo oficial perteneciente al Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER).

    La investigación judicial estableció que el automóvil habría cruzado al carril contrario y protagonizado un impacto frontal con el vehículo en el que se desplazaban cuatro trabajadores.

    Como consecuencia del choque murieron Brian Izaguirre, de 32 años; Lucas Izaguirre, de 26; Leonardo Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23.

    Los cuatro eran oriundos de Basavilbaso y viajaban hacia una planta avícola ubicada en Pronunciamiento, donde debían comenzar su jornada laboral.

    Durante el proceso también se determinó que Ruiz Orrico presentaba 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

    Qué puede suceder después

    La resolución que adopte la Sala Penal del STJ será determinante para definir el futuro de la condena.

    En caso de que el máximo tribunal entrerriano rechace el planteo y se consideren agotadas las vías provinciales, la defensa todavía podría intentar recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario federal y sujeto a los requisitos de admisibilidad correspondientes.

    De esta manera, la audiencia del 23 de septiembre no implicará la realización de un nuevo juicio. El planteo que llegará al STJ estará concentrado en la pena impuesta a Ruiz Orrico y en el pedido de sus defensores para que sea reducida.

    La decisión es seguida con especial expectativa por los familiares de las cuatro víctimas y por la comunidad de Basavilbaso, que desde junio de 2024 ha acompañado el proceso judicial derivado de una tragedia que conmocionó a toda la región.

    Para Arcusin, Orrico después de esta instancia irá a la cárcel
    El letrado sostuvo que Orrico tendrá que cumplir la condena en una cárcel común, y por el tiempo que quede firme, ya que nunca estuvo privado de su libertad.

    La culpabilidad fue demostrada y condenada, en esta instancia solo se revisará la duración de la pena. Definida la pena final, el ex funcionario tendrá que «ir a la cárcel».

  • El STJ ordenó a una obra social la cobertura parcial de un medicamento a una afiliada

    El STJ ordenó a una obra social la cobertura parcial de un medicamento a una afiliada

    El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar parcialmente a la demanda de una afiliada y ordenó hoy a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) “que en el plazo de 2 días hábiles”, se le garantice “la cobertura del 70% del costo del medicamento Dienogest, a razón de 2 mg diarios, y por el período de 6 meses, conforme lo prescripto por la profesional tratante”.

    La resolución fue en el marco del legajo “D.M.C. c/ Obra Social de Entre Ríos s/Acción de amparo”. La parte demandada proponía una cobertura del 40 por ciento del costo de la medicación prescripta a la afiliada.
    La prescripción obedeció al diagnóstico de endometriosis profunda, una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante, que en el caso de la paciente fue diagnosticada por síntomas (dolor pélvico crónico y dismenorrea severa) y resonancia magnética.
    Se trata de una patología que puede reaparecer tras períodos de mejoría y dependiente de estrógenos, una hormona que estimula el tejido endometriósico, favoreciendo su crecimiento y proliferación, según el dictamen medico forense.

  • El STJ confirmó la destitución del exjuez laboral de Concepción del Uruguay, Eduardo Elías Flores

    El STJ confirmó la destitución del exjuez laboral de Concepción del Uruguay, Eduardo Elías Flores

    El máximo tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el exmagistrado. Quedó firme el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que lo removió por violencia laboral psicológica y mal desempeño de sus funciones.

    El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) ratificó este martes de forma definitiva la destitución de Eduardo Elías Flores, quien se desempeñaba al frente del Juzgado del Trabajo N.º 1 de Concepción del Uruguay. De esta manera, el máximo tribunal de la provincia rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad promovido por la defensa del exmagistrado contra la resolución emitida por el Jurado de Enjuiciamiento el 13 de junio de 2023.
    La sentencia contó con la integración de los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno, Carlos Tepsich, Claudia Mizawak y María López Arango, quienes desestimaron los planteos de violación al debido proceso y arbitrariedad formulados por el exjuez.
    Causa por «mobbing» y mal desempeño
    Flores había sido apartado del Poder Judicial tras las denuncias presentadas por Ángel Amadeo Fernández, Matías Melgares y María Natalia Bordín. El eje central de la acusación ventilada durante el jury de enjuiciamiento se fundamentó en la existencia de un cuadro sistemático de violencia laboral psicológica (mobbing), caracterizado por conductas de hostigamiento, aislamiento e invisibilización de trabajadores, lo que derivó en la renuncia de una de las denunciantes tras sufrir episodios de angustia severa.
    Los argumentos de la resolución del STJ
    Al analizar la apelación extraordinaria, el STJ delimito sus alcances institucionales y fundamentó la validez del juzgamiento:

    Garantía del derecho de defensa: El tribunal concluyó que Flores estuvo notificado formalmente de las acusaciones del Ministerio Público Fiscal, contó con oportunidades suficientes para presentar descargos, ofrecer pruebas y realizar alegatos con asistencia legal activa.

    Valoración probatoria legítima: El fallo remarcó que el Jury no actuó de manera arbitraria, sino que fundamentó su voto en los testimonios directos de los denunciantes y de testigos clave (Goycochea, Nomellini, Rougier y Caffa), quienes acreditaron el «deterioro del clima laboral» en el juzgado laboral uruguayense.

    División de poderes y límites de revisión: El STJ aclaró que no constituye un «órgano de alzada» para revaluar nuevamente las pruebas de un tribunal constitucional autónomo como el Jurado de Enjuiciamiento, citando la jurisprudencia del caso Goyeneche y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el control político de funcionarios.

    Con esta resolución, queda agotada la vía recursiva ordinaria a nivel provincial, confirmando la remoción del cargo para el exmagistrado.

  • Concedieron un nuevo recurso a Orrico y el caso por la muerte de cuatro jóvenes llegará al STJ

    Concedieron un nuevo recurso a Orrico y el caso por la muerte de cuatro jóvenes llegará al STJ

    Concedieron un nuevo recurso a Orrico y el caso por la muerte de cuatro jóvenes llegará al STJ

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    La Cámara de Casación Penal de Concordia habilitó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa del exfuncionario provincial, condenado a 5 años y 8 meses de prisión. La madre de dos de las víctimas expresó su dolor y pidió que la Justicia no prolongue más el proceso.
    La causa judicial por la muerte de cuatro jóvenes trabajadores en la Ruta Provincial Nº 39 sumó un nuevo capítulo. La Cámara de Casación Penal de Concordia concedió la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, exdirector del Instituto Portuario de Entre Ríos, por lo que ahora será la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la encargada de revisar la sentencia que lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.
    La resolución implica que el máximo tribunal penal de la provincia deberá analizar los planteos formulados por la defensa antes de que la condena pueda quedar firme, prolongando un proceso que desde hace más de un año mantiene en vilo a las familias de las víctimas.
    La Cámara de Casación que debía intervenir originalmente estuvo integrada por María Evangelina Bruzzo, María del Luján Giorgio y Gustavo Perroud. Sin embargo, los tres magistrados se excusaron de participar en el expediente, por lo que la causa fue analizada por una integración especial conformada por los vocales Pablo Garrera Allende, Germán Darío César Dri y María Clara Mondragón Pafundi.
    Ruiz Orrico fue condenado por el siniestro vial ocurrido durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando conducía un Volkswagen Passat perteneciente al Estado provincial con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre. Mientras circulaba por la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 123, invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores oriundos de Basavilbaso que se dirigían al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento.
    Como consecuencia del impacto murieron en el acto Brian Izaguirre, de 32 años; su hermano Lucas Izaguirre, de 26; Leandro Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23. Los cuatro habían emprendido viaje en la madrugada de un feriado para cumplir con su jornada laboral.
    La sentencia fue dictada el pasado 9 de marzo por el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, quien intervino luego de que los magistrados de Concepción del Uruguay se apartaran de la causa. El magistrado encontró a Orrico autor responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción con exceso de alcohol y por la cantidad de víctimas fatales.
    Al fijar la pena, Crespo entendió que la gravedad del hecho impedía una sanción menor y sostuvo que la condena debía transmitir a la sociedad la importancia de respetar las normas de tránsito. También remarcó que el siniestro fue consecuencia de una decisión consciente de conducir bajo los efectos del alcohol.
    El fallo se ubicó entre el pedido realizado por la Fiscalía, que había solicitado cinco años de prisión, y el de las querellas, que reclamaban la pena máxima prevista para este delito, de seis años de cárcel efectiva.
    A comienzos de julio, la Cámara de Casación Penal confirmó íntegramente esa condena y rechazó los agravios planteados por la defensa. Sin embargo, ahora habilitó la impugnación extraordinaria para que sea el Superior Tribunal de Justicia el que determine si corresponde revisar el fallo.
    Mientras tanto, Ruiz Orrico continuará en libertad, ya que la pena recién podrá ejecutarse cuando la sentencia quede firme tras agotarse todas las instancias judiciales.
    La decisión judicial generó una inmediata reacción entre los familiares de las víctimas. Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, difundió una extensa carta pública en la que expresó su dolor por la continuidad del proceso y reclamó que la Justicia ponga fin a una causa que, según manifestó, vuelve a abrir la herida de las familias cada vez que se habilita una nueva instancia.
    En su mensaje señaló que detrás de cada resolución judicial existen familias atravesadas por una pérdida irreversible y sostuvo que el paso del tiempo no disminuye el sufrimiento cuando el proceso continúa prolongándose. También remarcó que sus hijos, al igual que Axel Rossi y Leandro Almada, nunca tuvieron la posibilidad de elegir el destino que les tocó aquella madrugada.
    La mujer pidió que el expediente sea analizado contemplando no solo los aspectos técnicos y jurídicos, sino también el impacto humano de una tragedia que destruyó cuatro familias y conmocionó a toda la provincia. Además, recordó que, aun cuando la condena quede firme, el tiempo que eventualmente cumpla Orrico en prisión será limitado, mientras que la ausencia de los jóvenes será definitiva.
    La investigación determinó que el accidente pudo evitarse y que la principal causa del siniestro fue la maniobra imprudente realizada por el entonces funcionario provincial al invadir el carril contrario mientras conducía alcoholizado un vehículo oficial.
    Ahora será la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia la que deberá analizar los argumentos presentados por la defensa y resolver si confirma definitivamente la condena o si corresponde revisar alguno de los aspectos cuestionados. Hasta que esa instancia concluya, uno de los casos judiciales más impactantes de los últimos años en Entre Ríos continuará abierto, mientras las familias de las víctimas siguen esperando una sentencia firme que ponga punto final al proceso.

    FUENTE: Entre Ríos Ahora

  • El STJ llama a licitación pública para la compra de insumos y equipamiento informático

    El STJ llama a licitación pública para la compra de insumos y equipamiento informático

    El STJ llama a licitación pública para la compra de insumos y equipamiento informático

    El Superior Tribunal de Justicia (STJ) autorizó el llamado a la Licitación Pública 07/26, cuyo objeto es la “provisión y envío de elementos, insumos y equipamiento informático para ser destinado a stock de la Dirección de Informática”.

     
    La convocatoria fue dispuesta a través de la Resolución Nº 77/26 del STJ, que fijó un presupuesto oficial de 78.616.566 pesos. En tanto, la apertura de las propuestas de las firmas eventualmente interesadas se realizará el próximo 28 de julio, a las 10, en la Oficina de Compras y Asesoramiento del STJ, ubicada en la planta baja de los Tribunales de Paraná (Laprida 251).
     
    El pliego de la licitación tiene un valor de 1.000 pesos y puede adquirirse de lunes a viernes, de 7 a 13, en la Oficina de Compras y Asesoramiento. También podrán efectuarse consultas llamando al (0343) 4206100 interno 6306 o escribiendo a compras@jusentrerios.gov.ar
     
    Se recuerda que las cotizaciones y licitaciones vigentes pueden consultarse en https://www.jusentrerios.gov.ar/contrataciones/