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  • Con más de 30 testigos por pasar. Comenzó el juicio Contra el segundo acusado del homicidio de Pablo Bodogni

    Con más de 30 testigos por pasar. Comenzó el juicio Contra el segundo acusado del homicidio de Pablo Bodogni

    Con más de 30 testigos por pasar. Comenzó el juicio Contra el segundo acusado del homicidio de Pablo Bodogni

    El Juicio por Jurado contra el segundo acusado crimen de Pablo Bedondi, dio inicio este martes por la mañana con la presentación de 9 testigos confirmándose que más de 30 personas declararán a lo largo del debate en Concepción del Uruguay.

    El juicio he presidido por el juez técnico, doctor Fernando Martínez Uncal, Siendo representantes del Ministerio Público Fiscal, doctora María José Labalta Y el Fernando Lombardi Coordinador de fiscales de La Histórica, En tanto que la defensa técnica del acusado es ejercida por los doctores Félix Pérez y Leandro Monje.
    El acusado es Eric Javier Stegeman, de 36 años de edad, quien fuera detenido a raíz de importantes elementos que lo comprometerían y sobre todo la declaración del primer detenido y ya condenado Jonatan David Coloca (37), amigo de la víctima.
    Tras el ingreso del Jurado Popular (con un ausente titular por problemas personales que fue reemplazado por un suplente, se presentaron las partes y se tomó juramento a quienes integran el jurado, dándose por abierto el debate y procediendo el juez Técnico a dar lectura de las instrucciones a quienes deberán determinar la culpabilidad o no del acusado.
    Alegatos de las partes
    Los alegatos comenzaron con la palabra de la fiscal interviniente quien detalló los hechos acontecidos aquella madrugada del 5 de septiembre del 2024.
    La fiscal comenzó diciendo que se estaba en un hecho lleno de ambición y crueldad por parte de los autores, del cual resultaron víctimas dos personas, una Pablo Bedogni y la otra su madre.
    De izquierda a derecha: Stegeman, Pérez, Monje, Lombardi y Labalta
    Anoche del 4 de septiembre Bedogni había ido a jugar al pádel con sus amigos como así a cada miércoles, de allí se fue a su casa y buscó el auto Volkawagen Gol de su madre y se dirigió a la casa de su “amigo” Jonathan David Coloca, en el Barrio 134 Viviendas donde lo aguardaba junto a Eric Javier Stegeman, donde se produjo el incidente en el cual la víctima fue golpeada rasguñada atada y finalmente estrangulada dentro del vehículo con el cual los homicidas fueron a la casa de la madre en calle España al 300 y usando la llave que Bedogni tenía en el auto, ingresaron por el garaje y sorprendieron a la madre de para que golpearon e intentaron asfixiar provocándole lesiones en el rostro y cuello.
    Ambos delincuentes que habían llegado al lugar con el cadáver de la víctima en el asiento trasero del auto, se apoderaron de dinero en efectivo una hidrolavadora y alhajas de la mujer tras lo cual se dieron a la fuga en el auto hasta llegar al acceso de lo que sería el ex Circuito Mena cerca del eucaliptal, donde solicitaron la intervención de un carrero para llevarse los elementos robados, dejando el cuerpo sin vida del joven tirado en el asiento trasero, para luego dirigirse nuevamente al Barrio 134 Viviendas con el botín en su poder.
    La fiscal aseguró que tras el juicio y las pruebas presentadas no cabría dudas de la autoría del crimen por parte de ambas personas y que Stegeman sería declarado culpable.

    Por su parte la defensa de los doctores Pérez y Monje aseguró que no hay elementos en poder de la parte acusadora que puedan confirmar con certeza ninguna participación de stegeman en el hecho que se le imputa, lo que quedaría demostrado con el correr de los testimonios Que se dará en el debate, solicitando a los integrantes del jurado popular que estén muy atentos a lo que se diga y a lo que se vea en los vídeos presentados ya que en ningún momento a su criterio se puede determinar que su cliente estuviera en el lugar de los hechos.
    Pasaron 9 testigos
    En la primera jornada del debate Se escucharon las declaraciones de 9 testigos en su mayoría funcionarios policiales que formaron parte de las intervenciones al momento de descubrirse el hecho tanto de Comisarías como de la División Criminalística, quienes aportaron datos y explicaron fotos que fueron tomadas en el lugar del hallazgo del cadáver y en la vivienda donde fuera asaltada la madre del joven asesinado.
    También declaró una mujer que fuera empleada de Estacione Servicio YPF del centro de la ciudad donde Bedogni cargar a combustible la noche anterior de su muerte.
    Otro que declaró fue un amigo de muchacho asesinado con quien jugara pádel cada miércoles como también lo hizo ese último día antes del crimen.
    Otra testigo fue una médica que trabajara en el servicio de emergencias alerta que intervino esa madrugada y constató la muerte de Bedogni a solicitud de la policía.
    El último en declarar fue el entonces médico de la policía de Concepción del Uruguay quien tuvo a su cargo constatar las lesiones que sufriera la del joven asesinado en la oportunidad del asalto de los dos sujetos que actuaron cobardemente y con rostros cubiertos por pasamontañas.
    Durante la jornada se pudo confirmar que el crimen habría ocurrido alrededor de la 1:00 horas de la madrugada y el cadáver fue encontrado casi 3:30 horas después, en oportunidad de que pasara por el lugar una ambulancia del 107 en búsqueda de un paciente al Barrio del ex Circuito Mena.
    Este miércoles continuar el desfile de testigos teniéndose previsto al menos 13 personas que van a declarar todos testigos aportados por la Fiscalía por lo que se espera una larga jornada, donde se conocerá el resultado de la autopsia al cadáver y se podrán ver diferentes imágenes de cámaras de seguridad de gran importancia para la investigación.

  • Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    El comportamiento financiero de las empresas acusadas de pagar sobornos durante la administración kirchnerista, con el fin de asegurarse contratos, concesiones, obras y subsidios, es una de las principales líneas de investigación de la fiscalía en el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Este jueves, los últimos exfuncionarios de ARCA aportaron información sobre retiros millonarios en efectivo y en dólares, movimientos “llamativos” y el uso de una planilla central para cruzar datos, elaborada por el financista Ernesto Clarens, que detallaba firmas, fechas y montos comprometidos. Los testimonios remarcaron nuevamente movimientos de fondos sin justificación y la utilización de facturas apócrifas.

    La fiscal Fabiana León busca reconstruir el circuito de fondos ilegales mediante el cual las empresas involucradas habrían realizado pagos de coimas a exintegrantes del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015, supuestamente por orden de Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos.
    El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó la declaración de dos testigos que integraron la AFIP durante la instrucción del caso Cuadernos, en 2018 y 2019. En ese período, se solicitó al organismo la fiscalización de un grupo de empresas y el análisis de posibles “movimientos financieros espurios”.
    Según el dictamen acusador de la UIF, 17 empresas señaladas por pagar sobornos fueron adjudicatarias de 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista, por un monto total de 37.171.270.998,64 pesos.
    Un papel central en la maniobra correspondió al financista Ernesto Clarens, quien recibía directamente los pagos provenientes de firmas del sector de la construcción vial. Él fue el único encargado de cambiar divisas y realizar las gestiones necesarias para trasladar posteriormente los fondos a los destinatarios finales. La planilla confeccionada y entregada por Clarens a la justicia, una vez convertido en imputado colaborador, resultó fundamental para el trabajo de la ex AFIP.
    Horacio Castagnola, entonces director de la DGI, declaró ante el Tribunal que recibían oficios judiciales de diversa índole y recordó un grupo de empresas sobre las cuales se realizaron pedidos de información. Al ser consultado por algunas de las compañías observadas, mencionó a “Isolux-Corsán, por la presencia de Carlos Lascurain, persona conocida, y a IECSA, cuyo dueño, Angelo Calcaterra, era primo hermano del presidente Mauricio Macri”.
    Isolux, empresa de origen español, fue adjudicataria de la construcción de la Usina de Río Turbio, obra que nunca se finalizó. En la audiencia anterior, un exfuncionario de ARCA había señalado la utilización de facturas apócrifas por parte de esta compañía, aspecto que Castagnola confirmó en su testimonio.
    El oficio firmado por el juez Claudio Bonadio en 2018 solicitaba la determinación de posibles “financiamientos espurios” e incluía un listado de empresas investigadas como parte del circuito de sobornos. En este sentido, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, preguntó a Castagnola si era habitual recibir requerimientos para determinar dicho concepto. El testigo respondió que, aunque no con esa denominación, en muchos casos se investigaba la existencia de facturas apócrifas o salidas de dinero no justificadas, lo que implicaba un costo falso adicional y retiros de fondos cuya trazabilidad se perdía, es decir, pagos realizados sin prestación del servicio correspondiente.
    Al ser consultado sobre la confirmación de esos financiamientos apócrifos, Castagnola indicó que se empleaba la calificación de facturas falsas o apócrifas y recordó la existencia de movimientos de dinero no documentados. Explicó que una línea de trabajo fundamental era verificar si los servicios consignados en las facturas efectivamente se habían prestado y mencionó la existencia, en la AFIP, de una base de datos de empresas calificadas como apócrifas.
    Respecto a una salida de fondos de una empresa con destino final en Andorra, el testigo mencionó el caso de la UTE Odebrecht-Ghella, adjudicataria de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, denunciado por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales. En esa unión de empresas participaba IECSA. Castagnola recordó que el dinero primero pasó por un banco local y luego fue transferido a la banca de Andorra por un monto de 4,2 millones de dólares. Destacó que esta causa tuvo relevancia debido a la vinculación informal con el presidente Macri, ya que al aparecer el nombre de Calcaterra se cuestionaba a la figura presidencial.
    El contador indicó que en ese caso se cuestionaban varias facturas por servicios no prestados y que esa misma sociedad ficticia había sido utilizada por Odebrecht en otros países para generar retiros espurios de dinero sin contraprestación. Asimismo, mencionó que existía un patrón que agrupaba a varias de las empresas investigadas, el cual denominó como “casos notables de salidas de dinero” sin la justificación correspondiente.
    Diana Guterman, segunda testigo del día, confirmó que el juzgado federal de Bonadio solicitó información sobre determinadas empresas: “Se circularizaba a las entidades bancarias que habían operado con ciertas compañías, buscando todos los movimientos realizados”. Explicó que se les enviaba al juzgado un listado de operaciones

  • Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Comenzó a evaluarse la evidencia que se remitirá a un futuro juicio en el marco del legajo que investiga “contratos truchos” de la Legislatura, entre 2008 y 2018. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está ofreciendo prueba documental y testimonial.
    En este sentido, ya trascendieron los testigos más relevantes que deberán presentarse a declarar.
    Durante esta jornada se subrayó que se citará al ex vicegobernador Adán Bahl, quien deberá prestar testimonio por numerosos contratos realizados durante su administración al frente del Senado provincial, publicó Análisis.
    Al igual que él, quienes fueron secretarios y directores administrativos de las dos cámaras: Natalio Gerdau, Maximiliano Argento, Carina Ramos, Nicolás Pierini, Lautaro Schiavoni y Gerardo Daniel Pastor. Todos deberán presentarse en un futuro juicio, y en especial algunos de ellos serán indagados sobre numerosa prueba colectada en la investigación.
    A medida que el fiscal Ignacio Aramberry fue pidiendo la incorporación de contratos como prueba para el debate, el principal defensor del juicio Miguel Ángel Cullen presentó oposición. Dijo que las cámaras nunca remitieron todos los expedientes completos de cada uno de los contratos y, por lo tanto, no es suficiente la incorporación de los mismos como instancia final de un proceso administrativo largo que no se puede mostrar completo. Cullen y otros defensores también se quejaron de la incorporación de información fiscal de personas que no están imputadas en el legajo o quedaron desvinculadas en alguna etapa previa.
    Ocurre que la Fiscalía está pidiendo la declaración varios directores de regionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual ARCA. Se citará a Roberto Actis (Regional Paraná); Eduardo Luis Bellini (Regional Mar del Plata); Pedro Mario Majul (Regional Córdoba); Omar Pedro Fenoglio (Regional Paraná). Serán convocados para prestar testimonio en torno a información de la situación fiscal de imputados y monotributistas contratados.
    Se ofreció también el testimonio de Sebastián Mundani, jefe interino de la Sección Juicios Universales, División Jurídica de la AFIP. Además, en un principio se pidió la declaración del contador Carlos Duhalde, director de Catastro; y del escribano Ariel Pantaleón Mamone de la Dirección de Catastro, para que informen sobre partidas y matrículas referentes a personas vinculadas al proceso.
    Pero luego esas testimoniales y otras fueron dejadas en un impasse hasta el próximo martes. “Se solicitaron domicilios, algunos vinculados a los imputados. Deberán prestar declaración sobre más de 30 domicilios”, se adelantó desde Fiscalía. “Por ejemplo un domicilio de Alfredo Bilbao”, se acotó, subrayando la pertinencia de la información y las testimoniales ofrecidas.
    Sin embargo, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, decidió frenar la remisión en este punto y otros más. Cuestionó que se envíe a juicio oral “un cúmulo de información que es en respuesta de un oficio”.
    “La respuesta va a permitir entender y recolocar el armado de las piezas. Ahora no puede ofrecerse como una bolsa todo junto”, advirtió. La magistrada reclamó a Fiscalía que haga “un gran zoom porque no todo es admisible”, hay algunos que deberá ponderarse puntualmente, por “cuestiones más complejas”. “Para tomar aquella decisión, con la colaboración de las defensas, volveremos sobre algunos puntos”, adelantó.
    Pidió volver a tratar bajo esta lógica de focalización la evidencia plasmada desde los puntos 281 al 325 del requerimiento de elevación a juicio. Esto quiere decir que el martes, los fiscales deberán volver a la audiencia con una explicación detallada acerca de por qué se pretende llevar esa evidencia a juicio, y a quiénes se llamará a declarar al respecto.
    Es que, en algunos casos, los fiscales colectaron información sobre compra de moneda extranjera, consumos, viajes, adquisición de bienes, si hubo participación en fideicomisos, si hay ingresos de fondos radicados en el país, si adquirieron máquinas o aeronaves, si son titulares de tarjetas de débito y crédito, si registran inmuebles, inicio y cese de actividades, si pagan expensas, condición actual e histórica de monotributo, fideicomisos, documentación de tránsito electrónica, declaraciones juradas de ganancias y bienes.
    Los fiscales deberán dar cuenta que esa información que pretenden remitir a juicio es referente a los imputados, y no a otras personas que no estuvieron, o ya no están implicadas en el proceso.
    “Entiendo que la información llegó empaquetada. Pero comprendo el reclamo de las defensas en relación a observar la pertinencia en cada caso. Puedo comprender que se pida información relativa a las parejas, esposas, esposos de los imputados. Pero distinto son personas que no tienen nada que ver con el proceso. En esta audiencia haremos un zoom y vamos a seleccionar qué producir en una instancia de juicio”, avisó Barbagelata.
    También se ofreció el testimonio de Víctor Berta, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Y se pidió la incorporación a un futuro debate de los legajos personales de Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lázzaro; Jorge Enrique De Breuil; José Javier Schneider; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada; Hernán Javier Díaz; Sergio Esteban Cardoso; Gustavo Hernán Pérez.
    También se pidió la incorporación de información remitida de la Cámara de Senadores de Entre Ríos en relación a varios particulares, entre quienes se mencionó a Luciana María Belén Almada, Alejandro Luis José Almada. Sobre este punto deberá declarar el contador Gustavo Hernán Pérez, director de Administración del Senado y el contador Bahl.
    Y en términos similares se pidió la incorporación de documentación remitida por la Cámara de Diputados de Entre Ríos a la Fiscalía, cuando se investigaron las causas del megajuicio. Son datos relacionados a Luciana María Belén Almada y Alejandro Luis José Almada, entre otros particulares sobre lo que deberá prestar declaración Nicolás Pierini. Se trata de información que se produjo en el marco de la investigación por la causa del megajuicio, en relación a contratos producidos en las cámaras. En aquel juicio desarrollado entre 2021 y 2022, por ejemplo, se ventiló que algunos contratados de la Legislatura prestaban servicios para empresas privadas, vinculadas a funcionarios del Gobierno.
    Cientos de testigos
    No solo en lo referente a la prueba documental, Fiscalía pidió la incorporación de cientos de testigos relacionados a todos los hechos investigados. Así, entre las partes y la jueza de Garantías se pudo avanzar con la incorporación de más de 200 testigos. Muchos de ellos con reserva de las defensas. Sobre ese cúmulo de testimoniales que se produjeron durante la investigación penal preparatoria, desde el martes se hará una revisión en algunos casos puntuales.
    Nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria
    Otras novedades de la jornada fueron la incorporación de un nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria. Hugo Rubén González Elías asumió como defensor del imputado Jorge De Breuil. Por otro lado, el abogado Germán Fouces hizo un pedido de exclusión probatoria, de un testimonio puntual y de una pericia caligráfica derivada de ese testimonio. La decisión judicial al respecto se comunicará al final de la remisión de la causa.
    Detalles de la causa
    En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
    La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
    De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
    A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
     

     
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