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  • Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

    La modificación sancionada al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo como responsable externo a Sergio Massa, según reconocen en el Gobierno, aunque internamente las críticas apuntaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    El papel del exministro de Economía, excandidato presidencial y referente del PJ fue clave en las negociaciones con senadores afines a gobernadores peronistas, quienes mantienen un buen diálogo con el Ejecutivo. Massa admitió en conversaciones privadas haber hablado con tres de esos senadores, aunque desde el Gobierno estiman que fueron más, formando parte de un grupo de al menos nueve que finalmente rechazaron partes del proyecto y responden a distintos mandatarios del peronismo.
    Las negociaciones del líder del Frente Renovador se concentraron especialmente en los tres senadores que integran el bloque Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza—, quienes han acompañado en distintas iniciativas al oficialismo durante el último año. Moisés es cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz; Andrada responde al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil; y Mendoza está alineada con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Si bien todos mantienen buena relación con Casa Rosada, se marcaron distancias en esta oportunidad.
    El problema para el Gobierno fue la ausencia de varios votos el jueves pasado: los santacruceños Carambia y Gadano no acompañaron, al igual que la tucumana «Betty» Ávila, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes en otros casos habían respaldado proyectos previos.
    Desde el massismo reconocen haberse comunicado exclusivamente con el trío de senadores de Convicción Federal y se deslindan del resto de las negociaciones que debilitaron el proyecto de ley sobre la propiedad privada. «Se habló con tres senadores de 38. Con el resto no se dialogó; el error fue del Gobierno. El Colo Santilli y otros dejaron que Patricia (Bullrich) se estrelle sola», señalaron con ironía sobre la responsabilidad oficialista.
    Fuentes del Frente Renovador aseguran que el oficialismo no llamó en ningún momento a Moisés ni a los otros senadores de Convicción Federal tras haberlos utilizado políticamente durante largo tiempo. Además, atribuyen la influencia en las negociaciones no solo a Massa, sino también a referentes kirchneristas del Senado como Juliana Di Tullio y del Congreso, como Germán Martínez.
    En el sector conocido como mileísmo, algunos atribuyen a contactos previos con Massa las declaraciones del miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes expresaron su hartazgo con la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
    En cuanto a la agenda legislativa, a pesar de que Patricia Bullrich propuso sesionar todas las semanas del Senado durante agosto y septiembre, la experiencia de la primera semana del mes dificulta imaginar que se cumpla ese objetivo.
    Las expectativas del Senado se enfocan ahora en aprobar la Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción en Diputados y un consenso mayoritario entre los bloques aliados. Asimismo, esta semana se tratarán pliegos de jueces, un tema en el que el Gobierno destacó el envío de 203 designaciones para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial, cifra considerada un récord histórico por el ministro Juan Bautista Mahiques.
    Para más adelante quedan proyectos que deben debatirse primero en Diputados, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, clave para el diputado Javier Milei. El Senado ha pedido que los textos a discutir no mezclen temas dispares, como ocurrió en iniciativas recientes.
    En este contexto, ven pocas chances de avance para la ley de sociedades, especialmente en el capítulo que permitiría crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento habitual. Tampoco parece probable que prospere la iniciativa que buscaba desregular actividades de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, propuesta en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el exministro Federico Sturzenegger.

  • La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    El senador Joaquín Benegas Lynch respondió este jueves al pedido de una legisladora del peronismo para que se le impidiera participar en la votación de la Ley de Tierras, debido a un supuesto conflicto de intereses vinculado a su empresa que gestiona la venta de campos argentinos a extranjeros.

    Durante una cuestión de privilegio antes del inicio del debate sobre el proyecto presentado por el Gobierno, Benegas Lynch calificó de “alejado de la realidad” el planteo formulado por Juliana Di Tullio. “Desde que estoy en esta banca, lo que votamos es oxigenar al sector privado, el único capaz de generar riqueza, arriesgar capital, invertir, producir y crear empleo”, afirmó.
    El senador de La Libertad Avanza replicó con ejemplos: “Si aplicamos este criterio, deberían abstenerse quienes tienen empleados al votar una ley de modernización laboral, o quienes exportan al tratar un acuerdo comercial. Si alguno de ustedes exporta aceitunas o cualquier otro producto, no podrían votar ni a favor ni en contra”. Hizo además alusión a médicos con clínicas privadas en debates de salud, cuestionando que eso los inhabilite para legislar.
    Benegas Lynch recordó que el artículo 55 de la Constitución Nacional exige que los senadores “disfruten de una renta anual”, porque los constituyentes de 1853 buscaron que no vivieran únicamente de la dieta parlamentaria. “Aquí hay personas sentadas en la banca hace casi 30 años, cobrando de todos los contribuyentes. La independencia que hoy se presenta como sospecha es un requisito constitucional”, enfatizó y añadió que, por esa lógica, tampoco debería haber votado nada, dada su representación del sector privado.
    El miércoles, Juliana Di Tullio presentó ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, un pedido para que Benegas Lynch se abstuviera e inhabilitara inmediatamente para intervenir, debatir, firmar dictámenes y votar sobre la propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El legislador reconoció ser fundador y socio mayoritario de Glocal Terra SRL, empresa dedicada al asesoramiento a inversores y administración de campos, con domicilio en la avenida Santa Fe 700, Ciudad de Buenos Aires, y operativa desde 2020.
    Sin embargo, el pedido de inhabilitación perdió efecto cuando el oficialismo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras. “El capítulo III no se votará hoy. La senadora hizo la presentación sabiendo que no se iba a votar. Pero esto es la vieja política. Me metí en esto, así que no me quejo; es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando a medida que avancemos enfrentando a quienes destruyeron Argentina durante más de dos décadas”, manifestó Benegas Lynch.
    En defensa del ya eliminado capítulo III, que prohibía la venta de tierras a Estados extranjeros, el senador afirmó que la norma vigente producto del kirchnerismo “permitía que un Estado comprara con límites, y todavía lo permite”. Denunció además que “la expresidenta hoy condenada y presa (Cristina Kirchner) concesionó por 50 años una empresa con participación estatal extranjera en la Patagonia”.
    Subrayó que la reforma impulsada “cierra el grifo a los Estados extranjeros, empresas y fondos soberanos, y abre la puerta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera”. Afirmó que el 95% de las tierras rurales están en manos argentinas, y recordó que desde la reglamentación de la ley en 2012 “el valor de los campos cayó un 50%. Hoy, familias o empresas deben vender a precio de descuento”.
    Al explicar quiénes han adquirido esos terrenos, señaló a “los Lázaro Báez de la vida, con 415 mil hectáreas en la Patagonia, y a sindicalistas que poseen campos en Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Los miles de millones robados están en esas compras”.
    Finalmente, lamentó la eliminación del capítulo III del proyecto y criticó “el show mediático, la presión de la izquierda más radical y la ignorancia de los tibios del medio”, factores que, advirtió, “nos llevan lamentablemente a no poder votar esta norma, que beneficia a todos los argentinos”.

  • El gobierno baja el capítulo de extranjerización de tierras – El Miércoles Digital

    El gobierno baja el capítulo de extranjerización de tierras – El Miércoles Digital

    El gobierno baja el capítulo de extranjerización de tierras – El Miércoles Digital

    Ante la rebelión de los aliados, la Casa Rosada tuvo que dar marcha atrás. Bronca con Bullrich.
     
    Javier Milei tuvo que bajar este miércoles el capítulo de extranjerización de tierras contemplado en la ley de propiedad privada, frente a la catarata de rechazos de senadores aliados y pronunciamientos en contra por parte de los gobernadores. La decisión se terminó de tomar cuando el gobierno supo que la salteña Flavia Royón no aceptaba votar a favor y el mendocino Rodolfo Suárez planeaba ausentarse para restar su voluntad.
    Como informó LPO, la rebelión de legisladores del radicalismo y los bloques provinciales no sólo amenazaba el proyecto entero que impulsa Federico Sturzenegger sino que hacía peligrar la sesión, un mal augurio para un gobierno que aspira a darle impulso a la agenda parlamentaria con la eliminación de las PASO y el recorte de zonas frías.
    Pese a que Patricia Bullrich intentó cargar contra Máximo Kirchner y Lázaro Báez para recuperar apoyos durante la conferencia de prensa de este martes, los senadores provocaron un efecto cascada que obligó a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua a manifestarse contra la iniciativa.
    Por eso, la jefa de bloque libertario convocó de urgencia a sus pares de las bancadas aliadas para comunicarles que retiraba del proyecto los artículos referidos a la venta de tierras, con el propósito de alcanzar el quórum y una mayoría que permita avanzar con el resto de la ley.
     
    Pasadas las 15, el radical Eduardo Vischi avisó al grupo de WhatsApp de la UCR la marcha atrás del gobierno. «¿Quién bajó el capítulo de tierras? La realidad, no tenían los votos», explicó un legislador radical.
     
    En Casa Rosada, habían intentado persuadir sin éxito a Bullrich con dar de baja el capítulo de tierras pero la ex ministra decidió avanzar, aunque nunca estuvo cerca de llegar a los 37 senadores necesarios, incluso, para abrir la sesión.

     
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  • El senador Benegas Lynch, muy cercano a Milei, armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros – El Miércoles Digital

    El senador Benegas Lynch, muy cercano a Milei, armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros – El Miércoles Digital

    El senador Benegas Lynch, muy cercano a Milei, armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros – El Miércoles Digital

    La firma del senador entrerriano se dedica a asesorar a extranjeros interesados en comprar tierras y gestionar las propiedades.
     
    El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie y guitarrista de la banda de Javier Milei, tiene una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros, publicó LPO.
    Benegas Lynch es el fundador de Glocal Terra SRL, una firma que se presenta como dedicada al asesoramiento de inversores y administración de campos. La fundó en 2020 junto a su esposa Eloisa Perea Muñoz y tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.
    La empresa del hijo del «prócer de la libertad» es tema de conversación por estas horas en el Senado, en medio de la tensión por el tratamiento de la ley de extranjerización de las tierras.
    Con un rechazo popular a ley que crece minuto a minuto, la idea de que un dirigente cercano a Milei tenga una empresa dedicada a vender tierras a extranjeros armó un escándalo entre senadores aliados al oficialismo.
    Este miércoles en el bloque radical circulaba información sobre la sociedad de Benegas Lynch y sirvió como argumento extra a los que no quieren votar la ley. La aparición de esta información agitó la idea de que detrás del cambio de la ley hay un interés muy fuerte por hacer negocios con las tierras.
    En su web, la empresa de Benegas Lynch dice que tiene experiencia de «más de 3 millones de hectáreas en transacciones» en Latinoamérica. «Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo», detallan.
    La presentación -que está en inglés- indica Glocal Terra ofrece el servicio de gestionar las tierras de extranjeros, «actuando en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras».
    Y hasta tiene una página ideológica que parece estar escrita por Milei o Sturzenegger. «Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global», sostiene Glocal Terra. «Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil», agrega.
    Antes de tener su propia empresa, Joaquín Benegas Lynch también condujo Pampa Partners, una firma del fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins dedicada a la compraventa de tierras. Bajo la bandera del ambientalismo, Tompkins y su fundación adquirieron enormes extensiones de tierra para su preservación.

     
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  • Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital

    Un amplio bloque transversal de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el «Súper RIGI».
    Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de «dos llaves de la misma cerradura» que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.
    Las ONG denuncian que este esquema configura un «traje a medida» para crear enclaves, apuntando especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el Súper RIGI busca atraer.
    A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos (Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes de trabajo masivas.
    En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo».
    Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que «el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
    En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que la “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Súper RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
    Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata manifestó: «Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable».
    Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
    Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluye el documento.
    De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios:
    1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes (como lagos y ríos).
    2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
    3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.
    Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Greenpeace Argentina, el Equipo Transiciones, Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, Salus Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).

     
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  • La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras – El Miércoles Digital

    La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras – El Miércoles Digital

    La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras – El Miércoles Digital

    La central obrera confirmó que participará de la protesta convocada junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras y debatirá el Senado.
    La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su presencia en la movilización convocada para el próximo 6 de agosto frente al Congreso en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.. Así lo confirmó la Central el jueves, en continuidad con las medidas de protesta que viene llevando adelante contra la reforma laboral.
    La marcha se realizará el mismo día en que el oficialismo intentará volver a llevar el proyecto al recinto del Senado, luego de que el tratamiento fuera postergado en cuatro oportunidades por falta de apoyos suficientes. La última reprogramación fue impulsada por la senadora Patricia Bullrich, quien promovió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto al advertir que el Gobierno no reunía los votos necesarios.
    Además de la CGT, la convocatoria reúne a las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y espacios de autoconvocados. La protesta también estará precedida por una semana de actividades bajo la consigna «Argentina no se vende», que incluirá talleres, radios abiertas, banderazos y una campaña de recolección de firmas en distintos puntos del país.
    El rechazo al proyecto también cosechó apoyos de otros sectores. En los últimos días se difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, además de pronunciamientos del Movimiento Nacional de Capellanes y del Llamamiento Argentino-Judío, todos con críticas a la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
    Alerta por las tierras rurales 
    La iniciativa oficial modifica cinco leyes y uno de sus puntos centrales reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, vigente desde 2011, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales. El nuevo esquema elimina las restricciones nacionales y deja en manos de las provincias la definición de eventuales límites, manteniendo únicamente la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran inmuebles rurales.
    El proyecto también endurece el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos mediante el juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego, que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras afectadas por incendios. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con la iniciativa en una sesión cuyo resultado todavía aparece abierto.

     
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  • Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    Presentan un proyecto de ley para poder volver a sembrar las tierras «ociosas» a la vera de las rutas nacionales

    El diputado nacional por el PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó hoy un proyecto de ley para restablecer el uso de las “franjas adyacentes” a las rutas nacionales para su explotación agrícola o siembra de pasturas.Según indica el escrito elaborado por Sánchez Wrba y que lleva la firma de 10 legisladores de dicha fuerza política, el objeto de la ley es “habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona de camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad establecidas por la normativa vigente”.En su cuenta oficial de X, el funcionario legislativo, se busca “volver a habilitar el uso productivo de las banquinas ociosas de las rutas nacionales”, a partir de “dejar sin efecto la resolución que el kirchnerismo dictó en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, que de manera arbitraria dio de baja los convenios y prohibió la explotación de estas parcelas”.“Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace”, completó en la red social.El proyecto establece que se otorguen “permisos de uso precario y oneroso para la siembra, cultivo y cosecha de cereales, oleaginosas y pasturas”, en donde los propietarios frentistas, arrendatarios o explotadores de los inmuebles linderos tendrán la prioridad, aunque en caso de no estar interesados, podrán obtener dicho permiso terceros.Por supuesto que el proyecto prohíbe de manera expresa cualquier concesión o explotación que ponga en riesgo la seguridad vial.Para esto, Sánchez Wrba busca que se derogue la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad que prohíbe expresamente el uso de estas tierras para la explotación agrícola y establecer un nuevo marco regulatorio que permita tal actividad.Para el legislador nacional, “esta decisión cercenó la explotación agropecuaria de varias superficies de dominio público, impidiendo su aprovechamiento productivo bajo esquemas regulados, controlado y con contraprestación económica para el Estado”.Como precedente, Sánchez Wrba no solo nombró la resolución 1158/1996 que permitía esta actividad, sino también la Ley 10.342 de la Provincia de Buenos Aires que habilita a los municipios a concesionar estos espacios, como recientemente lo hizo el partido de 9 de Julio.“En definitiva, la presente medida propone reemplazar una prohibición absoluta por un régimen regulado, técnicamente delimitado y jurídicamente sólido. Se trata de de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generar recursos adicionales para el Estado”, concluye el proyecto.