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  • La Justicia ordenó reactivar el trámite para llevar a juicio la causa por la muerte de Catalina De Gracia – Arriba Noticias

    La Justicia ordenó reactivar el trámite para llevar a juicio la causa por la muerte de Catalina De Gracia – Arriba Noticias

    La Justicia ordenó reactivar el trámite para llevar a juicio la causa por la muerte de Catalina De Gracia – Arriba Noticias

    La decisión fue adoptada este martes por el vocal de la Cámara, Mariano Martínez, durante la audiencia en la que se analizó el planteo de la querella autónoma. De esta manera, quedó sin efecto la paralización que había dispuesto la jueza de Garantías subrogante, Alejandra Núñez.

    El freno al expediente había sido dispuesto a raíz de una cuestión vinculada con la tasa de justicia correspondiente a la demanda civil. La magistrada había establecido que debía acreditarse el pago de ese concepto o existir una resolución firme sobre el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la familia de Catalina.

    La querella cuestionó esa decisión al considerar que una obligación económica relacionada con la acción civil no debía impedir el desarrollo de la investigación penal ni el acceso a la instancia de juicio.

    Durante la audiencia, la representación de la familia sostuvo que la situación afectaba el derecho a una tutela judicial efectiva. En ese marco, el abogado querellante José Ostolaza reclamó que el expediente avance hacia el debate oral.

    Cómo continúa el expediente

    Con el pronunciamiento de la Cámara, la jueza de Garantías deberá retomar el procedimiento establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

    El próximo paso será dar intervención a las defensas sobre el requerimiento de elevación a juicio y la demanda presentada. Las partes tendrán entonces un plazo de cinco días para formular oposición, pedir el sobreseimiento, proponer una salida alternativa o efectuar el ofrecimiento de pruebas.

    Posteriormente deberá realizarse una audiencia para determinar si corresponde elevar la causa a juicio.

    En caso de que se concrete esa elevación, el expediente será enviado al Tribunal Oral correspondiente. Allí se realizará el sorteo de los magistrados que tendrán a su cargo el debate y, en una instancia posterior, se establecerá la fecha del juicio oral.

    Una causa que comenzó en 2017

    Catalina De Gracia tenía cinco años cuando murió en noviembre de 2017. De acuerdo con los antecedentes de la causa, la niña había sido trasladada por sus padres, Florencia Caminos y Cristian De Gracia, al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay luego de presentar un cuadro febril.

    a familia sostuvo que durante los días posteriores Catalina fue llevada en distintas oportunidades al centro asistencial para recibir atención médica, hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

    La investigación contó inicialmente con la intervención del Ministerio Público Fiscal, pero posteriormente la Fiscalía decidió apartarse de la acusación al considerar que no existían elementos suficientes para sostener un juicio. A partir de entonces, la acción penal fue continuada de manera privada por el abogado José Ostolaza, en representación de la querella.

    En 2025 se había informado que la querella acusaba a cuatro profesionales de la salud por el delito de homicidio culposo, en el marco de una hipótesis de mala praxis. Tres de ellos habían prestado declaración ante la Justicia y estaba pendiente la comparecencia del cuarto.

    La resolución conocida este martes representa un nuevo avance procesal para la causa, que ahora deberá atravesar las instancias previstas antes de determinar si finalmente será elevada a juicio oral.

  • El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

    El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

    El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

    Desde este lunes, el emblemático juez federal de Comodoro Py, Martín Irurzun, dejó oficialmente de integrar la nómina del Poder Judicial, según informó la Casa Rosada. El sábado pasado, Irurzun cumplió 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial, salvo en el caso de que el Senado de la Nación apruebe una prórroga de cinco años, trámite que debe ser avalado previamente por el Presidente. En esta oportunidad, el Gobierno no concedió esa extensión.

    En este contexto, el Ministerio de Justicia envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, solicitando que se avance en el concurso público destinado a cubrir la vacante en la Cámara Federal de Apelaciones. “Habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente”, indicó en el documento Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial, organismo dependiente del Ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques.
    Pese a que Irurzun consiguió un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo para que su recurso fuera analizado por la Corte Suprema, el máximo tribunal rechazó la habilitación de la feria judicial, argumentando que la petición no justificaba suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional. Así, el tiempo judicial se agotó y el Poder Ejecutivo considera a Irurzun como un exjuez.
    Este trámite contrasta con el caso de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, quien sí recibió el visto bueno presidencial para continuar su labor en la Cámara Federal de Casación Penal hasta los 80 años. “Es potestad plena del Jefe de Estado conceder o no una prórroga”, señalaron fuentes oficiales consultadas por Clarín, al explicar las diferencias en ambos casos.
    Fuentes de la Casa Rosada expresaron que “se busca un cambio en esa Cámara estratégica”, en referencia a la Cámara Federal de Apelaciones, que revisa las decisiones de los jueces de instrucción en causas que incluyen procesamientos, prisiones preventivas y medidas cautelares como embargos o inhibiciones de bienes.
    Además, el presidente envió recientemente al Senado dos pliegos para cubrir puestos en esa Cámara: Pablo Bertuzzi, quien ya se desempeña de forma provisional, y el actual magistrado del fuero Penal Económico, Pablo Yadarola. A diferencia de los primeros años de gestión, el Gobierno presta especial atención a las vacantes en tribunales de Retiro, donde se investigan casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
    En suma, la vacante que dejó Irurzun tras más de dos décadas en el cargo ya fue comunicada oficialmente al Consejo de la Magistratura. Según la nota remitida por el Ministerio de Justicia, “atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia”.
    Desde fuentes judiciales consultadas por Clarín confirmaron que la solicitud ya fue remitida a la Comisión de Selección, encargada de organizar y conducir los concursos públicos para cubrir vacantes en tribunales nacionales y federales. De este modo, se dio inicio formal al proceso para cubrir este puesto clave en Comodoro Py.