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  • El misterioso y turbio personaje de «El Americano» en el caso Loan: drogas, la DEA y una amenaza de «guerra con EEUU»

    El misterioso y turbio personaje de «El Americano» en el caso Loan: drogas, la DEA y una amenaza de «guerra con EEUU»

    Nicolás Gabriel Soria (44) se presentó nuevamente ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes con el objetivo de atenuar el impacto de los contundentes testimonios que se esperaban en su contra. A pesar de solicitar un polémico careo, no logró refutar la acusación por suministro gratuito de drogas a un hombre al que sospechaba podía aportar información sobre Loan Danilo Peña (5), quien desapareció el 13 de junio de 2024.

    Soria habló sobre su relación con Roberto Sotelo (44), a quien identificó como miembro de un “clan delictivo” vinculado al narcotráfico.
    Según Soria, el primer encuentro con Sotelo se dio en una vivienda de Goya, Corrientes. Allí, aseguró haber mostrado que no portaba armas y le explicó que formaba parte de una organización dedicada a rescatar niños víctimas de trata, con la intención de generar confianza y evitar temor. En esa ocasión, le preguntó si tenía información sobre Loan, debido a rumores que lo situaban en la Isla de las Damas. Este contacto fue breve y concluyó con una llamada telefónica para que Sotelo guardara su número, con código de Estados Unidos.
    El segundo encuentro fue solicitado por Sotelo, quien informó tener novedades y acordaron verse en una estación de servicio YPF en Goya. Posteriormente, se dirigieron a la casa de la mujer de un hombre apodado “Cabeza López”. En un momento, Sotelo pidió dinero para cigarrillos y se alejó del vehículo, lo que generó sospechas en Soria de una posible emboscada. Al no recibir respuesta a sus llamadas y mensajes, Soria decidió regresar solo al hotel donde se alojaba.
    El tercer encuentro tuvo lugar el 27 de agosto, iniciándose cerca de otra estación de servicio y continuando en la costa del río Paraná. En ese momento, Soria buscaba pruebas sobre la posible ubicación de Loan; de no obtenerlas, pensaba abandonar la hipótesis. Durante ese día, recibió múltiples mensajes de Sotelo y contactó a Fernando Burlando, entonces a cargo de la querella, para informarle sobre la situación. Burlando le aconsejó prudencia y esperar un par de horas.
    Soria relató que decidió grabar la conversación con Sotelo debido a la tensión percibida. Sotelo le notificó que estaba gestionándole un abogado y mostró una actitud que hizo temer por su vida. También le preguntó por el origen de su dinero, le sugirió cambiar de auto, afeitarse y salir de Corrientes. En un momento lo llevó al río para hablar y reveló detalles concretos sobre la posible ubicación de Loan: un campo en el paraje Carolina, identificable por dos tranqueras, eucaliptos secos y proximidad a la Laguna Pucú. Además, mencionó la existencia de un vivero y una escuela cercanos, lugares que utilizaban para “enfriar” drogas del grupo.
    Tras este encuentro, Soria prometió que, si encontraba a Loan, lo devolvería y se iría de Corrientes. En días posteriores, Sotelo intentó reestablecer contacto, pero Soria le respondió que no tenía nada que discutir si no contaba con información sobre Loan. El imputado, preso desde septiembre de 2024, evitó referirse a un supuesto intento de allanamiento en la casa de los Sotelo en Goya, en el que habría estado involucrado.
    Soria manifestó sorpresa al ver a Sotelo en una entrevista en la que este admitía haber mentido para conseguir dinero para drogas y alcohol. Además, señaló que Sotelo mostró provocativamente un buzo que él le había entregado en su último encuentro.
    La versión de Sotelo, que declaró desde la Unidad Penal 6 de Corrientes por una causa vinculada a violencia de género, difiere sustancialmente. Afirmó que Soria llegó a su casa presentándose como investigador de niños desaparecidos y preguntando si él era “Cambailo”. Sotelo aseguró haberle inventado información para conseguir dinero destinado a drogas, y confirmó que en todas las ocasiones consumían estupefacientes juntos.
    Respecto al encuentro en la costa del río, Sotelo sostuvo que fue Soria quien le ofreció “cocaína y una pastilla rosada” que le provocó malestar al día siguiente. En el careo realizado entre ambos, Sotelo le recordó a Soria que fue él quien le suministró las drogas, acusación que Soria negó rotundamente.
    Durante la audiencia, Mónica Sotelo, hermana de Roberto, relató que Soria intentó ingresar a su casa con una supuesta orden de allanamiento falsa, afirmando que era agente de la DEA y que ella tenía a Loan. Mónica contó que impidió el ingreso, forcejeó para sacarlo y que ya lo había visto merodear su vivienda en un auto negro. Además, reconoció que su hermano y Soria consumían drogas juntos y que Roberto le decía falsedades a Soria para evitar problemas. Al ser consultada sobre cómo identificó que la orden era falsa, respondió que en caso de allanamiento real se rompen puertas para ingresar.
    El suboficial de Prefectura Walter Retamozo también declaró. Fue partícipe del operativo en el que se notificó a Camina Núñez y Macarena Peña que debían abandonar el hotel “Despertar del Iberá” y regresar a sus domicilios, conforme a una orden judicial. Retamozo relató que al llegar, Soria se acercó nervioso y agresivo, les preguntó qué hacían allí y aseguró ser agente de Interpol. Luego, “El Americano” comenzó a desmontar cortinas y banners en el interior del hotel para que los medios

  • Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    En una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, que investiga la red de sobornos entre exfuncionarios del gobierno kirchnerista (2003-2015) y empresarios contratistas del Estado, declararon esta semana exintegrantes y actuales funcionarios del ARCA. La fiscalización de un conjunto de empresas y el flujo de fondos son el foco principal de la investigación. Este jueves se retomó el análisis de una obra considerada un “emblema de la corrupción” en Santa Cruz: a 18 años de su licitación, nunca fue finalizada.

    Los hechos investigados, que derivaron en el juicio a 60 empresarios, la expresidenta Cristina Kirchner y exmiembros de su gabinete, incluyen cohecho pasivo y activo, es decir, tanto la recepción como el pago de sobornos. En la audiencia se destacó la participación de dos empresas con proyectos licitados en Santa Cruz.
    Una de ellas es Isolux Corsán, firma con sede en España, adjudicataria en 2008 de la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, localidad minera al noroeste de Río Gallegos. La obra nunca se concluyó y estuvo marcada por múltiples denuncias de corrupción. Por el desvío de 256 millones de pesos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) —entidad responsable de abastecer de carbón a la usina para generar 240 MW que se inyectarían al Sistema Interconectado Nacional— Julio De Vido fue detenido en 2017.
    Verónica Iglesias, contadora de ARCA, explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y la fiscal Fabiana León que en 2016 trabajaba como supervisora en fiscalización y fue ascendida en 2017. Durante su labor, recibió el CUIT de la UTE integrada por Isolux Corsán y otras compañías. Al ser consultada sobre el motivo de la fiscalización, relató: “Cuando fui nombrada jefa de división, había sospechas de facturas apócrifas”.
    Iglesias detalló que existía una base de proveedores con facturas consideradas falsas, lo que activaba alertas en el sistema y desencadenaba inspecciones. En el caso de Isolux Corsán, se analizaron facturas que la fiscalización consideró carentes de veracidad, pues algunas facturaban conceptos como horas hombre o maquinaria sin sustento comprobable. La revisión se centró en proveedores ya catalogados como apócrifos, no en el concepto de compra en sí.
    La licitación de la obra se realizó durante el primer mandato de Cristina Kirchner, con el objetivo de corregir los déficits de YCRT y darle un nuevo rumbo a largo plazo al yacimiento. Fue adjudicada a una UTE liderada por Isolux Corsán por 857.341.128 dólares. Sin embargo, debido a variaciones y contrataciones posteriores en el mismo proceso licitatorio, el contrato se elevó a 1.726.251.982 dólares, según una pericia oficial incorporada al expediente que investigó a De Vido, al ex titular de YCRT y a otros involucrados.
    En conclusión, la usina costó entre dos y tres veces más de lo presupuestado inicialmente. Esta obra, tildada por la justicia federal como un “emblema de la corrupción”, fue uno de los proyectos sobre los cuales se cobraron coimas atribuidas en última instancia a Cristina Kirchner.
    Respecto a esta obra, la contadora Iglesias recordó que se le imputaron montos relacionados con facturación apócrifa. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que casos como este —y otros correspondientes a firmas fiscalizadas dentro de la causa Cuadernos— evidencian “salidas no documentadas de dinero provenientes de anticipos financieros de las obras”, es decir, retiros en efectivo.
    La confesión de De Goycochea
    Juan Carlos De Goycochea, una de las máximas autoridades de Isolux Corsán y empresario que declaró ante el TOF 7 como imputado colaborador, relató detalles del pago de sobornos. Contó que en 2008, luego de que la empresa ganara la licitación y se firmara el contrato en un acto público, fue convocado a principios de 2009 a una reunión en el despacho de Roberto Baratta, entonces en el Ministerio de Planificación Federal. Allí, Baratta le manifestó la necesidad de aportar dinero para la campaña electoral.
    Según De Goycochea, desde ese momento recibió instrucciones telefónicas para retirar dólares en casas de cambio del microcentro porteño y entregarlos a Baratta. El empresario explicaba que al presentarse como representante de Isolux lo hacían pasar a un cuarto donde recibía los dólares en bolsas de tela opacas. Las entregas, aproximadamente tres por año, se hacían en Maipú 741, piso 1º B. Baratta recibía la bolsa sin contar el dinero y la guardaba en un portafolios rígido.
    El empresario aclaró que, si bien Baratta pidió dinero para la “campaña electoral”, él lo interpretó como un eufemismo para referirse a coimas o sobornos, aclarando que la empresa nunca tuvo intención de aportar fondos a campañas políticas. Los pagos se realizaban para evitar represalias de funcionarios, ya que existía gran temor a enemistarse con el gobierno y que se suspendieran pagos o se rescindieran contratos. Baratta, según De Goycochea, daba a entender que el no pago implicaría el bloqueo de los certificados de obra, afectando gravemente la empresa, que tenía gastos mensuales de